INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN DE DICHO ESTADO, EN CUANTO ESTABLECE QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE ESE INSTITUTO DURARÁN EN SU CARGO DOS PROCESOS ELECTORALES Y QUE PUEDEN SER RATIFICADOS POR UN PERIODO MÁS, INFRINGE EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN DE DICHO ESTADO, EN CUANTO ESTABLECE QUE EL CONSEJO GENERAL DE DICHO INSTITUTO DEBE PROPONER AL CONGRESO ESTATAL, PARA SU APROBACIÓN POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES, LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CADA DISTRITO ELECTORAL, INFRINGE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODA VEZ QUE A AQUEL ORGANISMO LE CORRESPONDE DEFINIR LA GEOGRAFÍA ELECTORAL DEL ESTADO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2002 Y SU ACUMULADA 19/2002. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito y oficio presentados el quince de agosto de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosario Robles Berlanga, quien se ostentó con el carácter de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó con el carácter de procurador general de la República, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnada:
El Congreso del Estado de Quintana Roo.
Gobernador del mismo Estado.
Norma cuya inconstitucionalidad se demanda:
Las reformas y adiciones a los artículos 49, 53, 54 y segundo transitorio de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, contenidas en el Decreto Número 7, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de julio de dos mil dos.
SEGUNDO. El Partido de la Revolución Democrática señaló como antecedentes los siguientes:
"Primero. Durante la sesión de fecha dieciséis de julio de 2002, celebrada por la X Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado (sic) de Quintana Roo, se concluyó la aprobación del Decreto 7, a través del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a raíz y con motivo de la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Segundo. Durante este proceso los diputados del Partido de la Revolución Democrática a la X Legislatura votaron en contra de las reformas aprobadas."
El procurador general de la República no señaló antecedentes.
TERCERO. El Partido de la Revolución Democrática señaló los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. El artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo contraviene lo dispuesto en nuestra Carta Magna, a la luz de los siguientes argumentos de derecho: I. La relación entre población y sistema de elección por mayoría relativa. Tal como argumentamos ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 6/98, sostenemos que la Constitución limita a dos los principios electivos aplicables en la integración de las Legislaturas Locales. Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 116, entre otros conceptos pertinentes para el asunto que nos ocupa, el de que los diputados integrantes de las Legislaturas Locales podrán ser elegidos por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. Ahora bien, siendo facultad soberana de los Estados establecer los términos específicos para la aplicación de estos dos principios, las modalidades que éstos adopten deben cumplir con el fin para el cual fueron establecidos. Así fue señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el noveno considerando de la resolución recaída sobre la citada acción de inconstitucionalidad 6/98, pp. 104 y 105: '... no existe imperativo para imponer a los Estados un modelo específico para la instrumentación de los sistemas de elección que dispone la Constitución Federal, sin embargo, por mayoría de razón y siguiendo el espíritu de las disposiciones constitucionales que los establecen, debe asegurarse que los términos en que se consideren en la legislación estatal permitan su real vigencia, acorde con el sentido que el Poder Revisor de la Constitución quiso darles, pues no puede admitirse que para cumplir con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal, es suficiente con que las Legislaturas de los Estados dispongan que las elecciones se sujetarán a los principios de mayoría relativa y de proporcionalidad, sino que es necesario, además, que las normas que desarrollen estos principios cumplan real y efectivamente con el fin para el que fueron establecidos, sin perjuicio de las modalidades que cada Legislatura Estatal quiera imponerles, pero sin desconocer su esencia.'. De este modo, es necesario realizar un análisis sistemático de la Carta Magna a fin de determinar los elementos que el Poder Revisor de la Constitución considera esenciales para dar vigencia a los principios aludidos. Con este criterio, la propia Suprema Corte, en el considerando décimo de la citada resolución, desarrolla un análisis del artículo 54 constitucional a fin de encontrar las bases fundamentales que se estiman indispensables en la observancia del principio de representación proporcional y del cual derivó ulteriormente la tesis P./J. 69/98, que dice: 'La abundancia de criterios doctrinarios así como de modelos para desarrollar el principio de representación proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en tratándose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación.'. De manera análoga, un análisis sistemático de las disposiciones constitucionales es pertinente para determinar, también, las bases indispensables para la observancia del principio de mayoría relativa. Este análisis debe incluir, en todo caso, el de los contenidos de los artículos 53 y 116 del Máximo Ordenamiento jurídico federal. La igualdad del derecho al voto de los mexicanos es un elemento sustancial del sistema de elección por mayoría relativa de los integrantes de una cámara de representantes. Dentro de nuestro régimen constitucional cada ciudadano tiene, en principio, idéntico derecho de decisión a través de su voto. El voto de cada mexicano tiene el mismo peso y valor. Esta identidad del derecho de decisión se deriva de la igualdad jurídica de los mexicanos establecida en el artículo 1o. de la Constitución, en relación con la universalidad del derecho al ejercicio del voto activo, establecido en la fracción I del artículo 35 del mismo ordenamiento, y con el principio general de equidad. Esta igualdad básica del voto se ha traducido a lo largo de nuestra historia constitucional, y para efectos de la conformación de la representación nacional, en sucesivas normas particulares que la garantizan como elemento integral del sistema de mayoría relativa. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, en su artículo 53 establecía: 'Se nombrará un diputado por cada cuarenta mil habitantes, o por una fracción que pase de veinte mil. ...'. Esta disposición pasó con pocas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al momento de su promulgación en 1917 ordenaba: 'Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada sesenta mil habitantes o por una fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada Estado y territorio. ...'. A través de sucesivas reformas, consecuencia del crecimiento demográfico, las cifras establecidas en el citado precepto se modificaron de la siguiente manera: en 1928 se incrementó a 100 mil o fracción mayor de 50 (sic); 1942, 150 mil o fracción mayor de 75,000; 1951, 170 mil o más de 80 mil; 1960, 200 mil o más de 100 mil y 1976, 250 mil o más de 125 mil. A lo largo de estas reformas se sostiene el concepto general de dar a cada Estado o territorio una representación en la Cámara de Diputados proporcional a su número de habitantes. Con esta correspondencia aritmética directa de peso del voto de cada mexicano resulta en principio idéntico. Ahora bien, existen limitantes sociológicas reales -como el que el número de habitantes de los Estados y territorios no corresponde, salvo improbables excepciones, a un múltiplo exacto de la base poblacional, o como las variaciones demográficas entre censo y censo- cuyo efecto es la conformación de distritos con diferente número de habitantes, en donde, por consecuencia, se constituyen diputados a partir de un número mayor o menor de electores, diferenciando el peso del voto de cada ciudadano en función de ello. Esto es, en la práctica, la constitución de un diputado requerirá el voto de más ciudadanos en un distrito con más población que en un distrito con menos población, diferenciando así el peso relativo que el voto de cada ciudadano tiene dentro de la votación distrital; cada voto representa una proporción mayor de la decisión en los distritos con menos votantes potenciales. Siendo el efecto de estas variables reales imposible de eliminar, éste se encuentra limitado a cierto rango de variación, manteniendo la lógica central de dar en la práctica a cada voto la mayor igualdad de peso de decisión posible. Con el paso del tiempo y al vincularse a reformas más generales al sistema electoral, la base poblacional absoluta -de la que consecuentemente derivaba una variabilidad en el número de diputados a elegir- fue sustituida por una base poblacional relativa, en un número fijo de distritos electorales. Al reformarse en 1977 el contenido del artículo 52, pasó al 53 con el siguiente texto: 'Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población ...'. Como se puede ver, la nueva norma, que es la que se encuentra en vigor actualmente, al establecer una base poblacional derivada de la división de la población entre los distritos, mantiene el concepto de constituir, en principio, distritos con idéntico número de habitantes y, por consecuencia, de reconocer a cada ciudadano idéntico poder de decisión a través del voto. Al igual que la norma previa, esta identidad en principio está sujeta a condiciones demográficas reales que imponen variaciones semejantes a las descritas líneas arriba, pero que, en tanto variaciones del principio general, no cancelan la igualdad en principio del peso de decisión del voto de cada mexicano. Estudiado en correlación con el artículo 53 constitucional la fracción II del artículo 116 del mismo ordenamiento no hace expresa la condición de igualdad en principio del número de habitantes por distrito electoral local y, de hecho, no hace referencia alguna a esta demarcación territorial; sin embargo, estos dos elementos (la existencia de distritos uninominales y la igualdad poblacional para su delimitación), quedan implícitos al ordenar el establecimiento del principio de mayoría relativa en la conformación de las Legislaturas Locales. Incluso, al identificar las bases generales del sistema de representación proporcional, la Suprema Corte reconoce implícitamente, en la base general quinta de la citada tesis P./J. 69/98, que los diputados de mayoría relativa tendrán que elegirse en distritos uninominales: 'Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales.'. Esta interpretación constitucional asume que de los diversos mecanismos posibles para la elección de los diputados de mayoría relativa, el único que se ajusta a la constitucionalidad mexicana es el que se desarrolla a partir de la votación en distritos uninominales. Resulta aquí pertinente, como punto de comparación, ejemplificar algunos mecanismos de elección de mayoría relativa no uninominal: En nuestro país, por mandato constitucional, los Ayuntamientos se eligen por votación mayoritaria relativa plurinominal, es decir, independientemente de la participación en la integración del Ayuntamiento de regidores de representación proporcional, los miembros del Ayuntamiento correspondiente a la mayoría electoral son: 1) electos por mayoría relativa y, 2) electos por una planilla, es decir, electos en conjunto plurinominalmente. Asimismo, los senadores de la República electos por mayoría son actualmente: 1) electos por mayoría relativa y, 2) electos binominalmente. En el caso de Paraguay la representación nacional se elige por un sistema mixto, en el que dos terceras partes de los escaños: 1) son asignados al partido que obtiene la mayoría relativa y, 2) se eligen de listas plurinominales registradas por partido, en tanto que la restante tercera parte se elige por representación proporcional, en un sistema extraordinariamente parecido al utilizado en varios Estados de la República mexicana para la elección de Ayuntamientos (Sartori, Giovanni, 1995 'Ingeniería Constitucional Comparada' p. 19). Por otra parte, la propia fracción II del artículo 116 constitucional pone de manifiesto la concepción general de que en la constitución de cada diputado local uninominal deben participar, en principio, un mismo número de ciudadanos, al ordenar que el número de representantes de las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno. Este precepto, escasamente obedecido en la práctica, hace no obstante evidente que el criterio de un mismo número de electores en la constitución de un diputado local se encuentra tan indisolublemente vinculado al principio de mayoría relativa que el Constituyente lo ha prescrito, incluso, como condición en la elección de diputados a distintas Legislaturas Estatales, es decir, a distintos cuerpos colegiados. De lo anteriormente expuesto se concluye que el establecimiento de un número idéntico, en principio, de habitantes por distrito uninominal, es un elemento integral del sistema de elección de diputados de mayoría relativa en el régimen constitucional mexicano. II. Número mínimo de distritos por Estado. El artículo 53 de la Constitución establece en la distribución de los distritos uninominales entre las entidades federativas, el límite menor de dos diputados: 'Artículo 53. ... La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso de representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría. ...'. El antecedente directo de esta disposición se encuentra en la Constitución de 1857, que en su artículo 53 señalaba: '... El territorio en que la población sea menor de la que se fija en este artículo, nombrará sin embargo un diputado.'. En 1917, la norma pasó a la nueva Constitución en su artículo 52, donde permaneció intacta hasta 1977, año en que el mínimo estatal se elevó de uno a dos diputados de mayoría relativa, al incluirse el concepto en el artículo 53 con la redacción que, en lo particular, mantiene hasta el día de hoy. La disposición en comento presenta dos características centrales: 1) Es una expresión directa del régimen federal que primero garantizó que ningún Estado quedase fuera de la representación nacional, y al incrementarse significativamente el número de distritos uninominales con la reforma política de 1977, garantizó a cada Estado una representación base mínima. La ausencia de esta norma hubiera permitido la exclusión de la representación nacional de alguna de las partes integrantes de la Federación, vulnerando en lo esencial el Pacto Federal, por lo que su establecimiento, en su forma original o en su ulterior evolución, tiene como finalidad expresa tutelar la integridad de dicho pacto. 2) Dado el alto número de diputados uninominales a elegir (196 en los últimos momentos de aplicación del mínimo de un diputado, 300 a partir del mínimo de dos diputados) y el reducido número de Estados susceptibles de requerir la aplicación de esta asignación de excepción, su aplicación tiene un efecto muy menor en el tamaño de la gran mayoría de los distritos, distorsionando de manera insignificante el peso del voto de cada ciudadano al interior de cada uno de los distritos. Así, por ejemplo, en el último proceso federal de distritación, solamente tres Estados (Baja California Sur, Campeche y Colima) requirieron de la adjudicación compensatoria de un diputado cada uno para alcanzar el mínimo constitucional de dos. Si se considera que tres diputados representan tan sólo el 1% del total de diputados de mayoría relativa, y que el efecto de esta redistribución se distribuye entre los 294 distritos pertenecientes al conjunto de las entidades que no participaron de la redistribución, tenemos que la distorsión numérica promedio de la proporción de electores por distrito es de 0.0034% del total de electores nacional, es decir, de menos de 4 milésimas del total nacional de votos por distrito. Como consecuencia, podemos afirmar que la aplicación de bases mínimas de distribución de diputados uninominales protege el Pacto Federal sin afectar la identidad, en principio, del peso del voto de cada ciudadano. Sin embargo, la aplicación de normas textualmente semejantes en la demarcación de distritos electorales locales, como podría ser el establecimiento de un número mínimo de distritos uninominales por Municipio, no podría, por definición, tutelar los mismos bienes jurídicos, en tanto los Municipios no son partes federadas de los Estados y en la medida que su establecimiento necesariamente deformaría en muy alto grado de igualdad básica del peso del voto de cada ciudadano, dado el reducido número de distritos uninominales locales frente al número de Municipios en cualquier Estado de la Federación. En efecto, si a nivel nacional la proporción entre número de distritos federales uninominales y número de entidades federativas es de 9.375:1 (casi diez distritos por cada entidad), a nivel local esta proporción difícilmente alcanza proporciones 2:1 (dos distritos por cada Municipio), siendo frecuentes los casos inversos, hasta extremos como el de Yucatán de 0.14:1 (menos de dos décimas de distrito por Municipio). Si a esto agregamos que las diferencias en cuanto a número de habitantes entre Municipio y Municipio presentan siempre grandes contrastes, y que pueden ser abismales, llegando a representar algunas de estas poblaciones totales cercanas a la milésima parte de la del Municipio más poblado en ciertos Estados, podemos concluir que la aplicación de una norma de distribución mínima de distritos uninominales locales por Municipio se contrapone al principio constitucional de dar a cada elector una capacidad básicamente igual de decisión. Además, representaría una condición de inequidad en la competencia electoral, ya que a partir de la obtención de votos en Municipios pequeños, un partido con minoría electoral podría obtener una mayoría en la representación estatal, en detrimento de un partido con mayoría relativa que obtuviera sus triunfos en Municipios altamente poblados. La excesiva diferencia en el tamaño de los distritos puede generar