EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO VIOLAN ESTE PRINCIPIO LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN III, 84 Y 85 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, QUE ESTABLECE REGLAS GENERALES PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS OBTENGAN FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ANUAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2002. PARTIDO POLÍTICO NACIONAL CONVERGENCIA.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de diciembre de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, quien se ostentó con el carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional Convergencia, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Como demandado. El órgano legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas: 1. El H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche, a través de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, como autoridad legisladora. 2. El C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche, como autoridad promulgadora ... 3. El C. Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche, como autoridad refrendadora. 4. El C. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche, órgano encargado de dar publicidad a la ley impugnada.
"IV. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado. Los artículos 81, fracción III, 84 y 85 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que fueran publicados mediante el Decreto Número 176, del día treinta de septiembre del año dos mil dos, en el Periódico Oficial del Estado, como órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche."
SEGUNDO. El promovente de esta acción señaló los siguientes conceptos de invalidez:
"Único. Las responsables con sus artículos 81, fracción III, 84 y 85 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que fuera publicado por Decreto Número 176, del día treinta de septiembre del año dos mil dos, en el Periódico Oficial del Estado, agravia a Convergencia, y son normas inválidas por estar violando y ser contradictorias frente a las disposiciones contenidas en la fracción I romano y en el inciso letra A, fracción II romano del artículo 41, y los numerales 116, fracción IV, inciso f), 124, 133 y demás relativos y aplicables, todos de la Constitución General de la República en vigor; y son contrarios a los artículos 1o., 24 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Campeche en vigor, al emitir el decreto reclamado, por las siguientes razones jurídicas: I. Los artículos enunciados del código impugnado están vulnerando y son contradictorios ante la Constitución General de la República, pretendiendo aplicarlos en perjuicio de mi representada; el artículo 41 de la Constitución General de la República en vigor, establece que es requisito esencial para las autoridades electorales, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como presupuestos procesales electorales. Por ello, toda determinación tomada por el Poder Legislativo del Estado de Campeche debe ser fundada en la Ley Constitucional Federal y Local, y ni por el sentido natural ni por el espíritu de ésta se puede decidir en controversia a ella, por ello, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso; que él debe ser claro y congruente entre los mandamientos constitucionales federal y local para resguardar la armonía y la equidad dentro de los procesos electorales y a favor del respeto a las prerrogativas de los partidos políticos. Por ello, es procedente el estudio de inconstitucionalidad conforme al siguiente criterio, que al efecto me permito transcribir: SCJN, IUS 2001. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, marzo de 2001. Tesis: P./J. 16/2001. Página: 447. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único órgano judicial competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad con el objeto de resolver la posible contradicción entre normas de carácter general expedidas, entre otros, por los órganos legislativos estatales, y la Constitución Federal. Ahora bien, de lo anterior no se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución haya excluido de este medio de control constitucional a las normas que conforman una Constitución Local, ni tampoco se desprende que exista razón alguna para hacerlo así; antes bien, en el precepto constitucional en cita se establece que la acción de inconstitucionalidad procede contra normas generales, comprendiéndose dentro de dicha expresión a todas las disposiciones de carácter general y abstracto, provenientes de órganos legislativos. Además, estimar que las Constituciones de los Estados de la República no pueden ser analizadas por esta vía, implicaría que estos ordenamientos locales pudieran escapar del control abstracto de su subordinación con respecto a la Constitución Federal, lo cual es inadmisible, pues conforme al contenido de los artículos 40, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento es la Ley Suprema de toda la Unión y si bien los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, sus Constituciones «en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal». Por tanto, si el Poder Reformador de la Constitución estableció la acción de inconstitucionalidad como medio de control abstracto, con el objeto de analizar la regularidad de las normas generales subordinadas al Pacto Federal, y entre éstas se encuentran expresamente las Constituciones Locales, es claro que sí procede la vía de referencia. Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 16/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil uno.’. II. Por virtud del artículo 133 de la Constitución General de la República en vigor, tenemos que la misma Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de nuestra Carta Magna y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Mi criterio lo corrobora la siguiente tesis de jurisprudencia: SCJN, IUS 2001, número de registro 233,468. ‘Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 40, Primera Parte. Página: 45. SOBERANÍA DE LOS ESTADOS, ALCANCE DE LA, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, también lo es que dicha libertad y soberanía se refiere tan sólo a asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal. De acuerdo con el mismo artículo 40, los Estados deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, es decir, de la propia Constitución. Ahora bien, el artículo 133 de la Constitución General de la República establece textualmente que: «Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados». Es decir, que aun cuando los Estados que integran la Federación sean libres y soberanos en su interior, deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna. De tal manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben de predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de las leyes ordinarias impugnadas, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local y de autoridad competente, de acuerdo con la misma Constitución Local. Amparo en revisión 2670/69. Eduardo Anaya Gómez y Julio Gómez Manrique. 