ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA NORMA QUE DETERMINA QUE UN CONCEJO MUNICIPAL EJERZA EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO POR UN LAPSO DETERMINADO, EN TANTO TOMAN POSESIÓN LOS MUNÍCIPES ELECTOS EN LOS COMICIOS, POR NO TENER NATURALEZA ELECTORAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2002. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el día once de septiembre del año dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Felipe Bravo Mena, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
"II. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas.
"a) Honorable LVI Legislatura del Estado de San Luis Potosí.
"b) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
"III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiese publicado:
"Lo constituye el Decreto 376 de la honorable LVI Legislatura del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el 29 de agosto de 2002, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el partido promovente, son los siguientes:
"Primero. Someto a la digna consideración de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, por contravenir ésta lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de nuestra Ley Fundamental, mismo que ordena, en lo conducente, que: ‘Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.’. En ese sentido, es claro que la Ley Fundamental con el objeto de brindarle certidumbre a los procesos electorales, tanto federales como locales, prohíbe expresa y categóricamente las reformas a las leyes electorales en un momento previo al inicio de los respectivos procesos, que dicho sea de paso, comienzan con la instalación de los distintos Consejos Electorales. En ese sentido, es claro que el Constituyente Permanente dotó de seguridad jurídica a las elecciones al impedir que las modificaciones a la legislación electoral se realizaran dentro de los noventa días previos a la instalación de los Consejos Electorales, así como dentro del mismo proceso comicial. Ahora bien, en virtud de la presente acción de inconstitucionalidad, se afirma que dicha reforma vulnera indudablemente lo dispuesto por el dispositivo fundamental precitado, en razón de que la misma resulta extemporánea, es decir, existe una falta de oportunidad en la expedición de la misma. Esto es así, en virtud de que en los términos de la reformada Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 107, párrafo primero, ordena que: ‘El proceso en las elecciones de Ayuntamientos comienza a partir de la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral el último domingo del mes de octubre del año anterior al de la elección, y culmina en diciembre del año de los comicios. Sus fases serán: ...’. Lo anterior quiere decir, que el preludio del proceso para las elecciones municipales es precisamente la instalación del Consejo Estatal Electoral, misma que en los términos del artículo de la ley electoral anteriormente citado será el 27 de octubre del presente año. Bajo esta tesitura y tomando en cuenta que el arranque del proceso electoral municipal será a partir del próximo 27 de octubre es menester advertir que el último día para publicar una reforma electoral debió haber sido el pasado lunes 29 de julio, ya que contando a partir del veintiséis de octubre próximo hacia atrás noventa días, nos indica que hasta esa fecha son los noventa días requeridos por el mismo precepto constitucional que se estima vulnerado por la Legislatura del Estado de San Luis Potosí. Es así que al ser publicada dicha reforma electoral el 29 de agosto de dos mil dos, se conculca lo dispuesto por nuestro Código Político, al haber transcurrido tan sólo 59 días previos a la instalación del Consejo Estatal Electoral, acto con el cual, como se ha mencionado con anterioridad, constituye el punto de origen del proceso electoral municipal. Es claro pues, que al haber sido publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí la multicitada reforma electoral a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, el pasado 29 de agosto, no transcurrieron previamente los noventa días constitucionalmente exigidos y, por ende, procede la declaración de invalidez de dicha disposición por ser inoportuna su expedición. Ahora bien, es importante señalar que la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, es una ley de carácter eminentemente electoral, es decir, no obstante la instalación de los Ayuntamientos se prevé en esta ley y no en la Ley Electoral, de ninguna manera podemos siquiera sugerir que dicha disposición no es de carácter electoral por ese simple hecho, ya que es de explorado derecho que existen normas complementarias a las electorales, que si bien es cierto no se encuentran previstas en el código sustantivo de la materia, son absolutamente necesarias para su existencia, ya que la instalación de Ayuntamientos constituye una consecuencia lógica del proceso electoral y de la declaración correspondiente por