Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO POR EL DECRETO 708, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES NO ESTABLECE DE MANERA CLARA Y PRECISA LAS BASES PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2002. · Registro digital (IUS): 17394
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 1239.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2002. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de diciembre de dos mil dos.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinticinco de octubre de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosario Robles Berlanga, quien se ostentó como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se indica, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:

"Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas: La XLVIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. Órgano ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron: Se reclama la invalidez del artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos, que inició su vigencia por medio del Decreto Setecientos Ocho por el que se modifican diversos artículos del Código Electoral para el Estado de Morelos, de fecha 26 de septiembre del año dos mil dos, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial, órgano de publicación del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos el 27 de octubre (sic) de dos mil dos."

SEGUNDO. En la demanda se expusieron, en lo medular, como antecedentes:

"1. El pasado 17 de septiembre del año en curso, los diputados que integran el grupo parlamentario de Acción Nacional presentaron iniciativa con proyecto de decreto, por el cual proponen modificar, derogar y adicionar diversos artículos del Código Electoral para el Estado de Morelos. 2. Como se advierte de la iniciativa que se acompaña al presente ocurso, los iniciadores plantearon, entre otras reformas, modificar una parte del artículo 22 del código, en los siguientes términos:

Ver texto 1

"Así, fue voluntad del iniciador conservar las fracciones II a VI del artículo 22, entonces vigente. Se entiende, por tanto, que el espíritu de la propuesta se circunscribió a incorporar una modificación al umbral que prevé que quienes alcancen un 5% (anteriormente establecía un 3%) ‘tendrán derecho a participar en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, siempre y cuando acrediten la postulación de candidatos de mayoría relativa, en cuando menos doce distritos electorales’. Asimismo, en la fracción que sigue, los autores de la iniciativa propusieron que ‘al partido que cumpla con lo dispuesto con el párrafo anterior y no obtenga del 5% al 15% de la votación estatal emitida, se le asignará, una sola vez, un diputado de representación proporcional’. Es decir, la propuesta no tuvo el propósito de cambiar la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional prevista en las fracciones IV y V, sino simplemente adicionar dos fracciones. A mayor abundamiento y muestra de lo anterior, la exposición de motivos de la iniciativa de referencia en ningún espacio de su contenido se refiere o expone la motivación de reformar no sólo las fracciones que alegamos inconstitucionales, sino que no tiene ninguna referencia al artículo 22 del Código Electoral. Al respecto, me permito transcribir dicha exposición de motivos. ‘En el marco de la transparencia, honestidad y legalidad que exigen los nuevos tiempos políticos, es importante avanzar en una reforma electoral, legislando a favor de la claridad en la aplicación de los recursos públicos que vía prerrogativas son entregados a los partidos políticos, y no quede ninguna duda ante los ojos de los ciudadanos sobre el actuar en esta materia de los diferentes partidos políticos, y que éstos, a su vez, tengan la responsabilidad de rendir cuentas claras ante el órgano electoral, para corresponder a las demandas de una sociedad que cada vez es más crítica y reflexiva ante estos procesos. Las entidades de interés público tienen la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos, donde los diferentes actores de los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de actuar con apego a la honestidad y a la transparencia, porque es una de las formas de garantizar a la población la credibilidad en los procesos y constituye un medio de legitimación y, por consiguiente, produce confianza en la autoridad electa y la compromete al servicio de un pueblo que quiere vivir la democracia. Buscamos institucionalizar los mecanismos que demanda la democracia, para que ésta no sea rehén de nadie y para que de cara a la sociedad los procesos electorales sean: limpios, transparentes y, sobre todo, prevalezca la voluntad del pueblo sin tacha, ni incertidumbres. Pretendemos atender al precepto plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción I. «Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.». Precisamente porque los partidos políticos son entidades de interés público, es necesario que éstos se sujeten a mecanismos de transparencia, en donde los ciudadanos deben de conocer dentro de los límites de la ley, el origen y destino de los recursos públicos. Resulta importante que los partidos políticos presenten en tiempo y forma ante las autoridades competentes sus informes financieros y en caso de que no se cumpla con los términos, existan sanciones que obliguen a las organizaciones políticas que cumplan con los principios de legalidad y transparencia para no dejar ninguna duda sobre la aplicación de los mismos, así como también es indispensable garantizar a los ciudadanos que los recursos públicos sean utilizados para los fines que les fueron entregados, y si existió un desvío de éstos sean sancionados los responsables ante las autoridades competentes, incluso hasta con la pérdida de su registro por anomalías recurrentes como se presenta en la iniciativa de reforma al artículo 55. Se incluye dentro de la iniciativa que se presenta, el permitir la práctica de auditorías y verificaciones por conducto de la Comisión de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral integrada por consejeros