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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN I, DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, QUE ESTABLECE QUE SE REMITIRÁ A SU SECRETARÍA EJECUTIVA COPIA DEL ESCRITO POR EL QUE SE PROMUEVA UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RAZÓN DE LA INEXISTENCIA DE ÉSTA. RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL PLAZO PREVISTO PARA SU SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN EN LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE QUINTANA ROO, NO SE APEGA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO SER CONVENIENTE PARA EL DESAHOGO DE TODAS LAS INSTANCIAS IMPUGNATIVAS, POR NO TOMAR EN CUENTA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2002. · Registro digital (IUS): 17505
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 1107.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2002. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil tres.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de septiembre de dos mil dos, Rosario Robles Berlanga, quien se ostentó como presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:

"... honorable X Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como el órgano que emitió el Decreto Número 8, el 14 de agosto de 2002, cuyo contenido constituye la norma general impugnada, y con domicilio en avenida Boulevard Bahía número 121, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como el que promulgó la norma general impugnada mediante su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de fecha 27 de agosto de 2002, y con domicilio en el Palacio de Gobierno, calle 22 de Enero número 1, entre avenida Héroes y avenida Juárez, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Norma general cuya invalidez se reclama. La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, particularmente en lo que se refiere al contenido de los artículos 25, 28, 31, 33, 35, 71, 72, 73 y 78. Medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada. El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de fecha 27 de agosto de 2002, tomo II, número 24, 6a. Época."

SEGUNDO. La parte promovente refirió como antecedentes los siguientes:

"Primero. Durante la sesión de fecha catorce de agosto de 2002, celebrada por la X Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado (sic) de Quintana Roo, se determinó la aprobación, por mayoría, del Decreto 8 multicitado, a través del cual se creó la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a raíz y con motivo de la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, misma ley que surge de la reciente reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, esta última contenida en el anterior decreto de la misma X Legislatura, es decir, el Decreto Número 7, la cual se encuentra actualmente combatida por el Partido de la Revolución Democrática, mediante la acción de inconstitucionalidad ante esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se sustancia en el expediente número 18/2002."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:

"Primero. Los textos transcritos de los artículos 33, fracciones I y II, 72 y 78 de la referida Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral contravienen lo dispuesto en los citados textos de los artículos de nuestra Carta Magna, a la luz de los siguientes argumentos: I. Los plazos que se estipulan para la sustanciación del recién creado recurso de revocación, contados desde la presentación de la demanda, publicación por el órgano electoral receptor de la misma, remisión del expediente al órgano resolutor, integración del expediente, auto de admisión, elaboración del proyecto de resolución, resolución del recurso de revocación y su notificación, suman un tiempo tan amplio que dicho recurso de revocación incumple las obligaciones que impone el artículo 116 en su fracción IV, incisos b), d) y e) (sic), toda vez que es una ley estatal en materia electoral, que lejos de garantizar que rijan los principios rectores de legalidad y de certeza en el ejercicio de la función electoral, así como el de legalidad en el sistema de medios de impugnación o de fijar plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, considerando el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, la ahora combatida ley estatal se ocupa de contemplar disposiciones como las contenidas en los artículos mencionados, en las que notoriamente se logran burlar las disposiciones constitucionales contenidas no tan sólo en el artículo 116, sino también en los artículos 16 y 17, cuya parte conducente, en lo relativo al texto de estos dos últimos preceptos que se vulneran con la ley cuya