ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE UN COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2002. COMITÉ DIRECTIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de diciembre de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintinueve de septiembre de dos mil dos, en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir demandas y promociones de término en días y horas inhábiles, Miguel Calzada Mercado y Ana Bertha Silva Solórzano, quienes se ostentaron como presidente y secretaria general del Comité Directivo en el Estado de Querétaro del Partido Revolucionario Institucional, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan:
"a) Órgano legislativo que promulgó la norma cuya declaración de inconstitucionalidad e invalidez se solicita: H. LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, con domicilio en Cinco de Mayo, esquina con Pasteur, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro. b) Órgano ejecutivo que emitió la norma cuya declaración de inconstitucionalidad e invalidez se solicita: C. Gobernador del Estado de Querétaro Arteaga, con domicilio en Pasteur y Cinco de Mayo, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro. c) Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fue publicada: se reclama la Ley que Reforma el Artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial ‘La Sombra de Arteaga’, en fecha 30 de agosto del presente."
SEGUNDO. En la demanda se expusieron, en lo medular, como antecedentes:
"I. En sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, de fecha 27 de noviembre del año 2001, el consejo general de dicho órgano electoral instruyó al director general de dicho instituto a fin de que realizara el estudio técnico para la determinación de los distritos uninominales y circunscripciones plurinominales en que debería dividirse el Estado para la elección del año 2003. II. En fecha 28 de enero del año en curso, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Querétaro celebraron convenio para la formulación del proyecto de redistritación correspondiente al Estado. III. En fecha 24 de mayo del presente, los representantes acreditados de los diversos partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, el estudio técnico de redistritación para el proceso electoral de 2003 (sic). IV. En fecha 2 de julio del presente, convocó a sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, a efecto de presentar y aprobar, en su caso, el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, relativo al proyecto de iniciativa de ley para la determinación de los distritos uninominales y circunscripciones plurinominales en que se divide el Estado de Querétaro Arteaga; proyecto que fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro de fecha 5 de julio del presente. V. En fecha 8 de julio del presente, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro remitió a la LIII Legislatura del Estado de Querétaro la iniciativa de ley relativa a las reformas al artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. VI. Recibida que fue la iniciativa de ley a que se hace referencia en el antecedente que precede, se integró como parte del orden del día de la sesión ordinaria de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, a celebrarse el 11 de julio del presente, la lectura de la iniciativa de ley a que hemos venido haciendo referencia. VII. En sesión ordinaria de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, de fecha 11 de julio del presente, efectivamente se dio lectura a la iniciativa de ley a que se ha venido haciendo referencia, acordándose se turnara dicha iniciativa de ley a la Comisión de Gobernación de la propia legislatura, para efecto de su estudio y dictamen. VIII. En fecha 12 de julio del presente, fue recibida por el presidente de la Comisión de Gobernación de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, la iniciativa de ley a que se ha venido haciendo referencia y para los efectos a que hicimos alusión en el antecedente que precede. IX. En fecha 5 de agosto del presente, en sesión extraordinaria de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, como punto del orden del día de la misma, fue presentado por la Comisión de Gobernación de la propia legislatura, el dictamen recaído a la iniciativa de ley para la determinación de los distritos uninominales y circunscripciones plurinominales en que se divide el Estado de Querétaro Arteaga, dictamen que reformó la iniciativa de ley referida, ordenándose notificar al Instituto Electoral de Querétaro las modificaciones a la iniciativa, para efecto de que si desea hacerlo, presente por escrito, antes de la siguiente sesión, las consideraciones que a su derecho conviniere. X. En fecha 6 de agosto del presente, mediante oficio DAL/2023/02, de fecha 5 de agosto del presente, suscrito por el Dip. Raúl Rogelio Cavaría Salas, secretario de la Comisión Permanente en funciones de mesa directiva, en vía de notificación, remite al Instituto Electoral de Querétaro el dictamen a que se refiere el antecedente que precede, a efecto de que si desea, presente por escrito, antes de la siguiente sesión de la legislatura, las consideraciones que le convengan, omitiendo señalar en el oficio referido la fecha de celebración de la sesión siguiente. XI. El oficio referido en el antecedente anterior fue recibido por el Instituto Electoral de Querétaro, en fecha 6 de agosto del presente, por el vigilante del Instituto Electoral de Querétaro, en razón de que dicho órgano electoral se encontraba en receso, lo que se hizo saber a la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, mediante oficio sin número de fecha 6 de agosto del presente, suscrito por el Soc. Efraín Mendoza