ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AQUÉLLA DEBE DESESTIMARSE Y ORDENARSE EL ARCHIVO DEL ASUNTO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2002. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de octubre de 2003.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veinticinco de noviembre de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. 1. Autoridad emisora: Congreso del Estado de Coahuila con domicilio en Francisco Coss y Álvaro Obregón, zona Centro, sin número, código postal 25000, Saltillo, Coahuila. 2. Autoridad promulgadora: Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con domicilio en Palacio de Gobierno, Plaza de Armas en Juárez e Hidalgo, sin número, zona Centro, código postal 25000, Saltillo, Coahuila. II. Norma general cuya invalidez se reclama. Se demanda la declaración de invalidez del artículo 74 de la Ley que crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, expedido por el Congreso del Estado de Coahuila y promulgado por el gobernador constitucional de la misma entidad, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de octubre de 2002, del que se anexa un ejemplar."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Único. Violación del artículo 74 de la Ley que crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila a los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El régimen jurídico que debe regular las relaciones laborales entre los Poderes Estatales y sus trabajadores y el de los organismos descentralizados con sus trabajadores, ha sido determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha sostenido, en diferentes ejecutorias, que las relaciones laborales de los entes descentralizados de los Estados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, las que para una mejor comprensión de sus alcances me permito transcribir: ‘Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, diciembre de 2000. Tesis: 1a. XXXVIII/2000. Página: 252. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 5o., 6o. Y 7o. DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AL REGULAR LAS RELACIONES LABORALES DE AQUÉLLOS CON SUS TRABAJADORES TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXXI, INCISO B), PUNTO 1, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en materia de trabajo en general, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A, de la Constitución Federal y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con lo señalado en el apartado B del artículo últimamente citado; en tanto que las Legislaturas Locales sólo se encuentran facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones laborales entre los Estados y sus trabajadores, conforme lo previene el artículo 116, fracción VI, de la propia Carta Magna. En estas condiciones, debe concluirse que los artículos 5o., 6o. y 7o., del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados violan los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Ley Fundamental, en cuanto pretenden regular las relaciones laborales de los organismos descentralizados de la mencionada entidad con sus trabajadores. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del referido Estado, los citados organismos, aunque integran la administración pública paraestatal, no forman parte de dicho poder, en virtud de que no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo Local, sino que en su carácter de unidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución de programas de desarrollo establecidos por los órganos de gobierno a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades de la administración pública paraestatal, por lo que resulta evidente que la regulación de las relaciones laborales de éstas con sus trabajadores, no es de la competencia del Congreso del Estado de Aguascalientes.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, marzo de 1999. Tesis: 2a. XXX/99. Página: 317. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. En aplicación del criterio contenido en la jurisprudencia temática 1/96, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, con el rubro: «ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.» (publicada en la página 52, del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), debe considerarse que son inconstitucionales los artículos 73, 74, 75, 155, 157, 163 y 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que incluyen a los organismos descentralizados de dicha entidad, como sujetos de su regulación y establecen la competencia de las Juntas Arbitrales y del Tribunal de Arbitraje del Estado, para el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre tales organismos y sus trabajadores, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, las Legislaturas Estatales sólo están facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores. Por tanto, aunque los organismos descentralizados integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Local, cuya composición comprende, atento a lo establecido en los artículos 31 y 94 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al gobernador constitucional de esa entidad, así como a las secretarías y entidades administrativas centralizadas. Consecuentemente, las relaciones de los organismos descentralizados del Estado de Chihuahua con sus trabajadores, se rigen por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A de la Ley Suprema y su ley reglamentaria, como es la Ley Federal del Trabajo, ordenamientos a los que debe atenderse para determinar que la autoridad competente para dirimir las controversias suscitadas con motivo de esa relación laboral, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, febrero de 1999. Tesis. 2a. XI/99. Página: 243. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN POR EL RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del análisis conjunto y sistemático de los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en materia del trabajo, en lo general y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, autoriza a las Legislaturas de los Estados a expedir leyes que regirán las relaciones laborales entre ellos y sus trabajadores, por lo que es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123. La Suprema Corte de Justicia ha establecido en jurisprudencia firme que los organismos públicos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo. Por tanto, el artículo 1o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los tres Poderes del Estado de Durango, en cuanto establece que esta ley es de observancia general para los organismos públicos descentralizados que se encuentran en esa entidad, viola lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, que dispone en su fracción XXXI, inciso B), punto 1, que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, octubre de 1997. Tesis: 2a. CXXVII/97. Página: 437. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA. SU SUJECIÓN A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA ES INCONSTITUCIONAL. Los artículos 1o., 2o. y 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, que incluyen a los organismos descentralizados de dicho Estado como sujetos de regulación de dicha ley y establecen la competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje para el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre tales organismos y sus trabajadores o entre éstos, son inconstitucionales, en virtud de que las Legislaturas Locales sólo están facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, conforme lo dispone el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna; y los organismos descentralizados, aunque integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Local, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 55 y 66 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al Gobernador Constitucional de dicho Estado, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública estatal, como son las secretarías y entidades administrativas. Por tanto, las relaciones de los organismos descentralizados del Estado de Sinaloa con sus servidores, se rigen por el artículo 123, apartado A, constitucional, y su ley reglamentaria, Ley Federal del Trabajo, expedida por el Congreso de la Unión, a la que debe atenderse para determinar la autoridad competente para dirimir las controversias surgidas por la relación laboral.’. ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Dispone el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislaturas de los mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, que son la Ley Federal del Trabajo respecto del apartado A, que comprende a la materia de trabajo en general, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que desarrolla los principios comprendidos en el apartado B, fuente del derecho burocrático; por esta razón, es este último apartado el aplicable a las relaciones de trabajo habidas entre los Poderes de los Estados federados y sus trabajadores, según se concluye si se atiende al párrafo introductorio del artículo 116 aludido, que divide al poder público de los Estados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de que en la esfera local sea pormenorizado legalmente. En conclusión, y atento que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia firme que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las relaciones laborales de dichos organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales.’. En este mismo sentido se manifestó también la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, al resolver el recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97, en el cual se adoptó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de 2000, página 41, que dice: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene «TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.», del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva.’. Ahora bien, el Congreso del Estado de Coahuila y el gobernador de la entidad aprobó y promulgó, respectivamente, la Ley que crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de 25 de octubre de 2002. Los preceptos que interesan de la citada ley, disponen: ‘Artículo 1o. Para efectos de la presente ley, y con la finalidad de aplicar y vigilar las disposiciones que de ella se deriven, se crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), como organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la capital del Estado, sin perjuicio de que pueda establecer en el Estado las oficinas que estime necesarias para la realización de sus actividades ...’. ‘Artículo 74. Las relaciones de trabajo entre el (COECYT) y su personal se regirán por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en lo conducente, por la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado. Se considerarán trabajadores de confianza del (COECYT) a todas aquellas personas que realicen funciones de dirección, vigilancia y fiscalización.’. De la lectura de los preceptos transcritos se desprende que se crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), como organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales se regirán por lo dispuesto en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual reglamenta el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. De la confrontación de los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con la norma impugnada se infiere que la misma es inconstitucional, lo anterior de acuerdo con los siguientes razonamientos. El artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Congreso de la Unión tendrá entre otras facultades, la siguiente: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’. Con fundamento en el precitado numeral constitucional, el Congreso de la Unión expidió, por una parte, la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo y, por la otra, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del citado precepto constitucional, la cual regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. El numeral 116, fracción VI, de la Constitución Federal señala que ‘Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias’. El dispositivo en comento es claro en establecer que los Congresos Estatales tienen la facultad de emitir las leyes que regulan las relaciones laborales que existan entre los órganos del poder público estatal y el personal a su servicio, observando los principios y garantías consagradas en el artículo 123 de la Constitución General de la República, esto es, sólo pueden regular las relaciones de trabajo que se establezcan entre aquellos órganos públicos que actúan en nombre y representación de esos poderes, mas no así aquellas relaciones laborales que se establezcan entre aquellos organismos que, si bien son públicos, no forman parte integrante del poder público estatal central y sus trabajadores. Esto es así, porque las relaciones de trabajo que son ajenas a aquellas que se establecen entre los órganos centrales del Estado y sus trabajadores, se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, y su ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo, lo que se desprende de las tesis citadas anteriormente. Por tanto, si el Congreso del Estado de Coahuila emitió una norma general que establece que las relaciones laborales entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), como organismo público descentralizado de la administración pública estatal y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, se ha excedido en el uso de su atribución constitucional, al incluir a los trabajadores de un organismo descentralizado al régimen laboral previsto en el apartado B del dispositivo constitucional en mención pues, como ya se señaló, tal apartado regula, exclusivamente, las relaciones de trabajo entre los órganos del poder público centralizado y sus trabajadores, de acuerdo con la interpretación que de dicho numeral ha hecho esa Suprema Corte. Ahora bien, el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘Artículo 123. ... El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.’