PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 220, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, EN CUANTO ESTABLECE QUE AQUÉLLOS SÓLO PODRÁN EROGAR HASTA EL TREINTA Y CINCO POR CIENTO DEL TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE LES CORRESPONDA EN EL AÑO DE LA ELECCIÓN, PARA GASTOS DE PROPAGANDA EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2002 Y SUS ACUMULADAS 21/2002 Y 22/2002. PARTIDOS: ASOCIACIÓN POR LA DEMOCRACIA COLIMENSE, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil dos.
VISTOS; Y ,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escritos presentados el veintitrés, y uno el veinticinco de agosto de dos mil dos, los dos primeros en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el último en el domicilio particular del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para recibir promociones de término; Carlos Vázquez Oldenbourg, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Asociación por la Democracia Colimense; Rosario Robles Berlanga, como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática; y Alberto Anaya Gutiérrez, Marcos Cruz Martínez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez y Rubén Aguilar Jiménez, como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan:
1) Órgano legislativo y ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas: Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Colima y gobernador constitucional de dicha entidad. 2) Norma general cuya invalidez se solicita y medio de publicación: Decreto 237, emitido por la legislatura indicada, del veintitrés de julio de dos mil dos, en que se contienen las reformas al Código Electoral del Estado de Colima, específicamente los artículos 62, primer párrafo y 220, primer párrafo, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete del referido mes y año.
SEGUNDO. En las demandas se expusieron, en lo medular, como antecedentes:
El Partido Asociación por la Democracia Colimense.
"I. El día 9 de julio del año 2001, la Asociación por la Democracia Colimense, por conducto de su representante, el ingeniero Carlos Vázquez Oldenbourg, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Colima un escrito por el cual le notificó su propósito de constituirse como partido político estatal. Al respecto, cabe decir que hacía más de 70 años ninguna agrupación política local había obtenido esa calidad y que, por tal razón, la vida política de nuestro Estado se determinó únicamente por la actividad de partidos políticos nacionales. II. El día 6 de febrero del año 2002, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en sesión extraordinaria acordó y aprobó otorgar el registro número uno, como partido político estatal, a la Asociación por la Democracia Colimense, habiéndole expedido en esa misma fecha la constancia respectiva ‘por haber cumplido ante este Instituto Electoral con todos los requisitos que marca el Código Electoral del Estado de Colima, por tanto, se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto de las obligaciones que el código de la materia le señala.’. III. Posteriormente, el día 11 de febrero del año en curso, los partidos políticos nacionales de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), interpusieron sendos recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, impugnando el registro otorgado a la Asociación por la Democracia Colimense, partido político estatal. IV. Los citados recursos fueron resueltos en definitiva por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, después de calificar de inconstitucional el proceder del Tribunal Electoral del Estado, resolvió dejar subsistente el registro de nuestro partido en el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano (Exp. SUP-JDC-766/2002). V. El día 6 de julio del año 2002, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aplicó a la Asociación por la Democracia Colimense, partido político estatal, la fracción I del artículo 55 del Código Electoral del Estado, reformada el día 29 de diciembre del año 2001, determinando asignarle a nuestro partido, por concepto de ‘financiamiento ordinario’ y ‘financiamiento para capacitación’, las cantidades de $46,263.67 (cuarenta y seis mil doscientos sesenta y tres pesos 67/100 M.N.) anuales, equivalente a $3,855.31 (tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 31/100 M.N.) mensuales, y $6,939.57 (seis mil novecientos treinta y nueve (sic) 57/100 M.N.) anuales, equivalente a $578.30 (quinientos setenta y ocho pesos 30/100 M.N.) mensuales, respectivamente. En relación con el artículo aplicado, manifestamos que la LIII Legislatura al Congreso del Estado decretó la reforma al mismo durante el proceso de integración de nuestro partido, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Pues, después quedó evidenciado, que el propósito era que al aplicarse con posterioridad contra nuestro partido, quedara éste, por las cantidades mensuales arriba señaladas, incapacitado para cumplir los fines que la Constitución de la República le señala y, por tanto, inviable como partido político. Contra la citada reforma presentamos en su oportunidad acción de inconstitucionalidad ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra radicada bajo el expediente 15/2002. VI. Como consta en la copia que se adjunta (anexo 7) del Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, de fecha 27 de julio de 2002, se publicó el Decreto Número 237, mediante el cual el H. Congreso del Estado de Colima reformó varios artículos del Código Electoral vigente en el Estado, entre ellos el artículo 62, el cual anteriormente expresaba: ‘Artículo 62. Los partidos políticos podrán coaligarse para postular candidaturas de convergencia en las elecciones locales, de conformidad con las siguientes bases: ...’