del mismo, a fin de verificar que la información que se presente en los informes anuales y de campaña sea fidedigna. Estas verificaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de los partidos políticos cuando así lo ordene la autoridad electoral en materia de financiamiento, resaltando que la rendición de cuentas de las instituciones públicas a los ciudadanos es uno de los pilares de la democracia; por ello, Acción Nacional propone nuevos y mejores mecanismos para que los partidos políticos sean fiscalizados. Es necesario precisar el monto total del financiamiento público que recibirán los partidos políticos, evitando ambigüedades en la interpretación del mismo, esto en función del padrón electoral y del salario mínimo vigente en la zona económica a la que corresponde nuestra entidad, y dentro del marco de austeridad que vive la nación y, en consecuencia, nuestro Estado, se busca ser congruentes con la responsabilidad pública y los intereses prioritarios de los ciudadanos, por lo que proponemos la reducción a un cincuenta por ciento de salario mínimo vigente contemplado en el artículo 68. Importante consideramos también la transparencia no sólo en el manejo de los recursos públicos, sino también por lo que respecta a recursos económicos provenientes de aportaciones privadas, que éstas no tengan objeción, ni exista la duda de ningún tipo, en relación (sic) a su origen y destino, previsto esto en el artículo 70. Asimismo, para eficientar el trabajo en el Consejo Estatal Electoral es necesaria la integración de comisiones permanentes, comisiones provisionales, destacando en las primeras: organización electoral y partidos políticos; capacitación electoral y educación cívica; administración y servicio profesional electoral, y fiscalización, formadas éstas por los mismos consejeros electorales y el personal técnico apropiado. Por lo que serían los artículos 93 bis adicionados al artículo 93. Las comisiones permanentes deberán ser integradas únicamente por los consejeros electorales con la finalidad de que se profesionalice y especialice la función de cada uno de los consejeros electorales y se tenga al personal capaz para cada una de las tareas; por otra parte, sería un absurdo que los partidos políticos participen en la comisión de fiscalización cuando son precisamente los partidos políticos a los que se les practiquen auditorías, o que los partidos políticos influyan en la decisión de qué personas ameritan un nombramiento en virtud de que son tareas administrativas y que deberán de estar claramente reglamentadas en el estatuto del servicio profesional electoral para evitar favoritismos y canonjías, es decir, los actos y decisiones en estas materias deberán de estar libres de cualquier influencia directa o indirecta de los partidos, respetando el espíritu de la autonomía del órgano electoral, para que éste pueda cumplir con el mandato constitucional de ser un órgano autónomo, libre de sujeción a cualquier partido político, incluso a cualquiera de los poderes tradicionales contemplados. En las comisiones provisionales, como pueden ser la comisión de reglamentos y otras que se puedan presentar en forma circunstancial, es importante incluso que participe el consejo en Pleno, es decir, que participen los cinco consejeros, el secretario ejecutivo y los representantes de los partidos políticos en virtud de que es de interés común, además la no inclusión de la mayoría de los integrantes del Consejo Estatal Electoral adolecería la resolución o dictamen, según sea el caso, del consenso. Siendo éstas además temporales. Importante es decir que esta iniciativa contempla con mayor claridad la interposición de los recursos previstos en los artículos 234, 234 bis, 235 y 236. Esto para evitar imprecisiones en los mismos y agilizar la justicia electoral. Asimismo, se adiciona el título décimo quinto, donde se trata de los medios de apremio y de las correcciones disciplinarias, donde los Magistrados podrán hacer cumplir sus determinaciones con los medios que consideren eficaces. En México, el proceso democratizador que se desarrolló a lo largo de las últimas dos décadas descansó sobre dos premisas: la necesidad de construir un sistema de partidos y la construcción de una base legal y constitucional que garantizara la soberanía del sufragio, darle sustento jurídico a los partidos. Sin embargo, esto ya fue superado y es una realidad: en México y en el Estado de Morelos el sistema plural de partidos, por lo que es responsabilidad de este Congreso Local para que el Consejo Estatal Electoral, que ha sido una expresión de un Estado que quiere consolidar y transitar en forma definitiva a la democracia tenga: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en todo el proceso electoral y los partidos políticos deben de coadyuvar en forma recíproca para dar certidumbre a la población de su actuación, cumpliendo el ordenamiento en materia electoral, promoviendo la legalidad, la transparencia y la honestidad desde el mismo centro de la actuación político-electoral. Este H. Congreso Local donde se manifiestan y están representadas todas las expresiones políticas más importantes del Estado de Morelos, tiene la responsabilidad de elaborar un proyecto común de Estado, donde se logre la consolidación del Estado de derecho y la transición al Estado democrático de derecho. Por todo lo anteriormente expuesto y con las facultades que nos confieren los ordenamientos antes invocados, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente’. 3. Por lo que hace al procedimiento legislativo, la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación integrada por tres legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que es el órgano colegiado plural encargado de elaborar el dictamen respectivo, celebró una reunión en la cual se dio a conocer un proyecto que aprueba la iniciativa en comento. Es el caso que sin argumento alguno y sin cumplir el procedimiento legislativo formal, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación modificaron sustancialmente el sentido de la iniciativa para quedar como sigue:

Ver iniciativa

"4. Como se puede observar el dictamen carece de motivación en relación con explicar por qué se suprimió el texto que señala ‘el cociente natural es el resultado de dividir la votación estatal efectiva entre el total de diputados integrantes del Congreso’ y se modificó la fracción V del artículo 22 sin que siguieran los legisladores el procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento. Del dictamen tampoco se desprende razón alguna, pues en el mismo lo único que hicieron los diputados que aprobaron el dictamen fue transcribir con ligeros cambios la misma exposición de motivos de la iniciativa. 5. Cabe hacer la observación que en la sesión del 26 de septiembre del año en curso en que fue aprobada la iniciativa, fue aprobada por mayoría la propuesta que en lo particular presentó el diputado Sergio Álvarez Mata, coordinador de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el sentido que se suprima del dictamen la fracción IV que señalaba que: ‘al partido que cumpla con lo dispuesto con el párrafo anterior y no obtenga más del 10% de la votación estatal emitida, se le asignará, una sola vez, un diputado de representación proporcional’, propuso además que se recorrieran las fracciones precedentes para quedar como sigue:

Ver dictamen

"6. Como resultado de las modificaciones al artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos, mismo que, como se demostrará más adelante, además de padecer de un procedimiento viciado, tiene como efecto que la nueva fórmula de asignación de diputados exprese una sobre y subrepresentación que no comparte nuestro marco constitucional federal. En efecto, la supresión del texto previsto en la fracción IV del texto reformado que señala a la letra: ‘El cociente natural es el resultado de dividir la votación estatal efectiva entre el total de diputados integrantes del Congreso.’; y la modificación de la fracción V que prevé: ‘De la votación estatal efectiva que obtenga cada partido político, se deducirán los votos que resulten de multiplicar el cociente natural por el número de distritos de mayoría obtenidos por cada partido político, con el remanente de votos que resulte a cada partido, se procederá la distribución de diputaciones por representación proporcional, asignado tantas diputaciones como número de cociente naturales (sic) obtenga cada partido.’ tiene como resultado que el Congreso del Estado tenga en su seno representaciones partidarias sobre o subrepresentadas como se explicará más adelante."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo el partido político promovente son los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. Se socava el alcance y significado de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que todo acto de autoridad debe contar con el debido proceso legal y fundar y motivar el mismo. En el caso que nos ocupa, el Congreso del Estado de Morelos ignoró las reglas mínimas que se establecen para la formación de las normas jurídicas. En efecto, no se respetó el procedimiento legislativo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que dispone en su artículo 42 que el derecho a iniciar leyes corresponde: ‘II. A los diputados del Congreso mismo.’. La misma Constitución prevé en su artículo 43 que las iniciativas presentadas por el ... (sic) los Ayuntamientos o las signadas por uno o más diputados, y por los ciudadanos pasarán desde luego a la comisión respectiva del Congreso. Por su parte, el artículo 57 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos consigna que las ‘iniciativas de ley serán recibidas en la Oficialía Mayor del Congreso y deberán presentarse por escrito y firmadas por su autor, debiéndose exponer los fundamentos que la apoyen. Admitida por el Congreso alguna iniciativa y turnada a la comisión correspondiente, deberá ser dictaminada.’. Por último, la Ley Orgánica del Congreso de Morelos expresa en su artículo 39 que: ‘Las comisiones legislativas son órganos colegiados, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.’. Como se aprecia, la modificación al artículo 22, concretamente en lo que se refiere a la supresión de la fracción IV y la modificación de la fracción V, no precede de ninguna iniciativa de ley por diputado alguno. De manera que resulta violatorio del principio de legalidad que se le dé trámite y se apruebe por el mismo Pleno la propuesta de losdiputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, siendo que estaban obligados a presentar su iniciativa al Pleno y, entonces, una vez turnada para su análisis, dictaminarse en conjunto con la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, cosa que en el caso concreto no se hizo. No debe pasar inadvertido, además y como ya se explicó, que no existe en ninguna parte de la iniciativa, del dictamen, de la sesión de comisiones, ni del mismo Pleno la motivación o una explicación del porqué habría de modificarse ese precepto legal, lo que en la especie lo convierte en ilegal, pues dicha propuesta se sacó de la nada y se dictaminó algo que jamás pasó por el Pleno como debió haber sido. Se inscriben por ser aplicables sobre el particular, las siguientes tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.’