el órgano electoral competente. Lo anterior es así, porque para poder determinar el carácter de una norma jurídica de ninguna manera debemos atender únicamente al cuerpo legal en el que está contenida, resultando de particular importancia para estos efectos tomar en consideración que jurídicamente nos encontramos sujetos a un sistema, el cual no se puede entender fraccionado, es decir, no podemos basarnos solamente en el código o ley para determinar su naturaleza, en razón de que nuestro mismo sistema jurídico nos otorga un sinnúmero de leyes que interactúan entre sí. Esto resulta claro, ya que existen normas de naturaleza electoral que no se encuentran consagradas en el texto de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, tales como, por ejemplo, los delitos electorales consagrados precisamente en el Código Penal del Estado y que en virtud de una inadecuada técnica legislativa no se encuentran en la misma Ley Electoral de San Luis Potosí. Dichos delitos electorales los encontramos en la parte especial del Código Penal, en lo específico, en su título décimo octavo, bajo la denominación ‘Delitos electorales’. Este título se compone, a su vez, de ocho capítulos, que son, a saber: Capítulo I. Prevenciones generales. Capítulo II. Dolo en la emisión del voto. Capítulo III. Interferencia en el desarrollo del proceso electoral. Capítulo IV. Violaciones al proceso electoral. Capítulo V. Violaciones electorales cometidas por servidores públicos. Capítulo VI. Inducción ilícita a electores. Capítulo VII. No desempeño del cargo. Capítulo VIII. Inducción al voto por ministros de culto religioso. El ejemplo anteriormente propuesto se plasmó en el presente ocurso con la única intención de demostrar que no obstante que existen preceptos legales electorales fuera del cuerpo de la ley electoral, no por esa razón se puede negar su naturaleza de norma electoral. A mayor abundamiento, es menester y resulta oportuno comentar que para poder determinar si una norma es o no de naturaleza electoral, no podemos única y exclusivamente remitirnos a si ésta se encuentra o no en la ley electoral, tal y como lo demostramos en tratándose de los delitos electorales, que precisamente no por el hecho de encontrarse en un cuerpo legal distinto deja de ser norma electoral. Así las cosas, resulta trascendente en este momento hacer una somera referencia a lo que los estudiosos del derecho opinan en tratándose de las controversias suscitadas respecto de las normas de derecho público y las de derecho privado, que por su clara analogía con el caso que nos ocupa resultan aplicables al mismo. En ese sentido, el célebre doctor Francisco J. Peniche Bolio, en su obra Introducción al Estudio del Derecho, citando al maestro Eduardo García Maynez, advierte que: ‘Así, se dice que es de derecho público la norma procesal y la administrativa, entre otras y que es de derecho privado la norma civil y la norma mercantil’ -y agrega- ‘Esto no es exacto. En efecto: ni toda la norma civil es de derecho privado; ni toda norma agraria o administrativa es de derecho público. La verdad es que una norma será de derecho público o de derecho privado, no por el lugar en que se encuentre, sino por su contenido. Entonces la distinción entre derecho público y derecho privado no debe ser por el continente, sino por el contenido.’. En mérito de lo anterior se puede advertir que una norma va a ser de tal o cual naturaleza de acuerdo con las relaciones o cuestiones jurídicas que la misma regule y no sólo en referencia al cuerpo legal en que se encuentre contenida la misma, ya que tal y como lo dice el doctor Peniche Bolio, hay que atender al contenido y no al continente. Es así como esa Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en ese sentido, ya que considera como criterio de la misma que las normas generales electorales no sólo van a ser aquellas que establezcan el régimen normativo de los procesos electorales, sino también aquellas que se contengan en otros ordenamientos legales distintos al de la ley electoral sustantiva que regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dicho proceso. En ese sentido y con la única finalidad de reforzar mis argumentos me permito transcribir la siguiente tesis jurisprudencial dictada por el Pleno de ese Máximo Tribunal de nuestra nación: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, abril de 1999. Tesis: P./J. 25/99. Página: 25. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras. Acción de inconstitucionalidad 10/98. Minoría parlamentaria de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León. 25 de febrero de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cinco de abril en curso, aprobó, con el número 25/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de abril de mil novecientos noventa y nueve.’