efectos de sobrerrepresentación aún más pronunciados que los que se pueden producir a través del sistema de representación proporcional. El establecimiento de distritos a partir de poblaciones en principio iguales, y no en bases municipales, tiene un efecto de limitación de la sobrerrepresentación y de garantía de equidad análogo al límite de sobrerrepresentación establecido para la representación proporcional y al que nos referiremos en el segundo concepto de invalidez de este escrito. Con base en lo anterior podemos afirmar que la garantía de un mínimo de distritos uninominales por Estado es un elemento integrante del sistema de mayoría relativa pertinente, exclusivamente en la conformación de la representación nacional. III. El orden de las normas de conformación de la representación estatal. En su segundo párrafo el artículo 116 constitucional establece: 'Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ...'. De este modo, por mandato constitucional las normas orgánicas fundamentales para la conformación de la Legislatura Local del Estado de Quintana Roo deberán encontrarse en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y, desde luego, no en ningún otro tipo de ordenamiento, incluyendo la legislación secundaria. Por tanto, las bases generales que establecen los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, derivados de los artículos 52, 53, 54 y 116 de la Constitución y dentro de los cuales se incluye la de dar a cada elector el mismo peso en principio en la definición de los diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa, como ya señalamos en el punto I antecedente, son de orden constitucional local y, por tanto, deben expresarse precisamente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Por lo expuesto en los puntos I, II y III del concepto de invalidez primero del presente escrito, afirmamos que: es inconstitucional el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que al fijar las bases para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales omite disponer que éstos deberán de incluir, en principio, a un número igual de electores. Segundo. El artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo contraviene lo dispuesto en nuestra Carta Magna, a la luz de los siguientes argumentos de derecho: I. Los límites a la sobrerrepresentación. En el punto I del concepto de invalidez primero de este escrito, hemos establecido ya que el principio de representación proporcional es uno de los dos únicos constitucionalmente aceptados para la conformación de las Legislaturas de los Estados, y que, sin embargo, las bases generales para que se considere que estos principios son en efecto vigentes se derivan de la Constitución Federal, en los términos señalados por la Corte en la tesis P./J. 69/98. En el caso del principio de representación proporcional, se garantiza la equidad en la participación del ciudadano en la definición de la representación, al establecer el artículo 54 constitucional un límite de 8% a la sobrerrepresentación de un partido político, reasignando los diputados así no atribuidos a los demás partidos en forma proporcional. Este margen limita, como excepción a la regla general, la independencia entre la asignación de diputados plurinominales y las constancias de mayoría relativa obtenidas, proscribiendo el que la distribución de los primeros resulte en que un partido político pueda obtener una proporción de la Cámara de Diputados superior en más de un 8% a la proporción de votos obtenidos a nivel nacional. Esto es, para un partido de esta condición, la asignación de plurinominales sí depende del número de constancias de mayoría obtenidas. Con esto se da al principio de proporcionalidad un efecto general sobre el sistema de integración, como ya lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el considerando décimo de la acción de inconstitucionalidad 6/98, pp. 118 y 119. '... la proporcionalidad en materia electoral, más que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación. ...'