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Modo: Corpus Pro

GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRECAMPAÑA ELECTORAL. FORMA PARTE DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. PRECAMPAÑAS ELECTORALES. LOS ARTÍCULOS 142 Y 148, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL IMPONER LÍMITES PARA SU INICIO, NO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 6o., 7o., 9o. Y 31, FRACCIONES I, II Y III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2003. · Registro digital (IUS): 17983
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 959.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2003. PARTIDO DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de febrero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinte de diciembre de dos mil tres, en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir promociones de término fuera del horario de labores, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yánez, Marcos Cruz Martínez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez, quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se indica, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:

"Autoridades responsables de emitir y promulgar la norma general impugnada. Al efecto se señalan las siguientes: A) H. Congreso del Estado de Baja California Sur. Domicilio: Avenida Isabel La Católica, esquina Nicolás Bravo, colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur. B) C. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur. Domicilio: Avenida Isabel La Católica, entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur. C) C. Secretario general de Gobierno del Estado de Baja California Sur. Domicilio: Avenida Isabel La Católica, entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron. Artículos 142 y 148, fracción III, mismos que forman parte de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. Dada a conocer mediante el Decreto No. 1419, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de noviembre de 2003."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo el partido político promovente son los siguientes:

"Primero. El artículo 6o. constitucional establece ‘la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado’. A su vez, el artículo 7o., en su primer párrafo, establece: ‘Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.’. Por su parte, el artículo 9o. dispone: ‘No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a alguna autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.’. De otra parte, en el capítulo quinto de la propia Constitución Federal, en el artículo 35, se establecen las prerrogativas del ciudadano: ‘I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. ...’. Es el caso que los artículos 142 y 148, fracción III, son violatorios de las disposiciones constitucionales antes citadas, artículos 6o., 7o., 9o. y 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establecen limitantes al ejercicio pleno de los derechos políticos de los habitantes del Estado de Baja California Sur, que eventualmente pudieran ser impedidos de participar como candidatos a cualquiera de los cargos de elección popular en dicho Estado sea para el Gobierno del Estado, para integrar la Legislatura Estatal o bien como integrantes de los Ayuntamientos en cualquiera de sus cargos. El artículo 142 de la Ley Electoral de Baja California Sur y del que se combate su inconstitucionalidad en la presente demanda establece: ‘Artículo 142. Los ciudadanos aspirantes a candidatos de elección popular, no podrán producir o difundir propaganda de precampaña antes de noventa días del inicio del proceso electoral.’. Es pertinente mencionar que la fracción II del artículo 141 de la propia ley electoral define lo que se entiende como propaganda de precampaña señalando: ‘Artículo 141. ... II. Se entiende como propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la precampaña electoral, producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes.’. Los promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad sostenemos que el contenido del artículo 142 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur es contrario a las garantías de libre manifestación de las ideas, de la libertad de escribir y publicar escritos y de la libertad de asociación o de reunión, contenidas en los artículos 6o., 7o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es necesario recordar que una de las características fundamentales del ser humano es su carácter gregario, que consiste en reunirse o asociarse con otros seres de su misma especie para vivir en sociedad. Desde la polis ateniense o las civitas romana los hombres se reúnen en sociedad para hablar de política, para participar en política y, fundamentalmente, para participar de la res-pública, esto es, la República o la cosa pública. Recordando, además, que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, en su artículo 35, fracción III, el de asociarse individual y libremente para participar en forma pacífica en los asuntos políticos del país, artículo que encuentra su correlato en el artículo 9o. de la propia Constitución cuando ésta establece: ‘... pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. ...’. De lo anterior se desprende que nuestra Norma Fundamental garantiza, por una parte en el capítulo de garantías individuales, el derecho a la manifestación de las ideas, a la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y el derecho de asociarse o reunirse, a los que adicionalmente se agregan los derechos que derivan de las prerrogativas del ciudadano previstas en las fracciones I, II y III del artículo 35, todos de nuestra Norma Constitucional. Por ello, consideramos que el artículo 142 de la Ley Electoral de Baja California Sur inhibe tanto las garantías individuales como los derechos políticos de los ciudadanos, ya que impide a los ciudadanos de Baja California Sur escribir sobre política, hablar sobre política o asociarse o reunirse pacíficamente para formar parte de los asuntos políticos del Estado y que sólo se permitiría realizar estas conductas dentro del periodo de precampaña electoral, y dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. En términos del artículo 150 de la Ley Electoral del Estado, el proceso electoral del Estado consta de tres fases. 1. La preparación de las elecciones. 2. La jornada electoral y, 3. La posterior a las elecciones. El artículo 151 de la Ley Electoral establece que la etapa de preparación de las elecciones inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral celebre y el artículo 156 de la misma norma señala que el Instituto Estatal Electoral publicará a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado la convocatoria y avisos para la elección de diputados y, en su caso, gobernador del Estado e integrantes de Ayuntamientos de la entidad. Si tomamos como base la fecha del 30 de septiembre, que es el último día en el que se puede publicar la convocatoria y avisos para las elecciones, los 90 días previos a los que hace referencia el artículo 142 sería el 2 de julio la fecha de inicio en la que los aspirantes a algún cargo de elección popular, militantes o no de algún partido político, pueden expresar sus ideas o asociarse o reunirse para formar parte de los asuntos políticos del Estado y que previo al 2 de julio nadie, absolutamente nadie, puede opinar de asuntos políticos, lo cual a todas luces constituye una contradicción con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de Baja California Sur tiene elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, Congreso del Estado y Ayuntamientos en febrero de 2005, por lo que la fecha del 30 de septiembre que mencionamos anteriormente es del próximo año 2004. Segundo. En la presente acción de inconstitucionalidad impugnamos la validez del artículo 148 en su fracción III. Dicho artículo dispone: ‘Artículo 148. Los partidos políticos, las coaliciones y los ciudadanos que incumplan con las disposiciones de la presente ley en materia de precampañas electorales, según la gravedad de la falta podrán hacerse acreedores de las siguientes sanciones: I. Apercibimiento; II. Multa hasta por 1000 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; III. Pérdida del derecho de registro como candidato al aspirante.’. Como puede apreciarse, el artículo 148 está estrechamente vinculado con el contenido del artículo 142, de tal suerte que si un ciudadano del Estado de Baja California Sur realiza cualquier actividad al amparo de las garantías individuales y de las prerrogativas que como ciudadano tiene, esa actuación, que es a todas luces legal, puede ser sancionada con la pérdida del derecho del registro como candidato al aspirante. La peculiaridad política del Estado de Baja California Sur hace que el gobierno, actualmente en funciones, influya de manera directa en el órgano electoral de dicho Estado y que en el momento en que un partido político dentro de los plazos previstos en la propia ley solicite el registro de sus candidatos, el órgano electoral lo niegue como sanción al aspirante y al partido que lo postula. Es a todas luces sabido que con los adelantos en materia de comunicaciones cualquier persona puede estar permanentemente en la mira de la ciudadanía, máxime si ya ha participado en procesos electorales y ha ocupado cargos públicos, y de qué puede hablar un político si no es de política en cualquiera de sus manifestaciones. Si el político habla de política fuera de los tiempos que ilegalmente dispone el artículo 142 de la ley electoral, la sanción, también ilegal, puede ser la pérdida del derecho del registro como candidato al aspirante. Esto es ilegal bajo cualquier punto de vista."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 6o., 7o., 9o. y 35, fracciones I, II y III.

