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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA EXPEDICIÓN DE UN DECRETO QUE DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY RECLAMADA NO PROVOCA EL SOBRESEIMIENTO CON BASE EN EL CONCEPTO DE NUEVO ACTO LEGISLATIVO, CUANDO SE PLANTEAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR LO REGULAR SÓLO PROCEDE EN CONTRA DE NORMAS GENERALES FORMALMENTE LEGISLATIVAS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS FORMALES Y MATERIALES LEGISLATIVOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA NORMA QUE NO SEA GENERAL CONTENIDA EN UNA LEY, DEBIENDO INVALIDARSE. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 (DECRETO NO. LXVI/APPEE/0260/2018 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA FORMALIZAR LA REESTRUCTURA Y/O EL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (DECRETO NO. LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 AL INTEGRARSE POR DISPOSICIONES GENERALES (DECRETO NO. LXVI/APPEE/0260/2018 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA EXPEDICIÓN DE UNA NORMA DENOMINADA FORMALMENTE COMO DECRETO, CUYO CONTENIDO FUNDAMENTAL REGULA SITUACIONES JURÍDICAS Y DE HECHO CON EFECTOS GENERALES E IMPERSONALES DIRIGIDA A ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO, CONSTITUYE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉLLA. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. FASES QUE LO COMPONEN. XI. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA PARLAMENTARIA DE LOS ASUNTOS Y DOCUMENTOS QUE SERÁN TRATADOS EN CADA SESIÓN EL DÍA PREVIO A SU CELEBRACIÓN, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA (DICTAMEN DCPPHP/05/2018 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL PORTAL OFICIAL DE INTERNET DEL CONGRESO LOCAL DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018). XII. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA OMISIÓN DEL ENVÍO DE COMISIONES O DICTÁMENES A LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS NO CONTRAVIENE EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR TANTO, CARECE DE POTENCIAL INVALIDATORIO. XIII. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE NO AFECTA LOS PRINCIPIOS DE REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA Y DE LIBRE DISCUSIÓN DE LAS NORMAS CARECE DE POTENCIAL INVALIDATORIO. XIV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA QUE CORRESPONDE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ES INFERIOR A LA QUE CONSIGNÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (PROCESO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN LA EMISIÓN DEL DECRETO NO. LXVI/APPEE/0260/2018 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XV. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO SE ACTUALIZA LA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD, SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICA, CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL REORIENTAR EL GASTO PÚBLICO CON REDUCCIONES QUE NO AFECTEN LOS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. LXVI/APPEE/0260/2018 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XVI. DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA AUTORIZACIÓN PARA REESTRUCTURARLA Y/O REFINANCIARLA NO EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UN ANÁLISIS FINANCIERO EN TÉRMINOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (DECRETO NÚMERO LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A QUE CELEBRE LOS ACTOS QUE REQUIERAN PARA FORMALIZAR LA REESTRUCTURA Y/O EL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2019. · Registro digital (IUS): 29426
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo I, Pág. 1052.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2019. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 1 DE JULIO DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día uno de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el uno de febrero de dos mil diecinueve, Miguel Ángel Colunga Martínez, Janet Francis Mendoza Berber, Ana Carmen Estrada García, Benjamín Carrera Chávez, Gustavo de la Rosa Hickerson, Leticia Ochoa Martínez, Francisco Humberto Chávez Herrera, Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, Rosa Isela Gaytán Díaz, Marisela Sáenz Moriel y Omar Bazán Flores, diputados integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de esa autoridad legislativa y del gobernador, respecto de los decretos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado, de veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho, y que son los siguientes:

a. "Decreto No. LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O. por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019."

b. "Decreto No. LXVI/APPEE/0260/2018 I P.O. mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019."

c. "Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., por medio del cual se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda a que celebre los actos que requieran para formalizar la reestructura y/o el refinanciamiento de la deuda pública."

SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. En la demanda los promoventes de la acción expresaron que los actos impugnados son violatorios de los artículos 13, 14, 16, 21, 39, 40, 41 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En la acción de inconstitucionalidad se expresaron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:

I. Violación al procedimiento legislativo, principio de legalidad y libertad parlamentaria.

En el primer concepto de invalidez se argumenta que en la aprobación del decreto que contiene la Ley de Ingresos no se respetaron los principios básicos de la democracia parlamentaria, ya que aun cuando se hayan colmado las etapas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en el sentido de turnar la iniciativa a la comisión correspondiente y, posteriormente, al Pleno para su aprobación, no se cumplió con esos principios, luego entonces, no existió una discusión real, abierta y democrática.

