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Modo: Corpus Pro

AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN III, Y 38 DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO PARA LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO EN EL QUE EL DIRECTOR JURÍDICO PUEDA FUNGIR COMO SUSTITUTO DEL SECRETARIO GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2002. · Registro digital (IUS): 17504
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 1047.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2002. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de septiembre de dos mil dos, Rosario Robles Berlanga, quien se ostentó como presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:

"Honorable X Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como el órgano que emitió el Decreto Número 10, cuyo contenido constituye la norma general impugnada, y con domicilio en avenida Boulevard Bahía número 121, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como el que promulgó la norma general impugnada mediante su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de fecha 27 de agosto de 2002, y con domicilio en Palacio de Gobierno, Calle 22 de Enero número 1, entre Avenida Héroes y Avenida Juárez, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. ... Norma general cuya invalidez se reclama: La Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, particularmente los artículos 7o., 12, 30, 31, 38 y 49. Medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada: El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de fecha 27 de agosto de 2002, tomo II, número 24, 6a. Época."

SEGUNDO. La parte promovente refirió como antecedentes, los siguientes:

"Primero. Durante la sesión de fecha catorce de agosto de 2002, celebrada por la X Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado (sic) de Quintana Roo, se aprobó por mayoría de votos el Decreto 10, a través del cual se crea la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, a raíz y con motivo de la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Segundo. Durante este proceso, los diputados procedentes del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la mencionada X Legislatura, votaron en contra de la aprobación de la referida ley orgánica."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:

"Primero. El artículo 7o. de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo contraviene lo dispuesto en nuestra Carta Magna, a la luz de los siguientes argumentos de derecho: En el artículo 7o. de la citada ley orgánica se omite dar cumplimiento al precepto constitucional previsto por el inciso b) de la fracción IV del invocado artículo 116, al no garantizar la invariable observancia de los principios rectores en la materia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, a los que deben sujetarse todos los actos de los órganos electorales, en el ejercicio de la función electoral, ello al omitir la conformación de órganos de vigilancia dentro de la estructura del Instituto Electoral Estatal; en consecuencia, en dicha ley orgánica se incumple a la sociedad y se vulnera el precepto constitucional mencionado, así como también se violenta el principio de legalidad en los procesos electorales, toda vez que no causa certeza alguna la estructura que se contempla para el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo en el referido artículo 7o. de dicha ley orgánica, pues al excluir de su integración a los órganos de vigilancia del propio instituto, los cuales deberían estar constituidos por los consejeros electorales y por los diversos partidos políticos contendientes en las elecciones estatales, a efecto de transparentar y darle certeza al proceso electoral. Los procesos electorales como único mecanismo que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elegir a los candidatos a los diversos cargos de elección popular, deberán en todo momento garantizar que en las etapas de preparación de la jornada electoral, la propia jornada electoral y la de resultados finales del proceso, se lleven con estricto apego a las leyes específicas, a efecto de que dichas elecciones se lleven a cabo con la mayor equidad y democracia posible, respetándose en todo momento que los actos de los funcionarios electorales se sujeten a cumplir con los principios rectores en la materia, previamente mencionados, lo cual sólo será posible dentro de un marco legal propicio, es decir, si existen leyes que cumplan con la encomienda constitucional de garantizar ese apego a tales principios en todos los actos de los referidos funcionarios; en su defecto, es decir, si las leyes electorales no garantizan tal cumplimiento, únicamente se puede esperar un proceso electoral viciado de origen, ya que pueden 'fundamentar' sus actos en leyes elaboradas ex profeso para ello, con omisiones o 'lagunas legales' intencionales y antidemocráticas. Aun cuando la importancia de que los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, de los que deben estar inmersas las propias leyes electorales, tienen como propósito garantizar a la ciudadanía que el resultado de toda elección es incuestionable, dichos principios rectores de los actos de los diversos órganos electorales, a quien deberían, en primera instancia, garantizar que efectivamente se cumplirá con el respeto de la legalidad y limpieza de esos procesos, es a los partidos políticos, ya que éstos son los principales actores dentro de las contiendas electorales de acuerdo con sus fines y funciones establecidas por nuestra Carta Magna. Como lo hemos expresado, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 dice: 'El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. ...'. En la medida en que el Instituto Electoral de Quintana Roo no cuenta con órganos de vigilancia que supervisen el trabajo de la estructura ejecutiva del instituto responsable del desempeño del proceso electoral, y que estarían integrados por consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, se propicia la inobservancia de los principios que deben regir a todos los actos de los entes electorales. Como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos (una de sus funciones) tienen la obligación constitucional de hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, por lo que, si los diversos partidos políticos contendientes en una elección constitucional no pueden supervisar y/o vigilar el trabajo de las diferentes áreas ejecutivas del instituto, gracias a una ley ad hoc para ello, es inconcuso que no se puede garantizar que en el proceso electoral se cumpla con los multicitados y relevantes principios rectores, volviéndose nugatoria esa disposición constitucional, con lo cual se evade inteligente, dolosa y antidemocráticamente el cumplimiento del aludido precepto constitucional, pues la ley electoral no puede permitir dejar al amplio criterio discrecional de los funcionarios electorales del Instituto Electoral Estatal el cumplimiento de tales principios, delegando la garantía del apego de los actos de los órganos electorales -a la que tienen la obligación constitucional de imponer- a los titulares de dichos órganos, de ahí la trascendencia de tal inconstitucionalidad del artículo 7o. de la ley orgánica aludida, al omitir la inclusión de los órganos de vigilancia y su conformación como una parte importante dentro de la estructura del Instituto Electoral Local. De tal manera, si los partidos políticos no avalan la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de un proceso electoral, por impedirles la citada ley orgánica supervisar y/o vigilar la actuación de los órganos electorales que componen el instituto, como legítimos integrantes que deben ser de los órganos facultados legalmente para ello, solamente se podrá esperar la emisión de actos de los funcionarios electorales, totalmente ausentes de transparencia, sospechándose de cada uno de ellos ante el ocultamiento de los mismos que se pretende legalizar, luego entonces, la ciudadanía tampoco los avalará. En el Decreto 7 de la X Legislatura Estatal, en el que se reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se dispone que: 'Artículo 49. El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ... II. La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de gobernador, diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la ley, son una función estatal que se realizará a través del organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, de cuya integración serán corresponsables el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que disponga esta Constitución y la ley. Este organismo será autoridad en la materia, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño. ...'. El propio artículo 49 de la Constitución le confiere al instituto la creación de órganos de vigilancia, mismos que omite incluir la ley orgánica de ese instituto, ley que, a la vez, es reglamentaria del citado artículo 49, tal como lo expresa dicha Ley Orgánica del Instituto Electoral que nos ocupa en su artículo 1o. A los propios consejeros electorales del instituto se les quita la atribución de vigilar el desarrollo del proceso electoral, así como la de vigilar de manera conjunta las actividades del mismo instituto del que son titulares y, por ende, corresponsables de su desempeño, tal como se desprende de la lectura del artículo 12 de la ley orgánica que se cuestiona: 'Artículo 12. El consejero presidente y los consejeros electorales tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: I. Participar en las sesiones del consejo general con derecho a voz y voto, así como en los trabajos de las comisiones; II. Proponer al consejo general, con apego a la ley, diversas políticas de trabajo que faciliten el cumplimiento de los fines del instituto; III. Vigilar, en lo personal, que la estructura del instituto cumpla con las obligaciones constitucionales y legales en materia electoral, y que las actividades se guíen y rijan por los principios rectores de la función estatal electoral, y en caso de detectar lo contrario, informar al Pleno del consejo general o, en su caso, a la Contraloría Interna, para efecto de que se tomen las medidas correctivas pertinentes; IV. Realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales; V. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones constitucionales y legales de la materia; y VI. Las demás que le otorgue la Constitución Particular, la presente ley y demás ordenamientos.'. Pudiendo ejercer su función de vigilancia sólo de manera individual y reportarlo en sesiones de consejo, pero en las sesiones de consejo general como órgano de dirección del instituto sólo tiene las siguientes atribuciones: 'Artículo 14. El consejo general tendrá las siguientes atribuciones: I. Expedir los reglamentos internos y estatutos que sean necesarios para el buen funcionamiento del instituto; II. Designar, a propuesta del consejero presidente, al secretario general, a los directores de área y a los titulares de las Unidades de Contraloría Interna, Comunicación Social, Informática y Estadística, y del Centro de Información Electoral del instituto, en los términos de la presente ley; III. Remover en términos de la normatividad correspondiente, a los funcionarios antes señalados cuando dejen de reunir los requisitos para su designación, falten a la probidad o eficiencia o violenten los principios rectores de la función electoral. En todo caso se les otorgará la garantía de audiencia; IV. Designar de entre las propuestas de al menos el doble, que al efecto realice la junta general, a los consejeros presidentes y consejeros electorales propietarios y suplentes, así como a los vocales de los Consejos Distritales del instituto; V. Resolver en los términos de la ley electoral sobre el otorgamiento o pérdida del registro de las agrupaciones políticas, partidos políticos locales, la acreditación ante el instituto de los partidos políticos nacionales y mandar a publicar las mismas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; así como resolver respecto de los convenios de coalición que se presenten con motivo de los procesos electorales; VI. Resolver los recursos de revocación que se hayan interpuesto de conformidad con lo dispuesto por la ley de medios; VII. Resolver las consultas que le formulen las agrupaciones políticas, los partidos políticos o coaliciones, en el ámbito de su competencia; VIII. Determinar el número y tipo de las casillas y enviar a los Consejos Distritales las listas correspondientes; IX. Conocer los informes que la junta general rinda por conducto del consejero presidente; X. Aprobar los convenios que se celebren con el Instituto Federal Electoral y otros organismos electorales, vigilando el cumplimiento de los mismos; XI. Aprobar los topes de gastos de campaña que puedan efectuar los partidos políticos o coaliciones en términos de la ley electoral; XII. Aprobar el programa anual de actividades y el presupuesto de egresos que le presente la junta general; XIII. Aprobar los lineamientos en materia de encuestas o sondeos de opinión que formule la junta general; XIV. Aprobar los mecanismos y programas, para la verificación de gabinete y de campo del padrón y lista nominal de electores, en coordinación con la autoridad en la materia, antes de cada proceso electoral; XV. Aprobar, supervisar y evaluar los programas y lineamientos mediante los cuales el instituto coadyuve al desarrollo de la cultura política y democrática y la educación cívica en la entidad; XVI. Aprobar el programa de capacitación para los ciudadanos que sean insaculados para integrar las mesas directivas de casilla, dando seguimiento y evaluación periódica; XVII. Aprobar el modelo de las boletas electorales y los formatos de la documentación electoral en los términos de la ley electoral; XVIII. Recibir y, en su caso, aprobar las solicitudes de acreditación de los ciudadanos mexicanos que pretendan participar como observadores electorales; XIX. Acordar la procedencia o improcedencia respecto de los convenios de coalición y de fusión que celebren los partidos políticos; XX. Registrar las plataformas electorales que presenten los partidos políticos y coaliciones; XXI. Registrar, cuando resulten procedentes, las candidaturas para gobernador del Estado y las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y supletoriamente el registro de las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y las planillas de Ayuntamientos; XXII. Solicitar directamente o por medio de sus órganos, el auxilio de la fuerza pública para garantizar, en los términos de la ley electoral, el adecuado desarrollo del proceso electoral; XXIII. Realizar el cómputo de la elección de gobernador; formular la declaración de validez de la elección de gobernador electo; expedir la constancia; y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado; XXIV. Realizar el cómputo para la asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional; hacer la declaración de validez; así como expedir las constancias respectivas; sólo en caso de fuerza mayor, podrá realizar en forma supletoria los cómputos distritales y municipales; XXV. Aplicar las sanciones que le competan, a quienes infrinjan las disposiciones de la ley electoral y del presente ordenamiento; XXVI. Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del instituto y solicitar los informes que estime necesarios; XXVII. Vigilar que las actividades de los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones políticas estatales se desarrollen con apego a la ley electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; XXVIII. Vigilar y supervisar las prerrogativas de los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas, a fin de que éstas, se otorguen y ejerzan con apego a la ley electoral y aprobar, en su caso, el resultado de la fiscalización; XXIX. Requerir a la junta general que investigue por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los procesos electorales, los derechos de los partidos políticos o el incumplimiento de sus obligaciones, ordenar la instrucción de los procedimientos e imponer las sanciones correspondientes, en los términos de la presente ley y demás legislación electoral; XXX. Crear nuevas unidades técnicas en los términos que dispone la presente ley; XXXI. Remover al consejero presidente, consejeros electorales y vocales de los Consejos Distritales, cuando éstos incurran en causas graves, previamente calificadas; XXXII. Proponer a la legislatura modificaciones a la legislación electoral, con base a las experiencias obtenidas durante los procesos electorales; XXXIII. Aprobar la creación de comisiones, mismas que estarán integradas por consejeros con derecho a voz y voto, y podrán concurrir a las mismas los representantes de los partidos políticos o coaliciones, de conformidad a lo que se señale en el reglamento interno del instituto; XXXIV. Llevar a cabo una campaña en los medios de comunicación masiva en la entidad, por lo menos durante dos meses antes del día de la jornada electoral, para hacer del conocimiento público de las diversas conductas que constituyan delito electoral, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado; XXXV. Aprobar los convenios que firme el instituto para la coadyuvancia en la organización de las elecciones para elegir alcaldes, delegados y subdelegados municipales, así como de las solicitudes de instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la ley; XXXVI. Aprobar los lineamientos técnicos para la instrumentación del Programa de Resultados Electorales Preliminares; XXXVII. Proponer al Congreso del Estado la demarcación territorial en distritos electorales, conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley; XXXVIII. Realizar convenios de colaboración con instituciones de nivel medio superior y superior; y XXXIX. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás que le confieren la Constitución Particular, esta ley y los ordenamientos electorales.'. Es decir, a los consejeros electorales se les confiere en lo individual la posibilidad de vigilar el proceso electoral, pero al consejo general, donde sí están integrados los representantes de los partidos, se le niega la atribución de vigilar las acciones importantes de la etapa de preparación de la jornada electoral, lo que exhibe la intención de ocultar a los partidos políticos el desempeño de los órganos electorales, obligándolos a tolerar todo el desarrollo del proceso electoral 'cruzados de brazos', con la única garantía de que en el proceso electoral prevalecerá una total falta de transparencia y de certeza. Los trabajos de vigilancia del proceso electoral se le confieren a las direcciones ejecutivas y a las direcciones técnicas, donde los partidos no tienen ninguna función y esas dependencias del instituto carecen de autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones, como lo exige el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 constitucional. Por lo expuesto, se concluye que la estructura del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, al no contemplar órganos de vigilancia, no puede garantizar a los partidos ni, por tanto, a los ciudadanos la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben ser principios rectores de todo órgano electoral, como lo preceptúa el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus transcritos artículos. Lo anterior, considerando que en la integración de tales órganos de vigilancia y/o comisiones de vigilancia, éstos deben estar compuestos por representantes de los partidos políticos. Contraviniendo, adicionalmente, lo planteado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 49: 'Artículo 49. El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ... I. El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean preparados, organizados, desarrollados, vigilados y calificados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La ley establecerá las sanciones por violaciones al sufragio.'. Segundo. Los preceptos legales aprobados cuya invalidez se combate, por considerarlos inconstitucionales, son los artículos 31, 32, 33, 41 y 43 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo. La existencia de dos órganos colegiados dentro del Instituto Electoral de Quintana Roo, uno de ellos elegido mayoritariamente por el Poder Legislativo Estatal (el consejo general), le quita al citado consejo general su carácter de órgano superior de dirección, otorgándole a la junta general del instituto las decisiones importantes del proceso electoral, donde los partidos no tienen representación, ni la posibilidad de formar parte de la organización de los procesos electorales, lo cual vulnera lo dispuesto en los artículos constitucionales reproducidos en líneas anteriores. La Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo le confiere al consejo general la calidad de órgano superior de dirección, pero crea otro cuerpo colegiado que toma decisiones antes de pasarlas a la aprobación del consejo general, confiriéndole a este último órgano atribuciones más importantes para el desarrollo del proceso electoral que las del consejo general: 'Artículo 31. La junta general es el órgano de carácter ejecutivo y de naturaleza colegiada, encargado de proponer las políticas generales y los programas del instituto; aprobar los procedimientos administrativos internos y desarrollarlos; así como ejecutar en el ámbito administrativo las resoluciones y acuerdos del consejo general.'. 'Artículo 32. La junta general estará integrada permanentemente, por el consejero presidente quien la presidirá; el secretario general en calidad de coordinador de las direcciones y unidades técnicas; y las Direcciones de Organización, de Capacitación Electoral, Jurídica, de Partidos Políticos y de Administración, así como los titulares de las Unidades de Comunicación Social, de Informática y Estadística y del Centro de Información.'. 'Artículo 43. El secretario general será el coordinador de toda la estructura administrativa del instituto.'. Crea dicha ley orgánica, pues, dos órganos de dirección del instituto: El consejo general y la junta general, cuyo único punto de contacto es el presidente consejero, lo que se observa en el siguiente organigrama:

Ver organigrama

"Las decisiones importantes del proceso electoral no las toma el consejo general, éstas son elaboradas por las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas; al consejo general sólo se le confiere la atribución de aprobarlas o no, por lo que a los partidos políticos, principales actores de las contiendas electorales, se les niega toda posibilidad de organizar y supervisar las distintas etapas del proceso.

Ver tabla 1

"El consejo general sólo está facultado para expedir los reglamentos que apruebe la junta general, aun cuando la elaboración y expedición de los reglamentos que regularan la vida interna del instituto, pudiera ser una cuestión donde el peso mayor lo tienen los consejeros electorales, los partidos políticos deberían poder intervenir en la elaboración de los mismos. La vigilancia del proceso inicia con la elaboración de reglas claras del manejo y procedimientos internos del Instituto Electoral y a los partidos se les quita la posibilidad de participar con propuestas en la elaboración de los reglamentos del instituto.

Ver tabla 2

"El consejo general emitirá la convocatoria, la junta ejecutiva hará todo el procedimiento posterior de recepción de propuestas, evaluación e integración de listas con la evaluación de quien esté interesado en participar; el consejo general sólo podrá elegir de la lista que le mande la junta general; los partidos políticos no tienen ni siquiera la posibilidad de conocer los expedientes de aquellos que formarán los órganos de dirección de los Consejos Distritales. El consejo general sesionará el primero de octubre del año anterior al de la elección, de acuerdo con el artículo 16, y a más tardar el 31 del mismo mes, de acuerdo con el artículo 61 tendrán que elegirse los consejeros e integrantes de las Juntas Ejecutivas Distritales. Si en esta primera sesión del consejo general se decide emitir la convocatoria para seleccionar a los candidatos a consejeros electorales y directores ejecutivos distritales. Esta convocatoria sería aprobada en la siguiente sesión, es decir, por lo menos quince días después, una semana para la recepción de documentos, y una semana de cursos y evaluación de los candidatos. Con estos tiempos tan cortos ni los consejeros electorales del consejo general ni mucho menos los partidos políticos tendrán oportunidad de revisar la documentación, por lo que los partidos no tendrán la certeza de que la integración (sic) los órganos distritales se hará con la imparcialidad que ordena nuestra Carta Magna.

Ver tabla 3

"La solicitud del registro de agrupaciones políticas o partidos políticos o la pérdida del mismo es una atribución del consejo general, será coordinada, no se plantea quién elaborará el dictamen, y antes de pasar al consejo general tendrá que pasar por la aprobación de la junta general, como órgano colegiado, lo que en la práctica implica que es la junta general quien aprueba o no el registro o la pérdida del mismo, lo que anula, en este punto, al consejo general como órgano máximo de dirección.

Ver tabla 4

"De todas las direcciones ejecutivas y unidades técnicas únicamente la Dirección de Organización tiene como atribución informar sobre los trabajos realizados. Corresponde al secretario general como coordinador de toda la estructura del instituto (artículo 43 de la ley orgánica) conocer de los trabajos realizados durante los procesos electorales, al consejo general exclusivamente se le faculta para conocer los informes que rinda la junta general. Los partidos al no formar parte de ningún órgano de vigilancia también están facultados únicamente para conocer de los informes cuando sesiona el consejo general, por lo que la única opción que tienen los partidos para opinar sobre los trabajos realizados por la parte ejecutiva del instituto son los medios de impugnación, el de revocación y el juicio de inconformidad. Al no existir órganos de vigilancia resultará ser la junta general quien realizará trabajos que deben corresponder al consejo general y a los propios consejeros electorales y a los propios partidos políticos.

Ver tabla 5

"Nuevamente para la aprobación del programa anual y el presupuesto del Instituto Electoral se requiere de la aprobación de la junta general, como cuerpo colegiado, antes de pasar a aprobación del consejo general, mismo que exclusivamente está facultado para aprobar y, en su caso, no aprobar. Los partidos a través de sus representantes no tienen ninguna opción para poder proponer, cuando como integrantes del consejo general no se les confiere ninguna facultad.

Ver tabla 6

"La documentación aprobada por el consejo general, en el caso del juicio de nulidad, es uno de los elementos de prueba de lo que se quiera impugnar. En este caso, para la elaboración de la documentación electoral se estipula que será en términos de la ley electoral, independientemente de que dicha ley electoral no existe aún, lo que hay es el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo (CIPEQR), a los partidos se les está negando la posibilidad de opinar sobre el contenido que deberán tener los distintos documentos. Esto adquiere mayor relevancia cuando se trate de la documen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17504-24f174d3/autoridades-electorales-estatales-su-actuacion-y-conformacion-organica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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