I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL (LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (DECRETO NÚMERO 160, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). IV. ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR SU PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE PRESENTE AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO, PUNTO TERCERO, Y ANEXO 2, APARTADO 2 1 1 1 4 23 01, DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE CONMINA AL CONGRESO LOCAL A ANALIZAR Y DETERMINAR LO QUE EN DERECHO PROCEDA, RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESENTADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO, PUNTO TERCERO, Y ANEXO 2, APARTADO 2 1 1 1 4 23 01, DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE CONMINA AL CONGRESO LOCAL A QUE, DE CONCLUIR EN UNA NEGATIVA A LO SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, DEBERÁ SUSTENTARSE EN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO, PUNTO TERCERO, Y ANEXO 2, APARTADO 2 1 1 1 4 23 01, DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE CONMINA AL CONGRESO LOCAL A ANALIZAR Y DETERMINAR LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA A DICHO CONGRESO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO, PUNTO TERCERO, Y ANEXO 2, APARTADO 2 1 1 1 4 23 01, DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE NO TENDRÁ EFECTOS RETROACTIVOS, POR LO QUE LA EXPULSIÓN DEL ORDEN JURÍDICO DE LOS PRECEPTOS RECLAMADOS NO AFECTAN LOS ACTOS JURÍDICOS, AUTORIZACIONES, EMPRÉSTITOS, TRANSFERENCIAS, OPERACIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y EROGACIONES GENERADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN NI A LAS AUTORIZACIONES Y OBLIGACIONES FISCALES QUE SURGIERON DE LOS MISMOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO, PUNTO TERCERO, Y ANEXO 2, APARTADO 2 1 1 1 4 23 01, DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO, PUNTO TERCERO, Y ANEXO 2, APARTADO 2 1 1 1 4 23 01, DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2023 Y SU ACUMULADA 17/2023. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 11 DE JULIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por diversos diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche y por el Partido Acción Nacional en contra del Decreto Número 160, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, y del Decreto Número 162, por el que se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 16/2023 y su acumulada 17/2023, promovidas, respectivamente, por diversos diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche y por el Partido Acción Nacional, en contra del Decreto Número 160, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós y del Decreto Número 162, por el que se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de las acciones. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por diversos diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche y por el Partido Acción Nacional en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, y recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el mismo día.
2. El primer escrito inicial fue promovido por (1) Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, (2) Ricardo Miguel Medina Farfán, (3) Adriana del Pilar Ortiz Lanz, (4) Karla Guadalupe Toledo Zamora, (5) Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, (6) Diana Consuelo Campos, (7) Rigoberto Figueroa Ortiz, (8) Noel Juárez Castellanos, (9) Daniela Guadalupe Martínez Hernández, (10) Teresa Farías González, (11) Hipsi Marisol Estrella Guillermo, (12) Mónica Fernández Montufar, (13) Paul Alfredo Arce Ontiveros y (14) Jesús Humberto Aguilar Díaz, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche; y el segundo escrito por Marko Antonio Cortés Mendoza, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
3. Solicitando la invalidez de las normas que más adelante se indican, emitidas y promulgadas por las autoridades señaladas a continuación.
• Diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche
A. Normas generales cuya invalidez se reclama:
A. El Decreto Número 160, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 16 de diciembre de 2022, Tercera Sección, Cuarta Época, año VIII, No. 1827, como órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Campeche.
B. El Decreto Número 162, por el que se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023. Así como la correspondiente publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial del Estado, Segunda Sección, Cuarta Época, año VIII, No. 1828, de fecha 19 de diciembre de 2022, como órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Campeche.
• Partido Acción Nacional
A. Norma general cuya invalidez se reclama:
El Decreto Número 162, emitido por la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche y promulgado por la licenciada Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche y el profesor Aníbal Ostoa Ortega, secretario de Gobierno, por el que se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, segunda sección, cuarta época, año VIII, número 1828, el día lunes 19 de diciembre de 2022.