. De la lectura del precepto reproducido se advierte que es facultad exclusiva de las autoridades federales regular lo concerniente a las relaciones laborales que se establezcan entre particulares, a través de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, la cual comprende, entre otros supuestos, las relaciones laborales que existan entre las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y sus trabajadores, es decir, que incluye a los organismos descentralizados que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar, de manera discrecional, el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales. Sin embargo, a efecto de tener una mayor comprensión acerca de la naturaleza jurídica de dichos organismos públicos, conviene primeramente determinar si éstos dependen o no del Gobierno Estatal, para después establecer claramente si todos los organismos descentralizados quedan incluidos en el concepto ‘empresas descentralizadas’, a que se refiere el punto 1, inciso b), fracción XXXI, apartado A, del artículo 123 constitucional. Al respecto, el artículo 85 de la Constitución de la entidad dispone: ‘La administración pública del Estado será centralizada y paraestatal y el gobernador del Estado, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, será el jefe de la misma, en los términos que establezcan esta Constitución y los demás ordenamientos legales aplicables. ...’. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila establece las bases de organización de la administración pública centralizada y paraestatal de la entidad. La primera está integrada por las secretarías y la Procuraduría General de Justicia del Estado y, la segunda, por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos. De los ordenamientos en cita se desprende que únicamente los órganos que conforman la administración pública centralizada dependen del Poder Ejecutivo Local, mas no así los organismos descentralizados, aun cuando éstos sean creados por el Congreso Estatal, o bien, por el Ejecutivo de la entidad, según sea el caso, toda vez que dichos entes públicos se rigen por sus propias leyes específicas, como lo son, en lo particular, sus leyes orgánicas o sus decretos de creación y, en lo general, por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, además, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de autonomía jurídica con respecto del Estado y están sujetos a diversos controles establecidos en los citados ordenamientos legales. En esta tesitura, si los organismos descentralizados no dependen del Poder Ejecutivo Local, consiguientemente, las relaciones laborales entre aquéllos y sus trabajadores deben regularse conforme al régimen laboral establecido por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, puesto que dichos entes públicos quedan comprendidos en la fracción XXXI, inciso b), punto 1, de ese mismo apartado, que se refiere a las ‘empresas descentralizadas’, de acuerdo a los criterios de esta Suprema Corte anteriormente citados. En cambio, respecto de los órganos que conforman la administración pública centralizada, que dependen directamente del Poder Ejecutivo Local, la relación laboral con sus trabajadores se rige por el apartado B del artículo 123 constitucional, pues es éste el apartado que establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes del Estado. De esta forma, si los organismos públicos descentralizados de carácter estatal no forman parte y no dependen del Poder Ejecutivo Local, consecuentemente, las relaciones laborales de los trabajadores con esos entes públicos deben regirse con base en lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General de la República, al decir que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales. Con base en las consideraciones antes mencionadas, así como en el criterio adoptado en este sentido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede afirmar que el artículo 74 de la Ley que crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila es inconstitucional, ya que como ya quedó señalado con antelación, la propia Constitución Local establece que para el despacho de los negocios del orden administrativo habrá el número de secretarios que se determina en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, así como los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos y demás órganos creados o que se creen en la forma que establezcan las leyes. Tomando en cuenta lo anterior, válidamente se puede concluir que el artículo 74 de la Ley que crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, es inconstitucional, en virtud de que establece que las relaciones laborales entre dicho organismo público descentralizado y sus trabajadores se regirán por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, en su parte conducente, reglamentario del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, a pesar de que el régimen laboral de los organismos descentralizados con sus trabajadores se deba regular conforme al apartado A del precepto constitucional en mención, puesto que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, como organismo descentralizado, no depende del Poder Ejecutivo Local. En este sentido, tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales transcritos con anterioridad, se llega a la conclusión que el artículo 74 de la Ley que crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 25 de octubre de 2002, viola los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, consecuentemente, procede declarar la invalidez del precepto combatido."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1.
CUARTO. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dos, el presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, al que correspondió el número 35/2002, y por razón de turno se designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de dos de diciembre de dos mil dos, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda relativa, y ordenó dar vista a las autoridades que emitieron y promulgaron la norma para que rindieran su respectivo informe.
QUINTO. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, al rendir su informe, en forma coincidente señalaron, en esencia, lo siguiente:
1. Que el Congreso del Estado de Coahuila sí tiene facultades constitucionales para definir el régimen laboral de los trabajadores de un organismo público descentralizado, conforme a su legislación burocrática, ya que si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las Legislaturas de los Estados no tienen facultades para legislar en esa materia, debe revisarse dicho criterio, ya que conforme al artículo 124 constitucional, lo que no está expresamente concedido al ámbito federal se entiende reservado a los Estados, y en el caso, la Constitución Federal en ningún momento establece expresamente que el régimen laboral de los organismos descentralizados de los Estados se deba regir con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17872-270bbad3/accion-de-inconstitucionalidad-en-el-caso-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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