inconstitucionalidad se demanda, están expresadas líneas arriba. En efecto, si algún partido o coalición, en uso de sus derechos, tuviera la osadía de interponer un recurso de revocación en contra de un acto o resolución del Consejo -o junta ejecutiva- Distrital, por un acto o resolución del Consejo -o junta ejecutiva- Distrital, por considerarlo ilegal y perjudicial para su causa, el tiempo que llevará el trámite, de acuerdo con los plazos establecidos en los artículos invocados y en otros de la propia ley, cuyos textos se reproducen enseguida, será el siguiente: 'Artículo 25. Los medios de impugnación previstos en esta ley, deberán promoverse dentro de los tres días siguientes, contados a partir de aquel en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugne, de conformidad con las disposiciones del presente ordenamiento.'. 'Artículo 33. El órgano electoral que reciba un medio de impugnación, en contra de uno de sus actos o resoluciones, de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, deberá: I. Remitir por la vía más expedita, a la secretaría ejecutiva del instituto o al tribunal, según sea el caso, copia del escrito por el que se promueva el medio de impugnación, precisando fecha y hora de su presentación; II. Hacerlo del conocimiento público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, mediante cédula que se fijará en los estrados en la que deberá constar el día y hora de su publicación; y III. La cédula a que se refiere la fracción anterior, deberá publicarse durante el plazo de cuarenta y ocho horas.'. 'Artículo 35. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo de fijación a que se refiere la fracción III del artículo 33 de este ordenamiento, el órgano responsable del acto o resolución impugnada que reciba un medio de impugnación, deberá remitir a la secretaría general del instituto o al tribunal, según corresponda, lo siguiente: I. El escrito original mediante el cual se inter-pone, las pruebas y demás documentos que se hayan acompañado al mismo; II. Copia certificada del documento en que conste el acto o resolución impugnada; III. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y demás documentación que se hayan acompañado a los mismos; IV. Tratándose del juicio de nulidad, copia certificada del expediente completo con todas las actas relativas al cómputo de la elección o asignación impugnada, así como las hojas de incidentes y escritos de protesta que obren en su poder; V. Un informe circunstanciado, que por lo menos deberá contener: A) Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la legalidad del acto o resolución que se impugna. B) El reconocimiento o no, de la personalidad del promovente ante dicho órgano. C) La firma autógrafa del funcionario que lo rinde. D) Los demás elementos que se estimen necesarios para la resolución del medio de impugnación.'. 'Artículo 61. Las sentencias o resoluciones que pongan fin a los medios de impugnación previstos en el presente ordenamiento, serán notificadas de la siguiente manera: ... Las notificaciones a que se refiere este artículo, se harán dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse dictado la sentencia o resolución que se notifica.'. 'Artículo 71. Si el órgano electoral desconcentrado o la contraloría interna del instituto o del tribunal incumplen con alguna de las obligaciones previstas en los artículos señalados en el numeral que antecede, la secretaría general los requerirá de inmediato para que en un plazo no mayor de veinticuatro horas, remitan las constancias y documentos que hayan omitido enviar o que en su caso, se consideren fundamentales para la resolución del recurso. Ante la negativa se tendrán como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo prueba en contrario. En todo caso se resolverá con los elementos que obren en autos.'. 'Artículo 72. Una vez que la secretaría general del instituto haya integrado el expediente del recurso de revocación, lo remitirá a la dirección jurídica del instituto para que ésta elabore un proyecto de resolución que someterá a su consideración, dentro de un plazo de tres días contados a partir de la recepción del recurso; en el caso del tribunal, una vez integrado el expediente del recurso se sujetará al procedimiento señalado en el artículo 36 de la presente ley, pero resolverá en un plazo no mayor de tres días.'. 'Artículo 73. La secretaría general del instituto, por conducto del consejero presidente, remitirá el proyecto al consejo general para que lo resuelva dentro de los ocho días siguientes a la recepción del proyecto de resolución, pudiendo aprobarse por unanimidad o mayoría de votos de los miembros presentes en el Pleno de ese órgano.'. 'Artículo 78. Los juicios de inconformidad deberán ser resueltos por el tribunal, dentro de los seis días siguientes a aquel en que sean admitidos.'. En el cuadro que a continuación se expone, se puede observar el total del tiempo que deberá transcurrir para que se resuelva un recurso de revocación presentado por un partido político que se considere afectado por un acto o resolución de una autoridad electoral local en el Estado de Quintana Roo, de acuerdo con los plazos establecidos en los artículos cuyos textos se han reproducido:

Ver cuadro

"De lo anterior, concluimos que si los términos se cumplen en los tiempos máximos estipulados en la cuestionada ley, un recurso de revocación tardará en resolverse veinte días, sin tomar en cuenta los trámites para los que no se fija término, como la integración que hará del expediente del recurso el secretario general, en los que prevalece la discrecionalidad del funcionario, sin que la referida ley estatal se ocupe de fijar el plazo conveniente, propiciando ilegalidad. Ahora bien, en caso de que el partido político que presentó el recurso de revocación no estuviera de acuerdo con el resolutivo del Consejo General del Instituto Electoral Estatal, o que otro partido político -tercero interesado- se considerase afectado por tal resolución, y decidiera interponer legítimamente un juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, el tiempo que se llevará este último juicio será el siguiente:

Ver tabla

"En conclusión, dieciocho días podría tardar el Tribunal Electoral de Quintana Roo en resolver un juicio de inconformidad, sin tomar en cuenta el tiempo que tarda la integración del expediente, ni el correspondiente a la remisión del expediente al Magistrado instructor, ya que no se especifican en dicha ley local términos que quedan al arbitrio discrecional de los funcionarios, dependiendo tal vez de la buena fe con la que actúen, al no estar previstos por la ley, la cual, al no contemplarlos y al fijar un prolongado término de treinta y ocho días para la resolución final de una impugnación interpuesta en contra de un acto o resolución de una autoridad electoral, queda claro que no se ocupa de fijar plazos convenientes para el desahogo de las instancias impugnativas, preceptuado también por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 49 de la Constitución Local, recientemente reformado, sobre todo si se toma en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Ciertamente, en el caso de los recursos de revocación y de los juicios de inconformidad, podrían ser resueltos dentro de un término que no llegara a sumar el largo término de treinta y ocho días; sin embargo, la sola posibilidad de que la cuestionada ley estatal faculte a las autoridades competentes a sumar esa cantidad de días, evidencia la inobservancia de las disposiciones constitucionales antes mencionadas, ello sin tomar en cuenta la discrecionalidad de las autoridades electorales que, como se ha demostrado, gozan en determinadas etapas de sendas instancias, lo cual aumentaría en uno o más días cada uno de esos procedimientos, siempre en perjuicio del partido político impugnante, ya que la postergación de una resolución en materia electoral, considerando que los propios procesos electorales son sumarios y no procede suspensión alguna durante su sustanciación, acarrea como resultado que, no obstante que se hubiera demandado puntualmente, para cuando sea dictada la resolución, sea imposible la reparación material y jurídica de las violaciones cometidas por los entes electorales, al existir plazos electorales que, al fenecer, en tanto se realizan ambas instancias, su reparación no es posible, de conformidad con tesis de jurisprudencia vigentes en la materia, por lo cual el ejercicio de los medios de impugnación se vuelve nugatorio, lo que se traduce en una denegación de justicia, con el triunfo de una violación consumada y la irreverente inobservancia a lo dispuesto en los artículos constitucionales expresados anteriormente, plasmada en los artículos cuya invalidez se demanda por su inconstitucionalidad. Tratándose, por ejemplo, de la designación del secretario de cualquier Consejo Distrital que se impugne por no cumplir los requisitos que marque la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el procedimiento completo tardaría, como hemos visto, treinta y ocho días, es decir, más de una tercera parte de lo que dura el proceso de preparación de la elección, con lo que el funcionario legítimamente impugnado habrá actuado durante todo ese intervalo impunemente. No huelga añadir que en el proceso electoral del Estado de Quintana Roo se instalan los Consejos Distritales en la primera semana del mes de noviembre y la jornada electoral se realiza el tercer domingo de febrero del año siguiente, esto es, la preparación de la elección dura, prácticamente, un máximo de tres meses y medio. En otro supuesto, si el acto que se intente revocar se presentara a la mitad del proceso y el consejo general dictamina en contra de la pretensión del que interponga el recurso, por lo que el partido o coalición recurre a un juicio de inconformidad a mitad del proceso de preparación de la elección, no habrá tiempo de resolver antes de la jornada electoral. Lo anterior, sin considerar que en el supuesto de que no obtenga una resolución a favor del partido político impugnante, el partido político tiene derecho a demandar el juicio de revisión constitucional, de conformidad con la fracción IV del artículo 99 de nuestra Carta Magna, cuyo trámite, lógicamente, incrementa el número de días antes señalado, por lo que al resolverse la instancia correspondiente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, difícilmente habrá una sola hipótesis en la que la resolución respectiva podría ser dictada a tiempo de reparar el acto ilegal cometido por el órgano electoral y el perjuicio habrá quedado consumado. Inconcusamente, podemos afirmar que estos términos que marca la ley en cuestión para los medios de impugnación le permitirán al Consejo Distrital tomar cualquier cantidad de acuerdos o llevar a cabo acciones, omisiones o resoluciones sin estar apegados a lo establecido por la ley que regulará el proceso electoral, lo que dejará invariablemente a los partidos políticos en total estado de indefensión, amén de que, como se ha planteado, se haría nugatorio el derecho de los partidos políticos a presentar el correspondiente juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en caso de que el Tribunal Electoral Estatal resolviera en contra del partido político actor, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 99, fracción IV, de nuestra Carta Magna. Luego entonces, impugnaciones que deberían ser sumarias, en virtud de lo breve del proceso electoral en su conjunto, prácticamente se legaliza su innecesario, irracional, inconstitucional, injustificable ¿y doloso? alargamiento, con lo cual se vuelve prácticamente imposible resarcir al partido político actor en sus vulnerados derechos. A mayor abundamiento, destaca la contradicción que encierra el mencionado artículo 72 in fine con el artículo 78, ya que mientras el primero dispone que: '... en el caso del tribunal, una vez integrado el expediente del recurso se sujetará al procedimiento señalado en el artículo 36 de la presente ley, pero resolverá en un plazo no mayor de tres días.', el artículo 78, por su parte, señala que: 'Los juicios de inconformidad deberán ser resueltos por el tribunal, dentro de los seis días siguientes a aquel en que sean admitidos.', de dicha contradicción resulta inconcuso que sólo una de esas disposiciones debe preservarse, por lo que resulta a todas luces que la idónea, por estar acorde a una mayor agilización de las instancias impugnativas, de conformidad con los textos constitucionales aplicables, es la prevista en el artículo 72 debiendo, consecuentemente, invalidarse el texto del artículo 78 cuyo plazo es injustificadamente más largo. Por lo expuesto, se concluye que los plazos fijados en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la interposición de tales medios de impugnación, concretamente para el recurso de revocación y para el juicio de inconformidad, no cumplen con el espíritu contenido en el artículo 116, fracción IV, inciso e), de nuestra Constitución Política Federal, que a la letra dice: 'e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.'. De lo anterior, se concluye ineluctablemente que el partido político impugnante, pretendiendo hacer valer su legítima inconformidad en contra de un acto o resolución de una autoridad electoral, creyendo ingenuamente en que las autoridades competentes, finalmente le darán la razón que considera le asiste y que será posible corregir a tiempo el perjuicio que le ocasiona el acto o resolución impugnado cuando se concluya el procedimiento jurisdiccional, invariablemente todos, o los de verdadera importancia como lo son aquellos en que tradicionalmente existen plazos electorales para su cumplimiento, tendrán como fin su sobreseimiento, al haberse consumado dichos plazos electorales cuando se llegue al momento de que sea dictada la sentencia en el procedimiento local. Amén de lo anterior, es evidente que no se respeta el principio rector de certeza en todas aquellas etapas de esas instancias impugnativas en las que ¿dolosa o negligentemente? no se prevé el plazo conducente, sino que se dejan indefinidos en la ley, delegándolos al criterio discrecional de la autoridad