Lo antedicho es así, porque arbitrariamente se incluyó el dictamen de la Comisión Legislativa de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en el orden del día de la sesión de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, y sin ubicarse en la hipótesis de la fracción VIII del artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a efecto de autorizar su inclusión.

Que en términos de lo dispuesto en los diversos 43 y 146 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, la Gaceta Parlamentaria es el instrumento técnico de carácter informativo de la mesa directiva que tiene como propósito ordenar y difundir previamente los asuntos y documentos que serán tratados en cada sesión del Pleno o de la Diputación Permanente y que serán publicados en la citada gaceta el día previo a la celebración de la sesión en la que habrán de desahogarse, entre otros documentos, los dictámenes y votos particulares que sobre los mismos se presenten, así como los informes o cualquier documento elaborado y que deban formular las comisiones y los comités del Congreso. Además de que, en caso de que no se cuente con información completa respecto de los asuntos o documentos que habrán de abordarse en la sesión, deberá incluirse una leyenda fundamentada y motivada señalando las razones por las que no se publica determinado dato.

En ese tenor, aducen, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en su artículo 166, establece que la mesa directiva podrá reunirse antes del inicio de cada sesión, para conocer el orden del día y, en su caso, acordar el desahogo de otros asuntos que se planteen, sin que sea necesario que se levante acta sobre dicha reunión; y el orden del día deberá enviarse, vía correo electrónico, a los legisladores cuando menos con doce horas de anticipación a la fijada para que se lleven a cabo las sesiones del Congreso.

Agregan que las anteriores disposiciones tienen la finalidad de que los diputados cuenten como mínimo, con doce horas previas a la discusión, a efecto de que conozcan y analicen el documento que será sometido a votación en la sesión correspondiente, atendiendo a que el mismo ha sido trabajado y discutido al interior de una Comisión Legislativa; de donde se entiende que sólo tienen conocimiento íntegro de dicho asunto los integrantes de la comisión y no así el resto de legisladores.

Por tanto, y con la finalidad de garantizar el cumplimento de las disposiciones referentes a la Gaceta Parlamentaria, y el conocimiento completo de los asuntos que se someterán a consideración del Pleno, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua emitieron un acuerdo de título: "Acuerdo mediante el cual se establecen los términos y procedimientos para la presentación de documentos y la celebración de reuniones de la mesa directiva del segundo año de ejercicio constitucional, de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua"; y en términos de éste se decidió, por la mesa directiva, que los legisladores deberán enviar a la Secretaría de Asuntos Legislativos, por correo electrónico, el texto completo de las iniciativas, asuntos o cualquier otro documento que tuvieran a bien inscribir en el orden del día de la sesión que habrá de desahogar el Pleno o la Diputación Permanente, a más tardar a las diecisiete horas del día previo a dicha sesión, que de no enviar la iniciativa, documento o asunto, éstos no se desahogarán en la sesión que corresponda, salvo en determinadas circunstancias, señalando que en caso de que las y los legisladores no hayan enviado en los términos descritos el texto de la iniciativa, documento o asunto que requiera desahogarlo en la sesión conducente, acudirán personalmente a la reunión de la mesa directiva a exponer el tema y solicitar su inclusión en el orden del día, procediendo el presidente de esa mesa a poner a consideración de quienes la conforman, la referida solicitud y, en su caso, otorgar la aprobación para su desahogo.

Reiteran que lo antedicho se estableció a efecto de garantizar el debido conocimiento de los diputados de aquellos documentos por aprobar, con la finalidad de que estén en aptitud de votar el asunto que será sometido a su consideración en la sesión a celebrarse, por ende, esas disposiciones aseguran la posibilidad de que en el ejercicio de sus facultades, los legisladores puedan intervenir en términos de lo que ordena la normativa que rige.

Argumentan que para solicitar la inclusión del multicitado dictamen en el orden del día de la sesión que tuvo verificativo el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, cualquiera de los integrantes de la Comisión Legislativa de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, debió haber enviado el dictamen aprobado al correo designado para su inclusión en el orden del día, lo que no aconteció, en virtud de que aún no había dictamen, ya que no estaba terminado al momento de su aprobación por la comisión.

En consecuencia, se violentó el derecho de los legisladores previsto en los artículos 112, 114, 115 y 116 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, los cuales prevén que en las discusiones de los asuntos sometidos a consideración del Pleno, pueden participar conocedores de los documentos por aprobar, ya sea mediante la presentación de votos particulares, votos razonados, mociones, propuestas o cualquier otra forma que conlleve a discusión.

