I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO (VALIDEZ DE LOS DECRETOS No. 917/2015 II P.O. Y No. 938/2015 II D.P., MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SE DECRETA SU DECLARATORIA DE APROBACIÓN, RESPECTIVAMENTE). II. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS PARA SER REGISTRADOS COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "AFILIADO O SU EQUIVALENTE" Y "EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL DÍA DE LA ELECCIÓN DEL PROCESO ELECTIVO EN EL QUE PRETENDAN POSTULARSE"). III. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LOS MILITANTES, AFILIADOS O SU EQUIVALENTE PARTIDISTAS PARA SER REGISTRADOS COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "MILITANTE"). IV. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES. SUPUESTA INEQUIDAD DE TRATAMIENTO RESPECTO DEL UMBRAL EXIGIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y ACCESO A LAS PRERROGATIVAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA). V. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA PROHIBICIÓN DE DENIGRAR A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ES ADICIONAL A LO CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 27 TER, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PROPIOS PARTIDOS, O"). VI. SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ESTATAL LOCAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULARLAS, SIEMPRE QUE NO CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA). VII. NULIDAD DE ELECCIONES. LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PUEDEN SER APLICADAS POR LOS TRIBUNALES ELECTORALES TANTO FEDERALES COMO LOCALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y FUERA DE LAS CAUSALES GRAVES, DOLOSAS Y DETERMINANTES QUE CORRESPONDA RESOLVER AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"). VIII. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTAR DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS SOBRE EL ÓRGANO LEGISLATIVO EMISOR DE LA NORMA GENERAL INVALIDADA.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 67/2015 Y SUS ACUMULADAS 72/2015 Y 82/2015. PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA. 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de noviembre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escritos recibidos el trece y veinte de agosto, y siete de septiembre, todos de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Martha Angélica Tagle Martínez, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Janet Jiménez Solano, Jorge Álvarez Máynez, Cristian Walton Álvarez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alejandro Chanona Burguete y María Elena Orantes López, en su carácter de coordinadores, integrantes y secretaria de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano; Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y Martí Batres Guadarrama en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respectivamente, promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad, en las que solicitaron la invalidez de los decretos que más adelante se señalan, emitidos y promulgados por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada
A. Congreso del Estado de Chihuahua
B. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua
Normas generales cuya invalidez se reclama
a) Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena impugnan lo siguiente:
El Decreto Número 917/2015 II P.O., de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Chihuahua, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, publicado en el Número 63 del Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado el sábado ocho de agosto de dos mil quince.
b) Acción Nacional y Morena también impugnan lo siguiente:
El Decreto Número 938/2015 II D.P., mediante el cual se expide la declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua relativa al Decreto 917/2015 II P.O., publicado en el Número 63 del Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado el sábado ocho de agosto de dos mil quince.
SEGUNDO.-El Partido Movimiento Ciudadano señaló como antecedentes de los decretos impugnados los siguientes:
1. Con fecha 22 de octubre de 2013 fue recibido en el Congreso del Estado de Chihuahua, el oficio No. DGPL 62-II-5, que envía la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual remite expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso e) y se adiciona con un inciso o) la fracción IV, inciso f), del artículo 16, y se reforma al artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a las candidaturas independientes.
2. Con fecha 25 de noviembre de 2014 fue turnada la iniciativa con carácter de decreto presentada por los miembros de los grupos parlamentarios de los Partidos Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, así como el diputado representante de Movimiento Ciudadano, por medio del cual pretenden reformar la Constitución Política del Estado en materia electoral.
3. El día 7 de mayo de 2015 fue presentada la iniciativa con carácter de decreto presentada por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como del representante de Movimiento Ciudadano, por medio de la cual, proponen reformar diversas disposiciones constitucionales en material electoral.
4. Que las iniciativas antes descritas abordan, en esencia, cuestiones relativas a la dinámica que se ha generado en el país con las reformas electorales que se han llevado a cabo, en virtud de la adopción, entre otras figuras, de las candidaturas independientes, es decir, que reuniendo ciertos requisitos legales desarrollados por las Legislaturas de los Estados, puedan los ciudadanos registrarse sin la figura de un partido político, desapareciendo esa facultad que fue exclusiva para los partidos políticos.
Otros temas abordados son el nuevo marco que se genera de la reforma de febrero de 2014, en donde se transforma el otrora Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral, con un marco regulatorio en materia electoral integrados, con facultades y competencias establecidas desde la Constitución Federal, además del tema relativo a que el 6 de noviembre del año próximo pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-2665/2014, mediante la cual ordenó a la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua que, de inmediato, expidiera la legislación sobre candidaturas independientes; lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 35, facción II y 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. El día 29 de junio de 2015, la LXIV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua dictaminó y aprobó el "Decreto No. 917/2015 II P.O., mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua"; en consecuencia, se remitió al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.