resolutora, indefinición que atenta contra la legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos constitucionales 16 y 17, respectivamente, lo que equivale a una notoria e infame denegación de justicia, por lo que se considera procedente que se determine la invalidez de los preceptos cuya inconstitucionalidad se expone en el presente. Ahora bien, si son inconstitucionales las normas transcritas, por su intención de burocratizar, aletargar y eternizar los medios de impugnación en materia electoral, procede invalidarlas en consecuencia, debiendo aplicarse en su lugar normas congruentes con las señaladas disposiciones constitucionales; luego entonces, es conveniente recordar que hemos mencionado al artículo 72 de la propia Ley Estatal de Medios de Impugnación, cuyo texto completo es: 'Artículo 72. Una vez que la secretaría general del instituto haya integrado el expediente del recurso de revocación, lo remitirá a la dirección jurídica del instituto para que ésta elabore un proyecto de resolución que someterá a su consideración, dentro de un plazo de tres días contados a partir de la recepción del recurso; en el caso del tribunal, una vez integrado el expediente del recurso se sujetará al procedimiento señalado en el artículo 36 de la presente ley, pero resolverá en un plazo no mayor de tres días.'. De lo anterior, sobresale que mientras en su primera parte dedicada a la integración del recurso de revocación, encierra una intención de prolongar la sustanciación de ese procedimiento, estableciendo una injustificable triangulación en el recurso de revocación, dándole atribuciones a funcionarios menores del Instituto Estatal Electoral, como lo son el secretario general y el director jurídico del mismo, sin tomar en cuenta a los titulares de ese órgano electoral responsables del buen funcionamiento del mismo, así como estableciendo plazos injustificados para la sustanciación del recurso de revocación, en su parte final, dedicada a la resolución que deberá dictar el tribunal local, demuestra el propósito de agilizar el procedimiento conducente, dándole al tribunal un plazo de tres días para que dicte la resolución correspondiente; luego entonces, al no haber justificación para aplicar criterios diferentes para una instancia y la otra, al invalidarse la aludida primera parte del referido artículo 72 por inconstitucional, preservándose exclusivamente la parte final de ese artículo, debiendo incluirse en ese texto que ahora se encuentra al final del invocado artículo 72 al Instituto Estatal Electoral, es decir, que a ese órgano electoral se le concedería el mismo término que se le confiere al Tribunal Electoral Local para dictar la resolución correspondiente. Asimismo, sobresale que en la fracción I del invocado artículo 33, se menciona que el órgano electoral que reciba un medio de impugnación deberá remitir, por la vía más expedita, al secretario ejecutivo del instituto, una copia del escrito en el que conste el medio de impugnación recibido; sin embargo, de acuerdo a la recién publicada Ley Orgánica del Instituto Estatal Electoral, no existe en dicho organismo ningún funcionario así denominado, sino únicamente un secretario general, como se menciona en el artículo 35 de la ahora combatida Ley Estatal de Medios de Impugnación y en la fracción II del artículo 49 de la Constitución Local; en consecuencia, al mencionar ese texto a un funcionario inexistente del instituto, igualmente debe declararse su invalidez. Segundo. Norma general cuya invalidez se reclama. La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, particularmente en lo que se refiere al contenido de los artículos 26 y 28. Medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada. El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de fecha 27 de agosto de 2002, tomo II, número 24, 6a. Época. Preceptos constitucionales violados. Mediante la emisión y promulgación del Decreto 8 que crea la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral se violenta el espíritu y la letra de los artículos 41 y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estipula que los órganos electorales deberán regirse bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como lo preceptuado por el artículo 16, en su primer párrafo y por el artículo 17, ambos del mismo ordenamiento, este último en su segundo párrafo previamente reproducido. Preceptos legales. Los preceptos legales aprobados cuya invalidez se combate son los artículos 26 y 28 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo tenor literal es el siguiente: 'Artículo 26. Los medios de impugnación deberán interponerse por escrito ante la autoridad responsable del acto o resolución que se impugna, el cual deberá cumplir, además, con los siguientes requisitos: '... VII. Expresar claramente los agravios que considere le causa el acto o resolución impugnada; ... XI. Acompañar las copias del escrito que contenga el medio de impugnación y copia de las pruebas técnicas y periciales que se ofrecen, junto con los documentos y materiales necesarios, para correr traslado a las partes. ...'