CUARTO. Mediante proveído de veinticinco de diciembre de dos mil tres el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, integrante de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 26/2003 y, por razón de turno, designó al Ministro Humberto Román Palacios para que actuara como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de la misma fecha, el Ministro integrante de la citada Comisión de Receso admitió la demanda relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma general y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran su respectivo informe, y no así al secretario general de Gobierno del Estado de Baja California Sur; al procurador general de la República para que formulara su pedimento, y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión.

QUINTO. El Congreso del Estado de Baja California Sur rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

a) Que los artículos 142 y 148, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, cuya invalidez se solicita, no son violatorios de los derechos y prerrogativas consagrados en los artículos 6o., 7o., 9o. y 31, fracciones I, II y III, de la Constitución Federal, toda vez que no son aplicables tratándose de la materia electoral, ya que para este caso se encuentran sujetos invariablemente a lo ordenado en el artículo 41 constitucional, pues para tomar parte de los asuntos políticos del país es necesario hacerlo a través de los partidos políticos y, a este respecto, el citado precepto constitucional establece, entre otras cosas, que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

b) Que la fracción III del artículo 148 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur no sanciona la forma de asociarse o la asociación de personas para tratar cualquier asunto lícito, sino el ejercicio de los derechos políticos encaminados a la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, por lo que la ley local determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal.