. Miguel Carbonell, novel investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en su obra ‘Constitución, Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en México’, aunque se refiere a reformas constitucionales, sus criterios robustecen nuestro argumento cuando señala: ‘la importancia de estudiar no solamente el qué, sino también el cómo -es decir, el aspecto procedimental- de la creación normativa, dentro de la que se encuentra de forma destacada el procedimiento constitucional, deriva directamente de la concepción del Estado democrático. En esa forma de organización estatal, la Constitución impone ciertos requisitos de publicidad y participación para la creación de determinadas normas. Requisitos que constituyen valores en sí mismos y sin los cuales no pueden ser creadas válidamente; de hecho, por la importancia de los aspectos procedimentales se ha producido «un nivel progresivo de regulación y de rigidificación de los mismos: la regulación del procedimiento de elaboración normativa es cada vez más detallada y se extiende a un mayor número de tipos normativos». En democracia importa no solamente el contenido de las normas, sino también la forma en que son creadas y reformadas, sin que con ello se ignore que la temática de la reforma constitucional encierra cuestiones que trascienden al mero tratamiento procedimental de la cuestión como lo ha señalado Pedro de Vega.’. Por lo que hace a la carencia de debido proceso esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en otra figura de control de la constitucionalidad que debe respetarse esa garantía al señalar: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE RESPETARSE A LAS PARTES PARA INTERPRETAR SI LA DEMANDA FUE PROMOVIDA OPORTUNAMENTE. Para determinar si una demanda de controversia constitucional fue presentada en tiempo, atendiendo a la fecha a partir de la cual se debe hacer el cómputo relativo, ante diversas posibilidades de interpretación de los preceptos que lo rigen, al pretender, las autoridades demandadas, que se tome en cuenta la fecha del acto de aplicación de la ley que, se estima, invadió la esfera de un Municipio, debe preferirse la que respete el artículo 14 de la Constitución, en cuanto que no se vulneren las formalidades esenciales del procedimiento, que son las necesarias para una adecuada defensa del promovente, evitándose que se genere su indefensión, pues si bien el artículo citado se encuentra dentro del título primero, capítulo primero, denominado «De las garantías individuales», lo cierto es que esta parte es reconocida como axiológica o valorativa, por lo que aun tratándose de un sistema procesal que tiende a evitar la invasión de esferas entre los tres niveles de gobierno, deben aplicarse, por analogía, esos principios.’. Segundo concepto de invalidez. Los preceptos de la Constitución Federal que estimo son violentados a la letra dicen: ‘Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. ...’. ‘Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: ... III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley. ...’. ‘Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. ...’. ‘Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: ... V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. ... Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes; ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo ...’. La modificación del artículo 22 del Código Electoral del Estado de Morelos y las fracciones que se impugnan violentan los principios de federalismo, representatividad y supremacía constitucional contenidos en la Constitución Federal. Por lo que hace al federalismo, la norma que tildamos de ilegal se contrapone a los principios generales a que el Pacto Federal obliga, concretamente que los Poderes de los Estados sujeten sus normas a la Ley Fundamental. Por lo que hace al de representatividad nuestra Constitución Federal establece que la integración de los órganos representativos en los Estados debe ajustarse a ciertos principios que la misma Carta Fundamental prevé. La norma impugnada trastoca la supremacía constitucional, pues la misma Carta Fundamental prevé que para la consecución de los fines que persiguen los partidos políticos de promover la participación popular en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público se debe garantizar que las reglas de la competencia electoral permitan que la cantidad de votos se convierta en representación auténtica. Por lo que hace a la violación del artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, se desprende como principio fundamental en las elecciones estaduales el de representación proporcional como sistema electoral, adicional al de mayoría relativa en los términos de las propias disposiciones, para la elección de los representantes populares, relacionado lo anterior con lo que disponen los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal. La representación proporcional es el principio de asignación de curules, por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. Al respecto, Arend Lijphard, teórico de los sistemas electorales, sostiene que: ‘excepto en comunidades muy pequeñas democracia significa necesariamente democracia representativa en la que los cargos elegidos toman las decisiones a nombre del pueblo ¿Cómo se elige a estos representantes? Esta tarea indispensable de las democracias representativas es llevada a cabo por el sistema electoral, esto es, el conjunto de métodos para traducir los votos de los ciudadanos en escaños de representantes.’. Aunque esta Suprema Corte ha establecido en resolución de un asunto similar relativo al Código Electoral del Estado de Quintana Roo que: ‘La representación proporcional pura es muy difícil de encontrar, pues la mayor parte de los sistemas que utilizan este tipo de representación lo hacen en forma aproximada y combinándolo con el sistema de mayoría. La introducción del principio de proporcionalidad obedece a la necesid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17394-d8b2dd7b/accion-de-inconstitucionalidad-la-fraccion-iv-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.