. 'Artículo 28. Se desechará de plano el medio de impugnación, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en las fracciones I, VII y X del artículo 26 de esta ley.'. La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral debe expresar con toda objetividad y certeza los requisitos para que sean admitidos tales medios, sin dejar al criterio discrecional y totalmente subjetivo del juzgador si se cumple o no con ellos, considerando que, en caso de que éste crea que se incumple con tal requisito, determinaría su desechamiento, con el consecuente perjuicio para el impugnante. El artículo 26, fracción VII, de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona, exige que el impugnante exprese claramente los agravios que considere que le causan el acto o resolución que impugna; ahora bien, dicho precepto no establece el criterio que deberá observar el Magistrado competente del tribunal local, para determinar si el agravio está claramente expresado o no, lo que repercute en una total discrecionalidad del juzgador para arribar a esa determinación y, en consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 28 de esa misma ley estatal, decretar de plano el desechamiento del medio de impugnación, pudiendo incluso llegar a ser caprichosa, arbitraria y hasta dolosa, hipótesis cuya realización en la práctica no se puede soslayar, dada la trascendencia del precepto que se combate por este medio y su repercusión en la sociedad y democracia quintanarroense, lo que atenta contra la seguridad jurídica y los principios rectores del proceso electoral: certeza, objetividad, legalidad e incumple con la garantía de seguridad jurídica contemplada en el artículo 17 constitucional, incluso incumple con lo dispuesto por la fracción V, primer párrafo, del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que prevé que la ley establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten invariablemente al principio de legalidad y a lo dispuesto por dicha Constitución. En consecuencia, del texto de la invocada fracción VII, lejos de desprenderse que se garantice el apego al principio rector de certeza, el que está obligado a cumplir, acorde a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de nuestra Carta Magna, se deriva la posibilidad de que se generen determinaciones, por parte de la instancia resolutora, que sean completamente ajenas al principio de legalidad, rector en la materia electoral por disposición constitucional, dejando en estado de indefensión al partido político impugnante, denegándole justicia, con el 'fundamento' que le provee injustamente la fracción VII del citado artículo 26 y el artículo 28, ambos de dicha ley estatal. Enseguida, se reproduce el texto de la jurisprudencia dictada por el tribunal competente en la materia, que hace inaplicable el texto cuya constitucionalidad se cuestiona, y que evidencia el desconocimiento intransigente del legislador local al respecto, y que vuelve irracional la insistencia de imponer en la ley el invocado inciso VII del artículo en cuestión. 'AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.'. Jurisprudencia. Tipo de tesis: Jurisprudencia. J.03/2000. No. de tesis: J.03/2000. Electoral. Materia: Electoral. 'En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el Juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. Coalición integrada por los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000. Coalición Alianza por Querétaro. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Tesis de jurisprudencia J.03/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por unanimidad de votos.'. De lo anterior, es indiscutible que procede declarar la invalidez de los textos de los artículos de la ley local, cuya inconstitucionalidad es sumamente notoria, toda vez que de ellos surge la posibilidad de que se generen injustos y múltiples desechamientos 'de plano', a priori, por parte de la instancia resolutora, evitando entrar al análisis de fondo de la controversia planteada, con la excusa de una ambigua falta de claridad en los agravios expresados. Ahora bien, la fracción XI del artícul

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17505-b14fefe6/instituto-electoral-del-estado-de-quintana-roo-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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