B. Órgano legislativo que emitió y ejecutivo que promulgó las normas impugnadas:
I. Poder Legislativo del Estado de Campeche.
II. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
4. Artículos constitucionales señalados como violados.
Ver artículos
5. Conceptos de invalidez. La minoría parlamentaria y el partido político accionantes expresan conceptos de invalidez básicamente iguales, por lo que se resumen en conjunto en los siguientes términos:
Primer concepto de invalidez
El artículo 2, segundo párrafo, punto tercero, de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, vulnera los principios de autonomía en su funcionamiento e independencia en las decisiones del Instituto Electoral del Estado de Campeche, e infringe los principios de certeza, legalidad y objetividad en materia electoral, así como las garantías de no retroactividad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación.
En la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, se presentó una propuesta de financiamiento público estatal de los partidos políticos nacionales para dicho ejercicio fiscal, distinta a la aprobada por el Instituto Electoral de la entidad.
El Ejecutivo Estatal se separó de la propuesta enviada por la autoridad electoral, pues presentó una proyección en la que existe una reducción de $46'742,881.00 (cuarenta y seis millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), sin que se advierta motivo para esta reducción, o bien las causas razonables en que se sustentó para actuar como lo hizo, lo que resulta contrario al artículo 116, fracción II, constitucional, que establece que la aprobación de los instrumentos financieros –Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos– compete a las Legislaturas de los Estados, y a los artículos 41, base II, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, inciso c), de la Carta Magna, ya que refiere que dichos numerales garantizan la autonomía e independencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
No existe disposición jurídica que permita a la gobernadora constitucional, ni a la Secretaría de Administración y Finanzas local, apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, presentado por el organismo público local, por lo que es claro que se vulneró la autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones del Instituto Electoral de Campeche, previsto en los artículos 41, base V, apartado C, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal.
El Congreso Local, en el artículo 2 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, modificó el presupuesto de egresos, así como el monto de financiamiento público de los partidos políticos, aprobado y enviado por el Instituto Electoral de la entidad y estableció un mecanismo distinto para determinar dicho monto de financiamiento, el cual es contrario a lo establecido en la legislación vigente.
Lo anterior, sin que se advierta motivo para la reducción o las causas razonables en que se sustentó, lo que resulta contrario a los artículos 14 y 16 constitucionales, y sobre todo contrario a lo dispuesto en los artículos 41, base II, fracción V, apartado C y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución General, ya que dichos numerales garantizan la autonomía e independencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
El dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, exclusivamente analizó la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, mismo que fue propuesto por la titular del Poder Ejecutivo, sin que de los antecedentes ni en los considerandos de dicho dictamen, se advierta el presupuesto de egresos íntegro que le remitió el Instituto Electoral de Campeche, para su integración en la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo.
El Decreto 162, por el que se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, en específico el artículo 2, párrafo segundo, punto tercero, así como la correspondiente publicación, viola el derecho fundamental de seguridad jurídica tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se omitió el examen, discusión y votación del presupuesto de egresos realizado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche.
El Poder Ejecutivo del Estado, sin contar con facultades expresas, redujo en vía de modificación, el presupuesto realizado y aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Campeche, entre el que se encuentra el monto de financiamiento público estatal de los partidos políticos para el año dos mil veintitrés y que fue remitido al Ejecutivo Local para que en uso de sus facultades, única y exclusivamente lo integrara a la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la entidad y de esa manera fuera remitido al Congreso Local. No obstante ello, el Congreso del Estado de Campeche convalida y consuma la violación realizada por el Poder Ejecutivo, en el sentido de proporcionar los efectos materiales al presupuesto de egresos, sin que del debate de comisiones se desprenda o medie justificación alguna que permita dar validez a su actuar y emisión del dictamen correspondiente y posteriormente su indebida aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.
Si bien en materia de financiamiento público de los partidos políticos, existe libertad de configuración o diseño para las Legislaturas Estatales, lo cierto es que esa libertad no es irrestricta ni puede ser arbitraria, porque tanto el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, de la citada Constitución Federal, como el artículo 50, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, establecen que el financiamiento público local de los partidos políticos debe fijarse de conformidad con las bases establecidas en dicha normativa, por lo que, en el caso, la legislación estatal electoral debe garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
La norma que se impugna modifica de facto los preceptos locales que rigen el financiamiento público de los partidos políticos con registro ante el Organismo Público Local Electoral sin que mediase el procedimiento previsto en las normas locales para la iniciación y formación de leyes.