. Es así como la jurisprudencia citada nos autoriza de manera contundente a afirmar que la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, constituye una verdadera norma de carácter electoral, aunque ésta no se encuentre contenida expresamente en la legislación electoral sustantiva, ya que el artículo en comento se vincula directamente con el proceso electoral municipal, al ser consecuencia lógica del mismo. Dicha disposición reformada ordena que: ‘Artículo 17. Los Ayuntamientos serán electos para un periodo de tres años; se instalarán solemne y públicamente el día uno de enero del año posterior a su elección; sus miembros protestarán ante el Ayuntamiento saliente, representado por su presidente o en su caso, por quien designe el Congreso del Estado.’. Lo anterior es así, en tanto que de la organización, vigilancia y desarrollo del proceso electoral se desprende como resultado natural la propia instalación de los distintos Poderes Estatales producto de la propia elección, a saber, la toma de posesión del gobernador electo y la instalación de los Ayuntamientos a los que les corresponderá gobernar los distintos Municipios de la entidad. En esa tesitura, resulta claro que al estar la instalación de Ayuntamientos directamente relacionados con el proceso electoral municipal, constituye una norma esencialmente electoral y por esa razón, como tal, debe considerarse y, en tal virtud, se le debe dar el tratamiento jurídico que se le da a todas las normas electorales para los efectos del presente procedimiento. Segundo. Resulta, asimismo, inconstitucional el artículo tercero transitorio de la reforma a la ley en comento, ya que el mismo ordena lo siguiente: ‘Por única ocasión, la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, procederá conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 122 de la Constitución Política del Estado, y 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de designar de entre los vecinos a los Concejos Municipales que funcionarán del día 26 de septiembre de 2003 al 31 de diciembre del mismo año. Para los efectos de la integración de los Concejos Municipales a que se refiere que antecede (sic), el Congreso del Estado respetará la representación política que actualmente guardan los Ayuntamientos.’. Lo anterior constituye una evidente vulneración a la institución del Municipio Libre y al Ayuntamiento que gobierna el mismo, institución que ha sido elevada a rango constitucional en los términos del artículo 115, en su primer párrafo, mismo dispositivo constitucional que ordena que: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. ...’. En ese sentido, nuestro Código Político es claro al ordenar que el Municipio Libre constituye indiscutiblemente la piedra angular del derecho municipal y, por tanto, de la organización política y administrativa de las entidades federativas, agregando que esos Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa. En ese sentido, es claro que el legislador secundario transgrede el derecho de todos los potosinos de que sean los representantes que ellos mismos eligieron democráticamente en forma popular y directa los que efectivamente ejerzan el poder dentro del ámbito municipal, siendo clara la violación al artículo 115, fracción I, así como al régimen democrático consagrado en los términos del artículo 40 y demás relativos de nuestra Constitución Federal. Así las cosas, al instituir el Congreso Local la figura del Concejo Municipal en forma planteada y previsible, es clara la contravención a todo principio democrático consagrado en nuestra Ley Fundamental, así como contrario también a la institución misma del Municipio Libre, en virtud de que la figura del Concejo Municipal sin duda se instituyó por el Constituyente para efectos contingentes que se fuesen presentando en los Municipios de las entidades, evitando así que existiese, en casos emergentes e imprevisibles, ingobernabilidad en los mismos. Lo anterior es claro en tanto que la sociedad siempre tendrá el interés de que se conserven intactas las instituciones democráticas que fueron electas por ella y no que por imposición del Estado dirijan los destinos del Municipio autoridades que de ninguna manera se encuentran legitimados por el mismo pueblo, quien acorde con nuestro régimen es quien detenta la soberanía de la nación. En ese sentido y con el único propósito de fortalecer los argumentos anteriormente vertidos, me permito citar la siguiente tesis, misma que nos da un parámetro importante para advertir la importancia de que se conserven las instituciones democráticas elegidas por el pueblo (en ese caso el potosino) en franca utilización de sus derechos políticos: ‘Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XII. Página: 521. AYUNTAMIENTOS. La sociedad tiene interés en que no se altere su organización política o social, y en que sus intereses sean administrados por las personas en quienes haya depositado su confianza, al celebrarse su elección, mientras no se pruebe que tal elección no ha sido realmente legítima. Asimismo, el Estado, que tiene como base de organización el Municipio, tiene interés en que éste sea administrado por Ayuntamientos de elección popular directa, y sin que existan autoridades intermediarias entre ellos y el gobierno, y en que se observen escrupulosamente los preceptos constitucionales relativos, mientras no se declare que la Constitución ha sido violada, al elegir a esos Ayuntamientos. Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión. Regidores del Ayuntamiento de Tacubaya. 3 de marzo de 1923. Mayoría de siete votos. Los Ministros Alberto M. González y Enrique Moreno no intervinieron en este asunto, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente.’. En virtud de lo anterior, es claro que al provocar el Congreso del Estado que todos losAyuntamientos del Estado de San Luis Potosí no se puedan integrar legalmente, propiciando la instalación de Concejos Municipales, vulnera en forma contundente contra la institución del Municipio Libre y su forma de gobierno, además de contravenir flagrantemente el régimen democrático, en tanto que se vulnera el derecho que tienen todos los gobernados de los Municipios del Estado de San Luis Potosí a que los gobiernen aquellos en quienes depositaron su confianza por virtud del sufragio. A mayor abundamiento, considero que es claro que la naturaleza jurídica de los Concejos Municipales son auténticas excepciones a la regla general, que es precisamente el Municipio Libre, mismo que será gobernado por Ayuntamientos elegidos por el pueblo, ya que para que se pueda actualizar y justificar su instalación resulta absolutamente necesario que la ausencia de los Ayuntamientos y que la imposibilidad de su integración sea imprevisible, accidental y contingente, y de ninguna manera, como en el caso de la reforma, provocada y auspiciada por un artículo transitorio dictado por el Congreso del Estado. Esto no puede ser considerado de otra manera, ya que siquiera suponer lo contrario nos pondría en la hipótesis de vulnerar la Constitución Federal al reconocer que los Concejos Municipales se encuentran, en el mejor de los casos, a la par de los Ayuntamientos, lo cual resulta conculcatorio de nuestra Ley Fundamental. Además de lo anterior, dicha disposición transitoria nos autorizaría de manera expresa a vulnerar con frecuencia la institución del Municipio Libre y sus respectivos Ayuntamientos mediante la instalación de Concejos Municipales, es decir, cuando determinado grupo político que tenga mayoría en el o los Congresos de los Estados considere adecuado para sus intereses instalar un Concejo Municipal en un Ayuntamiento que no concuerde con su proceder político, podrá hacerlo las veces que sea necesario mediante preceptos transitorios, es decir, se autorizaría la vulneración indiscriminada de la voluntad popular que da lugar a nuestro régimen democrático, así como la violación a la multicitada institución del Municipio Libre, siendo esto totalmente inaceptable, en tanto que es claro que la ratio legis de los Concejos Municipales es precisamente la de evitar que en virtud de una contingencia imprevisible los Ayuntamientos de los Municipios de las entidades federativas se queden acéfalos en un momento determinado. A mayor abundamiento, respecto de la ratio legis me permito advertir a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la iniciativa de reformas constitucionales al artículo 115, en 1982, se consideró lo siguiente: ‘... En la fracción I, recogiendo los principios electorales que se consignan en el actual texto constitucional, se apoya y robustece la estructura política de los Ayuntamientos, consignando bases genéricas para su funcionamiento y requisitos indispensables para la suspensión, declaración de desaparición de poderes municipales o revocación del mandato a los miembros de los Ayuntamientos. Nos alentó para esta proposición el deseo de generalizar sistemas existentes en la mayor parte de las Constituciones de los Estados y al mismo tiempo preservar las instituciones municipales de injerencia o intervenciones en sus mandatos otorgados directamente por el pueblo, pretendiendo consagrar, en lo fundamental, un principio de seguridad jurídica que responda a la necesidad de hacer cada vez más efectiva la autonomía política de los Municipios, sin alterar, por otra parte, la esencia de nuestro federalismo. Cabe destacar, como principal innovación de esta fracción, la obligada instauración de un previo procedimiento con derecho de defensa para los afectados, ajustando a requisitos legales antes de interferir sobre el mandato que los Ayuntamientos ejercen por decisión del pueblo a través del sufragio directo o dicho sea en otras palabras, el establecimiento de la garantía de audiencia para la observancia en el caso de los principios de seguridad jurídica y de legalidad. Así también se pretende inducir a las entidades federativas para que en sus Constituciones Locales y leyes relativas señalen con toda precisión cuáles deben ser las causas graves que puedan ameritar el desconocimiento de los poderes municipales o de los miembros de los Ayuntamientos, y en otro aspecto, la adecuada instrumentación de los procedimientos y requisitos que deban cubrirse con la toma de tan trascendente decisión. ...’