ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA REFORMA AL ARTÍCULO 281, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SI NO SE IMPUGNÓ EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, DEL CUAL EMANA AQUÉL, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2002. PARTIDO DEL TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil dos.
VISTOS;Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dos, en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para recibir promociones de término, Alberto Anaya Gutiérrez, Marcos Cruz Martínez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez y Rubén Aguilar Jiménez, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Autoridades responsables de emitir y promulgar la norma general impugnada.
"a) La H. LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Domicilio: Paseo de la Presa No. 107, Centro, Guanajuato, Guanajuato.
"b) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Domicilio: Paseo de la Presa No. 103, C.P. 36000, Centro, Guanajuato, Guanajuato.
"III. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publica:
"Se reclama como norma general impugnada, las reformas hechas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en especial la contenida en su artículo 281, párrafo primero, publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fecha dos de agosto del año en curso."
SEGUNDO. Los antecedentes que aduce la parte actora son los siguientes:
"I. La reforma política de 1977 introdujo, en el ámbito federal, el sistema mixto de representación para la integración de la Cámara de Diputados, bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, con dominante mayoritario. El principio de mayoría relativa consistente en asignar cada uno de los espacios en la legislatura al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide el país, atribuyendo al principio de representación proporcional al sistema que le otorga a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor; en lo que se refiere al de representación proporcional, no se encontraba previsto textualmente en el artículo 116, puesto que la fracción II de dicho artículo consignaba en el párrafo tercero: ‘En la legislación electoral respectiva se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales.’. Siendo hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996, en la que se sustituye el anterior precepto constitucional, para establecer el principio arriba citado de la siguiente forma: ‘Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.’. II. En el mes de julio del presente año, la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato realizó diversas reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, entre ellas, al primer párrafo del artículo 281 del ordenamiento legal anteriormente indicado, y que por supuesto contraviene a lo señalado en los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la misma permite la sobrerrepresentación de un solo partido en la Legislatura del Estado de Guanajuato, lo que obviamente se refleja en una contradicción al parámetro señalado en el artículo 54 de nuestra Carta Magna, que nos señala que ningún partido podrá obtener más allá del número de distritos uninominales."
TERCERO. El partido promovente señala como conceptos de invalidez los que a continuación se señalan:
"ÚNICO. Agravia al Partido del Trabajo la reforma realizada al primer párrafo del artículo 281 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en virtud de que violenta flagrantemente lo dispuesto por el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción IV, que a la letra dice: ‘Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetarán a las siguientes bases ... IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.’. Se desprende de lo anterior, que un partido político sólo podrá obtener el número de diputados suficientes que no rebasen el número de distritos uninominales que señala el artículo 54 de nuestra Carta Magna y que lo es de 300 distritos, para que de esta manera se proteja la sobrerrepresentación que pudiese tener un solo partido, y que debe servir como base para las demás Legislaturas Locales; por tanto, al señalar el artículo 281, en su primer párrafo, lo siguiente: ‘Los partidos políticos que se encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán derecho a que le sean asignados diputados según el principio de representación proporcional de modo que, la suma de sus diputados por ambos principios representen el porcentaje más aproximado posible al que de la votación total válidamente emitida hubiesen obtenido en la elección. En ningún caso un partido político podrá contar con más de veinticinco diputados por ambos principios.’, violenta flagrantemente lo señalado en el artículo 54 de nuestra Ley Suprema, toda vez que permite que un solo partido pudiera estar sobrerrepresentado en la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, al permitirle acceder hasta 25 diputados por ambos principios, lo cual a todas luces es inconstitucional y permite que un solo partido al tener la mayoría calificada pudiera modificar libremente la Constitución del Estado, y perjudicaría directamente a los partidos políticos que participen en la contienda electoral y sean minoría. Ahora bien, la instalación del principio de representación proporcional ha presentado un canal apropiado para la participación de las minorías en México, tal y como lo sostuvo Mariano Otero, quien pronunció un discurso en donde expuso la teoría de la representación proporcional y la defensa de las minorías, afirmando que: ‘De este modo la minoría no será siempre sacrificada a la mayoría, que es el vicio funesto de que, según el citado escritor Sismondi, adolecen los sistemas representativos ... La representación no siempre no es buena, sino que es imagen de la sociedad ... se ha creído que la voluntad de la mayoría es soberana y que no tenía respecto de la minoría ningunos deberes, hoy se sabe como un principio inconcluso de legislación que se repite con frecuencia que es necesario respetar a las minorías ... Que el Congreso Constituyente de 1843 resuelva el problema de que la representación nacional se componga de los diversos elementos políticos y en la misma proporción que se encuentra la República ...’. La necesidad de llamar todos los intereses a ser representados es hoy una verdad tan universalmente reconocida que sólo ignorando el estado actual de la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la mayoría sin el equilibrio de la representación de las minorías, desde entonces se buscaba que la voz y presencia de las corrientes ideológicas minoritarias se hicieran presentes para la formación de la representación nacional. Así pues, se entiende que nuestro sistema político acoge el principio de representación proporcional como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aun determinadas en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Desprendiéndose pues, que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce en un instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en nuestra Constitución Federal desde el año de 1977, y que desde esa fecha está vigente. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de representación proporcional, como garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales: 1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad. 2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente, una representación aproximada al porcentaje de su votación total. 3. Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes. Si bien, atendiendo al pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el Poder Revisor de la Constitución ha desarrollado con dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales debe atenderse a las bases fundamentales del artículo 54 constitucional que son indispensables para la observancia del principio de representación proporcional. Así pues, las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral tratándose de diputados, son las derivadas del artículo 54 constitucional: Primero. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales, a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale. Segundo. Establecimiento de un mínimo de porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados. Tercero. La asignación de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarto. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados, por ambos principios, que puede alcanzar un partido debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de los diputados conforme a los resultados de la votación. Los anteriores requisitos son bases generales del artículo 54 de nuestra Carta Magna y que, por ende, tienen que observar las Legislaturas de los Estados para que de esta manera se cumpla con el principio de proporcionalidad electoral y que es el que contiene el tope máximo, por ambos principios, al que puede acceder un partido y que debe ser igual al número de distritos electorales que se tenga en cada Estado. Ahora bien, si el territorio del Estado de Guanajuato se encuentra dividido en 22 distritos electorales y el artículo 281 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato autoriza que un solo partido pueda obtener hasta 25 diputados por ambos principios, es claro que contraviene la base general que se instituye en el artículo 54, fracción IV, de nuestra Carta Magna, pues sobrepasan el máximo de diputaciones a favor de un partido. Para lo anterior tengo a bien citar la siguiente tesis jurisprudencial: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, noviembre de 1998. Tesis: P./J. 70/98. Página: 191. MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. El principio de representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica por qué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además, debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan. Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 70/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, noviembre de 1998. Tesis: P./J. 69/98. Página: 189. MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La abundancia de criterios doctrinarios así como de modelos para desarrollar el principio de representación proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en tratándose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación. Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 69/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho.’. De todo lo anterior se desprenden las violaciones a nuestra Carta Magna, al realizar una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato mediante el Decreto Número 126 y que genera una acción de inconstitucionalidad por los órganos señalados como responsables, repercutiendo directamente en perjuicio del instituto político denominado Partido del Trabajo el cual representamos, vulnerando con este actuar la esfera jurídica de nuestra representada, debiendo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ampararnos, invalidando el Decreto 126 en donde se reforma el artículo 281, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor para el Estado de Guanajuato, y que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 2 de agosto de 2002, con el número 92 del tomo CXL, año LXXXIX, para que se garantice la pluralidad en los órganos legislativos de todos los actores políticos, por la vía proporcional, en los términos que señala el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester señalar que los anteriores argumentos lógico-jurídicos ya fueron expresados y expuestos ante este Órgano de Control Constitucional dentro de la acción de inconstitucionalidad número 34/2000 y sus acumuladas 1/2001 y 4/2001, interpuesta contra la LVII Legislatura del Estado de Aguascalientes, en donde se reafirma el criterio de la Corte sobre los principios de representación, en ambos sentidos, de acuerdo con lo estipulado en nuestra Carta Magna."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son los artículos 40, 41, fracciones I y II, párrafos primero y segundo, 54, fracciones II y IV, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracción IV, incisos f) y h), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad número 23/2002, y conforme al turno que se lleva en la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, se designó al Ministro Juan Díaz Romero para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución.
SEXTO. Por auto de diez de septiembre de dos mil dos, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al procurador general de la República para que rinda el pedimento que le corresponda y solicitar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emita su opinión.
SÉPTIMO. Es importante señalar que no se transcriben las contestaciones de demanda de las autoridades que emitieron y promulgaron la norma general impugnada, en virtud de que el Ministro instructor, mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil dos, declaró que su presentación resultó extemporánea.
OCTAVO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir su opinión, sustancialmente manifestó:
Que estima que sobre el particular no es necesario emitir alguna opinión, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 6/98, promovida por el Partido de la Revolución Democrática, y 34/2000 y sus acumuladas 1/2001, 3/2001 y 4/2001, promovidas, respectivamente, por los partidos Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, Alianza Social y del Trabajo, resueltas, respectivamente, el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y el veintinueve de enero de dos mil uno, emitió las tesis de jurisprudencia P./J. 69/98 y P./J. 50/2001, publicadas, respectivamente, en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VIII, noviembre de 1998, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y setecientoscuarenta y seis, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen:
"MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La abundancia de criterios doctrinarios así como de modelos para desarrollar el principio de representación proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en tratándose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación.
"Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."
"CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. AL PERMITIR SU ARTÍCULO 208 QUE UN SOLO PARTIDO PUEDA OBTENER UN NÚMERO DE DIPUTACIONES MAYOR AL DE DISTRITOS ELECTORALES, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Dentro de las bases generales que el citado precepto constitucional establece y que deben observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el principio de proporcionalidad electoral, se encuentra la relativa a que el tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales. En estas condiciones, al prever el artículo 208 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes que todo partido político que obtenga el triunfo en la totalidad de los distritos uninominales, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, sin que pueda exceder de veinte, tomando en cuenta los asignados por ambos principios, cuando de lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución Política de Aguascalientes y 16 del Código Electoral local se desprende que el Congreso del Estado estará integrado por dieciocho diputados electos según el principio de mayoría relativa y hasta nueve diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, contraviene la base general en mención. Ello es así, porque si el territorio del Estado de Aguascalientes se encuentra dividido en dieciocho distritos electorales, entonces el precepto últimamente citado sobrepasa el máximo de diputaciones en favor de un partido permitido por las bases generales que instituye el aludido artículo de la Carta Magna.
"Acción de inconstitucionalidad 34/2000 y sus acumuladas 1/2001, 3/2001 y 4/2001. Partidos Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, Alianza Social y del Trabajo. 29 de enero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez."
NOVENO. Por oficio PGR/1924/2002, el procurador general de la República al rendir su opinión manifestó en síntesis:
a) Que este Alto Tribunal es competente para sustanciar y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud de que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general electoral y la Constitución Federal, atento lo dispuesto por la fracción II del artículo 105 de la Ley Suprema.
b) Que la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo cuenta con la legitimación procesal para promover la presente vía.
c) Que la acción de inconstitucionalidad fue promovida en tiempo.
d) Que de las bases generales instituidas por el artículo 54 de la Carta Magna, las cuales debe ineludiblemente observar el Congreso del Estado de Guanajuato para cumplir cabalmente con el principio de proporcionalidad electoral, se encuentra la relativa al tope máximo de diputados, por ambos principios, que puede alcanzar un partido y que debe ser igual al número de distritos electorales en que se divide la referida entidad.
e) Que en el caso, el territorio del Estado de Guanajuato se encuentra dividido en veintitrés distritos electorales, tal y como lo establece el precepto 371 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoral para la referida entidad.
f) Que la parte final del párrafo primero del artículo 281 del ordenamiento electoral en cita, al autorizar que un partido podrá obtener hasta veinticinco diputados por ambos principios, contraviene el artículo 54, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues sobrepasa el máximo de diputaciones a favor de un solo partido autorizado por las bases generales contenidas en el artículo 54 constitucional, por tanto, resulta que el artículo combatido contradice lo establecido en la Constitución Federal.
g) Que atento lo anterior, procede que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de la parte conducente del numeral 281 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
DÉCIMO. Recibida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del procurador general de la República, y encontrándose debidamente instruido el procedimiento en sus términos, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita se declare la invalidez del artículo 281, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, reformado mediante Decreto Número 126.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme al artículo transcrito, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene la norma que se impugna, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.
El Decreto Número 126 por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el dos de agosto de dos mil dos.
Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el sábado tres de agosto, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el domingo uno de septiembre de dos mil dos.
Por otra parte, el artículo 7o. de la ley reglamentaria de la materia señala:
"Artículo 7o. Las demandas o promociones de término podrán presentarse fuera del horario de labores, ante el secretario general de Acuerdos o ante la persona designada por éste."
En el caso, la demanda se presentó en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal el treinta y uno de agosto de dos mil dos, esto es, el vigésimo noveno día del plazo legal correspondiente, por lo que en tales condiciones debe considerarse que la demanda fue presentada oportunamente.
TERCERO. Acto continuo se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17316-9f3a7972/accion-de-inconstitucionalidad-es-improcedente-contra-la-reforma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA NORMA QUE DETERMINA QUE UN CONCEJO MUNICIPAL EJERZA EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 95, FRACCIÓN XXXVI, DEL CÓDIGO ELECTORAL ESTATAL TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, INC (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, Y 38, PRIMER PÁRRAFO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTAD (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA FUNDADA POR DEFECTO EN LA EJECUCION DE SENTENCIA. (s/clave)
- ACCION PENAL EJERCICIO DE LA. (s/clave)
- CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, INDEBIDA SUSTITUCIÓN DE LAS.- (3992)
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis