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Modo: Corpus Pro

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL CONTENIDO DE LA OPINIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DE AQUÉLLAS. DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES. EL ARTÍCULO 31, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 116, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ATENDER A UN CRITERIO GEOGRÁFICO PARA LA DEMARCACIÓN DE AQUÉLLOS. DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. PARA EFECTOS DE SU DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL CRITERIO POBLACIONAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2001. · Registro digital (IUS): 16920
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE CAMPECHE.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, , Pág. 555.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2001. INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE CAMPECHE.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de enero de dos mil dos.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Edgar Esteban Richaud Lara, Mario Alberto Romero Gutiérrez, Jorge Jiménez Domínguez, José del Carmen Rodríguez Vera, Rafael Eduardo Alcalá Ortiz, José Jesús Durán Ruiz, Jorge Rosiñol Abreu, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Tomás Enrique Gutiérrez Pérez, Carlos Manuel Cambranis López y Donaldo Obregón Pérez, ostentándose como diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:

"Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas: a) Órgano legislativo: La LVII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche como el órgano que emitió el Decreto Número 87 cuyo contenido constituye la norma general impugnada. b) Órgano ejecutivo: El gobernador del Estado de Campeche, L.A. José Antonio González Curí y el secretario de Gobierno, Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio como el que promulgó la norma general impugnada mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, que referimos más adelante. ... Normas generales cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fueron publicadas: El segundo párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado, órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, Tercera Época, Año X, Número 2478, el día 16 de octubre del 2001 ..."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes son los siguientes:

"1. El segundo párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche fue reformado siguiendo un criterio geográfico y no poblacional. El precepto aludido se refiere a la forma de distribución de los veintiún distritos electorales uninominales en el territorio del Estado. Este artículo sigue un criterio geográfico en la división del Estado en veintiún distritos electorales uninominales. La afirmación de que el criterio geográfico es el criterio que sigue el segundo párrafo del artículo 31 de la precitada Constitución Local, se desprende de la simple lectura del mismo y del dictamen que sirvió de base para reformar el citado segundo párrafo. A continuación se transcribe la norma de carácter general contenida en el segundo párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche: Decreto con fecha 16 de octubre del 2001: Artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche. ‘Artículo 31. ... La demarcación territorial de los veintiún distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del Estado entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre los Municipios del Estado se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso alguno de ellos quede sin representación particular ante el Congreso por no contar con, cuando menos, un diputado de mayoría relativa. Para el efecto de la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, el territorio del Estado se constituirá en una sola circunscripción electoral plurinominal.’. La asignación de ... a) a f) ... 1.1) El criterio poblacional para la división de un territorio en circunscripciones o distritos electorales, se basa en que en cada uno de los distritos electorales en los cuales se divide el territorio, tenga un número similar de electores. Ya que la división territorial del Estado se hace basándose en la población existente en el mismo y busca que cada diputado represente un número similar de electores. A diferencia del criterio geográfico que toma como base de la distritación una cierta extensión territorial, a la cual le corresponden ciertos Municipios que no necesariamente tendrán un número similar de electores, pues lo que importa es la división geográfica y no poblacional. Es de hacer notar que el criterio poblacional para la división del territorio en demarcaciones electorales, está plenamente contemplado en la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que la reforma hecha al segundo párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche vulnera normas de la Constitución Federal, ya que dicha Constitución establece un criterio poblacional y no geográfico para la división de los distritos electorales. A continuación transcribiremos el artículo constitucional citado: El artículo 116 de nuestra Constitución Federal, en su fracción II, establece con respecto a la integración de las Legislaturas de los Estados lo siguiente: ‘Artículo 116. ... Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de 9, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. ... Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.’. Por lo que la Constitución Federal habla de población con relación a los distritos o representantes, de ahí que el número de diputados en las Legislaturas de los Estados sea proporcional al número de habitantes de la entidad federativa, y si los representantes son los diputados, debe concluirse que el número de diputados es proporcional al número de habitantes. Ahora bien, los diputados son electos en distritos electorales, y si a cada diputado corresponde un distrito, debemos decir que los distritos electorales deben ser proporcionales al número de habitantes en las entidades federativas. Lo anterior obliga a reflexionar sobre el fin que persigue el legislador al establecer esta proporcionalidad con base en la población; esta finalidad es la de que cada diputado represente un número similar de electores, a fin de que la población se encuentre equitativa, proporcional y debidamente representada en el Congreso. Se busca evitar que exista una subrrepresentación o una sobrerrepresentación en el Congreso. Al respecto, en tratándose de la representatividad, el célebre maestro Enrique Sánchez Bringas en su obra Derecho Constitucional señala que: Esa representatividad cobra especial importancia en el Estado federal porque cada Estado o provincia tiene un número variable de diputados federales en proporción a su población, a diferencia de la Cámara de Senadores donde es el mismo número de individuos por cada entidad federativa sin considerar las diferencias territoriales y poblacionales de los Estados. Una vez transcrito el artículo cuya inconstitucionalidad se reclama y el precepto constitucional federal violado, procedemos a fundar y motivar lo anterior. En primer término, consideramos pertinente señalar qué se debe de entender por el concepto que comúnmente se le denomina ‘geografía electoral’, la cual es considerada como la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones, así podemos afirmar que debido a los fenómenos migratorios, la movilidad poblacional y los cambios en la geografía económica, la distribución territorial debe actualizarse en forma periódica, ya que el aumento o disminución de la población en determinado territorio puede traer efectos desfavorables, como distorsiones o desajustes en el equilibrio que debe existir en una contienda electoral; por lo que para evitar estos efectos nocivos, la distribución territorial debe perseguir fundamentalmente los siguientes propósitos, a saber: a) El valor idéntico de cada voto, es decir, lograr el objetivo de ‘un ciudadano un voto’, este propósito consiste en vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal forma que cada cargo represente, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes. De esta manera, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor por servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo cual constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto. Tratándose de evitar las distorsiones en la representación anteriormente comentadas, de tal forma que cada voto se refleje de manera equitativa en la integración del órgano a elegir. Así podemos ver que uno de los casos más conocidos de este tipo de distorsiones, comúnmente citado por la doctrina, es el acontecido en Inglaterra, en mil novecientos cincuenta y uno, en donde el partido laborista obtuvo con doscientos mil votos más que su adversario, el cuarenta y nueve por ciento de los votos, mientras que el partido conservador consiguió el cuarenta y ocho por ciento. No obstante por esta ventaja, por efecto de una distritación distorsionada, los conservadores se adjudicaron veintiséis escaños más que el laborismo (Fuente: Pacheco Guadalupe, Ricardo Becerra y José Woldenberg. ‘La Nueva Geografía Electoral’, revista ‘Etcétera’, número 69, 19 de mayo de 1994, México). Otro ejemplo de estos desajustes, lo representa lo acontecido en el Distrito Federal en las elecciones federales de mil novecientos noventa y cuatro, en las que se dio el caso de un distrito electoral con seiscientos mil electores (distrito XL) y otro con 50 electores (distrito XXXIII), este fenómeno que tuvo sus orígenes en una distritación establecida antes de mil novecientos noventa, provocó sin duda inequidad en el valor del voto, pues en el primer distrito citado, la curul tuvo un costo en votos doce veces mayor que en el otro distrito mencionado (Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1997. Publicación del Instituto Federal Electoral). De igual forma y para mayor abundamiento, nos permitimos citar casos que en Estados Unidos se han dado al respecto. Nos permitimos hacer esta referencia por dos cuestiones fundamentalmente: la primera, es que existen similitudes entre los sistemas constitucionales Norteamericano y Mexicano; y la segunda, es que en México no se ha dado una discusión a nivel de Justicia Federal tan abundante ni con tanta jurisprudencia en la materia de la representación y la distritación electoral. Por ejemplo, en el caso de Wells contra Rockefeller (Wells v. Rockefeller, 394 U.S. 542 en 546 [1996]), la Corte rechazó el plan de Nueva York porque no se apegaba a los criterios de protección equitativa. El plan de Nueva York daba como resultado distritos de casi el mismo tamaño en las distintas regiones del Estado, pero no de igual población en todo su territorio. El Alto Tribunal dictaminó que esto era inaceptable por cuanto el Estado no podía alegar, ni alegaba, que sus legisladores habían procurado de buena fe lograr una igualdad matemática precisa entre los distritos para elegir congresistas. Fue otra vez Brennan quien expresó la opinión de la Corte: ‘Aceptar un plan como el de Nueva York abriría la puerta para que ciertos grupos de distritos con intereses de orientación definida, lograran mayor representación a expensas de los que tienen orientaciones distintas. La igualdad de población entre los distritos subestatales no es justificación para la desigualdad de los distritos estatales’. En 1967 el Alto Tribunal insinuó la estricta posición que adoptaría dos años después. Con dos opiniones sin firma devolvió a Indiana y Missouri, para su revisión, unos planos de redistritación distrital para la elección de congresistas que permitían variaciones de hasta el 20% del promedio de población correspondiente a cada distrito (Duddleston v. Grills, 385 U.S. 155; Kirkpatrick v. Preisler, 385 U.S. 450 [1967]). Dos años después, el plan revisado de Missouri volvió a la Corte para su estudio. Con el dictamen para el caso de Kirkpatrick contra Preisler, el Alto Tribunal rechazó el plan por una votación de seis contra tres. La mayoría lo juzgó inaceptable porque permitía variaciones de hasta 3.1% de lo que serían los distritos con poblaciones estrictamente iguales. (Kirkpatrick v. Preisler 394 U.S. 526 [1969]). En esta forma, la Corte puso en evidencia su rigurosa aplicación de la norma ‘una persona un voto’ a la redistribución de distritos electorales paracongresistas. Sólo se permitirían desviaciones mínimas, al estricto principio de igualdad poblacional, cuando el Estado presentara pruebas convincentes de que la variación no podía evitarse. En nombre de la mayoría, el Juez Brennan declaró que no existía ‘un número o porcentaje fijo de variación poblacional que resulte lo suficientemente pequeño como para considerarlo «de minimis» y que satisfaga sin discusión el criterio «de hasta donde sea viable» (Kirkpatrick v. Preisler 394 U.S. 530 [1969]). En 1973 la Corte reafirmó unánimemente el riguroso criterio para el trazado de distritos legislativos que había fijado en el caso Kirkpatrick. En 1971 invalidó el plan de distribución Texas, el cual presentaba diferencias de casi 5% entre los distritos más populosos y menos poblados. Un poco más estricto este principio se analizó diez años después, el 22 de junio de 1983, la Corte volvió a subrayar el estricto criterio de «una persona un voto», pero esta vez no hubo unanimidad. Dividida en cinco votos contra cuatro al fallar el caso de «Karcher contra Daggett», la Corte abrogó el plan de redistribución de distritos para congresistas de Nueva Jersey basado en el censo de 1982. Aunque la variación entre el distrito más populoso y el menos poblado no llegaban al 1%, la Corte sostuvo que se debía justificar esa diferencia como necesaria para alcanzar un importe objetivo estatal. Nueva Jersey no había presentado ninguna justificación. La Suprema Corte abrió las puertas a toda una nueva categoría de casos políticos el 30 de junio de 1986, cuando dictaminó que las demarcaciones políticas arbitrarias están sujetas a la revisión constitucional de los tribunales federales, incluso si los distritos controvertidos cumplen con el criterio de «una persona un voto». «Se trata de un problema de representación» escribió el Juez Byron R. White en el caso de «Davis contra Bandemer» (478 U.S. 109) y declinamos sentenciar que tales demandas no son jamás justiciables’. El caso de ‘Davis contra Bandemer’ se presentó ante la Corte como una recusación de los demócratas de Indiana contra la redistribución, hecha en 1981, de la proporcionalidad de los escaños en la Legislatura Estatal. Los demócratas alegaron que el mapa diseñado por los republicanos favorecía de tal modo a este partido que, en la práctica, negaban a los demandantes una representación adecuada en el Estado. Todos los datos anteriores fueron obtenidos y pueden ser consultados en el libro: La Suprema Corte de Justicia y los Derechos Individuales, de Elder Witt, De. Gernika, 1998 págs. 177 y ss. Ahora bien, volviendo al caso que nos ocupa vemos que con la reforma al párrafo segundo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche que hoy se combate, se obliga al órgano electoral estatal, en este caso Instituto Electoral del Estado de Campeche, a realizar una distritación tomando como base el criterio geográfico y no al poblacional, ya que como se desprende de la multicitada reforma, se establece expresamente que cada Municipio del Estado debe de contar con una representación particular en el Congreso del Estado, es decir, cada Municipio debe tener mínimo un diputado sin tomar en cuenta la poblacional total con que cada Municipio cuenta, lo cual representaría que existieran diputados con una sobrerrepresentación y otros con una subrrepresentación. La anterior afirmación la fundamentamos en los siguientes hechos, en primer término se presenta una tabla en la cual se muestra la conformación de los distritos electorales en las elecciones pasadas celebradas el día 02 de julio del 2000, señalando la lista nominal de electores y el padrón electoral (cuadro 1): Cuadro 1. Contiene la lista nominal y el padrón electoral de las elecciones del 02 de julio de 2000, según datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Ver tabla 1

"En el presente cuadro se aprecia que hay distritos electorales como el XX que sólo tiene 4,508 electores en la lista nominal en comparación con el XI que tiene 34,160 electores en la lista nominal; con lo cual se aprecia que en el distrito electoral XX existe una sobrerrepresentación y en el XI una subrrepresentación. De igual forma y para mejor ilustrar presentamos la siguiente tabla, en la cual se muestra la población total del Estado y la forma de distribución de los distritos electorales uninominales tomando como base el criterio geográfico de distribución establecido por el segundo párrafo de la norma general cuya inconstitucionalidad se reclama, y basándonos en el último censo de población llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el Estado de Campeche (cuadro 2): Cuadro 2. Contiene la población total del Estado de Campeche distribuida en cada Municipio del mismo, según datos del último censo de población llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la entidad en el año 2000.

Ver tabla 2

"En el cuadro anterior, nos damos cuenta de que mientras en el Municipio de Escárcega la representación sería de 1.539, en los Municipios de Palizada y Tenabo la representación sería de sólo 0.256 y 0.255, respectivamente, es decir, el diputado del distrito que correspondería al Municipio de Escárcega representaría el 1.539 por ciento de la población total del Estado y los diputados de los distritos que corresponden a los Municipios de Palizada y Tenabo representarían el 0.256 y 0.255 por ciento, respectivamente, de la población total de la entidad, por lo que se puede apreciar hay una clara desigualdad en la representación de la población y el principio de una persona un voto, no se cumple, lo cual constituye una clara contravención a lo establecido por nuestra Carta Magna. A mayor abundamiento y para reforzar el dicho de que la reforma que hoy se combate fue hecha con base a un criterio geográfico y no poblacional, transcribiremos algunos fragmentos de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas presentada por el Dip. Fernando Eutimio Ortega Bernés y que dio origen a la reforma del segundo párrafo del artículo 31 cuya inconstitucionalidad se reclama: ‘De acuerdo a lo anterior puede afirmarse que en Campeche ha sido una tradición histórica el que cada uno de los Municipios libres (en un principio partidos) que lo conforman, salvo en contadas ocasiones, ha tenido presencia y voz auténtica en el seno de la máxima representación del pueblo, el Congreso del Estado, por medio de diputados nacidos y/o avecindados en sus respectivas demarcaciones territoriales. La excepción lo es hoy el Municipio de Calakmul, el que por haber sido conformado con territorios anteriormente pertenecientes a los Municipios de Champotón y Hopelchén, para efectos electorales en el (sic) concurren parte de los distritos XV y XVIII, el primero de ellos correspondiente a uno de los dos distritos con que cuenta el Municipio de Champotón y, el segundo, que corresponde al Municipio de Hopelchén, situación que hace que los pobladores de Calakmul sean representados legislativamente