SEXTO. El gobernador del Estado de Baja California Sur, al rendir informe en la presente acción de inconstitucionalidad, manifestó, en síntesis, que no es cierto que haya expedido la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, sino que lo hizo el Congreso del Estado de acuerdo con sus facultades constitucionales; y, en cuanto a la promulgación y publicación de la citada norma general, el Poder Ejecutivo del Estado lo hizo en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 79, fracción II, de la Constitución Política de la entidad.

SÉPTIMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió opinión en relación con la presente acción de inconstitucionalidad en la que señaló que el planteamiento formulado por la accionante no es objeto de opinión por esa Sala Superior, en virtud de que no forma parte, propiamente, del derecho electoral, ni depende de su técnica, de sus conceptos propios o de su sistema, puesto que se trata de la posible inconstitucionalidad de diversos preceptos legales secundarios por no encontrarse acordes a las garantías individuales.

OCTAVO. El procurador general de la República formuló su pedimento en el cual manifestó, en síntesis:

1. Que los preceptos legales cuya invalidez se solicita son violatorios de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, que consagran la libre manifestación de las ideas y la libertad de publicarlas, por lo siguiente:

a) Que los artículos cuestionados prohíben temporalmente que los ciudadanos aspirantes a algún cargo de elección popular en la entidad ejerzan antes de noventa días del inicio del proceso electoral sus libertades fundamentales a la manifestación de las ideas y su difusión, ya que según se desprende del artículo 141 de la propia Ley Electoral del Estado de Baja California Sur la precampaña electoral es el conjunto de actividades que de manera previa a la campaña electoral son llevadas a cabo por los aspirantes a cargos de elección popular, de donde se desprende que dichos aspirantes aún no han sido seleccionados por algún partido político, nacional o estatal, que participará en los comicios que se celebren en el Estado, por lo que la manifestación de ideas políticas las realizan como simples ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de tal suerte que las únicas limitantes para el ejercicio de esas garantías son las que expresamente contemplan los citados preceptos constitucionales.

b) Que la libre manifestación de las ideas políticas y la libertad de difundirlas por parte de los ciudadanos del Estado, al hacer propaganda durante las precampañas para que lleguen a ser estimadas por los habitantes de la entidad, no pueden tener como restricción, como lo señala el Congreso Local en la exposición de motivos de la norma general cuestionada, el hecho de que se gasten enormes cantidades de recursos económicos en publicidad, a fin de lograr un posicionamiento electoral fuera de los tiempos de campaña o, incluso, cuando tratándose de un servidor público, éste distraiga su atención de los asuntos que tiene encomendados para autopromoverse en época no electoral.

Que lo anterior es así, ya que, por una parte, el dinero que se eroga para la propaganda preelectoral no proviene del financiamiento público o privado que reciben los partidos políticos, pues conforme a la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, la precampaña política no está considerada en el destino de ese financiamiento; y, por otro lado, en el caso de que los servidores públicos desvíen su atención de los asuntos inherentes al cargo que ocupan, tal cuestión deberá ser sancionada conforme a los ordenamientos jurídicos estatales aplicables al caso.

c) Que las garantías consagradas en los preceptos constitucionales en comento no tienen otra restricción que los ataques a la moral o a la provocación a la comisión de un delito, así como la perturbación del orden público, por lo que las manifestaciones de ideas que tienden a hacer propaganda política o ideológica no pueden constituir justificación alguna para reprimirlas.

2. Que como consecuencia de todo lo anterior, la sanción prevista en la fracción III del artículo 148 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur coarta los derechos consagrados en los artículos 9o. y 35, fracciones II y III, de la Constitución Federal, toda vez que limita el derecho de libre asociación de los ciudadanos de Baja California Sur que aspiran a ser candidatos para ocupar un cargo de elección popular, en virtud de que resulta incuestionable que en el caso de que ejerzan las garantías consagradas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal durante las precampañas, como sanción se les impediría que tomaran parte en los asuntos políticos del Estado o que se asocien para tales efectos, ya que perderían el derecho de registro como candidatos y, por ende, la posibilidad de ser votados para ocupar algún cargo de elección popular.

3. Que los artículos 142 y 148, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, no son violatorios del artículo 35, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que de ninguna forma prohíben el derecho que tienen los ciudadanos de votar libremente en las elecciones que se lleven a cabo en la entidad.

NOVENO. Recibidos los informes de las autoridades, el pedimento del procurador general de la República, así como la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en ésta se plantea la posible contradicción entre los artículos 142 y 148, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y la Constitución Federal.

SEGUNDO. En primer lugar debe analizarse si la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme al artículo transcrito, el cómputo respectivo debe efectuarse a partir del día siguiente al en que se publique la norma que se impugne en el medio oficial correspondiente considerando, en materia electoral, todos los días como hábiles.

