I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %) DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DEL PROPIO ÓRGANO LEGISLATIVO. II. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. IV. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚMERO 53, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. EL HECHO DE QUE NO SE HAYA RESPETADO EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS PARA DAR A CONOCER LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR EL EJECUTIVO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE (DECRETO NÚMERO 53, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE). VII. DERECHOS FUNDAMENTALES PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. SON LOS RELATIVOS A RECIBIR ASESORÍA, INFORMACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE URGENCIA, LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EL RESGUARDO DE SU IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES, SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES E IMPUGNAR LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. VIII. AMNISTÍA. ES UNA FIGURA JURÍDICA POR LA QUE SE OTORGA EL PERDÓN DE CIERTO TIPO DE DELITOS Y SE EXTINGUE LA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES, LA ACCIÓN PENAL Y LAS SANCIONES IMPUESTAS, EXCEPTO LA REPARACIÓN DEL DAÑO. IX. AMNISTÍA EN EL ESTADO DE CAMPECHE. LA LEY LOCAL QUE LA REGULA NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AL DEBIDO PROCESO Y AL DE ACCESO A LA JUSTICIA, YA QUE NO EXISTE POSIBILIDAD DE CONSIDERAR QUE LA PERSONA BENEFICIADA PUEDA DEJAR DE CUMPLIR CON LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO QUE COMETIÓ, EN TANTO SE TRATA DE UN REQUISITO PARA QUE TENGA ACCESO A ESE BENEFICIO (ARTÍCULOS 1, 2, 5, 6, 7 Y 8 DE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDA MEDIANTE EL REFERIDO DECRETO NÚMERO 53). X. AMNISTÍA EN EL ESTADO DE CAMPECHE. LA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ PARA LAS PERSONAS QUE SE UBIQUEN EN LAS PRIMERAS TRES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 184 DEL CÓDIGO PENAL LOCAL, YA QUE SON QUIENES TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBTENER UNA PENA DE PRISIÓN DE HASTA CINCO AÑOS (ARTÍCULOS 1, 2, 5, 6, 7 Y 8 DE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDA MEDIANTE EL REFERIDO DECRETO NÚMERO 53).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 183/2023. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 6 DE MAYO DE 2025. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Diversos Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que demandaron la invalidez del Decreto número 53, publicado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, a través del cual se expidió la Ley de Amnistía de ese Estado.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 183/2023, promovida por diversos Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que demandaron la invalidez del Decreto número 53, publicado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, a través del cual se expidió la Ley de Amnistía del Estado de Campeche.
2. Los diputados accionantes expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados a su estudio.
3. Admisión y trámite. El doce de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Instructor tuvo por presentada la demanda, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche a fin de que rindieran sus respectivos informes y les requirió, para que el primero enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto impugnado y el segundo exhibiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial donde se publicó. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República con el objeto de que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que, en su caso, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.
4. Informe rendido en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por el Titular de la Consejería Jurídica de la entidad, donde señaló:
A) Validez del proceso legislativo relativo al Decreto número 53. En principio, no existe disposición alguna que establezca un plazo para dar trámite al veto remitido por el Poder Ejecutivo, por lo que el tiempo que medió entre su recepción en el Congreso estatal y el día de su lectura y turno ante el Pleno de la Legislatura, no constituye una violación a las formalidades del proceso legislativo. Aunado a ello, se cumplió con la formalidad exigida por la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, toda vez que mediante la Gaceta Parlamentaria de trece de julio de dos mil veintitrés publicada en la página oficial del Congreso, se informaron los asuntos que se verían en sesión del día siguiente. En tanto que, respecto de la votación, los artículos 90, 91, fracción I, 92, fracción I y 93, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los numerales 6 y 8 del Acuerdo Reglamentario para el Uso y Funcionamiento del Sistema Electrónico para las Sesiones Plenarias del Congreso del Estado de Campeche, se advierte que las abstenciones se tomarán como voto a favor; por tanto, la votación fue: 19 votos a favor (18 más una abstención) y 9 en contra.