El Congreso del Estado –en la integración correspondiente a su LXII Legislatura– declaró, en el apartado tercero del Decreto 551, que en el plazo de un año previsto en el diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis serían modificadas todas las leyes y ordenamientos del marco normativo estatal que sean de su competencia, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. Por ende, si el artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche no fue modificada, es inconcuso que fue la voluntad expresa del Poder Legislativo Local –en la integración correspondiente a su LXII Legislatura– que el cálculo del financiamiento público de los partidos políticos sea realizado con base en el salario mínimo general vigente y no la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
De allí que, si la nueva integración consideraba necesaria la modificación de los parámetros de financiamiento de los entes políticos, debía entonces presentarse una iniciativa de ley por alguno de los sujetos facultados constitucionalmente para ello y previa la realización de los trámites legislativos atinentes, ser discutida y votada en el Pleno de la Legislatura local.
Segundo concepto de invalidez
El decreto impugnado resulta violatorio de la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reiteran que el Poder Ejecutivo de Campeche carece de facultades para modificar la propuesta de presupuesto del Instituto Electoral del Estado, por lo que en consecuencia el decreto emitido es inconstitucional.
Además, refieren que dicha modificación resulta violatoria de la garantía de autonomía presupuestaria con la que cuenta el organismo autónomo, así como también resulta violatorio del principio de legalidad, atendiendo a que es facultad del Poder Ejecutivo agregarlo al anteproyecto general del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y remitirlo al Congreso Local, para su discusión y aprobación.
Todo lo anterior, viola la democracia del Estado de Campeche –entendiendo ésta como un derecho humano– en consecuencia, la afectación al presupuesto del Instituto Electoral del Estado obstaculiza de manera considerable al citado instituto para el desempeño de sus actividades como órgano encargado de la organización de las elecciones.
En ese sentido, el procedimiento legislativo respectivo viola el principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución General, atendiendo a que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Local, pasaron por alto lo dispuesto en el décimo transitorio del Decreto Número 139 expedido por la LXI Legislatura, publicado en el Periódico Oficial 5511 de veinticuatro de junio de dos mil catorce.
Tercer concepto de invalidez
De la normativa que rige el procedimiento para concluir con la expedición de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, no se desprende atribución alguna del Poder Ejecutivo Estatal para introducir modificaciones a la propuesta realizada, previamente y debidamente fundada y motivada, por el Instituto Estatal Electoral de Campeche, por lo que se acredita que el actuar del Poder Ejecutivo es carente de fundamento y genera no sólo una violación al principio de legalidad, sino también al principio de autonomía presupuestal que se les ha reconocido a los órganos constitucionales autónomos. En consecuencia, el monto en el cual se basó el Poder Legislativo Local para la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos, en especial el que corresponde a la autoridad electoral, fue la que incluyó de mutuo propio el Ejecutivo del Estado y no así el solicitado por el Instituto Electoral.
Además, el Congreso Local debió prever y establecer los fundamentos y razonamientos lógicos jurídicos que le permitieron emitir el dictamen para su aprobación; sin embargo, el dictamen propuesto por la autoridad electoral no se sometió a consideración y discusión, ni tampoco se señalaron los fundamentos, razones o circunstancias por los cuales se basó única y exclusivamente en el monto incorporado por la gobernadora.
Cuarto concepto de invalidez
El decreto impugnado viola el principio de autonomía presupuestaria, así como el principio de irreductibilidad presupuestaria del Instituto Electoral del Estado de Campeche, toda vez que el presupuesto modificado en vía de reducción, por parte del Poder Ejecutivo del Estado y aprobado por el Congreso Local, no respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica, ni los artículos 41, base V, párrafo primero, apartados C y D, en concordancia con el 116, fracción IV, incisos b), c), g), h) y k), de la Constitución Federal, 1, 2, 4, 5, 30, numeral 3, 98, párrafos primero y segundo, 99 y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 24, bases I, II y VII, de la Constitución de Campeche, así como 4, 13, 18 y 20 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.
Además, mediante los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, identificados con los números CG/023/2022, CG/024/2022 y CG/025/2022, el Instituto Electoral Local fundó y motivó de manera clara y precisa los motivos y razones por los cuales se aprobaba el presupuesto para cada una de las actividades que tiene a su cargo, cumpliendo con la formalidad y requisitos previstos en la Constitución Federal y Local, así como en las leyes que rigen la materia.