Aclaran que de esas disposiciones jurídicas se desprende la necesidad de que los legisladores tengan conocimiento previo de los asuntos que se desahogarán en las sesiones respectivas, máxime tratándose de aquellas cuestiones referentes a dictámenes mediante los cuales se vaya a expedir todo un ordenamiento jurídico, como en el caso, la Ley de Ingresos porque en el supuesto contrario y, como aconteció, se imposibilita el ejercicio de las facultades de los legisladores, entre otras, la conferida en el artículo 116, fracción II, inciso a), del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, el cual prevé la posibilidad de intervenir para expresar ideas respecto de partes específicas del dictamen, señalando sus reservas acompañadas de propuestas alternas por escrito y presentarlas antes del inicio de la votación del dictamen.

Por tanto, expresan, es claro que es humanamente imposible tener conocimiento del contenido del dictamen con poca anticipación a la sesión y se le dé lectura en tribuna para, posteriormente y de manera inmediata, someterlo a votación; de ahí la violación al procedimiento legislativo.

II. Salarios fijados en contravención al artículo 127 de la Constitución Federal.

En el segundo de los conceptos de invalidez se aduce que el salario fijado en el presupuesto de egresos para el titular del Ejecutivo Estatal viola los artículos 127 de la Constitución Federal y 165 Bis de la Constitución Local, así como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque comparando el salario del gobernador con el del presidente de la República se aprecia que el primero gana $147,868.00 pesos y el segundo $108,656.00 pesos, por lo que es claro que el legislador no observó la regla del artículo 127 constitucional, consistente en que nadie puede ganar más que el presidente de la República, lo que, además, constituye un delito.

III. Reorientación presupuestal.

En el tercer concepto de invalidez se expresa que el presupuesto viola el principio de progresividad, consagrado en el artículo 1o. constitucional y los diversos 14 y 16, que protegen los principios de seguridad y legalidad jurídica, porque el numeral 25 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua dispone que los recursos destinados a programas y proyectos para el desarrollo social y humano son prioritarios y de interés público, por tanto, en el anteproyecto de presupuesto de egresos ese rubro no puede ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior, excepto en los casos en que el Congreso lo establezca al aprobar el presupuesto, es decir, que por sí mismo de manera fundada y motivada no observe esa regla. En el caso, sin mayor discusión se aprobó la reorientación del presupuesto que implica una reducción de $40'000,000.00 pesos a lo que se destina a la Secretaría de Desarrollo Social, lo que evidencia la violación a los derechos indicados.

IV. Reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública del Estado de Chihuahua.

En el cuarto de los conceptos de invalidez se aduce violación a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; para ello, se explica el objeto de ese ordenamiento, sus principios y las razones para su aprobación.

Sobre esa base, indican que en el dictamen que le recayó a la iniciativa con carácter de decreto para la reestructuración y/o refinanciamiento de deuda pública del Estado de Chihuahua se encuentra un artículo décimo tercero, que demuestra la violación al principio de división de poderes, ya que desde la iniciativa enviada se afirma que el Congreso del Estado de Chihuahua analizó, previo a la autorización, lo siguiente: i) Capacidad de pago del Estado de Chihuahua; ii) Destino que se dará a los recursos que se obtengan con motivo de la disposición de los financiamientos contratados; y, iii) La garantía y/o la fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable que se otorga en términos del artículo quinto del propio decreto.

Esto es, la lectura del propio dictamen demuestra que no existe análisis alguno de dichos indicadores, por lo que no basta con establecer que se hizo el análisis, sino que es necesario motivar dicha situación con los indicadores y antecedentes financieros que permitan de manera informada concluir la necesidad de la medida; e insisten que no existen ningún análisis financiero de la deuda estatal, ni de la capacidad de pago para contrastar la situación actual con la posible operación y reestructura total de la deuda.