Contrario a la afirmación de los promoventes, de la consideración cuarta y sexta del adendum del dictamen presentado ante el Pleno del Congreso local se advierte que sí se revisó el régimen transitorio, incluso del numeral tercero se eliminó: "se deberán realizar las modificaciones necesarias al Código Penal del Estado de Campeche para armonizar su contenido con la presente ley".
B) Constitucionalidad del contenido normativo de la Ley de Amnistía del Estado de Campeche. En cuanto al texto del artículo 1 de la Ley de Amnistía local, no existe fundamento constitucional que impida, condicione o limite los derechos humanos de un individuo que haya cumplido con la pena determinada por un juzgador dentro de un proceso penal, negar ese beneficio sería discriminatorio, no se vulnera derecho humano alguno ya que se impide que un mismo individuo obtenga en más de una ocasión la amnistía respecto del mismo tipo penal, aspecto que se contempló para evitar transgredir la seguridad social de los campechanos, al limitar el abuso en el uso de esa figura por un mismo sujeto. Por otra parte, el artículo 1 en análisis no constituye una limitante del derecho a la propiedad de los gobernados, dado que no les impide apropiarse de bienes o disponer de éstos, sólo establece el objetivo de la ley y condiciona el acceso a esa figura.
Por otra parte, los accionantes solicitan se declare la invalidez de la fracción I del artículo 2 de la ley impugnada, dado que consideran, se debió adecuar al contenido de los numerales 184 y 193 del Código Penal de la entidad; sin embargo, el legislador local condicionó la procedencia de la amnistía, atendiendo a la pena fijando un máximo de cinco años y si bien, la fracción III del artículo 184, establece un mínimo de cuatro y un máximo de seis años, corresponderá a los operadores jurídicos definir y determinar la pena que amerite, misma que de ser igual o menor a cinco años, permitirá que el indiciado, procesado o sentenciado solicite la amnistía. A su vez, la fracción señalada establece que este beneficio se podrá otorgar a quienes cometan el delito de robo simple, por tanto, si el numeral 193 del Código Penal estatal constituye agravantes a ese tipo penal, el beneficio no procederá, aún si cumpliese con la condicionante relativa a una pena menor de cinco años.
El contenido de los artículos 5, 6, 7 y 8, no transgrede la Constitución, toda vez que la facultad de conceder la amnistía respecto de los delitos del orden local recae en el Congreso estatal, tal y como se desprende de la fracción VIII del artículo 54 de la Constitución local, en relación con los artículos 116 y 124 de la Norma Fundamental. La integración de la comisión que se estatuye garantiza el derecho de audiencia, debido proceso e imparcialidad de las decisiones que adopte la comisión, dado que la solicitud será atendida por los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Campeche; los numerales impugnados generan certidumbre respecto de las consecuencias jurídicas de la norma a los gobernados y acotan las facultades que tendrá la comisión que tramitará las solicitudes.
Tampoco se vulnera la fracción VII del inciso C) del artículo 20 de la Carta Magna, dado que una de las condicionantes para otorgar el beneficio de la amnistía es reparar el daño antes de solicitarlo, garantizando así el derecho humano a la propiedad y el derecho a la reparación del daño de la víctima, por tanto, agotado lo anterior, ésta carece de interés para pronunciarse respecto de la penalidad, en tanto es al Estado a quien compete determinar lo conducente en relación con las penas; a su vez, en el párrafo tercero del artículo 8 de la ley controvertida se establece la supletoriedad del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo local y el Código Nacional de Procedimientos Penales en caso de inconformidad con las decisiones de la comisión o del juez calificador.
5. Informe rendido por el Congreso del Estado de Campeche, a través del encargado de despacho de la Secretaría del Congreso estatal, donde señaló, en esencia, lo siguiente:
El proceso legislativo de la Ley de Amnistía local cumplió con las formalidades previstas constitucional y legalmente para ello, pues fue presentada por un diputado que cuenta con derecho para iniciar leyes, se dio a conocer en sesión del Pleno del Congreso Estatal y se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, así como a la de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen en un término menor a treinta días; posteriormente, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el dictamen respectivo se integró en la lista de la Novena Sesión del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional a celebrarse el mismo día, fecha en que fue discutido y votado a favor por la mayoría de los asistentes; en consecuencia, se remitió al Ejecutivo Estatal como Decreto 53 para efectos de la sanción, promulgación y publicación correspondientes.
Observaciones al Decreto 53. El dos de mayo de dos mil veintidós la Gobernadora del Estado remitió el oficio OF/C.GOB/033/2022A a través del cual realizó observaciones al Decreto 53, lo cual motivó que en sesión celebrada el siete de julio de dos mil veintitrés, previo informe de la Mesa Directiva del Congreso del Estado a la Asamblea, el asunto se turnara a las comisiones dictaminadoras, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Si bien el oficio no fue leído en su integridad, la Mesa Directiva lo turnó a los presidentes de las comisiones señaladas, quienes a su vez hicieron del conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que contrario a lo manifestado por los demandantes, los treinta y cinco diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura estuvieron en condiciones de solicitar el documento y conocer su contenido.
Por cuanto al recurso de reclamación presentado por el Diputado Ricardo Miguel Medina Farfán en la última reunión de trabajo de los integrantes de las Comisiones encargadas de dictaminar el asunto, por considerar que se violentó el debido proceso constitucional, dado que debieron existir foros de diálogo; se desechó, dado que al no conformar ninguna de las comisiones su intervención no resultó procedente.
Así, el dictamen se dio a conocer en la Gaceta Parlamentaria 132, a la cual se adjuntó el voto particular efectuado por la Diputada Laura Baqueiro Ramos, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, publicada en la página del Congreso del Estado y a través del correo electrónico de cada uno de ellos, para su discusión y eventual aprobación en el Pleno.
La parte actora indica que durante el procedimiento se dejó de observar lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Constitución Política del Estado de Campeche; sin embargo, los dispositivos mencionados no prevén un plazo por el cual, una vez devuelto el decreto con las observaciones del Ejecutivo estatal deba ser sometido a discusión del pleno. Por lo tanto, el hecho de que, el Adendum relativo a la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía del Estado, se sometiera a discusión tiempo después, de ninguna forma contraviene disposiciones legales.
Solo en los casos en que el Pleno del Congreso del Estado decida confirmar el proyecto de ley, en los términos propuestos al Ejecutivo Estatal y no atender las observaciones planteadas por el mismo, es que éste debe ser sustentado por el voto de las dos terceras partes. Entonces, si el Congreso del Estado de Campeche determinó que las observaciones eran procedentes y, por ende, se sometió a votación el dictamen del Pleno del Congreso, resulta suficiente que haya sido aprobado por la mayoría.
Respecto del artículo 2, fracción I, de la Ley de Amnistía local, la parte actora argumenta que ese artículo debe ser invalidado, toda vez que desde su consideración no se ajusta a las cuestiones circunstanciales que pueden presentarse en el caso de robo simple de conformidad con los artículos 184 y 193 del Código Penal del Estado de Campeche, no obstante, los demandantes pierden de vista que en la fracción mencionada exceptúa del beneficio de la amnistía cuando por el delito de robo simple la pena privativa de libertad supere los cinco años, además de manera previa al otorgamiento de la amnistía, el infractor está obligado a reparar el daño en favor de la víctima. Por lo que contrario a lo señalado por los demandantes, se privilegiaron en todo momento los derechos de las víctimas, en este caso a que se le repare el daño.
Sobre la necesidad de implementar un sistema de impugnación específico y la integración de la Comisión, destaca que los Congresos de los Estados tienen la posibilidad de expedir la respectiva Ley de Amnistía ajustando las condiciones que se consideren necesarias; además no existe norma que obligue al Congreso Local de instaurar un cuerpo normativo en los mismos términos de la Ley de Amnistía del orden federal.
