INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA, NO CONTRARÍA LOS ARTÍCULOS 23 Y 35, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY RELATIVA, QUE PROHÍBE QUE DESDE TRES DÍAS ANTES A LA JORNADA ELECTORAL Y DURANTE ELLA SE PRACTIQUEN ENCUESTAS PÚBLICAS O SE DIFUNDAN SUS RESULTADOS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 7o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 222, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL NO SEÑALAR PLAZO PARA EL DESAHOGO DE LAS INSTANCIAS IMPUGNATIVAS, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 239 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE LA SANCIÓN POR PRACTICAR ENCUESTAS PÚBLICAS, POR NO AJUSTARSE A LA METODOLOGÍA APROBADA POR EL INSTITUTO O POR DIFUNDIR SUS RESULTADOS DENTRO DE LOS PLAZOS PROHIBIDOS POR LA LEY, NUNCA SERÁ INFERIOR A TRESCIENTOS MIL PESOS, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 240 DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER QUE LA SANCIÓN MÁXIMA QUE SE PUEDE IMPONER A QUIENES REALICEN ENCUESTAS PÚBLICAS SIN AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO O LAS DIFUNDAN, SERÁ HASTA POR LA CANTIDAD DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. LOS ARTÍCULOS 20, PÁRRAFO SEGUNDO, 21, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, Y 26, FRACCIONES VII Y VIII, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS DE UN SOLO GÉNERO EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. LOS ARTÍCULOS 107 A 113 DE LA LEY RELATIVA, QUE REGULAN LAS PRECAMPAÑAS POLÍTICAS, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2002. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de febrero de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Felipe Bravo Mena, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas.
"a) Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila.
"b) Gobernador del Estado de Coahuila.
"II. Normas generales cuya invalidez se reclama.
"Decreto Número 176 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el día dieciséis de noviembre del año en curso mediante el cual se crea la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, impugnándose en lo específico por esta acción de inconstitucionalidad los artículos 20, 21, 25, fracción I, 26, fracciones VII y VIII, 103, fracción IV, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 192, 222, 239 y 240, todos de la ley en comento."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes son los siguientes:
"En este apartado estableceré los razonamientos jurídicos que en nuestro concepto, soportan nuestra petición al Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que determine la invalidez de las normas generales objeto de la presente acción de inconstitucionalidad en el orden siguiente: Primero. Se considera que los artículos 20, 21 y 26, fracciones VII y VIII, de la ley electoral del Estado de Coahuila transgrede lo preceptuado por nuestra Ley Suprema en virtud de las siguientes consideraciones: El artículo 20 de la ley en comento señala en su segundo párrafo lo siguiente: 'Los partidos políticos impulsarán la equidad de género, por lo que el registro de candidatos tanto para propietarios como para suplentes a diputados de mayoría relativa, no deberán exceder el 70% de un mismo género. ...'. En el mismo sentido que el anterior, el artículo 21 en sus párrafos cuarto y quinto señala que: 'En el caso de que los partidos políticos o coaliciones opten únicamente por una lista de preferencias para la asignación de diputados de representación proporcional, no podrán registrar por ese principio más del setenta por ciento de candidatos de un mismo género. ... La lista de preferencias de candidaturas de representación proporcional se conformarán por bloques de tres personas, los cuales no deberán exceder del 70% de un mismo género.'. Por último, el artículo 26 en sus fracciones VII y VIII ordena que: 'VII. Para el registro de las planillas de los miembros de los Ayuntamientos a que se refiere la fracción I de este artículo, los partidos políticos no deberán exceder del 70% de candidatos de un mismo género tanto para propietarios como para suplentes para cada Municipio.'. 'VIII. En el caso de que los partidos políticos o coaliciones no cumplan con lo previsto en la fracción que antecede, el instituto al realizar el procedimiento de asignación de los regidores de representación proporcional, asignará al género subrepresentado, en forma preferente, la primera regiduría de representación proporcional del Ayuntamiento de que se trate a favor del partido político ...'. Al respecto, debemos advertir que lo que se entiende por equidad y género lo establece implícitamente el precepto constitucional que se considera vulnerado, ya que el artículo 4o. de nuestra Constitución Federal en su párrafo segundo, señala en forma clara que: 'El varón y la mujer son iguales ante la ley. ...'