. Ahora, por razón de dicha reforma, a la letra dice: ‘Artículo 62. Los partidos políticos podrán coaligarse para postular candidaturas de convergencia en las elecciones locales, siempre que hayan participado, cuando menos, en la elección inmediata anterior, de conformidad con las siguientes bases: ...’. VII. Como consta en la ‘exposición de motivos’ transcrita en el considerando segundo del decreto señalado en el punto que antecede, se creó en el Congreso del Estado una ‘Comisión especial para la reforma del Estado’, la cual determinó la realización de dos foros, uno celebrado en la ciudad y puerto de Manzanillo, el 13 de marzo de 2002, y otro en la ciudad de Colima, el 20 de marzo del mismo año. ‘Con las ponencias presentadas en los foros se elaboró un documento base, preparado por el Instituto Electoral del Estado de Colima y por el cuerpo de apoyo técnico de la Comisión Especial, integrado por Rubén Pérez Anguiano, secretario técnico, y los asesores Guillermo de J. Navarrete Zamora y Emireth Rolón Zúñiga. Así, se abrió la siguiente etapa, en la cual la Comisión Especial determinó constituir una subcomisión para la reforma electoral, donde se invitó a los representantes de los partidos políticos con registro y donde participarían, además, representantes de los distintos grupos parlamentarios, así como los diputados integrantes de la Comisión Especial.’. De la lectura de los párrafos siguientes, se deduce que la subcomisión ‘funcionó como una mesa de trabajo’, laborando exclusivamente sobre las propuestas vertidas en los foros, con ‘un método de consenso para determinar la viabilidad y los alcances de las reformas propuestas’. Las propuestas hechas en los foros fueron en número de 40, según se desprende del oficio 019/2002, remitido por el diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, coordinador de la Comisión Especial para la reforma del Estado, al presidente del Instituto Electoral del Estado, Mtro. José Luis Gaitán Gaitán, y publicado en la página 2 de la revista ‘Tu voto es poder’, número 10, que edita el Instituto Electoral del Estado. En esta misma revista, de la página 3 a la 47, se publica también una ‘referencia sintética’ de las ponencias presentadas en los citados foros. Pero es el caso, que en ninguna de las ponencias presentadas en los foros que supuestamente sirvieron de base a los trabajos de la subcomisión, ni en la exposición de motivos transcrita en el considerando segundo del Decreto 237, se hace referencia alguna a la reforma al artículo 62, pese a la enorme trascendencia que ha tenido dicha reforma en la sociedad colimense, como se denota de los ejemplares que se anexan como pruebas (anexos 8, 9, y 10). No se encuentra ni fundamentada ni motivada dicha reforma en ningún lugar, ni en ningún documento de los que supuestamente sirvieran como base para dicha reforma. La prensa local dio cuenta de que, de último momento, fue presentada la iniciativa de esa inconstitucional reforma por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la cual, para no ir sola en la aprobación final de ese atentado, se allegó el voto en el Pleno de uno (sic) los nueve diputados del Partido Acción Nacional que conforman la mencionada legislatura. VIII. Al cuestionar los diversos medios de información, las causas verdaderas de dicha reforma, y toda vez que su publicación correspondía al ciudadano gobernador del Estado, quien conforme a lo establecido por el artículo 59, fracción I, de la Constitución Política del Estado podía negarse a publicar dicha reforma, el Ejecutivo confirmó la inexistencia de motivación o fundamentación jurídica de la misma, confesando, muy al contrario, que su expedición obedecía a una ‘estrategia electoral’, lo cual consta claramente en las declaraciones que obran en los ejemplares de los periódicos que se adjuntan como anexos 4, 5 y 6. La intención de la reforma, para dañar específicamente al partido que represento, atenta, además, contra los principios que rigen la expedición de leyes en el sistema jurídico mexicano, que consagra el principio de igualdad en la Constitución General de la República mexicana. Por las pruebas aportadas que, no obstante el texto de la ley impida su calificación de ‘privativa’, la intención manifiesta por parte de los responsables de su expedición la deslegitiman, al convertirla en un instrumento creado específicamente para un perjuicio particular. Y queda más evidenciada la inexistencia de un interés público que haya orientado tal expedición y publicación. IX. Independientemente de todo lo antes dicho, la reforma al artículo 62 del Código Electoral del Estado de Colima, al prohibir las coaliciones en cualquier forma o circunstancia, que dicha prohibición se contemple, atenta contra la garantía individual de asociación consagrada en los artículos 9o. y 35, fracción III, de la Constitución General que dan sentido y explican el contenido del artículo 41 constitucional, que faculta a los ciudadanos mexicanos para formar partidos políticos y reglamenta la función de los mismos en razón de los fines que le señala el párrafo dos de dicho precepto constitucional. Lo expuesto anteriormente exhibe en forma clara e indiscutible que las obstrucciones que se han presentado a nuestro partido desde su nacimiento, obedecen a una ‘estrategia’ a la que se han prestado diversas instituciones interesadas en que el pueblo de Colima no cuente con un partido político autóctono, a través del cual influya directamente en el desarrollo de nuestro Estado. Es claro el interés de la fracción partidista en el Congreso del Estado responsable de la expedición de la reforma, de que la ciudadanía colimense responda únicamente a directrices de partidos políticos nacionales, y de limitar el ejercicio de sus derechos políticos a los parámetros que aquéllos le marquen con métodos como los exhibidos en nuestra contra."