Aducen que no existe un solo argumento de motivación técnico que analice al menos de manera somera la deuda estatal con indicadores de vulnerabilidad, sostenibilidad y financieros; en concreto, el dictamen votado que dio origen al decreto combatido no contiene ningún indicador financiero que permita concluir que el Congreso de Chihuahua cumplió con el análisis previo a que se refiere el artículo 23, párrafo primero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Insisten en que el decreto combatido no se encuentra debidamente motivado por el Congreso del Estado, toda vez que no se elaboró previamente un análisis de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estaría la deuda pública u obligaciones correspondientes, del destino del financiamiento u obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago, sino que las afirmaciones contenidas en el artículo décimo tercero del decreto fueron meros formulismos insertados en la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, pero no se materializaron en la actividad de la comisión que emitió el dictamen, tan es así que en éste no se hace referencia alguna a dichos análisis financieros, por el contrario, el dictamen fue aprobado en la comisión sin discutir el estado de endeudamiento de la entidad, lo que evidencia un vicio de origen grave, pues no existió debate informado violando con ello la jurisprudencia P./J. 103/2010, de rubro: "DEUDA PÚBLICA. LAS DECISIONES ACERCA DEL ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO DEBEN SER REFLEJO DE UN EJERCICIO DEMOCRÁTICO DEL PODER Y UNA MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."

Finalmente, expresan que la Suprema Corte ha considerado en distintos precedentes que no se pueden aprobar decretos bajo la base de una supuesta urgencia, ya que ello impide que las distintas fuerzas políticas conozcan la iniciativa presentada, por lo que, en el caso, es que existió violación en el procedimiento legislativo en el que se aprobó el decreto de reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública del Estado de Chihuahua.

CUARTO.—Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 31/2019 y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del proceso y formulación del proyecto de resolución respectivo.

QUINTO.—Admisión de la demanda. El Ministro instructor dictó acuerdo el ocho de febrero siguiente, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus respectivos informes, así como solicitó a la primera, enviara junto con el informe copia certificada de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados y al Poder Ejecutivo Estatal para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial que los contiene. De igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.

SEXTO.—Acuerdo que tiene por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; así como exhibidas las documentales que acompañó. En dicho informe se argumentó, en síntesis, lo siguiente:

1. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los diversos 11, 62 y 65 de la ley reglamentaria y 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal, debido a que los promoventes de la acción de inconstitucionalidad carecen de legitimación en la causa, al no haber acreditado su calidad con la constancia de mayoría relativa y/o asignación de diputaciones, expedidas por las autoridades electorales del Estado de Chihuahua; por tanto, al no estar acreditado el requisito de legitimación que los faculta constitucionalmente, no se surte dicho presupuesto procesal; de ahí que deberá sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad.

2. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los preceptos 11, 62 y 65 de la ley reglamentaria y 105, fracción II, Inciso d), de la Constitución Federal, porque los Decretos Número LXVI/APPEE/0260/2018 I P.O., mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019 y número LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., por medio del cual se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a que celebre los actos que requieran para formalizar la reestructura y/o el refinanciamiento de la deuda pública, no constituyen normas generales, es decir, no poseen las características de ser normas generales, abstractas e impersonales.

En ese sentido, según lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de inconstitucionalidad proceden sólo contra normas generales, de lo que se desprende que la intención de dicho arábigo es precisamente que en la acción de inconstitucionalidad se confronte una norma de carácter general con la Constitución Federal, según se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 1/2010, en la que se determinó que únicamente procede en contra de "normas generales", asimismo, concluyó que las normas generales a que alude son precisamente aquellas que revisten el carácter de ley o tratado internacional desde el punto de vista formal y material y, por tanto, son improcedentes contra actos que no tengan ese carácter.

En el caso, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, el presupuesto de egresos, así como el decreto que autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a que celebre los actos que se requieran para formalizar la reestructura y/o el refinanciamiento de la deuda pública, son actos que carecen de generalidad; lo que también tiene sustento en el amparo en revisión 2099/1993; y la acción de inconstitucionalidad 4/1998, en la cual se definió que por generalidad de la ley debe entenderse que el acto jurídico no desaparezca después de su aplicación; que la ley de presupuesto es el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado y que el presupuesto de egresos es el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado.

Agrega que por lo que hace al decreto que contiene la autorización del Poder Ejecutivo para celebrar los actos que requieran formalizar la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública, tal y como la denominación lo indica, dicho acto constituye una autorización al Ejecutivo, por lo que una vez que éste lleve a cabo dicha actividad, se extinguirá el contenido del acto que lo autorizó, lo que demuestra que se trata de un acto materialmente administrativo y, por tanto, acarrea la improcedencia de la presente acción.