6. El día sábado 8 de agosto de 2015, en el Número 63 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, fue publicado el Decreto Número 917/2015 II P.O., de la Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
Adicionalmente, el Partido Acción Nacional expuso como antecedentes los siguientes:
I. En fecha 29 de junio de 2014 se aprobó, por lo que se refiere al trámite relativo al Congreso del Estado, la reforma a la Constitución Política del Estado.
II. Posteriormente, previos los trámites que dicho órgano consideró pertinentes, concretamente su remisión a los Municipios de la entidad, para los efectos del artículo 202 de la propia Constitución, el Congreso del Estado realizó el cómputo a que dicho ordinal se refiere y emitió el Decreto No. 938/2015 II D.P.
III. Por último, para estimar como concluido el proceso legislativo de la citada reforma, se mandó publicar la misma por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, lo que se realizó el ocho del mes de agosto del mismo año.
IV. Cabe apuntar que, para que las reformas constitucionales puedan entrar en vigor, es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 202, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que a continuación transcribimos: (se transcribe).
V. Hay una petición de referéndum que está en trámite actualmente, para que someta a su procedimiento la reforma constitucional a que nos referimos; y cabe agregar que el hecho de su publicación en el Periódico Oficial del Estado no implica la plena vigencia de las reformas, si no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo antes transcrito. Luego entonces, está pendiente de cumplirse un trámite fundamental que no puede considerar como satisfecho; tan es así, que en lo que se conoce como "artículo económico", cuya constitucionalidad y legalidad impugnamos también en este ocurso, textualmente dice: (se transcribe).
El texto del llamado artículo económico primero, es por demás confuso, porque habla de "publicarse", sin considerar que el trámite está sujeto a la condición de que se den los supuestos aprobatorios que establece el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, ya transcrito; incluidas las etapas de aprobación de la reforma constitucional no se han cumplido cabalmente.
No se transcriben los antecedentes relatados por el Partido Morena, por ser una reiteración de los reseñados.
TERCERO.-Los Partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
A. Acción de inconstitucionalidad 67/2015 (Movimiento Ciudadano)
En su único concepto de invalidez impugna el artículo 21, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, pues conforme al modelo vigente en el Estado para las candidaturas independientes, quienes buscan su registro bajo esa figura, requieren acreditar no ser ni haber sido militante afiliado de un partido político o su equivalente en los tres años anteriores al día de la elección del proceso el que pretendan postularse, ni haber participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por algún partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior.
A juicio de dicho partido político, lo anterior restringe indebidamente los derechos a ser votado, acceso al cargo y de asociación de los ciudadanos chihuahuenses, conforme a lo previsto en los artículos 1o., 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones IV y V, y 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales no establecen alguna limitación en ese sentido.
Por ende, no deben imperar posturas desproporcionadas e irracionales como las contenidas en el artículo 21, fracción II, de la Constitución Local, sobre todo si se toma en consideración que la finalidad de este tipo de candidaturas es que los ciudadanos participen de manera independiente a las postulaciones que realizan los partidos políticos para cargos de elección popular.
El artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los ciudadanos para solicitar ante la autoridad electoral su registro de manera independiente a los partidos políticos, siempre y cuando quien lo haga cumpla con los requisitos, condiciones y términos establecidos en la legislación, en el entendido que, de conformidad con la propia disposición constitucional, el derecho de solicitar el registro de candidatos también corresponde a los partidos políticos.
Bajo dicha línea argumentativa, la expresión "calidades que establezca la ley" alude a las circunstancias, condiciones, requisitos o términos establecidos por el legislador para el ejercicio de los derechos de participación política por parte de los ciudadanos, bajo el supuesto de que esas "calidades" o requisitos no deben ser necesariamente "inherentes al ser humano", sino que pueden incluir otras condiciones que sean razonables y estén establecidas en leyes emitidas en atención al interés general, lo que es compatible con lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En segundo término, en lo referente al derecho de todos los ciudadanos a solicitar ante la autoridad electoral su registro de manera independiente a los partidos políticos, la propia disposición constitucional estableció que sus titulares deberán cumplir con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
Si bien al reformarse el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal se confirió al legislador una potestad de configuración legislativa relativamente amplia, esa libertad no puede ser en modo alguno independiente, pues se le otorgó un poder normativo para determinar los requisitos, condiciones y términos respectivos.