por personas que no son nativas ni vecinas del lugar ...’, de la simple lectura de estos párrafos, podemos decir que la multicitada reforma toma como base el criterio geográfico y no el poblacional establecido en nuestra Carta Magna. Para finalizar con este aspecto y terminar de reforzar nuestro dicho, en el sentido de que la reforma toma como base un criterio geográfico y no poblacional, nos permitimos señalar que si bien es cierto, tal y como lo manifestamos líneas arriba, en nuestro país no se ha dado, al nivel de Justicia Federal, una discusión tan amplia respecto a la representación y la distritación electoral, es preciso señalar que en 1999 esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente al respecto, por lo que nos permitimos transcribir el criterio sostenido por este Máximo Tribunal de Justicia Federal en el país, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 12/99 promovida por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche y del gobernador constitucional de la misma entidad federativa sobre unas reformas en materia electoral en este Estado, mismo que se encuentra plasmado en el considerando séptimo, páginas 179, 180, 181, 182 y 183 de la precitada resolución de fecha 14 de diciembre de 1999: ‘... Es importante destacar lo que debe entenderse por geografía electoral. En los lugares de gran población y territorio, la organización de las elecciones plantea problemas técnicos importantes, sobre todo lo que se refiere al registro y distribución de los electores. Lo anterior obliga a buscar mecanismos de distribución con diversos propósitos, entre los cuales destaca el de vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio nacional con un cierto número de representantes a elegir, de tal modo que, tomando como ejemplo el caso de los comicios para integrar la Cámara de Diputados, cada curul representa en la medida de lo posible la misma cantidad de habitantes. De esta manera se logra que cada voto emitido tenga el mismo valor, al servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo que constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto. Sin embargo, existen casos justificados en los cuales un representante no se elige necesariamente por el mismo número de electores, como ocurre en nuestro país con la elección de senadores por entidad federativa. Se busca precisamente que cada parte integrante del Pacto Federal tenga un número equivalente de representantes en el Senado, órgano colegiado que tiene entre sus facultades algunas que atañen al conjunto del Estado mexicano, incluidas la Federación y las partes federadas. Otro de los propósitos de la distribución territorial de los electores, además del referido a la necesidad de que el valor electoral del voto de cada ciudadano sea idéntico, es de atender a las exigencias impuestas para facilitar a los propios ciudadanos la emisión del sufragio, de tal manera que les sea posible trasladarse al lugar donde se recibirá la votación. En relación con lo anterior, esa exigencia en beneficio de los electores, también es de tomarse en cuenta las necesidades inherentes al recuento de los votos, particularmente cuando se trata de un registro o padrón electoral que abarca un universo grande de ciudadanos dispersos en un territorio muy extenso. También es propósito de la distribución de los electores lograr que éstos conozcan lo mejor posible a los partidos y candidatos que compiten por su voto, de tal modo que haya un mayor acercamiento entre los representados y sus posibles representantes. Así, en lugar de que la única unidad de la geografía electoral sea el país entero, se divide su territorio en varias porciones, y en cada una de ellas se realiza una especie de elección parcial. Así, atendiendo a estos factores se hace la distribución por zonas, en la que se considera a las secciones que constituyen la unidad básica de la división territorial para efectos electorales. En este orden de ideas, la división territorial para efectos electorales depende de varios criterios; el más importante es el relativo a quién se elige, esto es, cuáles son los órganos de autoridad cuyos titulares habrán de ser designados precisamente mediante la celebración de los comicios. En tal sentido, al haber diversas autoridades políticas en un Estado, sobre todo si su organización es federal, como en el caso mexicano, existen también distintos tipos de elecciones. Así, se habla de elecciones federales, si abarcan todo el territorio nacional y a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; de elecciones estatales o locales, si se limitan al territorio de un Estado y a sus Poderes Ejecutivo y Legislativo; y de elecciones municipales si se trata del ámbito de los Municipios de una entidad federativa respecto de los integrantes de los Ayuntamientos que son sus órganos de gobierno ... Por