. El límite a la sobrerrepresentación es la garantía de niveles mínimos de proporcionalidad en el peso final de decisión del voto del ciudadano: Ya que los diputados uninominales deciden por mayoría relativa, es evidente que no existe proporción aritmética directa entre el porcentaje de votación obtenido por cada partido, el número de distritos uninominales en los que con esa votación obtiene triunfos y, consecuentemente, la proporción de integrantes de la Cámara que, con dicha votación y por el sistema de mayoría relativa, ese partido obtiene. Al asignar a cada partido diputados plurinominales adicional e independientemente de sus triunfos de mayoría, cada partido incrementa la proporción de integrantes de la Cámara que acredita. En diversos casos, el porcentaje final de diputados a obtener por algún partido político podría superar el porcentaje de votos obtenido, produciendo el fenómeno conocido como sobrerrepresentación. El límite del 8% establece el margen superior de sobrerrepresentación que el Constituyente considera legítimo. Así, por ejemplo, con un 45% de la votación nacional un partido podría obtener el triunfo de mayoría relativa en 250 de los 300 distritos uninominales, con lo que con el 45% de la votación obtendría el 50% de la Cámara. Al participar en la asignación de diputados plurinominales en forma adicional e independiente de sus triunfos de mayoría relativa, este partido obtendría 90 de los 200 diputados a distribuir, los cuales representan un 18% de los integrantes de la Cámara de Diputados. Por ambos principios el partido en cuestión obtendría el 68% de la Cámara, es decir, 23% más que su porcentaje de votación. Sin embargo, al aplicar el límite constitucional del 8%, el total de diputados plurinominales acreditables para el partido en comento se restringiría al 3% (que sumado al 50% del total de diputados ya obtenidos por la vía uninominal, resultaría en un 53% de integrantes de la Cámara con un total del 45% de los votos), redistribuyendo proporcionalmente, entre los partidos que a ello tuvieran derecho, el restante 15% (los diputados no asignables por haberse alcanzado el límite de sobrerrepresentación). Este límite a la sobrerrepresentación es una expresión del derecho del ciudadano de tener, a través del voto, una capacidad de decisión equitativa sobre la proporción en que los partidos políticos habrán de integrar la Cámara de Diputados. Es el límite al monto en que el voto de un conjunto de mexicanos puede reflejarse desproporcionalmente en la definición de los individuos y partidos que integran la representación nacional. Como resultado natural del sistema de mayoría relativa, el conjunto de ciudadanos que sufraga por partidos con minoría, si bien participa en condiciones de igualdad en la elección del diputado correspondiente, por definición de la elección uninominal no ve reflejada su voluntad personal en la voluntad mayoritaria que decide la persona que es electa y el partido triunfador. Su voluntad personal, distinta de la de la mayoría relativa, sólo se puede reflejar en la constitución de la representación nacional a través de los 200 diputados plurinominales electos según el principio de representación proporcional. El límite en comento establece un rango general de equidad en la integración del conjunto de la Cámara, en donde si bien el peso de decisión (la voluntad individual y específica del ciudadano de ser representado por un partido en particular) no se refleja de forma totalmente proporcional (lo cual sólo ocurriría si a porcentajes idénticos de votos correspondieran proporciones idénticas de integrantes de la Cámara, haciendo que cada voto tuviera idéntico peso en reflejar la voluntad individual del elector dentro de la decisión colectiva), su desproporción se limita a la que resulte de una sobrerrepresentación de un 8%. Así, por ejemplo, bajo ciertas condiciones de triunfos uninominales y de distribución de diputados plurinominales, un 42% de electores que sufragaran por un partido podría decidir quiénes ocuparían el 50% del total de diputaciones, mientras que el 58% de electores de otros partidos decidirían quiénes ocuparían el otro 50% de curules. El voto del 42% decide finalmente lo mismo que el voto del 58%. En este ejemplo, mientras que los electores de la mayoría necesitarían del 0.84% del total de los votos nacionales para decidir quién ocuparía el 1% de los espacios de la Cámara, los electores de las minorías requerirán el 1.16% para constituir el mismo porcentaje de la Cámara en cuestión. Es decir, un elector mayoritario tendría una fuerza de decisión de 1.38 electores opositores. El voto emitido por el partido mayoritario tiene un mayor peso de decisión que el voto emitido por los partidos minoritarios; sin embargo, esta desigualdad en la fuerza de decisión será constitucionalmente legítima en tanto que resulte de una desproporción no mayor del 8%
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17497-33456bd8/instituto-electoral-del-estado-de-quintana-roo-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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