3. Los actos combatidos no transgreden el procedimiento legislativo, pues encuentran su fundamentación en la Constitución Estatal y en los artículos 115, 116 y 117 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

Es decir, del análisis a las constancias respectivas es claro que las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua siguieron el procedimiento legislativo, dado que fueron debidamente asignadas y dictaminadas por la comisión competente, culminando su estudio con un dictamen aprobado por la votación requerida para cada caso, de modo que cumple con el objetivo con el cual se propuso la iniciativa, facilitando el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso del Estado, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, por lo que su contenido no podrá verse afectado por alteraciones de carácter secundario, según lo prevé la tesis jurisprudencial P./J. 94/2001, de rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."

De tal manera que en el supuesto no admitido de que se hubieran cometido las violaciones señaladas por los actores, éstas resultarían intrascendentes, pues la Suprema Corte ha considerado que las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad no infringen las garantías del debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política o provocan la invalidez de la norma emitida, si carecen de relevancia por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, por lo que es necesario evaluar el cumplimiento del procedimiento legislativo, así como el procedimiento deliberativo de las reglas de votación, en tanto que la deliberación parlamentaria de las votaciones deba ser pública.

Los accionistas pretenden impugnar un proceso legislativo, más allá del decreto citado, ya que en su oportunidad tuvieron a consideración la facultad de discusión prevista en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, al igual que en los arábigos 115 y 116 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, momento en el cual pudieron haber realizado las manifestaciones correspondientes, lo que encuentra sustento en la tesis aislada 1a. CCLXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD."

La síntesis que antecede sólo corresponde al primer concepto de invalidez y no es necesario referirnos al resto, toda vez que corresponden a actos respecto de los cuales se decretará el sobreseimiento.

SÉPTIMO.—Acuerdo que tiene por rendido el informe requerido al Congreso del Estado de Chihuahua. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; así como exhibidas las documentales que acompañó, incluidas las copias certificadas y un disco compacto de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados. En dicho informe se argumentó, en síntesis, lo siguiente:

1. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, en relación con el 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Decreto Número LXVI/APREE/0260/2018 I P.O., mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, no tiene el carácter de norma general; y lo mismo ocurre con el diverso número LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., por medio del cual se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a que celebre los actos que requieran para formalizar la reestructura y/o el refinanciamiento de la deuda pública.

2. Causal de improcedencia en relación con el concepto de invalidez cuarto, prevista en el artículo 19, fracción III, en relación con el 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Decreto Número LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, para que celebre los actos que se requieran para formalizar la reestructura y/o el refinanciamiento de la deuda pública; es decir, son actos formalmente legislativos, pero materialmente administrativos, con efectos concretos, específicos y precisos y no son norma de carácter general, requisito último indispensable para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.

3. Respecto a la violación al proceso legislativo, principio de legalidad y libertad parlamentaria, señala que en múltiples precedentes del Tribunal Pleno se ha sostenido que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo debe abordarse en la sede constitucional desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, el principio de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto y, por otro, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

Para el caso que nos ocupa, se cumplieron todos los requisitos que establece el más Alto Tribunal del País, ya que para la aprobación y expedición de los decretos combatidos se cumplieron todos los requisitos que establece la ley, además de los principios que rigen, dando la participación a todas las fuerzas políticas en el proceso de aprobación, por lo que el procedimiento no puede declararse inconstitucional como lo solicitan los promoventes.

De los argumentos de los accionantes se desprende que de lo que más se duelen es acerca de que no tenían los documentos relativos a los dictámenes de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019, argumento para el cual no les asiste razón conforme a los artículos 143, 144, 145 y 146 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, en virtud de que en la Gaceta Parlamentaria, los dictámenes de Ley de Ingresos y presupuesto de egresos se encontraban publicados desde el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, a las diecinueve horas con treinta y seis minutos, lo cual significa que a las once horas que inició la sesión, los actores ya tenían conocimiento de dichos dictámenes desde hacía más de dieciséis horas.

Con lo anterior queda demostrado que se cumplió a cabalidad el proceso legislativo, según lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, así como por el principio de equidad en la deliberación parlamentaria, y en todo momento se respetaron los cauces que permitieron tanto a la mayoría como a la minoría parlamentaria que expresaran y defendieran su opinión en un contexto de deliberación pública, culminando dicho proceso con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas, como con la publicidad de las mismas.

La síntesis que antecede sólo corresponde al primer concepto de invalidez y no es necesario referirnos al resto, toda vez que corresponden a actos respecto de los cuales se decretará el sobreseimiento.

OCTAVO.—Pedimento de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento.

NOVENO.—Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de la acción plantean la posible contradicción de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019 y de otros decretos, frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. En este considerando se procede a analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29426-f059c123/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-expedicion-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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