25 de abril de 1972. Mayoría de 16 votos. Disidente: Ezequiel Burguete Farrera. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.’. III. Además, no debemos olvidar la existencia del Pacto Federal, traducido en el numeral 124 de la misma Constitución, que implica que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados federados. SCJN, IUS 2001, número de registro 232,465. ‘Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 157-162, Primera Parte. Página: 153. INVASIÓN, VULNERACIÓN O RESTRICCIÓN DE LA ESFERA DE FACULTADES CONSTITUCIONALES DE LA FEDERACIÓN O DE LOS ESTADOS. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. De las disposiciones contenidas en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, se advierte que el propósito del Constituyente fue encomendar a los tribunales de la Federación el proteger, en beneficio de los gobernados, la esfera de competencia de la Federación y de los Estados para mantener vigente el Pacto Federal, teniendo como base fundamental la no usurpación de funciones constitucionales entre las autoridades de éstos; lo que implica que se observe y cumpla con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 73, 74, 76, 79, 80, 89, 94, 103 al 106, 115 al 124, 129 y 130 al 135 de la Constitución General de la República que delimitan las facultades de las autoridades federales y estatales. Consecuentemente, si ese fue el espíritu del Constituyente al consignar las disposiciones contenidas en las aludidas fracciones II y III del artículo 103 de la Carta Magna, este Tribunal en Pleno estima que por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal, deben entenderse, por una parte, los emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con los cuales penetre al ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos y, por otra parte, los que emite la autoridad de un órgano del poder público local que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello, al ámbito de atribuciones del poder público federal. La anterior consideración se funda en que la vulneración, restricción o invasión de esferas presupone una usurpación de facultades o funciones que nuestra Carta Magna expresamente confiere a la Federación o a los Estados; de manera que, si al emitir un acto una autoridad (órgano del poder federal o local) se arroga facultades o funciones que corresponden al ámbito jurídico que la Carta Fundamental establece exclusivamente en favor de otro de ellos, invade, con tal acto, la esfera de atribuciones que constitucionalmente este otro tiene reservados. Consecuentemente, para que se surta la competencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del recurso de revisión en los casos señalados en los artículos 84, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 11, fracción IV bis, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es necesario que la controversia planteada en el juicio de amparo respectivo realmente trate de una vulneración, restricción o invasión por parte de las autoridades locales, de la esfera de facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, o, por lo que ve a las autoridades federales, que éstas actúen en el campo que la Constitución de la República asigna en exclusiva a los Estados. Amparo en revisión 5220/80. Teatro Peón Contreras, S.A. 15 de junio de 1982. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.’. IV. La fracción primera romano y el inciso letra A de la fracción segunda romano ambas del artículo 41 de nuestra Carta Magna disponen, en la parte que nos interesa, lo siguiente: ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, el número de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión y la duración de las campañas electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año; y c) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. ...’. V. El artículo 24, en su fracción II romano, incisos letras a) y b) de la Constitución Política del Estado de Campeche disponen, en la parte que nos interesa, lo siguiente: ‘Artículo 24. La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo campechano, que la ejerce por medio del poder público que dimana del mismo pueblo y se instituye para beneficio de éste en los términos que establece esta Constitución. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos con registro tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos en ejercicio de sus prerrogativas como tales podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; II. La ley garantizará que los partidos políticos con registro cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Para lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado fijará y aplicará anualmente en forma directa el monto del financiamiento público a ejercerse en materia de comunicación social, destinando del total un treinta por ciento para distribuirse en partes iguales entre los partidos, en cuanto a tiempo, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votación obtenida en la elección de diputados inmediata anterior. Además la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de dichos partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos, que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el número de diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en el Congreso del Estado y la duración de las campañas electorales. El treinta por ciento de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año; y c) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones ...’. VI. Por otra parte, los artículos impugnados de inconstitucionales y por consiguiente de inválidos: 81, fracción III romano, 84 y 85 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, publicados en el Decreto Número 176 de fecha treinta de septiembre del año dos mil dos disponen, en la parte que nos interesa, lo siguiente: ‘Artículo 81. Para el otorgamiento del financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se observarán las reglas siguientes: ... III. Este financiamiento se distribuirá entre los partidos políticos que hayan conservado su registro, después de la última elección de diputados, y tengan representación en el Congreso del Estado, de la siguiente manera: El treinta por ciento de la cantidad total que resulte, se les entregará en forma igualitaria y el setenta por ciento restante se les distribuirá según el porcentaje de la votación estatal emitida que hubiesen obtenido en la indicada elección’. ‘Artículo 84. El financiamiento público para comunicación social no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del monto que se otorgue para financiamiento de actividades ordinarias, destinando del total un 30% para distribuirse en partes iguales entre los partidos, en cuanto a tiempo, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votación obtenida en la elección de diputados inmediata anterior.’. ‘Artículo 85. Los partidos políticos que, conservando su registro, no tengan representación en el Congreso del Estado, percibirán mensualmente en concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes la cantidad que importe el monto de ciento cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, en el momento de su pago, así como las cantidades que les correspondan como financiamiento público para actividades específicas, para comunicación social y para gastos de campaña, en este último caso el monto del financiamiento será por cantidad similar a la de actividades ordinarias permanentes.’. VII. De lo antes citado, podemos deducir lo siguiente: A. Que existe un contrasentido inconstitucional entre las disposiciones emanadas de la fracción segunda romano e incisos a) y b) del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, la fracción tercera romano del artículo 81 y los numerales 84 y 85 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, ambas en contra de lo dispuesto por la fracción primera romano y del inciso letra A de la fracción segunda romano, ambas del artículo 41 de nuestra Constitución General de la República; esto se traduce en lo siguiente: I. La Constitución Local de Campeche dispone en la parte citada: ‘Artículo 24. ... II. La ley garantizará que los partidos políticos con registro cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Para lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado fijará y aplicará anualmente en forma directa el monto del financiamiento público a ejercerse en materia de comunicación social, destinando del total un treinta por ciento para distribuirse en partes iguales entre los partidos, en cuanto a tiempo, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votación obtenida en la elección de diputados inmediata anterior. Además la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de dichos partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos, que mantengan su registro después de cada elección, se compondrán de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el número de diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en el Congreso del Estado y la duración de las campañas electorales. El treinta por ciento de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año.’. 2. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, publicado el treinta de septiembre del año dos mil dos, en la parte enunciada, dispone lo siguiente: ‘Artículo 81. Para el otorgamiento del financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se observarán las reglas siguientes: ... III. Este financiamiento se distribuirá entre los partidos políticos que hayan conservado su registro, después de la última elección de diputados, y tengan representación en el Congreso del Estado, de la siguiente manera: El treinta por ciento de la cantidad total que resulte, se les entregará en forma igualitaria y el setenta por ciento restante se les distribuirá según el porcentaje de la votación estatal emitida que hubiesen obtenido en la indicada elección.’. ‘Artículo 84. El financiamiento público para comunicación social no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del monto que se otorgue para financiamiento de actividades ordinarias, destinando del total un 30% para distribuirse en partes iguales entre los partidos, en cuanto a tiempo, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votación obtenida en la elección de diputados inmediata anterior.’. ‘Artículo 85. Los partidos políticos que, conservando su registro, no tengan representación en el Congreso del Estado, percibirán mensualmente en concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes la cantidad que importe el monto de ciento cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, en el momento de su pago, así como las cantidades que le correspondan como financiamiento público para actividades específicas, para comunicación social y para gastos de campaña, en este último caso el monto del financiamiento será por cantidad similar a la de actividades ordinarias permanentes.’. 3. Y, nuestra Carta Magna dispone, en la fracción segunda romano y el párrafo inciso letra A de la fracción II romano del artículo 41, lo siguiente: ‘Artículo 41. ... I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales ... El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.’. B. Por lo cual, siendo tanto la Constitución Política del Estado de Campeche, como el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, unas leyes inferiores en grado, casi reglamentarias a la Constitución General de la República, debido al Pacto Federal, ninguna de ellas en ningún momento, pueden pasar por encima de ella, ya que nuestra Carta Magna: 1. No hace distingo entre partidos políticos viejos o nuevos, ni agrega como elemento para otorgar las prerrogativas igualitariamente y el financiamiento público a los mismos, la necesidad de tener representación en el Congreso del Estado de Campeche o de cualquier otro Estado de la Federación, simplemente se limita a decir partidos políticos y, 2. Que el financiamiento público debe de distribuirse equitativamente y de forma igualitaria entre todos los partidos políticos y que Convergencia, siendo un partido político nacional, tiene todas sus prerrogativas a salvo frente a la aplicación de la fracción primera romano del artículo 41 constitucional federal. Por ello son inconstitucionales los numerales antes citad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17396-14ddecc0/equidad-en-materia-electoral-no-violan-este-principio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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