. De ahí que el hecho de establecer un determinado porcentaje máximo de participación de un solo género en la elección a diputados de mayoría relativa, en la lista de candidaturas de representación proporcional y en el registro de planillas de los miembros de los Ayuntamientos, trae como consecuencia el hecho de no considerar el principio de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres elevado a rango constitucional, ya que ambos, tanto hombres como mujeres tienen derecho a participar en una contienda electoral en igualdad de circunstancias jurídicamente hablando, es decir, con los mismos derechos y obligaciones, tal y como lo prevé el dispositivo constitucional; sin embargo, al momento en que la legislación electoral local establece que los partidos políticos tienen que registrar un determinado porcentaje, se aleja con meridiana claridad del precepto que consagra la igualdad entre el hombre y la mujer en nuestra Carta Magna, ya que el hecho de establecer un porcentaje máximo de participación de un solo género, implica que ya sea hombres o mujeres no tengan esa igualdad jurídica, en virtud de que se coartaría el derecho de cualquiera de los géneros a participar bajo los mismos derechos y obligaciones con los que participa el otro género, es decir, se estaría paradójicamente en presencia de una desigualdad de género, en la que se favorecería a un determinado género para perjudicar al otro. Se advierte pues, de la simple lectura de los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, un evidente sesgo de desigualdad jurídica, ya que se obliga a uno de los géneros a participar en cargos de elección popular por el simple hecho de pertenecer a ese género, lo anterior implica el reconocimiento de un tipo de tutelaje especial y de una minusvalía de cierto género, lo cual es contrario a la realidad y a la igualdad originaria que plantea nuestro Código Político. Por otro lado, de aceptarse lo anterior, estaríamos ante una discriminación, ya que de no ser por dicha obligatoriedad, el género de marras no participaría con ese o cualquier porcentaje representativo. Dicho de otro modo, de no ser por el articulado en comento, no se tendría acceso al cargo de elección popular, lo que implicaría un reconocimiento expreso a la discriminación de género. Es así como se considera que lo adecuado, constitucionalmente hablando, es que cualquier persona, independientemente de sus características particulares, estrato social, género, raza, religión, etcétera, tenga igualdad de posibilidades de acceder a un cargo de elección popular. Las cuotas hacen desigual lo que es igual y pueden llegar a restringir y limitar los derechos de personas que pueden aportar mucho al Municipio, al Estado, a la patria y en beneficio de personas no aptas o no capaces para tales empresas. En el mismo sentido, en tratándose de la igualdad como garantía individual consagrada en nuestra Carta Magna, el célebre profesor Ignacio Burgoa señala en su obra 'Las Garantías Individuales' que: 'El concepto jurídico de igualdad, como contenido de una garantía individual, se traduce, pues, en un elemento eminentemente negativo: la ausencia de distinciones y diferencias entre los hombres en cuanto tales, provenientes de factor alguno. Consiguientemente, la situación determinada en que opera la igualdad, como sustratum de un derecho subjetivo público emanado de una garantía individual, es muy amplia, pues no se establece ni se demarca por un cierto factor contingente o accesorio, sino que se forma por un fenómeno negativo inherente a la naturaleza del hombre en sí mismo considerado, en cuanto tal: ausencia de diferencias en las posibilidades y capacidades jurídicas generales, debidas aquellas particularmente étnicas, religiosas, biológicas, etc., que puedan ostentar varios individuos o grupos humanos.'. Es así como se puede advertir con meridiana claridad de la simple lectura del artículo que se ataca de inconstitucional, que el mismo vulnera el principio de igualdad que ordena observar el artículo cuarto en la parte conducente a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Segundo. Se considera inconstitucional el párrafo primero de la fracción I del artículo 25 de la ley electoral estatal, precepto que establece que: 'Sólo los partidos políticos o coaliciones que hubieren satisfecho los requisitos previstos en el artículo anterior, les podrán ser asignados diputados de representación proporcional, conforme a las fórmulas de porcentaje específico, cociente electoral y resto mayor, que se aplicará conforme a las bases siguientes: I. Para la primera ronda de asignación se procederá a aplicar el procedimiento de porcentaje específico en la circunscripción electoral, para lo cual se asignará un diputado a todo aquel partido político o coalición que habiendo cubierto los requisitos anteriores y que, además, no hubiere alcanzado ninguna diputación por mayoría relativa en un distrito electoral, su votación contenga, al menos, el dos por ciento de la votación válida emitida en el Estado.'. Lo anterior constituye una transgresión al último párrafo de la fracción II del artículo 116, que ordena que: '... Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional ...'. Esta consideración se hace en virtud de que el legislador local quiere darle a la llamada 'representación mínima', ya derogada por las reformas constitucionales de 1996, la categoría de representación proporcional, lo cual constituye un auténtico fraude a la ley. Así las cosas, al establecer el legislador estatal que a un partido político determinado, siempre y cuando cumpla con el requisito del dos por ciento de la votación válida emitida, se le otorgará un diputado, contraría la realidad jurídica de la representación proporcional, vulnerando así el dispositivo constitucional anteriormente señalado. Tercero. El artículo 103, en su fracción IV, señala que los partidos políticos deberán acompañar a la solicitud de registro de candidatos carta de no antecedentes penales. Esto constituye en forma evidente una transgresión al artículo 23 de nuestra Ley Suprema que en lo conducente ordena que: '... Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. ...'. La anterior consideración se realiza en virtud de que un ciudadano mexicano no puede ni debe estar condenado ad perpetuam, es decir, una vez que se le condena y se cumple con la misma el ciudadano mexicano en los términos del artículo 38 constitucional, en su fracción III, es rehabilitado en sus derechos y prerrogativas de ciudadano, tomando en cuenta que en los términos de la fracción II del artículo 38 constitucional, una de las prerrogativas de ciudadano es la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular. Esto quiere decir que un ciudadano al momento que purga su condena, el ciudadano se encuentra readaptado para vivir nuevamente en sociedad en los términos del artículo 18, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna. Así las cosas, si el ciudadano una vez que ha purgado su condena se encuentra readaptado y restituido en sus prerrogativas sería contrario tanto al artículo 23 como al 35, fracción II, el hecho de que por este antecedente un ciudadano no pueda ser votado para cargos de elección popular, ya que del artículo 35, fracción III, se infiere que al restituírsele al ciudadano mexicano sus prerrogativas no puede, como consecuencia lógica, estar condenado de por vida. Cuarto. Se considera inconstitucional el capítulo tercero de la precitada ley denominado: 'Las precampañas' que contienen los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113, en virtud de las siguientes consideraciones: 'a) Se entiende por campaña electoral «el conjunto de actividades llevadas por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto», asimismo, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, lo anterior en los términos del artículo 182, párrafos primero y segundo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. b) Bajo ese orden de ideas se entiende que las campañas políticas son aquellas que realizan los partidos para la obtención del voto, así como que dichas campañas están dirigidas al electorado; en tal virtud, se entiende que las precampañas son aquellas actividades o reuniones anteriores a la campaña, es decir, anteriores a esas actividades que realizan los partidos políticos para la obtención del voto y que se dirigen al electorado. c) Así las cosas, podemos deducir en forma clara y contundente que las precampañas no son realizadas por los partidos políticos, sino que son realizadas por personas físicas con sus propios recursos y no con recursos proporcionados por el partido político. Lo anterior se puede advertir, con meridiana claridad, de la simple lectura del artículo 116, fracción IV, inciso h), que ordena que las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garanticen que: Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales ...'. Esto nos permite observar que el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos no tiene entre sus objetos el sostener las precampañas de sus simpatizantes aspirantes a la candidatura que sí será objeto de una campaña política y, por ende, sí estará sujeta al financiamiento público otorgado por el Estado a los partidos políticos. 'd) El razonamiento anterior nos lleva a fijar entonces las razones por las cuales se considera que dicho capítulo es inconstitucional. Las precampañas, como se dijo anteriormente, son realizadas por personas individuales con sus propios recursos y no por el partido político. Esto nos lleva a concluir que dicho capítulo, al establecer restricciones y lineamientos a las precampañas de ninguna manera regula la actuación de los partidos políticos, sino que limita y transgrede el derecho que tiene el ciudadano perteneciente a un partido político determinado o no, a manifestar libremente sus ideas tal y como lo garantiza el artículo 6o. de nuestra Ley Suprema, que a la letra dice: «La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público ...». De ahí que se considera que si una persona individual, con recursos propios, militante de un partido político o no, realiza una precampaña, finalmente no está haciendo otra cosa más que manifestarse libremente para así obtener, eventualmente, la postulación de un partido político para un puesto de elección popular. El hecho de restringir las precampañas a plazos y disposiciones legales equivale a vulnerar en forma arbitraria el derecho que todo ciudadano tiene de manifestarse libremente en los términos del artículo sexto de nuestra Ley Fundamental.'. Quinto. Se considera inconstitucional el primer párrafo del artículo 222 de la ley en comento, en virtud de que transgrede el artículo 116, fracción IV, inciso e), en relación con el 99, fracción IV, ambos de nuestra Constitución Federal, dicho dispositivo de la ley electoral estatal ordena que: 'En ningún caso, los organismos electorales dejarán de resolver sobre la validez de las elecciones de gobernador, diputados y Ayuntamientos, antes de la fecha en que deban tomar posesión de sus cargos. Los diputados del Congreso del Estado y los miembros de los Ayuntamientos electos tomarán posesión de sus cargos, el día primero de enero posterior al de la elección. El gobernador del Estado tomará posesión el día primero de diciembre posterior a la elección.'. En ese sentido, se considera que se vulnera gravemente el precepto constitucional precitado que a la letra ordena que las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 'Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.'. a) Del artículo 222 de la ley electoral que por esta vía se impugna se deduce que los organismos electorales pueden resolver un día antes o incluso unas horas antes de la fecha en que los candidatos tomen posesión de su encargo; lo anterior es así de tal forma que el organismo electoral local puede resolver sobre la validez de las elecciones de gobernador una horas antes del primero de diciembre (por poner un ejemplo, a las 23:00 del 30 de noviembre) en que toma posesión el gobernador electo o bien, en el caso, de diputaciones o Ayuntamientos, unas horas antes del primero de enero en que éstos toman posesión. Lo anterior resulta inconstitucional, en virtud de que no constituye, en los términos del artículo 116, fracción IV, inciso e), un plazo conveniente para desahogar todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, ya que con ese plazo no habría oportunidad de acudir a la instancia federal, misma que como requisito de procedibilidad ordena que la reparación sea material y jurídicamente posible, de ahí que si se establece ese plazo, a todas luces inconveniente, ocasionaría que la reparación no sea ni material ni jurídicamente posible. b) Para efectos de reforzar el argumento en torno a la inconstitucionalidad del artículo 222 de la legislación electoral coahuilense, en virtud de que no se establece un plazo conveniente para agotar todas las instancias impugnativas, en este caso la federal, se hace notar que dicho precepto no observa lo consagrado en el artículo 99, fracción IV, de nuestra Ley Fundamental, mismo que categóricamente ordena que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 'IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.'. Como bien se puede advertir del artículo arriba transcrito, y sin ánimo de ser repetitivo, para que la vía federal proceda se deben observar los plazos convenientes que ordena el dispositivo 116, fracción IV, inciso e), constitucional; de ahí que si no se establece dicho plazo de forma y manera tal que se pueda acudir a la instancia federal se está vulnerando en forma arbitraria lo dispuesto en los artículos constitucionales citados en el presente numeral. Sexto. Otro de los artículos de la ley electoral coahuilense que se considera inconstitucional es el 192 que se refiere a las encuestas que se realizan con el fin de conocer la preferencia electoral de los ciudadanos, el artículo que se tilda de inconstitucional preceptúa lo siguiente: 'No podrán practicarse encuestas públicas ni difundir resultados desde tres días antes de la jornada electoral y el día en que se realice dicha jornada sin previa autorización del instituto. El consejo general, para otorgar la autorización de levantar encuestas, deberá estudiar la metodología que proponga el solicitante y fijar una fianza no inferior a la cantidad equivalente de veintiocho mil salarios mínimos vigentes en lacapital del Estado. En el caso de instituciones de educación superior con reconocimiento oficial, en los términos de las disposiciones aplicables a la fianza a que se refiere este artículo, no será inferior a la cantidad equivalente de nueve mil trescientos salarios mínimos vigentes en la capital del Estado. La fianza garantizará que los resultados de la encuesta no se difundan antes de las veinte horas del día de la elección y el cumplimiento de la metodología aprobada para la realización de la encuesta. En caso de incumplimiento, la fianza se hará efectiva a favor del patrimonio del instituto, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables a los infractores.'. Dicho artículo se considera inconstitucional en virtud de que vulnera la libertad de publicación elevada a rango constitucional en los términos del artículo 7o. de nuestra Carta Fundamental, mismo precepto que ordena que: 'Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. ...'. Bajo este orden de ideas, podemos advertir que el dispositivo constitucional prohíbe en forma expresa la imposición de fianzas a aquellas personas que pretenden hacer una determinada publicación sobre cualquier materia. Así las cosas, no podemos negar que las instituciones académicas, organizaciones de profesionistas, medios de comunicación y los ciudadanos en general que realizan encuestas suponen en forma lógica y forzosa la publicación de las mismas, ya que el fin de las mismas es dar a conocer a la opinión pública las preferencias electorales de los ciudadanos, de ahí que al imponer una fianza a quienes publiquen dichas encuestas, supone una arbitraria transgresión a la libertad de publicación consagrada en nuestra Constitución Federal. Con el único fin de reforzar los argumentos vertidos en el presente numeral, me permito citar el concepto que sobre la libertad de imprenta establece el Diccionario Jurídico Mexicano elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México: 'El derecho del individuo para publicar y difundir las ideas por cualquier medio geográfico. Es una garantía del régimen democrático en tanto exterioriza el pluralismo político e ideológico y puede controlar los actos del gobierno denunciando sus errores y defectos ... Como se observa, se establece la facultad de todos los individuos, independientemente de su condición, de publicar escritos sobre cualquier materia, en tanto que se obliga al Estado a abstenerse de coartar el ejercicio de dicha facultad fuera de las excepciones constitucionales señaladas, así como a no establecer censura previa a impreso alguno, ni exigir garantía a los autores o impresos de cualquier publicación.'. Es así como podemos advertir que a juicio del maestro Jorge Madrazo y el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, J. Jesús Orozco Henríquez, la imposición de garantías como requisito sine qua non para llevar a cabo cualquier publicación, en el caso concreto, de la legislación electoral de Coahuila sobre encuestas, es a todas luces violatorio de la garantía constitucional establecida en el artículo 7o. de nuestra Ley Suprema. Séptimo. Se consideran también inconstitucionales los artículos 239 y 240 de la citada Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que dichos artículos vulneran el artículo 22 de la Constitución Federal, en virtud de establecer dichos preceptos una multa excesiva. El artículo constitucional que se considera transgredido prohíbe: '... las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva ...'. El artículo 239 de la ley electoral estatal ordena lo siguiente: 'Las infracciones en que incurran quienes practiquen encuestas públicas por no ajustarse a la metodología aprobada por el instituto o por difundir sus resultados dentro de los plazos prohibidos por la ley, se aplicarán por el instituto atendiendo a la gravedad de la infracción, la cual nunca será inferior a trescientos mil pesos ...'. Por su parte, el artículo 240 del mismo ordenamiento legal, preceptúa que: 'Quienes realicen encuestas públicas sin autorización del instituto o las difundan, serán sancionados por dicho instituto con multa hasta por la cantidad de un millón quinientos mil pesos ...'