lo que atañe a su sentido gramatical, los conceptos de distrito y circunscripción hacen referencia por igual a divisiones territoriales adoptadas en un país, generalmente con fines electorales. Por ello, el pleno significado de cada concepto se adquiere, más que en relación con la porción territorial que abarcan, por el número de representantes que se elige tomándolo como base para distribuir a los electores. Tradicionalmente se ha distinguido al distrito como el ámbito territorial en el cual se elige a un solo representante, concibiéndolo por definición como uninominal, y a la circunscripción como la porción del territorio en la cual se elige a varios representantes, por lo que es necesariamente plurinominal. La delimitación de los distritos y circunscripciones presenta serios problemas técnicos y políticos. Si bien pueden servir como referencia criterios históricos, geográficos, administrativos y de otra índole, lo cierto es que la densidad de población constituye el elemento fundamental para determinarlos. ...’. b) El segundo objetivo es evitar que la distribución tenga sesgos partidarios, es decir, que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial. Esta maniobra es conocida por la doctrina ‘como creación sesgada de distritos electorales’ o por el término en inglés Gerrymandering, que consiste en la creación de distritos ad hoc, esto es, trazar fronteras distritales de tal forma que se determine intencionalmente el grupo que ganará la elección. El término se atribuye, según los especialistas, a Elbridge Gerry, gobernador del Estado Norteamericano de Massachussets, que en mil ochocientos doce, para favorecer sus aspiraciones políticas, llegó a constituir en la ciudad de Boston, un distrito a su medida; de tal forma que concentraba sus votos y esparcía los de sus oponentes (Fuente: Sartori Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Primera edición. Fondo de Cultura Económica. México, 1994). Circunstancias que en el caso que nos ocupa no se cumplen, ya que como se podrá observar y como mencionábamos líneas arriba, con la reforma que hoy se combate, el partido en el poder, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, pretende que exista el mayor número de diputados en zonas rurales, para así poder más fácilmente ganar esos distritos y, por consiguiente, obtener la mayoría en el H. Congreso del Estado; esto es, debido a que los Municipios de Campeche y Carmen cuentan con una población en su mayoría urbana, no así, Municipios como el de Calakmul el cual es en su mayoría una población rural. Además, el partido que gane un mayor número de diputados de mayoría relativa, debido a la denominada ‘cláusula de gobernabilidad’ establecida en la Constitución Política del Estado en el mismo artículo 31, tercer párrafo, inciso e), éste automáticamente obtiene un mayor número de legisladores de representación proporcional, sin importar el porcentaje de votación obtenido en la entidad. c) Y el tercer propósito es facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar donde habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos. Propósito que tampoco se cumple ya que el agrupar a las comunidades por territorio, esto hace que los votantes recorran distancias muy largas para poder emitir su sufragio, además de que se hace más tardado el traslado de los expedientes de casilla a los órganos electorales que llevarán a cabo el cómputo de los votos. 1.2) Por otra parte, hay que resaltar que en el Estado de Campeche, existe, como mencionamos líneas arriba, una sobrerrepresentación en su Congreso Estatal mayor al de otro Estado de la República, ya que como se manifestó anteriormente, el Estado de Campeche cuenta con una población de 689,656 habitantes y cuenta con 35 diputados, 21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, y un total de 11 Municipios, por lo que de ser avalada esta reforma por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentaría un precedente negativo para los demás Estados del país que podrían en un momento dado aumentar su número de diputados, tomando como base el criterio geográfico y no el poblacional que pretende instituir la reforma que hoy se combate, como por ejemplo el Estado de Yucatán en el cual existen 106 Municipios y cuenta con tan sólo 16 diputados de mayoría relativa, es decir, tan sólo 16 distritos electorales uninominales y 9 de representación proporcional teniendo un total de 25 diputados que integran el Congreso de ese Estado y una población total de 1'658,210 habitantes; para abundar más en este aspecto, nos permitimos presentar una tabla en la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16920-31859c15/acciones-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-no-existe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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