Destaca que el procedimiento por el cual es posible combatir la resolución o negativa a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley de Amnistía, es de carácter administrativo; a su vez la figura de la negativa ficta es propia del derecho administrativo y combatible en un juicio contencioso. En el ámbito local, su procedencia se prevé en el artículo 8 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Campeche, en correlación con los diversos 4, fracciones X y XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con la aplicación supletoria de estas leyes, se busca proteger el debido proceso, en términos del artículo 14 constitucional.
En cuanto a lo expresado por los promoventes respecto a la omisión de incluir la figura de víctima u ofendido como "interesado" dentro del procedimiento, el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Campeche en su artículo 10, fracción I, prevé a la parte como demandante, debido a la propia naturaleza del procedimiento.
6. Informes que fueron glosados a los autos mediante acuerdos de dieciocho y treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, además se tuvo al Poder Ejecutivo de la entidad remitiendo la publicación del Decreto y al Congreso local copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto impugnado.
7. Alegatos. Por acuerdos de dieciséis, veintiuno y veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se agregaron los escritos de alegatos presentados por el Encargado del Despacho de la Secretaría General del Congreso local, por el Delegado de la parte actora y por el Delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
8. Cierre de instrucción. En proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés se cerró la instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad, quedando en condiciones para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contravención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por normas de carácter estatal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
10. Por vicios en el proceso legislativo que le dio origen, el Decreto número 53, publicado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, a través del cual se expidió la Ley de Amnistía del Estado de Campeche; además, en lo particular los artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8, que son de tenor siguiente:
Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social, así como de observancia general y obligatoria en el Estado de Campeche, y tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden estatal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas.
Artículo 2. Para los efectos del artículo anterior, se decretará amnistía en los supuestos siguientes:
I. Por el delito de robo simple, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años, previa reparación del daño en favor de la víctima, y
II. Por rebelión, sabotaje y uso indebido de los sistemas de emergencia o bien, porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se hayan producido daños, la privación de la vida, lesiones a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.
III. Por delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes y defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Artículo 5. Se conformará una Comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley, en los casos en que considere que un hecho encuadra dentro de algún supuesto de los previstos en el artículo 2 de esta Ley.
Esta Comisión deberá ser integrada por la o el Titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, por la o el Diputado que presida la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia del Congreso del Estado, así como por la o el Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
Artículo 6. Las personas que se encuentren sujetas a proceso o sentenciadas por los delitos a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, se podrán beneficiar de la amnistía, mediante la solicitud correspondiente presentada ante la Comisión.
Las solicitudes también podrán ser presentadas por las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los procedimientos que determine la Comisión.
Artículo 7. La Comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez del orden común para que éste, en su caso, la confirme, para lo cual:
I. Tratándose de personas contra las que se haya ejercitado acción penal, vinculadas a proceso, el juez competente ordenará a la Fiscalía General del Estado de Campeche el desistimiento de la misma, y
II. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones conducentes para, en su caso, ordenar su liberación.
Para efectos de las solicitudes que presenten las personas que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por las conductas señaladas en el artículo 2, fracción II, de la presente Ley, la Comisión deberá solicitar opinión previa a la Secretaría de Gobierno.
Artículo 8. La solicitud de amnistía será resuelta por la Comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique su determinación, se considerará resuelta en sentido negativo y los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables.
Las resoluciones de la Comisión deberán ser emitidas con perspectiva de género, establecerán la metodología y los mecanismos que permiten identificar y valorar los supuestos de discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y personas vulnerables.
Serán supletorias de esta Ley, en lo que corresponda, el Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos para el Estado de Campeche y el Código Nacional de Procedimientos Penales. III. OPORTUNIDAD
11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal,(3) establece que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue, para efectos del cómputo del plazo aludido, que no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. En el caso particular, el Decreto número 53 por el que se aprobó la Ley de Amnistía del Estado de Campeche, materia de impugnación, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el jueves veintisiete de julio de dos mil veintitrés por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el viernes veintiocho siguiente y venció el sábado veintiséis de agosto de esa anualidad.