El decreto que contiene la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur se publicó en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de noviembre de dos mil tres, por tanto, el plazo para promover la acción de que se trata transcurrió del viernes veintiuno del citado mes al sábado veinte de diciembre del mismo año.

En el caso, la acción de inconstitucionalidad se recibió en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir promociones de término fuera del horario de labores el sábado veinte de diciembre de dos mil tres, como se desprende de la razón estampada a foja trece vuelta del expediente, es decir, el último día del plazo legal.

En tales condiciones y en atención a lo dispuesto por el transcrito artículo 60 de la ley reglamentaria que rige la materia, debe considerarse que la referida acción fue promovida oportunamente.

TERCERO. A continuación se analizará la legitimación de la parte promovente, por ser un presupuesto indispensable para promover la acción.

Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. ..."

"Artículo 62. ...

"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."

De los artículos transcritos se desprende que los partidos políticos pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad, siempre que satisfagan lo siguiente:

a) Que cuenten con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente;

b) Que promuevan por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso); y,

c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

El Partido del Trabajo es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral y Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yañez, José Narro Céspedes, Marcos Cruz Martínez, Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez, quienes suscriben la demanda de acción de inconstitucionalidad, son integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional de dicho partido político, según se desprende de la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja noventa y dos del expediente.

Los artículos 43 y 44, inciso c), de los estatutos del indicado partido, que se refieren a su organización (fojas ciento ochenta y dos a doscientos veintinueve), señalan:

"Artículo 43. La Comisión Coordinadora Nacional se integrará con seis miembros que se eligirán en cada Congreso Nacional Ordinario y será la representación política y legal del Partido del Trabajo y de su Dirección Nacional. Deberá ser convocada por lo menos con tres días de anticipación de manera ordinaria una vez a la semana y de manera extraordinaria por lo menos con un día de anticipación, cuando así se requiera por cualquiera de sus miembros. El quórum legal para sesionar se integrará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Todos los acuerdos, resoluciones y actos que instrumente la Comisión Coordinadora tendrán plena validez en su caso con la aprobación y firma de al menos cuatro de sus integrantes."

"Artículo 44. Son atribuciones de la Comisión Coordinadora:

"...

"c) La Comisión Coordinadora Nacional estará legitimada para interponer, en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes."

De dichos preceptos se desprende que la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo se integra con seis miembros que cuentan con facultades para representarlo. Por tanto, debe considerarse que la acción de inconstitucionalidad fue hecha valer por parte legitimada, al ser signantes de la demanda todos los integrantes de dicha comisión y haber acreditado que el citado partido cuenta con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

CUARTO. Al no existir causal de improcedencia alguna planteada por las partes o que advierta este Alto Tribunal, se pasa al estudio de la cuestión fundamental controvertida.

QUINTO. De un análisis integral de la demanda, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la promovente plantea como conceptos de invalidez los siguientes:

1. Que los artículos 142 y 148, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur son violatorios de los artículos 6o., 7o., 9o. y 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establecen limitantes al ejercicio pleno de los derechos políticos de los habitantes del Estado de Baja California Sur, quienes eventualmente pudieran ser impedidos de participar como candidatos a cualquiera de los cargos de elección popular en dicho Estado, sea para el Gobierno del Estado, para integrar la Legislatura Estatal o bien como integrantes de los Ayuntamientos en cualquiera de sus cargos.

Que lo anterior es así, toda vez que el artículo 142 de la Ley Electoral de Baja California Sur, cuya invalidez se solicita, proscribe que los ciudadanos aspirantes a candidatos de elección popular puedan producir o difundir propaganda antes de noventa días del inicio del proceso electoral, lo que es contrario a las garantías de libre manifestación de las ideas, de la libertad de escribir y publicar escritos, y de la libertad de asociación o de reunión contenidas en los artículos 6o., 7o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que el artículo 148, en su fracción III, cuya invalidez se solicita, sanciona con la pérdida del derecho del registro como candidato a elección popular la inobservancia del citado artículo 142, con lo que, de igual forma, se violentan los artículos 6o., 7o. y 9o. de la Constitución Federal.

Por encontrarse estrechamente vinculados los conceptos de invalidez esgrimidos por la accionante, se analizarán en forma conjunta.

Los artículos 6o., 7o., 9o. y 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la accionante estima violados por los preceptos legales cuya invalidez solicita, prevén:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado."

"Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

"Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, ‘papeleros’, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos."

"Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17983-e6334796/garantias-individuales-si-su-ejercicio-se-relaciona-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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