. Por su parte, el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en su rubro de consideraciones, en lo conducente, sostuvo que: ‘Establecer en nuestra Carta Magna el procedimiento a seguir en caso de destitución de Ayuntamientos, otorgándoles el derecho de defensa a título colectivo o individual, a juicio de las comisiones es proveer de estabilidad a las comunas y respetar a ultranza el voto popular. Por cuanto a revocar el mandato de uno de sus miembros, debe entenderse esta facultad referida a aquellas personas que desempeñan un cargo por nombramiento o designación.’. De lo anteriormente transcrito se advierte con meridiana claridad que la razón de existencia de este precepto constitucional es precisamente fortalecer la voluntad de los ciudadanos pertenecientes a los Municipios, mismos que en virtud de su sufragio serán quienes determinarán quiénes los van a gobernar en el ámbito municipal a través de los respectivos Ayuntamientos. Asimismo, es claro que en virtud de ese respeto al voto popular la institución del Ayuntamiento debe protegerse a toda costa en tanto que es precisamente elegida por aquellos que detentan la soberanía de la nación. En ese sentido, al establecerse por virtud de un artículo transitorio la instalación de Concejos Municipales por todo el Estado de San Luis Potosí, aunque sea por un periodo determinado, se vulnera abruptamente no sólo la figura del Ayuntamiento y, por tanto, la institución del Municipio Libre, sino también la voluntad de todo el pueblo potosino de elegir a sus representantes municipales en forma popular directa. Es así como se considera que al no existir eventualidad ni contingencia alguna, de ninguna manera procede la instalación de Concejos Municipales, debiéndose respetar indudablemente la voluntad del pueblo potosino, misma que se ve reflejada al momento de la emisión del voto. En ese sentido, en forma clara procede la declaración de invalidez de dicha reforma. Por último, respecto del presente concepto de invalidez, me permito hacer notar a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación que el artículo 115, en el último párrafo de la fracción I, ordena lo siguiente: ‘En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.’. Acorde con lo anterior, se complementan los argumentos vertidos con anterioridad por el que suscribe, en virtud de que de la disposición anteriormente citada se desprende que los Concejos Municipales únicamente van a concluir los periodos de aquellos Ayuntamientos que fueron elegidos en forma popular y directa, beneficiándose en forma contundente el voto de los habitantes de los Municipios. Es decir, resulta claro que los ciudadanos tienen el inalienable derecho de emitir su sufragio para elegir a sus autoridades municipales y que dichos Municipios serán gobernados por los Ayuntamientos, en ese sentido y únicamente en el supuesto de que ese Ayuntamiento popular y directamente elegido por los ciudadanos, en forma imprevisible y ajena a la voluntad de cualquier autoridad desaparezca, procedería la instalación de dichos Concejos Municipales. En virtud de ello se considera que al ser los Concejos Municipales, previstos en el artículo transitorio que ahora se tacha de inconstitucional, una figura para iniciar un periodo, resulta absolutamente inconstitucional en tanto, como lo he manifestado suficientemente, no van a concluir ningún periodo iniciado por una autoridad legitimada, sino que ilegítimamente iniciarán un periodo contraviniendo las disposiciones de nuestra Ley Fundamental. Es así como se considera que los razonamientos vertidos en el cuerpo del presente ocurso demuestran en forma contundente la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, al contravenir los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuerpo legal que constituye el primer mandato del orden jurídico al que deben apegarse las normas secundarias o constituidas para que sean válidas."
TERCERO. Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 16, 40, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de veintitrés de septiembre del año dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad número 24/2002, y conforme al turno que se lleva en la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, se designó al Ministro Humberto Román Palacios para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dos, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponda y requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión.
SEXTO. El presidente de la Mesa Directiva del Cong
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17390-eed322bc/accion-de-inconstitucionalidad-promovida-por-un-partido-politico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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