13. Entonces, si el escrito de demanda fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al día hábil siguiente, esto es, el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés; su presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. Conforme a lo dispuesto por el inciso d) de la fracción II del artículo 105 Constitucional, en relación con el 62, párrafo primero, de su Ley Reglamentaria,(4) el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de las Legislaturas de los Estados podrá promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el Congreso local de que se trate, para lo cual, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada, cuando menos, por ese porcentaje de legisladores.
15. En el caso particular, la demanda está suscrita por doce Diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, a saber: 1) Ricardo Miguel Medina Farfán, 2) Paul Alfredo Arce Ontiveros, 3) Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, 4) Mónica Fernández Montúfar, 5) Pedro Cámara Castillo, 6) Karla Guadalupe Toledo Zamora, 7) Hipsi Marisol Estrella Guillermo, 8) Adriana del Pilar Ortiz Lanz, 9) Jesús Humberto Aguilar Díaz, 10) Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, 11) Teresa Farías González y 12) Abigaíl Gutiérrez Morales.
16. Carácter que acreditaron con copia certificada de las respectivas constancias de mayoría y validez, así como de asignación que anexaron al escrito inicial.
17. Ahora, el artículo 31, párrafo primero, de la Constitución del Estado de Campeche,(5) establece que el Congreso estará integrado por un total de treinta y cinco diputadas y diputados, por lo que, si el escrito inicial fue firmado por doce, éstos representan el treinta y cuatro, punto veintiocho por ciento (34.28%) de ese órgano legislativo,(6) y acuden a impugnar una ley expedida por el Poder Legislativo de esa entidad federativa, esto es, la Ley de Amnistía. En consecuencia, es claro que los promoventes tienen legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
18. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento; y tampoco este Pleno, de oficio, advierte que se actualice alguna, por lo tanto, procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Violaciones al proceso legislativo
19. En el primer concepto de invalidez, la parte accionante asevera que en el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amnistía del Estado de Campeche existen vicios con potencial invalidante, en tanto no cumplió con el principio de deliberación democrática, dividiendo su reclamo en tres bloques, temporalidad, aprobación y promulgación.
A. Temporalidad. Entre la recepción del oficio de observaciones de la Gobernadora de la entidad y su lectura ante el Pleno del Congreso, transcurrió un año con dos meses, en tanto la iniciativa de ley fue aprobada por mayoría simple del Congreso local, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, donde además se ordenó su remisión al Poder Ejecutivo para la sanción, promulgación y publicación correspondientes. A su vez, la Gobernadora devolvió la iniciativa con observaciones mediante oficio OF/C.GOB/033/2022, recibido el dos de mayo siguiente en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Sin embargo, fue hasta el siete de julio de dos mil veintitrés que se dio lectura de ese oficio ante el Pleno del Congreso local, sin que se leyera su contenido.
De entrada, resulta excesivo el tiempo de demora entre la recepción del documento y su lectura ante el Pleno, aun cuando el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Campeche no señala expresamente cuándo se debe dar cuenta y discutir nuevamente las observaciones y la iniciativa devuelta por el Ejecutivo, ese numeral expresamente señala: "El proyecto de la Ley o Decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones al Congreso, deberá ser discutido de nuevo por éste, y si fuese confirmado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación".
Lo que analizado sistemáticamente con el numeral 49 de la misma norma fundamental, proporciona un parámetro para que se realice la discusión sobre las observaciones y la iniciativa devuelta, en el entendido de que las propias labores legislativas tienen sus calendarios sobre la apertura y clausura de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso local; en el caso particular, las observaciones y la devolución de la iniciativa fueron remitidas el día hábil siguiente al inicio del Tercer Periodo Ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional del Congreso, por lo cual, la Mesa Directiva debió dar cuenta al Pleno en la sesión de tres de mayo de dos mil veintidós.
Situación que no se actualizó, dado que el Pleno del Congreso no discutió las observaciones ni la iniciativa devuelta, sino que el constituyente campechano contempló la posibilidad de que el órgano legislativo insistiera en aprobar el mismo proyecto que fue objeto de "veto" y estableció una cláusula de mayoría calificada, que tampoco fue respetada.