Quinto concepto de invalidez
Aducen la violación de los artículos 41, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 24, fracciones I y II, de la Constitución del Estado de Campeche, al vulnerar el principio de equidad en el financiamiento público de los partidos políticos.
La aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos para el Estado de Campeche, elimina el equilibrio que debe haber en el financiamiento de actividades ordinarias al que tienen derecho los partidos políticos, pues en un primer supuesto la legislación local disponía de un marco conceptual con un equilibrio presupuestal, dado que los recursos se asignaban conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución tanto Federal como Local y las leyes locales en la materia, y, por ello, la ley impugnada se contrapone a lo dispuesto en el numeral 41, segundo párrafo, fracciones I y II, de la Constitución Federal.
La reducción que realiza el Poder Ejecutivo de Campeche aprobada por la Legislatura Local, disminuye en más de 45 % del presupuesto para los partidos políticos para la realización de sus actividades ordinarias, sin garantizar el presupuesto para la autoridad electoral, como lo ordena la Constitución.
Lo anterior, sin que exista resquicio legal alguno del que se pueda inferir que la Constitución General permita que el financiamiento en las entidades puede reducirse.
Sexto concepto de invalidez(1)
El decreto impugnado se contrapone a los principios de representatividad, federalismo, equidad y supremacía constitucional, contenidos en la Constitución General.
6. Radicación y turno. Mediante proveídos de dos de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 16/2023 y 17/2023 y las turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el procedimiento respectivo, ordenando su acumulación en atención a que existe identidad respecto de uno de los decretos impugnados.
7. Admisión. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo a los promoventes por presentados con la personalidad que ostentan y admitió las acciones de inconstitucionalidad; requirió a los promoventes Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Teresa Farías González, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Mónica Fernández Montufar, Paul Alfredo Arce Ontiveros y Jesús Humberto Aguilar Díaz, por conducto de sus representantes comunes, para que dentro del plazo de tres días naturales remitieran copia certificada de los documentos con los que acreditaran el carácter con el que se ostentan; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Campeche, para que rindieran su informe y, al hacerlo, respectivamente, enviaran copia certificada de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados, así como el ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial en donde se publicaron éstos; dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad que, de considerar que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación corresponda. 8. Por otra parte, solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad y su acumulada; requirió al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral para que remitiera copia certificada del estatuto vigente del Partido Político Acción Nacional, así como la certificación de su registro vigente y precisara quién o quiénes son sus actuales representantes e integrantes de su órganos de dirección nacional; y, finalmente requirió al Instituto Electoral del Estado de Campeche para que informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.
9. Desahogo de requerimiento por parte de los diversos diputados del Congreso de Campeche. Por escrito recibido el veintitrés de febrero del presente año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, los representantes comunes de los diversos diputados integrantes de la LXIV de la Legislatura del Estado de Campeche remitieron las documentales en copia certificada señaladas por el Ministro instructor.
10. Desahogo de requerimiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio INE/DJ/2614/2023 enviado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés a través del Sistema Electrónico de este Alto Tribunal y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veinticuatro siguiente, el director jurídico del Instituto Nacional Electoral remitió en copia certificada del estatuto y registro vigentes, así como el titular de la presidencia e integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
11. Inicio del proceso electoral. Por oficio SECG/143/2023 enviado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintisiete siguiente, la secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, informó que el próximo proceso electoral deberá dar inicio en septiembre de dos mil veintitrés.
12. A las anteriores promociones les recayó el acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual el Ministro instructor tuvo a los representantes comunes de los promoventes, al director jurídico del Instituto Nacional Electoral y a la secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Campeche desahogando, respectivamente, los requerimientos formulados en proveído de quince anterior.
13. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Mediante oficio CJ/DGC/047/2023 enviado a través del Sistema Electrónico de este Alto Tribunal el dos de marzo de dos mil veintitrés, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el tres siguiente, Juan Pedro Alcudia Vázquez, titular de la Consejería Jurídica del Estado de Campeche rindió informe en representación del Poder Ejecutivo Local, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
En la elaboración, discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2023, se cumplió a cabalidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes generales, Constitución Política del Estado de Campeche y leyes locales en materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental, dispositivos normativos que establecen las bases, criterios, metodología y principios para la elaboración de los presupuestos de egresos de las entidades federativas.
