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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 95, FRACCIÓN XXXVI, DEL CÓDIGO ELECTORAL ESTATAL TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL SUPRIMIR LAS FACULTADES DE AQUEL ORGANISMO PARA ENCARGARSE DE LA GEOGRAFÍA ELECTORAL DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2002. · Registro digital (IUS): 17026
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 809.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2002. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de marzo de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Felipe Bravo Mena, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:

"... II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas. Lo son la honorable LIV Legislatura del Estado de México y el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, el primero de ellos en cuanto a autoridad emisora de las disposiciones de carácter general que se impugnan y el segundo en cuanto a la autoridad que realizó el acto de promulgación respectivo. III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiese publicado. Lo constituye de manera general el Decreto Número 52 de la honorable LIV Legislatura del Estado de México de fecha 30 de diciembre del año 2001, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México 'Gaceta del Gobierno' el día martes primero de enero del año 2002, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Electoral del Estado de México y que se acompaña al presente como prueba número cinco; y en lo específico los artículos 17, segundo párrafo, 25, 92, 95, fracciones IX, X y XXXVI, 115, 124, 130, 139, 141, 142, 152, 166, 169, fracciones I y II, 197, 263, 274, 283, 287 y 341, fracciones II, III y IV, todos ellos del Código Electoral del Estado de México."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:

"... V. Los conceptos de invalidez: En este apartado señalaré los argumentos jurídicos que en mi concepto soportan la petición al Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que determine la invalidez de las normas generales objeto de la presente sustanciación en el orden siguiente: Primero. Se considera que el artículo 17, segundo párrafo, así como el 95 en su fracción XXXVI, ambos del Código Electoral del Estado de México vulneran lo preceptuado por nuestra Ley Suprema en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116, en virtud de las siguientes consideraciones: El párrafo segundo del artículo 17 de la legislación electoral, cuya reforma se impugna, ordena a la letra que: 'La demarcación de los cuarenta y cinco distritos electorales será modificada por el consejo general cuando lo soliciten las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.'. Por su parte, el artículo 95 en su fracción XXXVI, preceptúa que el consejo general tendrá entre otras atribuciones la de: 'A solicitud de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado, ordenar los estudios para la división del territorio de la entidad en distritos electorales, aprobar la demarcación que comprenderá cada uno y proveer su publicación en la Gaceta de Gobierno.'. Dicha reforma constituye una evidente contravención a lo previsto por la Constitución General de la República en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116, el cual ordena claramente que las Constituciones y leyes de los Estados garanticen que: 'En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.'. Lo anterior es así, en virtud de que nuestro Pacto Federal ordena que la autoridad electoral se rija, entre otros principios, por el de independencia; ello implica que debe tener absoluta libertad de actuación dentro de su ámbito y sin sujeción alguna con respecto a lo que determine autoridad distinta. En este orden de ideas, debemos admitir que ciertamente la libertad de actuación de las autoridades electorales debe circunscribirse dentro del ámbito de su competencia, es decir, no puede ir más allá de lo que la ley le permite; en ese sentido podemos advertir que es función de la autoridad electoral, consagrada tanto en la Constitución Federal como en la Local, el hecho de actuar en forma independiente en tratándose, entre otros, de la geografía electoral. A mayor abundamiento, y con el único propósito de resaltar que es facultad exclusiva de la autoridad electoral el determinar, cuando así lo juzgue conveniente para el desarrollo adecuado del proceso electoral, todo lo concerniente a la geografía electoral, me permito transcribir el criterio que esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo a propósito de la acción de inconstitucionalidad 12/99 a fojas 176 y 177 de la resolución de la acción en comento: 'En otro orden de ideas y tomando como premisa lo antes expuesto, propio del sistema federal, puede decirse que en el ámbito local en el que se incluyeron esencialmente las mismas instituciones y principios, deben operar en términos generales los mismos lineamientos generales. ... Tal disposición fundamental, acorde con todo lo expuesto, obliga a considerar que en tratándose de los Estados, las autoridades electorales encargadas de organizar las elecciones, tienen la facultad y obligación de determinar lo relativo a la geografía electoral de la entidad ...'. Se considera que la disposición impugnada transgrede el principio de libertad de las autoridades electorales, en virtud de que obliga expresamente a dicha autoridad a modificar la demarcación cuando así lo soliciten las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura, es decir, las responsables sujetan al Consejo General del Instituto Estatal Electoral a alterar dichas demarcaciones siempre y cuando así lo soliciten, constituyendo esta disposición una evidente forma de 'controlar' a las autoridades peritas en materia electoral. Ello implicaría que para determinar revisiones a diversos aspectos relacionados con la geografía electoral, ya no se utilizarían criterios técnicos, sino políticos; lo anterior, traería como consecuencia lógica que se hicieran modificaciones a la geografía electoral cuando pudiera no ser necesario para satisfacer intereses partidistas o de grupo, afectando en forma contundente el principio de imparcialidad al que debe sujetarse todo proceso electoral; asimismo, se sujeta a la autoridad electoral para que en el momento en que ésta crea conveniente modificar lo relativo a la geografía electoral para evitar suprarepresentación o subrepresentación, no lo pueda hacer en virtud de que necesita que el Congreso del Estado así lo solicite, es decir, se limita a la autoridad electoral en dos sentidos, a saber: a) El Congreso puede solicitar al consejo general realizar cambios a la geografía electoral cuando no sea necesario o conveniente para una adecuada distribución de la población electoral. b) El consejo general no podrá realizar modificaciones a la demarcación de los cuarenta y cinco distritos electorales cuando lo considere adecuado, si el Congreso no se lo solicita. Es cierto que la Constitución Federal no ordena expresamente en el artículo 116, fracción IV, que sea la labor de geografía electoral, propia del Instituto Estatal Electoral a través del consejo general; sin embargo, hay que advertir que la labor del Constituyente es la de establecer los lineamientos generales, en este caso, de los procesos electorales en los Estados de la Unión, además de ser precisamente la Constitución Local la que desarrolla dicho punto en su artículo 11, mismo que desarrollaremos en el siguiente numeral. Bajo este orden de ideas, cabe destacar que el poder de la Federación encargado de la interpretación de nuestra Carta Magna es precisamente esta honorable Corte Suprema, que en la acción de inconstitucionalidad 12/99, a que se ha hecho referencia en líneas anteriores, ordenó a fojas 183 y 184 después de un exhaustivo análisis que: 'Ahora bien, atento todo lo expuesto en el presente considerando, es de concluirse que, para el caso que interesa, el Instituto Electoral del Estado de ... en su carácter de autoridad electoral y acorde con sus facultades y funciones para organizar las elecciones, es a quien corresponde de manera integral y directa lo referente a la geografía electoral, esto es, a la demarcación geográfica de las zonas para efectos electorales.'. Bajo esta tesitura, cabe advertir también que si bien el artículo 116, fracción IV, no desarrolla plenamente la función del Instituto Estatal Electoral, indirectamente lo hace el último párrafo del artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, en relación con el Instituto Federal Electoral; dicho ordenamiento señala que: 'El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos ...'. No obstante que dicho precepto constitucional rige para el ámbito federal, la Suprema Corte de Justicia en la multicitada acción de inconstitucionalidad ordena a fojas 169 y 170 de la resolución que: 'Ahora bien, aunque las disposiciones constitucionales citadas rigen cada una en su respectivo ámbito (federal o local), es importante resaltar que en materia electoral la fracción IV del artículo 116 constitucional, que establece las garantías que deben fijar los Estados en sus leyes en cuestiones electorales, retoma diversos principios y lineamientos generales que ya se preveían en el sistema federal y, en particular, en lo tocante a la organización de las elecciones y función de las autoridades electorales, en el referido artículo 41, en el que, incluso, se encuentran más ampliamente desarrollados, como puede apreciarse de la simple lectura de las disposiciones transcritas. ... es dable atender a ciertas disposiciones para interpretar y dar el debido alcance que merecen otras, aunque estén destinadas a ámbitos distintos, siempre que en su esencia prevean los mismos o similares principios o instituciones, o cuando una haya sido antecedente o marco de referencia para la creación o modificación de la otra, y que su inserción o modificación persiga los mismos o similares fines que la primera, precisamente por la materia misma que regulan. ... si la función de las autoridades electorales y la organización de las elecciones en el régimen federal ya se encontraban previstas en el artículo 41 de la Ley Fundamental y, posteriormente, se adicionó la fracción IV del artículo 116 constitucional que contiene los incisos b) y c) que prevén, en esencia, las mismas cuestiones en el ámbito local, pero que no están desarrolladas de manera tan limpia y detallada como en aquél ...'. Lo anterior traería como consecuencia que la autoridad electoral realice una labor deficiente, en virtud de que la independencia a la que tiene derecho y obligación se ve mermada en los términos de la reforma al artículo en comento. Segundo. No obstante lo anterior, la reforma al segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Electoral Estatal constituye también una violación indirecta a nuestra Constitución Federal, en virtud de que ésta contraviene en forma notoria a lo preceptuado por la Constitución Particular del Estado de México y, por ende, a los artículos 41, primer párrafo y 116, segundo párrafo, de nuestra Ley Fundamental. Como lo señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de su artículo 41: 'El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.'. Asimismo, dentro de la misma Ley Suprema de la Unión se señala en su artículo 116, segundo párrafo, que: 'Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ...'. Es así como se advierte claramente que la intención del Poder Constituyente de 1917, fue la de establecer para las entidades federativas vinculadas en virtud del Pacto Federal, un sistema jurídico constitucional en concordancia con lo establecido a nivel federal, en términos del artículo 133 de nuestra Carta Magna que señala que la Constitución Federal será Ley Suprema de toda la Unión. En el mismo sentido, el maestro Enrique Sánchez Bringas en su obra 'Derecho Constitucional', al referirse a la idea de Constitución de Hans Kelsen, advierte que: 'Una norma es válida jurídicamente en la medida en que se deriva puntualmente de una norma superior ... Cuando una norma presenta algún vicio en relación con su norma superior, en cuanto al órgano que la produce, al procedimiento de producción o a los principios de su contenido, carece de validez.'. Asimismo, Hans Kelsen, en su obra ya citada con anterioridad, hace las siguientes consideraciones: 'Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema, un orden si su validez puede ser referida a una norma única como fundamento último de esta validez. Esa Norma Fundamental constituye, en calidad de última fuente, la unidad de la pluralidad de todas las normas que constituyen un orden. Y si una norma pertenece a un determinado orden, es por la razón de que su validez puede ser referida a la Norma Fundamental del mismo.'. Bajo este orden de ideas, se advierte que los Estados de la Unión se regirán en su ámbito interno por sus Constituciones Particulares que deben estar conforme a la Constitución General, y por sus leyes locales secundarias que, a su vez, deben sujetarse a lo preceptuado por la Constitución Particular, de lo contrario se estaría violentando claramente nuestro sistema jurídico constitucional cuya base es nuestro Pacto Federal. En ese sentido demostraremos cómo el Congreso del Estado Libre y Soberano de México ha violentado nuestro sistema jurídico al aprobar el multicitado dictamen, así como los diversos preceptos legales que en virtud de éste fueron reformados o adicionados, ya que éstos contravienen lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de México. El artículo 11 de la Constitución Local ordena que: 'La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador, diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Electoral del Estado de México, en cuya integración participarán el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos dispuestos por esta Constitución y la ley de la materia. En el ejercicio de esta función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El consejo general será su órgano superior de dirección; se integrará por un consejero presidente y por seis consejeros electorales, electos en sesión del Pleno de la Legislatura del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de entre las propuestas que formulen las fracciones legislativas. El consejero presidente y los consejeros electorales tendrán voz y voto. Asimismo, por un representante de cada partido político, un director general y un secretario general del instituto, quienes asistirán con voz pero sin voto. Por cada consejero electoral propietario se elegirá un suplente. El secretario general del instituto fungirá como secretario del consejo general. El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo dos procesos electorales ordinarios y podrán ser reelectos para otro; durante su ejercicio no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y sólo podrán recibir percepciones derivadas de la docencia, de la práctica libre de su profesión, de regalías, de derechos de autor o publicaciones, siempre que no se afecte la independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. La retribución que perciban el consejero presidente y los consejeros electorales será la prevista en el presupuesto de egresos del instituto. El consejero presidente y los consejeros electorales, durante los intervalos de los procesos electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación, docencia y difusión acerca de temas electorales. El director general y el secretario general del instituto serán electos por las dos terceras partes del consejo general, a propuesta de su consejero presidente y durarán en su cargo el tiempo que determine la ley de la materia. La ley establecerá los requisitos que deberán reunir el consejero presidente, los consejeros electorales, el director general y el secretario general del instituto, quienes estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en esta Constitución. El organismo electoral tendrá a su cargo, además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica; geografía electoral; derechos, prerrogativas y fiscalización del financiamiento público y gastos de los partidos políticos; vigilancia, auditoría y actualización del padrón y la lista de electores; preparación de la jornada electoral; los cómputos, declaraciones de validez y otorgamiento de constancias de mayoría en la elección de gobernador, diputados y Ayuntamientos; así como la expedición de las constancias de representación proporcional en los términos que señale la ley; la regulación de los observadores electorales y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.'. En este caso, podemos advertir que la Constitución Particular establece como imperativo que, al igual que en la Constitución Federal, sea el Instituto Estatal Electoral la autoridad electoral encargada de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Asimismo, ordena que su órgano superior de dirección lo será el consejo general y que dicho consejo tendrá dentro del ámbito de sus funciones el determinar la geografía electoral del Estado. Así las cosas, el Código Electoral Estatal, al establecer que la modificación a las demarcaciones territoriales se realizará cuando la legislatura lo solicite por medio de las dos terceras partes de sus miembros presentes, contraviene lo dispuesto por la Constitución Local, ya que mediante una legislación secundaria se le otorgan atribuciones a una autoridad cuando constitucionalmente le corresponden expresamente a otra, advirtiendo que dentro del mismo dispositivo constitucional local retoma que dicha autoridad electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Así las cosas, resulta evidente que a quien le corresponde realizar estudios y modificaciones en tratándose de la geografía electoral es, en virtud de sus funciones constitucionales federales y locales, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y le corresponde hacerlo y dejar de hacerlo cuando lo considere conveniente y no en el momento en que el Congreso del Estado lo solicite. Al respecto, seafirma categóricamente que no obstante que la reforma ordena que sea el consejo general el que realice dicha modificación a la geografía electoral y que el Congreso únicamente lo solicitará, que el órgano especializado para decidir el momento adecuado para realizar dichas modificaciones lo es el consejo general, es decir, aun cuando la reforma deja a salvo el derecho y obligación que tiene el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de realizar dicha alteración al mapa electoral, lo sujeta a que la realice siempre y cuando así lo solicite el Congreso atentando contra el principio de independencia, ya que dicha atribución que tiene la autoridad electoral en comento la tiene de manera integral y directa en los términos del artículo 41 de la Constitución Federal. Al respecto, el doctor Flavio Galván Rivera en su obra 'Derecho Procesal Electoral Mexicano' considera que el principio de independencia 'viene a fortalecer la característica constitucional en cita, porque el Instituto Federal Electoral no está subordinado de manera inmediata y directa a ninguno de los tres poderes mediante los cuales se ejerce la soberanía nacional'. No podemos dejar de prever que el artículo 10 de la Constitución Particular mexiquense ordena, en su segundo párrafo, a propósito del sufragio, que: '... Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.'. En este sentido, cabe advertir que fue la decisión del Constituyente Permanente del Estado de México que las autoridades electorales que organizaran las elecciones de dicha entidad federativa fueran profesionales, y no sólo eso, sino también que las autoridades (incluyendo al Congreso del Estado) velaran y cuidaran dicho proceso en el sentido que señaló el propio Poder Constituyente Permanente. De tal forma que al no permitir que sea el órgano electoral especializado y profesional el que determine el cambio en la geografía electoral en el momento que lo considere oportuno, constituye en forma clara una contravención al dispositivo constitucional local y, por ende, a lo previsto por el párrafo primero del artículo 41 constitucional federal y 116, segundo párrafo. La anterior consideración se realiza en virtud de que el determinar el momento en que es conveniente realizar modificaciones al mapa electoral, es una actividad técnica que debe realizarse por un órgano o autoridad experta en la materia, de forma y manera tal que va a ser dicha autoridad la que determinará no nada más el cómo, sino también el cuándo, el por qué y el dónde. Ello implica sujetar los cambios relacionados a la geografía electoral a criterios objetivos y técnicos y no a decisiones políticas que dependerán de la conveniencia o inconveniencia para los institutos políticos representados en el Congreso Local. Tercero. Transgrede, asimismo, lo dispuesto por el artículo 41, primer párrafo y 116, segundo párrafo, de la Constitución Federal, la reforma a los artículos 25 y 197 del Código Electoral Estatal, mismos que señalan: 'Artículo 25. ... Las elecciones ordinarias de diputados a la Legislatura del Estado y de Ayuntamientos se efectuarán cada tres años, el segundo domingo de marzo del año que corresponda.'. 'Artículo 197. El primer domingo de julio del año de la elección de gobernador, y el segundo domingo de marzo del año de la elección de diputados y miembros de los Ayuntamientos, a las 8:00 horas el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casillas nombrados como propietarios, procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran. ...'. Ya se ha argumentado con detenimiento, en el numeral segundo del presente ocurso las razones por las cuales las legislaciones secundarias estatales deben sujetarse a lo dispuesto por las Constituciones Particulares de los Estados de la Unión, argumentos y artículos de la Constitución General de la República que solicitó se tengan por reproducidos aquí en obviedad de repeticiones como si a la letra se insertasen. Ahora bien, la reforma a los artículos 25 y 197 de la ley electoral del Estado de México constituye una violación a los artículos constitucionales citados al inicio del presente numeral, en virtud de contravenir lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de México en sus artículos 38 y 116. Lo anterior es así, en tanto que dichos artículos señalan, en su parte conducente, que: 'Artículo 38. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad cada tres años ...'. 'Artículo 116. ... Durarán en sus funciones tres años y ninguno de sus miembros propietarios o suplentes que hayan asumido las funciones podrá ser electo para el periodo inmediato siguiente.'. Como se puede apreciar, de la simple lectura del artículo 38 de la Constitución Política del Estado de México, el Constituyente ordenó que las elecciones se llevaran a cabo cada tres años, de donde se desprende que el legislador ordinario, al modificar los artículos 25 y 197 del Código Electoral y con ello adelantar en cuatro meses la fecha de la elección, está vulnerando directamente un mandato de la Constitución Local y, en consecuencia, el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 del Pacto Federal, así como el principio de legalidad establecido tanto en el artículo 41 como en el 116 de la Constitución General de la República. Al respecto, cabe aclarar que el artículo expresamente señala que el tiempo para llevar a cabo una nueva elección se contará por años, es decir, que así como en la doctrina se contempla que los plazos pueden ser de horas, días o meses, en el caso particular se contempla expresamente que será por años. Es un hecho conocido que la reforma constitucional realizada por el Poder Constituyente Permanente mexiquense fue en el sentido de empatar las elecciones locales a las federales. No obstante lo anterior, me permito transcribir lo conducente de la exposición de motivos de la reforma constitucional del 3 de enero de 1995: 'El calendario electoral de la entidad, se ajusta de forma tal que las elecciones de diputados locales y miembros de los Ayuntamientos coincidan con las elecciones federales, aprovechando de mejor manera los recursos disponibles para ese efecto.'. De esta manera, se advierte de manera contundente que la intención del Constituyente Permanente del Estado de México fue que coincidiera el calendario electoral estatal con el federal para efectos de aprovechar de la mejor manera posible los recursos que se destinan para efectos electorales, de tal suerte que al modificar la fecha de elección para diputados y miembros del Ayuntamiento en el Código Electoral, trae como consecuencia lógica una contravención a la Constitución Local y, por ende, a nuestra Carta Magna. El 24 de febrero de 1995 se emitió el 'dictamen formulado por los Comités Técnicos de Asuntos Constitucionales y de Legislación' respecto a la reforma a la Constitución Política del Estado de México, y en dicho documento, el cual acompaño al presente como prueba marcada con el número seis, se señaló: 'En lo que se refiere al capítulo del Poder Legislativo, se confirma el principio de sufragio universal, libre, secreto y directo en la elección de diputados, la que se hace coincidir con la fecha señalada para diputados y senadores al Congreso de la Unión y, en su caso, con la de presidente de la República, con el objeto de que el calendario electoral de la entidad se ajuste a la realidad política y al propio tiempo se aprovechen de mejor manera los recursos asignados para ese efecto. Para que exista una congruencia con lo anterior, en disposiciones transitorias se establece la ampliación por única vez y de manera excepcional del término del encargo de diputados en nueve meses, para los que resulten electos en el año de 1996, que iniciarán su ejercicio el 5 de diciembre del año citado y lo concluirán el 4 de septiembre del año 2000, sin que por ello se violente la norma legal, ya que los electores emitirán su voto con el conocimiento de que los que resulten electos durarán en su cargo el tiempo mencionado.'. Lo anterior es contundente en virtud de la adecuada interpretación que se le debe dar a la Constitución Local mexiquense; para estos efectos me permito citar las consideraciones que el maestro Jorge Carpizo realiza en el 'Diccionario Jurídico Mexicano' del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 'Interpretación constitucional ... A la interpretación de la C (Constitución) (sic) se le aplican las reglas generales que se utilizan para la interpretación de las otras normas del orden jurídico, pero como la Norma Constitucional posee especiales características derivadas de su materia, de su carácter de suprema, del órgano que la crea y modifica y de su rigidez, existen aspectos peculiares en la interpretación de la Norma Constitucional ... III. La interpretación constitucional no puede reducirse a tener en cuenta el orden jurídico, sino qué factores políticos, históricos, sociales y económicos se incrustan en la vida constitucional de un país y hay que considerarlos ... La interpretación constitucional reviste especial importancia porque a través de ella se puede cambiar el significado gramatical de la Ley Suprema ... Dos instrumentos pueden auxiliar al intérprete constitucional y son: El Diario de Debates del respectivo Congreso Constituyente y ...'. A su vez, el célebre maestro constitucionalista Felipe Tena Ramírez en su obra "Derecho Constitucional Mexicano", considera que: 'Por cumplir una misión eminentemente social, el derecho constitucional no puede desarticularse de lo histórico ... no es posible recluirse en el sentido formal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17026-a1a52a10/instituto-electoral-del-estado-de-mexico-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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