. Es así como se considera que las multas que establece el legislador local son sumamente excesivas, en virtud de que el monto establecido en los artículos 239 y 240 equivalen a 8,108 y 40,540 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, respectivamente, siendo estas cantidades totalmente desproporcionadas con el fin último que debe tener la sanción pecuniaria que es la reparación del daño y que en este caso sobrepasa la capacidad adquisitiva de los sujetos de esta norma, de tal forma que en el eventual caso de la imposición de estas multas traería como consecuencia tanto el incumplimiento en el pago de la misma, así como el inminente menoscabo en el patrimonio de quien pudiere realizarla. Cabe destacar que dichas multas, a todas luces excesivas, traerían como consecuencia que las instituciones académicas, organizaciones, medios de comunicación y personas que realicen encuestas se vean inhibidas para la realización de esa actividad, misma que ya ocupa un lugar preponderante dentro de los procesos electorales tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual es importante propiciar el acceso a la información necesaria para motivar una adecuada participación democrática, en lugar de inhibirla mediante la imposición de multas que sobrepasa la capacidad de pago de las empresas especializadas en la realización de encuestas, resultando mucho más gravoso dichas multas para las instituciones de educación superior, asociaciones de profesionistas y ciudadanos en general, que no tienen la finalidad de llevarlas a cabo como actividad lucrativa sino únicamente persiguiendo una finalidad científica o meramente participativa. Octavo. No obstante lo anteriormente manifestado, es evidente que los artículos en comento constituyen igualmente una reiterada contravención al artículo 133 de nuestro Código Político, mismo precepto constitucional que consagra el principio de supremacía constitucional; dicho principio ordena que la Constitución Federal es la Ley Suprema de toda la Unión, desprendiéndose que de ninguna manera, Constitución o ley local alguna pueden contravenir los principios consagrados en nuestra Carta Magna, so pena de decretarse inconstitucional por violentar en forma clara el Pacto Federal. Al respecto, en relación con el principio de supremacía constitucional, el maestro Sánchez Bringas señala, en tratándose de la determinación de los rangos normativos, que el precepto constitucional garante de la supremacía de nuestra Ley Fundamental, que existen diferentes niveles, a saber: I) Primer nivel: La Constitución del Estado Federal Mexicano. II) Segundo nivel: Leyes federales y tratados internacionales que se apeguen a la Constitución. III) Tercer nivel: Constituciones de los Estados. IV) Cuarto nivel: Leyes estatales. Es así como concluimos que si la reforma en comento no se apega de manera estricta a lo establecido por nuestra Carta Magna, ésta se encuentra viciada por lo que procede declararla inconstitucional. Noveno. Por último, cabe advertir que la reforma en comento transgrede el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, toda vez que si bien es cierto el acto de autoridad pretende estar fundado, la fundamentación es a todas luces falaz y, por tanto, contraria a nuestra Carta Magna, ya que los artículos impugnados de ninguna manera observan lo establecido en la Constitución Federal sino, por el contrario, la transgreden en forma clara al no observar los principios por ella consagrados, en virtud de los razonamientos que han quedado agotados en líneas anteriores. Es así como se considera que los razonamientos vertidos en el cuerpo del presente ocurso demuestran en forma contundente la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, al contravenir los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuerpo legal que constituye el primer mandato del orden jurídico al que deben apegarse las normas secundarias o constituidas para que sean válidas."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 4o., 6o., 7o., 16, 22, 23, 116, fracciones III y IV, inciso e) y 133.
CUARTO. Mediante proveído de fecha diecisiete de diciembre de dos mil uno, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que correspondió el número 2/2002, y por razón de turno se designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de esa misma fecha, los Ministros integrantes de la citada comisión de receso admitieron la demanda relativa y ordenaron emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran sus respectivos informes, correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde y requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión.
SEXTO. El Congreso del Estado de Coahuila, al rendir su respectivo informe, señaló en lo medular:
1. Que es extemporánea la presente acción, pues fue presentada el diecisiete de diciembre del año dos mil uno, como se desprende de la certificación realizada por el secretario de la comisión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16970-d3fb2ada/instituciones-politicas-y-procedimientos-electorales-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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