Facultad de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche
El Poder Ejecutivo del Estado de Campeche tiene la facultad de elaborar y presentar al Congreso del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que corresponde a la hacienda pública estatal, la cual comprende a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos autónomos de las entidades federativas.
Es obligación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, ajustarse a los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la información financiera, respetando os principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Toda vez que es obligación de la titular del Poder Ejecutivo presentar al Congreso del Estado un presupuesto de egresos que contribuya al balance presupuestario sostenible, en estricto apego a los principios, bases, lineamientos y metodología que establecen las leyes en materia de disciplina financiera, todo aquel anteproyecto que sea presentado ante el órgano técnico especializado en el manejo de la hacienda pública estatal, puede y debe ser modificado, en aras de ajustarse a las bases y criterios establecidos en los numerales 1, 5, 6 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y en los numerales 1 y 61, fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Validez del numeral tercero del párrafo segundo del artículo 2 de la Ley del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023
De los antecedentes emitidos por la Sala Superior en materia electoral se advierte que ésta ha sostenido que la autonomía presupuestal de un organismo autónomo no implica que ésta sea inamovible, sino que, para realizar ajustes o modificaciones a los presupuestos emitidos por éstos, se requiere de un mayor escrutinio.
El presupuesto remitido a la Secretaría de Finanzas por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, para su ejercicio fiscal dos mil veintitrés, era de carácter ilegal e inconstitucional, en el apartado correspondiente al monto asignado a los partidos políticos con motivo del financiamiento público, en consecuencia, dicho presupuesto no se ajustaba a los principios, bases, lineamientos y metodología que establecen las leyes en materia de disciplina financiera, los cuales son de carácter obligatorio para todos los entes públicos. Es por ello que, en atención a la naturaleza autónoma del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la Secretaría de Finanzas giró el oficio SAFIN03/OT/PF/0802/2022, a través del cual notificó al citado ente para efectos de que realizase el ajuste respectivo; sin embargo, la respuesta de éste fue tajante al sostener que la unidad aplicada, salarios mínimos, era la correcta para el cálculo del monto en cuestión.
En ese sentido, argumenta que el marco normativo del Estado de Campeche establece que el cálculo del monto relativo al financiamiento local de los partidos políticos será el que se obtenga de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida de Actualización, lo anterior, sumado a las razones que se hicieron de conocimiento del Instituto, al notificarle el oficio SAFIN03/OT/PF/0802/2022. En consecuencia, dado que el ajuste realizado por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, no modificó ni alteró la fórmula para el cálculo del financiamiento local a partidos políticos, establecido en el numeral 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, aduce que no existió invasión de competencias ni vulneración a la autonomía presupuestal del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
Cumplimiento a la garantía de irreductibilidad
Señala que el presupuesto asignado para el funcionamiento y operatividad del Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobado por el Congreso del Estado, aumentó con respecto al aprobado para el año próximo anterior. La disminución de la que se duelen los accionantes, impactó en el financiamiento local aprobado para los partidos políticos por el Congreso, misma que, reitera, deriva de la correcta aplicación del marco normativo local.
14. Informe del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Mediante oficio PLE-LXIV/SG/559/2023 depositado el uno de marzo de dos mil veintitrés en la oficina de correos de la localidad y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el tres siguiente, René Augusto Sosa Enríquez, encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso de Campeche por ministerio de ley, en representación del Poder Legislativo de la entidad rindió su informe donde señaló, en esencia, lo siguiente:
Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche se apartó de las bases constitucionales para el otorgamiento del financiamiento público para los partidos políticos nacionales con registro local, pues a pesar de conocer las disposiciones que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tomó como unidad de cuenta para el cálculo de la fórmula el salario mínimo y no la Unidad de Medida y Actualización. Situación que fue enmendada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo en un ejercicio de la regularidad constitucional, en uso de sus facultades de incluir la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo del Estado, consagradas por los artículos 54 Bis, párrafo segundo y 71, fracción XXXV, de la Constitución Política del Estado de Campeche.
Con lo cual aseguró que los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento púb
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31940-30c575e2/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL CONTENIDO DE LA OPINIÓ (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES D (P./J. 18/2001)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES D (81)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES D (20)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUAND (14)
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