Es decir, el legislador debe respetar el contenido esencial del derecho de todos los ciudadanos a solicitar ante la autoridad electoral su registro de manera independiente a los partidos políticos, por lo que las calidades, requisitos, condiciones y términos que establezca han de estar razonablemente armonizadas con otros derechos humanos y otros principios y bienes constitucionales de igual jerarquía, como el derecho de igualdad y los principios rectores constitucionales en materia electoral establecidos en los artículos 41, párrafo segundo, fracción V y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.
En todo caso, tales calidades, requisitos, condiciones y términos deben establecerse en favor del bien común o del interés general pues, de lo contrario, se haría nugatorio o inoperante el derecho humano de los ciudadanos a solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos para ser postulados a un cargo de elección popular.
Además, en el caso deben preferirse los derechos de asociación de los ciudadanos, así como de afiliarse libremente a los partidos, en términos de lo establecido en el artículo 41, base I, de la Constitución Federal.
Por ello, exigir que previamente al registro de una candidatura independiente se acredite no ser ni haber sido militante afiliado de un partido político o su equivalente en los tres años anteriores al día de la elección en la que pretenda postularse, ni haber participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior, es un exceso que no se ajusta a los dispuesto en la mencionada base I del artículo 41 constitucional, pues sólo debe bastar la manifestación de voluntad en ese sentido, desde el momento en que se presente la renuncia.
Por otra parte, en la Constitución Federal no se establece un monopolio a favor de los partidos políticos para realizar afiliaciones masivas de ciudadanos, sino una libertad de éstos para afiliarse libremente a aquéllos; por lo tanto, si un ciudadano forma parte de un partido político y pretende renunciar a él para registrarse como candidato ciudadano, ello lleva a concluir que un aspirante a candidato independiente cuenta con la misma razón para separarse, pues lo hace de manera libre cuando opta por no pertenecer más a un partido político, lo que resulta suficiente para potencializar su derecho a ser votado.
Consecuentemente, la renuncia de un ciudadano al partido político al que pertenece antes del periodo establecido de tres años, per se, debe surtir sus efectos en ese momento, sin necesidad de que medie entre la presentación del escrito que contenga dicha voluntad y su eficacia algún otro acto necesario para extinguir la relación hasta entonces existente entre la persona que deja de ocupar un determinado cargo y el ente partidario para el cual presta sus servicios.
Por lo anterior, demanda la invalidez del artículo 21, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, debido a que se aparta del contenido esencial de los derechos fundamentales de ser votado, acceso al cargo y de asociación de los ciudadanos en la entidad.
B. Acción de inconstitucionalidad 72/2015 (Partido Acción Nacional)
En su primer concepto de invalidez alega que la reforma constitucional local en materia electoral, contenida en los Decretos 917/2015 II P.O. y 938/2015 II D.P. contraviene el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, en lo relativo a la integración de la Legislatura, candidaturas independientes y acceso de los partidos políticos a ciertas prerrogativas.
Con base en las hipótesis establecidas en el artículo 202 de la Constitución Local, es evidente que el proceso legislativo de reformas constitucionales no se consuma hasta en tanto no concluyan absolutamente todas las etapas que la propia Constitución refiere, por lo que, al estar pendiente la solicitud de referéndum, el proceso legislativo no ha concluido, no existe una reforma constitucional propiamente dicha, y lo que es más relevante, no puede dársele continuidad a un proceso de reformas ulterior sobre esa base, como puede ser la emisión o la reforma de la legislación secundaria.
Asimismo, considera inconstitucional el llamado "artículo económico", porque ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua se prevé que el Congreso Local tenga la facultad de establecer artículos económicos o que lleven el título de económicos.
A su juicio, lo anterior vulnera las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no tiene fundamento legal ni motivación alguna; además, sujeta a una condición suspensiva la aprobación de las reformas constitucionales, pues será un órgano de inferior jerarquía y distinto al Pleno del Congreso el que elabore la minuta de decreto para los efectos de su publicación, sin que exista garantía de que efectivamente sea fiel reflejo de la voluntad de los integrantes de la Legislatura.
En su segundo concepto de invalidez impugna el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en la porción normativa relativa a los diputados "flexibles", por estimarlo violatorio del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señala que en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal se dispuso que el porcentaje de representación de un partido político en la integración de las Legislaturas de los Estados no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales, lo cual significa, necesariamente, que la composición del respectivo Congreso refleja, con las variaciones apuntadas, la fuerza electoral del partido de que se trate.
Ello implica que para el cabal cumplimiento de este mandato, el número de integrantes de la Legislatura sea fijo y a partir de ahí realizar el cálculo correspondiente, a efecto de determinar cuántos diputados deberán asignarse a cada una de las fuerzas políticas que obtuvieron la votación necesaria para acceder a ese derecho.