Sumado a lo anterior, la Gaceta Parlamentaria se remitió tres horas con trece minutos antes a la sesión en la que se aprobó el Decreto 53; y si bien no existe normatividad alguna donde se señale con qué tiempo debe circularse, el Máximo Tribunal del País ha sostenido en diversas acciones de inconstitucionalidad que la regla general es que esos documentos deben circularse de manera oportuna, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación.
De manera que el principio de deliberación parlamentaria se vio vulnerado, porque las legisladoras y los legisladores no fueron informados de manera oportuna, al menos con veinticuatro horas de anticipación, para poder deliberar de manera consciente sobre las iniciativas sometidas a discusión en el Pleno del Congreso del Estado.
B. Aprobación. Conforme a los numerales 49 y 50 citados en el apartado anterior, lo idóneo era dar lectura al texto íntegro de las observaciones formuladas por la Gobernadora ante el Pleno, con el fin de deliberar sobre las mismas, situación que no ocurrió, porque el siete de julio de dos mil veintitrés, la Mesa Directiva, remitió la iniciativa devuelta por el Ejecutivo del Estado, junto con el oficio de observaciones, a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Asunto de la Familia y de Procuración e Impartición de Justicia.
Esas Comisiones emitieron un documento para someter a votación del Pleno, denominado "ADENDUM DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y, DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA RELATIVO A LA INICIATIVA PARA EXPEDIR LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE", que en realidad es la iniciativa devuelta, con algunas modificaciones basadas en lo observado por la Titular del Ejecutivo Estatal.
Por tanto, si en esencia se trata de la misma iniciativa devuelta con ciertos ajustes que no se adecuaron del todo a lo observado por el Ejecutivo Estatal, la votación realizada en el Pleno el catorce de julio de dos mil veintitrés no tiene validez, en tanto no se aprobó por mayoría calificada.
Lo idóneo era que la Mesa Directiva diera lectura al texto íntegro de las observaciones ante el Pleno y sometiera a deliberación y votación, para que las dos terceras partes de diputadas y diputados presentes en la sesión decidieran sobre los tres escenarios siguientes: 1) Aprobar el Decreto de la iniciativa devuelta en su texto íntegro; 2) Aprobar la remisión de la iniciativa devuelta, junto con el oficio de observaciones a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Asunto de la Familia y de Procuración e Impartición de Justicia; y, 3) Aprobar el desechamieto de la iniciativa devuelta.
Sin embargo, la Mesa Directiva optó por la segunda opción y de manera directa, sin consultar al Pleno remitió la documentación a las comisiones dictaminadoras, que emitieron el adendum donde se atendieron parcialmente las observaciones de Ejecutivo, discutido en la sesión de catorce de julio de dos mil veintitrés; esto es, evadieron la votación calificada, pretendiendo aprobarla por mayoría simple, pues sólo obtuvieron dieciocho votos cuando debieron ser diecinueve, dado que la asistencia fue de veintiocho diputadas y diputados, de ahí que el Decreto en cuestión deba ser invalidado.
C. Promulgación. No se hizo una revisión integral de la propuesta legislativa delimitando los tipos penales o delitos para los cuales aplicará la Ley de Amnistía del Estado de Campeche, simplemente retiraron conceptos como "campesino", "sin violencia", "acuerdo reparatorio", entre otros; por tanto, al no ajustarse a lo recomendado por el Ejecutivo, no debió ser promulgado y en consecuencia tampoco se debió publicar.
20. Concepto de invalidez que resulta infundado. Para establecer las razones en que descansa tal afirmación, de inicio se debe atender la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33827-2ec5656b/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-treinta-y-tres · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ABORTO. LOS ARTÍCULOS 339, 340, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "AL QUE HICIERE ABORTAR A UNA MUJER... CUANDO FALTE EL CONSENTIMIENTO, LA PRISIÓN SERÁ DE TRES A SEIS AÑOS, Y SI EMPLEARE VI (VI.1o.P.11 P (11a.))
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