El Partido de la Revolución Democrática expuso:
"I. Mediante oficio No. 1682, de fecha 23 de julio del presente año, suscrito por los CC. Diputados Roberto Chapula de la Mora y Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, secretarios de la Comisión Permanente, se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa presentada por los CC. Diputados Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Antonio Morales de la Peña, Sergio Marcelino Bravo, Rubén Vélez, Agustín Martell, Armando de la Mora, Jaime Enrique Sotelo y Joel Padilla, integrantes de la Comisión Especial para la reforma del Estado, relativa a la reforma y adición de diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima. II. En sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Colima, celebrada el día 23 de julio de año 2002, se incluyó en la orden del día la lectura y análisis del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el cual proponía reformas y adiciones a diversos artículos del Código Electoral para el Estado de Colima, presentada por los diputados integrantes de la Comisión Especial para la reforma del Estado. En el citado dictamen se incluyó la reforma al primer párrafo del artículo 62 del Código Electoral, que no fue propuesto por los diputados integrantes de la Comisión Especial y que es el principal motivo por el que se presenta esta acción de inconstitucionalidad. Después de un amplio debate sobre la aprobación o no del citado artículo, fue aprobado y emitido el Decreto No. 237 por mayoría de quince votos a favor y diez en contra del total de veinticinco diputados que integran la LIII Legislatura del Estado de Colima. III. Con fecha 27 de julio de 2002, fue publicado en el suplemento No. 1 del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ‘El Estado de Colima’, correspondiente al número 33 de dicha publicación, el Decreto Número 237, mediante el cual se le da formal publicidad a la reforma que hoy se impugna."
El Partido del Trabajo manifestó:
"Primero. En fecha 23 de julio se presentó al oficial mayor de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Colima, iniciativa de ley para reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima, por parte de los diputados Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Antonio Morales de la Peña, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Rubén Vélez Morelos, Agustín Martell Valencia, integrantes de la Comisión Especial para la reforma del Estado, incluyendo, sin que hayan firmado dicha iniciativa, a los diputados Armando de la Mora Morfín, Jaime Enrique Sotelo García y Joel Padilla Peña, este último de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es importante señalar que la iniciativa en comento fue elaborada única y exclusivamente considerando las ocurrencias momentáneas de los diputados pertenecientes a los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, pues no se consensó con las demás fuerzas políticas y con la sociedad en general, y contrariamente a lo señalado en la exposición de motivos, no se consideró lo contemplado en los foros de Manzanillo y Colima, formados para tal efecto. La entrega de dicha iniciativa, como se señaló anteriormente, se entregó al oficial mayor de manera personal, la que ni siquiera tiene acuse de recibo, tal y como se demuestra con la certificación de la misma que se anexa al presente escrito como prueba de nuestra intención. Segundo. El mismo día 23 de julio de 2002, se turnó por parte de la Comisión Permanente dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante oficio número 1662/02. Tercero. El mismo día 23 de julio del año en curso, solamente dos horas después, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, ya aprobado el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima, presentó dicho dictamen en la sesión de la Comisión Permanente número 10, celebrada a las 21:05 horas, la que acordó convocar a sesión extraordinaria del H. Congreso del Estado a las 10:30 horas del siguiente. La sesión extraordinaria antes mencionada, comenzó a las 16:55 del día 24 de julio y se aprobó en ella el dictamen que da origen al presente procedimiento, con 21 votos a favor por parte de los diputados de las fracciones parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y votando en contra tanto el Partido del Trabajo como el de la Revolución Democrática. Lo anterior se comprueba con la certificación del acta de dicha sesión, la que se anexa al presente procedimiento como prueba de nuestra intención. En el dictamen de referencia se encuentra, entre otras, la modificación hecha al artículo 62 del Código Electoral del Estado de Colima, que en su primer párrafo dice: ‘Los partidos políticos podrán coaligarse para postular candidaturas de convergencia en las elecciones locales, siempre que hayan participado, cuando menos, en la elección inmediata anterior, de conformidad con las siguientes bases.’. Cuarto. La Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, dirige al Ejecutivo del Estado el Decreto Número 237, el cual es promulgado y publicado por el gobernador constitucional, el cual ordena la publicación en el Periódico Oficial del Estado, misma que se realizó el 27 de julio de este mismo año, bajo el Decreto Número 237, por la honorable Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Quinto. El día 27 de julio del año en curso, la adición al Código Electoral referida, es promulgada y publicada por el Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial del Estado, con el número de Decreto 237, que en relación con el artículo 62, el cual a la letra dice: ‘Los partidos políticos podrán coaligarse para postular candidaturas de convergencia en las elecciones locales, siempre que hayan participado, cuando menos, en la elección inmediata anterior, de conformidad con las siguientes bases.’. Sexto. Por lo anteriormente expuesto es claro y evidente que la promulgación y publicación de la citada norma conlleva, entre otras finalidades, la de coartar el derecho fundamental de la asociación, violentando flagrantemente lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con lo mandatado por los artículos 9o., primer párrafo, 35, fracción III y 41, fracciones I y IV, que establecen: ‘Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho a deliberar.’