Por ende, sostiene que la integración de la Legislatura con un número variable de diputados impacta en su conformación, por lo cual no es posible que una vez asignado el diputado o los diputados plurinominales para compensar la subrepresentación no se realice su recálculo o asignación alguna, pues el número total de diputados sí impacta en el porcentaje que a cada fuerza política corresponde; con el agravante de que esta manipulación puede derivar en que una subrepresentación que no era tal en un principio, termine siéndolo.
Por eso considera que la reforma constitucional compromete la certeza en grado mayúsculo, pues no existe un parámetro válido para determinar y precisar a cabalidad el grado de sobre o subrepresentación de cada partido político.
En consecuencia, sostiene que la reforma al artículo 40 de la Constitución Local genera confusión, ya que no sólo no se especifica el número de integrantes de la Legislatura, sino que se pretende una integración que no refleje necesariamente la fuerza electoral de cada partido político, pues puede ocurrir que con base en la variación del número de sus integrantes se incremente o disminuya el "valor" que a cada diputado le corresponde como integrante de un todo; de tal suerte que a menor número de diputados mayor será su peso específico y viceversa.
Alude a la acción de inconstitucionalidad 22/2014, en la que este Pleno sostuvo que, para efecto de preservar la debida representación proporcional, no es necesario que primero se haga la asignación de la primera curul por el umbral señalado, sino que en virtud de la auténtica representatividad de los Congresos ésta podrá omitirse para efectos de repartir las curules, en razón de los votos obtenidos.
En ese sentido, señala que la asignación de diputados flexibles no es necesaria, pero en caso de considerarlas así, se puede omitir la primera asignación al partido que obtuvo 3% de votación en atención a la proporcionalidad pura, la cual tiene que aplicarse aunque se deba disminuir el número de diputados por representación proporcional que haya obtenido el partido con mayor número de votos, siempre y cuando exceda el 8% de votación y se sitúe en un supuesto de sobrerrepresentación.
En el tercer concepto de invalidez el accionante impugna el artículo 21, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en cuanto limita de manera infundada el derecho de los ciudadanos a ser postulados libremente.
Lo anterior debido a que dicho artículo exige a los ciudadanos acreditar no ser ni haber sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente de un partido político en los tres años anteriores al inicio del proceso en el que pretendan postularse, ni haber participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por algún partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior, además de reunir los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, lo cual no tiene sustento en la Constitución Federal.
Asimismo, señala que ese artículo transgrede la vertiente política de los derechos fundamentales amparados por el artículo 1o. de la Constitución Federal. En específico, señala que, desde su perspectiva, el Estado no está "... generando las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación; se propicie que los ciudadanos puedan decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos; o cómo esos mismos ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello."
En su cuarto concepto de invalidez alega que el artículo 27 de la Constitución Política de Chihuahua transgrede los artículos 41, 116 y demás de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al segundo transitorio de la reforma constitucional del diez de febrero de dos mil catorce, respecto del umbral exigido para que los partidos políticos locales mantengan su registro y el acceso a las prerrogativas.
A su juicio, en el artículo 27 de la Constitución Local no se estableció una regulación lógica ni coherente que garantice a los partidos políticos nacionales contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.
Precisa que el párrafo segundo del inciso f) del apartado 7o. de la fracción IV del artículo 116 constitucional establece que el partido político local que no obtenga al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación de los Poderes Ejecutivo o Legislativo Locales, le será cancelado el registro.
En términos análogos, el artículo 94, incisos b) y d), de la Ley General de Partidos dispone que el partido político que no obtenga en la elección ordinaria inmediata anterior al menos tres por cierto de la votación válida emitida, perderá su registro como partido político.
Por ello, concluye que el legislador local debió ceñirse a ese marco normativo y establecer un umbral del tres por ciento de la votación estatal válida emitida para asignar diputaciones de representación proporcional, para que un partido político nacional conserve su registro como local y tenga acceso al financiamiento público estatal, ya que es absurdo pretender un porcentaje del 2% para acceder a la integración de la Legislatura y uno del 3% para efectos del financiamiento.
En ese sentido, expone que la existencia de los partidos políticos y su funcionamiento se justifica en la función de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del Estado, a la creación de una opinión pública mejor informada y a garantizar el acceso de los ciudadanos al poder público.
Apunta que en caso de que los partidos políticos logren su cometido de acceso a los órganos de representación, lo consecuente es que se facilite su labor o no se entorpezca financiándolos en los términos de la legislación aplicable; por el contrario, si no cumplen con su cometido, la consecuencia es gravísima, pues no sólo se les retira el financiamiento, sino que, incluso, se corre el riesgo de su desaparición.
Señala que, en Chihuahua, dado el número de diputados del total de la Cámara (treinta y tres miembros), cada legislador representa un 3.03% del total de su integración, lo que le lleva a concluir que sea éste el límite de acceso o el umbral mínimo para lograr la representación en la integración del Poder Legislativo.
En el quinto concepto de invalidez alega que el artículo 27 Ter de la Constitución Política de Chihuahua transgrede lo previsto en los artículos 1o., 6o., 7o. y 41, base tercera, apartado c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer mayores limitaciones a la libertad de expresión que las previstas en la Constitución Federal.
A partir de la reforma constitucional del diez de febrero de dos mil catorce, el artículo 41, base tercera, apartado c), constitucional sólo protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, mas no así a las instituciones de expresiones que las puedan denigrar.
En este orden de ideas, aduce que el Poder Legislativo de Chihuahua, bajo ningún supuesto, podía mantener la obligación para los partidos políticos y los candidatos independientes de abstenerse de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos en su propaganda política o electoral.
Esto es así, porque no existe en la Constitución una finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda política y electoral de los partidos políticos las expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos, porque dicha restricción fue suprimida mediante la reforma constitucional referida.
Además, la medida no tiene cabida dentro del artículo 6o. constitucional, que prevé como únicas limitaciones posibles a la libertad de expresión los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que se provoque algún delito o se perturbe el orden público.
Al respecto, estima que la propaganda política o electoral que denigre las instituciones o los partidos políticos no ataca per se la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoca algún delito, o perturba el orden público, sino que para poder determinar que ése sea el caso, es necesario analizar supuestos concretos de propaganda política o electoral; de lo contrario, sería tanto como censurar de manera previa la propaganda política electoral.
C. Acción de inconstitucionalidad 82/2015 (Morena)
En su primer concepto de invalidez impugna el artículo 37, sexto y último párrafos, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua que, por una parte, dispone la intermitencia del funcionamiento del Pleno del Tribunal Electoral Estatal durante los procesos electorales, plebiscitarios y de referéndum, así como su posible operatividad en Salas Regionales, por la otra, lo priva de la atribución de declarar la nulidad de una elección por causales graves, dolosas y determinantes, al disponer que esos supuestos corresponde resolverlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Considera que el artículo impugnado altera los principios constitucionales de certeza y de legalidad electorales, reduce la operatividad permanente del Pleno e, inclusive, atenta contra el principio del funcionamiento colegiado, al poder instaurar Salas Regionales del propio organismo jurisdiccional electoral estatal.
Sostiene que si los Magistrados electorales son responsables de resolver todos los actos y resoluciones electorales locales y las autoridades electorales jurisdiccionales de las entidades federativas actúan en forma colegiada y permanecen en su encargo durante siete años, no es válido que los cinco Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua únicamente funcionen en Pleno durante los procesos electorales, los plebiscitarios y de referéndum, en razón de que no es únicamente en tales procesos que las autoridades formalmente administrativas, los partidos políticos y otros órganos materialmente electorales emiten actos, omisiones o resoluciones impugnables por alguno de los medios de impugnación que la legislación local prevé.
Por otra parte, señala que el último párrafo del citado artículo 37 constitucional local transgrede el derecho a contar con tribunal local competente para resolver sobre los supuestos de nulidades de elecciones locales; asimismo, soslaya el derecho de los justiciables a disponer de una segunda instancia y, por consecuencia, altera el objeto del sistema de medios de impugnación de los actos y resoluciones electorales.
Al respecto, alude al artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, que dispone las causas de nulidad de elecciones locales por violaciones graves, dolosas y determinantes y ordena establecer en la ley el diseño del sistema de nulidades de las elecciones locales por la existencia de tales violaciones, porque son parte de las posibles controversias que pueden surgir en elecciones de gobernador, diputados y Ayuntamientos y, por ende, deben tener regulación en las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, al amparo de lo dispuesto en la fracción IV, inciso m), del artículo 116 constitucional.
Motivo por el cual, considera inconstitucional que en el último párrafo del artículo 37 de la Constitución de Chihuahua se excluya la competencia del Tribunal Estatal Electoral respecto de la materia de impugnaciones referida y, además, se le prive del posible ejercicio de la atribución originaria de declarar la nulidad de elecciones locales por causales graves, dolosas y determinantes, como las previstas en la base VI del artículo 41 de la Constitución General, que pudieran configurarse en alguna elección local.
En su segundo concepto de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26237-b846c149/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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