. ‘Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: ... III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación delpueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. ... IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.’. La Constitución Política Local establece en su artículo 86 bis: ‘La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público; la ley determinará los modos específicos de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatal, distritales y municipales, previa inscripción de la constancia de su registro ante el Instituto Electoral del Estado. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En el Estado gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución General de la República. Los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. (Adicionado, P.O. 26 de julio de 1999) Los partidos políticos con el fin de estimular la participación equitativa, podrán registrar hasta el 70% de candidaturas de un mismo género, a cargos de elección popular, por ambos principios. II. Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente e igualitaria de los medios de comunicación social propiedad del Gobierno del Estado, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley. En los procesos electorales estatal, distritales y municipales, los partidos políticos deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. III. La ley señalará las reglas a que se sujetarán el financiamiento ordinario de los partidos políticos y de sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en las listas nominales de electores al 30 de abril del año de la elección, por el 50% del salario mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del Estado. b) Asimismo, se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. c) La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. (Reformado, P.O. 23 de julio de 2002). IV. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público de carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de dicha función. El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. (Reformado, P.O. 26 de julio de 1999) (Reformado, P.O. 23 de julio de 2002). a) El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete consejeros electorales propietarios y tres suplentes, designados por el Congreso del Estado por mayoría calificada de sus integrantes, a propuesta de los grupos parlamentarios. Durarán en su encargo siete años y sus requisitos y mecanismos de elección serán determinados en la ley de la materia. Uno de los consejeros será presidente, electo por un mínimo de cinco votos de los consejeros. Tendrá un secretario ejecutivo, que deberá ser también consejero y será electo por cinco votos de los consejeros, a propuesta en terna de su presidente. Ambos funcionarios durarán en su cargo 4 años pudiendo ser reelectos para completar el resto del periodo. Los consejeros electorales estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el título XI de esta Constitución. En caso de que no se reúna en la segunda vuelta la mayoría calificada a que se refiere el párrafo anterior, los funcionarios electorales serán electos por el sistema de insaculación. (Reformado, P.O. 26 de julio de 1999) (F. de E. P.O. 04 de septiembre de 1999). Los consejeros electorales no podrán: 1) Tener ningún otro empleo público durante el desempeño de su función; 2) Ser candidatos a cargos de elección popular durante los tres años posteriores a la conclusión o separación de su cargo; y 3) Ocupar un cargo en las administraciones estatales o municipales, hasta pasado un año de la conclusión o separación de su cargo. En el Consejo General y los Consejos Municipales participarán un representante acreditado por cada partido político, quienes sólo tendrán derecho a voz. b) Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Los servidores del instituto regirán sus relaciones de trabajo por las disposiciones de la Ley Electoral y por el estatuto que apruebe el Congreso del Estado, cuyos derechos y obligaciones no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 apartado B constitucional. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos. El Instituto Electoral del Estado agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas al padrón y lista de electores, geografía electoral, observación electoral, derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, la regulación de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias, capacitación electoral, educación cívica e impresión de materiales electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en los términos que disponga la ley. El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo de cada elección; otorgará constancias de mayoría a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo; declarará la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos; y hará la declaratoria de validez y la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional. (Adicionado, P.O. 11 de diciembre de 1999) El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo, además, la realización del plebiscito y referéndum, en los términos de la ley respectiva. V. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnados. Los cómputos efectuados por los órganos electorales, las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o regidores podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la ley. VI. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e independientemente en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Funcionará en Pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los términos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme al estatuto que apruebe el Congreso del Estado, en el que se establecerá que los derechos y obligaciones de sus trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 apartado B constitucional, y los mecanismos de vigilancia y disciplina se establecerán en la ley electoral. Sus Magistrados responderán sólo al mandato de la ley; deberán satisfacer los requisitos establecidos en la legislación electoral, que no podrán ser menores de los que señala esta Constitución para ser Magistrado del Poder Judicial. Serán electos por el Congreso del Esta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17318-9c22352b/partidos-politicos-el-articulo-220-primer-parrafo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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