Zaragoza, presidente del Instituto Electoral de Querétaro, agregando que dicho funcionario electoral carecía de competencia para emitir comentario alguno. El oficio a que hacemos referencia fue recibido por la legislatura en fecha 7 de agosto del presente. XII. En fecha 8 de agosto del presente, en sesión extraordinaria de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, se discute y aprueba por mayoría de 13 votos contra 12 el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación de la propia legislatura, sin que se haya dado cuenta al Pleno del oficio del presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, y a que nos referimos en el antecedente que precede, y expidiendo, en consecuencia, la Ley que Reforma el Artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. XIII. En fecha 29 de agosto del presente, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro expidió y promulgó la ley a que hacemos referencia en el antecedente que precede, la que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga ‘La Sombra de Arteaga’, en fecha 30 de agosto del presente. XIV. En fecha 13 de septiembre del presente, en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga ‘La Sombra de Arteaga’, se publicó fe de erratas relativas a la ley que reforma el artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:
"Primero. Lo constituye la inobservancia de las disposiciones legales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, la Ley Electoral del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que en el proceso legislativo debieron adoptarse, a fin de reformar el artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, relativo a los distritos electorales y circunscripción plurinominal en que se compone el Estado de Querétaro. La procedencia del estudio de violaciones cometidas en el proceso legislativo en una acción de inconstitucionalidad es válido, atento la jurisprudencia que a continuación transcribo: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, febrero de 1999. Tesis: P./J. 4/99. Página: 288. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acción de inconstitucionalidad, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas.’. Conforme a lo previsto por la fracción V del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro tiene la facultad de iniciar leyes en materia electoral. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece en su artículo 11 (sic) que a efecto de modificar la estructura territorial de los distritos uninominales y circunscripción plurinominal, lo determinará la Legislatura del Estado por medio de iniciativa de ley que para tal efecto proponga el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, de conformidad con las disposiciones que al efecto establecen los artículos 11, 12, 13 y 14 del ordenamiento legal citado. En el caso que nos ocupa, el proceso legislativo previsto por la Ley Electoral del Estado de Querétaro, a efecto de darse una redistritación, ésta debe apegarse al procedimiento establecido tanto en la propia Ley Electoral, como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Al margen de las inconsistencias de carácter legal que se dieron en la secuela de la formación de la iniciativa de ley enviada por el Instituto Electoral de Querétaro, el proceso legislativo no se ajustó a los preceptos legales que rigen en la materia. Al respecto, es menester precisar que el artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece los distritos uninominales y circunscripción plurinominal en que se compone el Estado de Querétaro; luego entonces, una redistritación implica necesariamente una reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por lo que en ese sentido, es inconcuso que la redistritación referida es materia electoral; lo que aunado a la jurisprudencia sostenida por ese Alto Tribunal lo corrobora transcribiendo, al efecto, la jurisprudencia que a continuación transcribimos: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, abril de 1999. Tesis: P./J. 25/99. Página: 255. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras.’. Establecido lo anterior, habrá de precisarse la legislación aplicable al proceso de reformas a la Ley Electoral en materia de distritación y que son la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Tal como se dejó establecido con anterioridad, el Instituto Electoral de Querétaro tiene la facultad de iniciativa de ley en materia electoral y, dentro de la materia electoral, cuando se trata de una distritación o redistritación, la propia Ley Electoral establece un procedimiento específico para dicho efecto. Al respecto, el artículo 1o. de la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece que las normas de la misma son de orden público, interés social y de observancia general en el territorio del Estado, imponiendo a sus autoridades -entre otras la legislatura-, la obligación de velar por su estricta aplicación y cumplimiento. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro establece que la Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga tiene las facultades que le atribuye, entre otras, la Ley Electoral del Estado. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro impone la obligación al Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro de realizar, por lo menos 18 meses antes de la elección, un estudio técnico, a fin de determinar los distritos uninominales y circunscripciones plurinominales en que habrá de dividirse el Estado para la elección correspondiente, estudio que deberá ajustarse a las previsiones que dicho precepto legal señala. Los artículos 12 y 13, párrafo primero, del ordenamiento legal antes citado, establecen el procedimiento que habrá de llevarse a cabo en el Instituto Electoral de Querétaro, a fin de formar la iniciativa de ley correspondiente y turnarla a la Legislatura del Estado. Recibida la iniciativa por la Legislatura del Estado, habrán de aplicarse las disposiciones que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro prevén. Al efecto, el artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga establece el procedimiento a seguir en la formación de leyes, procedimiento que se repite en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. La ley cuya inconstitucionalidad e invalidez se reclaman por esta vía, se aparta en su formación del proceso legislativo que establecen los preceptos legales antes referidos. Por principio, habrá de establecerse que en razón de que se trata de una iniciativa de ley, formada por un organismo con facultades para ello, la Legislatura del Estado de Querétaro y, por ende, la comisión de dictamen correspondiente, deben emitir un dictamen en vinculación con la iniciativa de ley presentada, dado que lo manifestado en tal iniciativa no es una mera opinión del Instituto Electoral, sino que con las facultades que la Constitución Particular del Estado y la Ley Electoral del mismo le confieren, inicia una ley. En las condiciones establecidas, por tratarse de una iniciativa de ley, existe una vinculación del órgano a quien se somete la iniciativa de ley con ésta; por lo que está obligado dicho órgano a estudiar la misma y, en su caso, aprobarla, rechazarla y, de darse el segundo caso, proponer modificaciones, lo que deriva de las fracciones I, II, III y VI del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y sus correlativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. En el caso concreto, corresponde a la comisión de dictamen emitir su resolución o dictamen sobre la iniciativa de ley, sin apartarse de la misma, debiendo además fundar y motivar el dictamen correspondiente, por ser una obligación que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso que nos ocupa, el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro realiza modificaciones a la iniciativa de ley presentada por el Instituto Electoral de Querétaro; sin embargo, en el dictamen correspondiente, dicha comisión de dictamen omite hacer razonamiento alguno del por qué de las modificaciones a la iniciativa de ley del Instituto Electoral de Querétaro, y contrario a ello, en la exposición de motivos establece que el estudio técnico realizado por el Instituto Electoral de Querétaro se encuentra apegado a las disposiciones legales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, así como a la Ley Electoral del Estado de Querétaro. La exposición de motivos establece textualmente lo siguiente: ‘Que con la finalidad de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de estas reformas electorales, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de la iniciativa de Ley que Reforma el Artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Del minucioso análisis realizado a la iniciativa, se desprende que la propuesta hecha por el Instituto Electoral de Querétaro se apega estrictamente a lo establecido en los numerales 11, 12 y 13 de nuestra Ley Electoral en vigor.’. De la anterior transcripción, encontramos que de acuerdo a lo sostenido por la comisión dictaminadora, el estudio técnico realizado por el Instituto Electoral fue adecuado y apegado a la legalidad y normatividad que al efecto se establece en la propia Constitución General de la República, la Particular del Estado y la Ley Electoral del Estado de Querétaro; por lo que resulta un contrasentido, fuera de toda lógica formal y jurídica, que si como dicha comisión de dictamen establece, la iniciativa se encuentra apegada a derecho, se realicen modificaciones a la misma; las que, por otra parte, no se encuentran sustentadas en razonamiento lógico-jurídico alguno, como parte de su motivación, ni mucho menos se citan en apoyo a la modificación realizada, preceptos legales o jurisprudencia alguna en que se apoyen las referidas modificaciones; pues antes bien, los preceptos legales y jurisprudencia citada son en abono de la iniciativa de ley presentada por el órgano electoral con facultad de iniciativa de ley. En las condiciones supracitadas existe una flagrante violación al artículo 16 de la Constitución General de la República, en razón de la falta de fundamentación y motivación existiendo, asimismo, una violación al artículo 116 de nuestra Ley Fundamental Federal, al establecer distritos uninominales, en razón de los cuales habrán de ser electos diputados por el principio de mayoría relativa, cuando el establecimiento de dichos distritos no se realiza con apego a las leyes del Estado que norman tal situación. En razón de lo anterior, pasa al Pleno de la LIII Legislatura del Estado, para efecto de su discusión y aprobación, un dictamen que no se encuentra vinculado con la iniciativa de ley presentada por el instituto, pues no se dan elementos en el mismo, a través de los cuales se sustenten las modificaciones que se realizan, razonándose de manera adecuada, esto es, fundando y motivando las propuestas de modificación a la iniciativa de ley. En otro orden de ideas y suponiendo sin conceder que fueran legales las modificaciones que se realizan en el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, tenemos que tales modificaciones implican un rechazo a la iniciativa de ley propuesta por el Instituto Electoral de Querétaro, por lo que en esas condiciones no debió aprobarse el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, sino que en términos de lo previsto por el artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, debió remitirse la iniciativa referida al Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, a fin de que una vez analizadas las razones de la negativa elaborara una nueva iniciativa de ley debiendo, en consecuencia, reponerse el procedimiento de formación de iniciativa de ley por el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Finalmente, cabe manifestar que la notificación que se hace al Instituto Electoral de Querétaro, respecto de las modificaciones que la comisión de dictamen hace a la iniciativa de ley que dicho órgano electoral presentara, se hace sin señalar el día y hora en que habría de verificarse la sesión siguiente de la LIII Legislatura del Estado y en que habría de someterse a discusión y aprobación, en su caso, el dictamen que presentara la Comisión de Gobernación. Por otra parte, la notificación que se hace al autor de la iniciativa lo es a las 12:28 horas p.m., del día 6 de agosto del presente, esto es, 47 horas con 32 minutos antes de que tuviese verificativo la sesión de la legislatura referida, que se verificó el día 8 de agosto a las 12:00 horas p.m., por lo que existió una imposibilidad material por parte del Instituto Electoral de Querétaro, de convocar a sesión de consejo general para manifestar lo que a su interés conviniera respecto de las modificaciones hechas a su iniciativa, lo que implica una violación al artículo 14 constitucional, pues se hace nugatoria la posibilidad de realizar en tiempo manifestación alguna, respecto de las modificaciones a la iniciativa de ley que presentara, a fin de que las mismas se hicieran del conocimiento del Pleno de la LIII Legislatura, y pudieran ser tomadas en cuenta en la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación. En efecto, conforme a lo que establece el artículo 71 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, las sesiones extraordinarias del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro deben ser convocadas por lo menos con 48 horas de anticipación; por lo que como ya lo hemos manifestado con antelación, existió una imposibilidad material y jurídica de hacer valer lo que en derecho procediera, por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, respecto de las modificaciones hechas a la iniciativa de ley que presentara. Es de manifestar igualmente, que el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, mediante oficio sin número, de fecha 6 de agosto del presente, recibido en la LIII Legislatura del Estado, en fecha 7 del mismo mes y año, le hizo saber a ésta que el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro se encontraba en receso y que el presidente del consejo carecía de competencia para emitir comentario alguno, respecto de las modificaciones a la iniciativa de ley realizadas por la Comisión de Gobernación de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga. Del comunicado referido con antelación, no se dio cuenta al Pleno de la LIII Legislatura, a pesar de haberse recibido con anterioridad a la realización de la sesión extraordinaria, en la que habría de someterse a discusión y, en su caso, aprobación, el dictamen de la Comisión de Gobernación de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro y, a pesar, igualmente, de contenerse en el orden del día como punto a tratar la lectura de comunicados. Lo anterior implicó que el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, autor de la iniciativa de ley, relativa a la redistritación, quedara inaudita, ya que ante la omisión de la lectura del comunicado del presidente de dicho órgano electoral, el Pleno de la LIII Legislatura estuvo impedido de conocer las manifestaciones que al respecto realizara dicho funcionario, respecto de la imposibilidad de realizar, en ese momento, manifestación alguna, respecto de las modificaciones realizadas a la iniciativa de ley ya referida y, en ese sentido, el Pleno de la LIII Legislatura pudiera resolver lo que en derecho conviniera. En razón de lo anterior, es por demás evidente que se dejó inaudito al Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, aun conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, violándose con ello los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como consecuencia de lo expuesto en el presente concepto de invalidez, es evidente que la ley que por esta vía se impugna es inconstitucional, por lo que es procedente se declare su inconstitucionalidad e invalidez. Segundo. Lo constituye el establecimiento de distritos electorales uninominales, sin tomar en cuenta los criterios que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y la Ley Electoral del Estado de Querétaro establecen para dicho efecto. El artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un criterio poblacional o demográfico para establecer el número de diputados en los Estados, estableciendo que el número de éstos deberá ser proporcional al de los habitantes del Estado. Lo anterior no implica que el criterio que deba privar necesariamente para el establecimiento del número de diputados y, por ende, para el establecimiento de distritos electorales, sea el único criterio que deba y pueda utilizarse, sino que tal criterio deberá ser la base, pero, aunado a éste, no hay impedimento legal alguno para que se incluyan otros criterios a fin de establecer la forma en que habrán de conformarse los distritos electorales uninominales. Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en su artículo 25, marca como criterios para redistritar factores geográficos, demográficos y socioeconómicos de las distintas localidades y regiones del Estado. En contraposición a esta disposición constitucional, la ley cuya invalidez se reclama, única y exclusivamente atiende a la cuestión demográfica, pues sólo toma en consideración el aspecto poblacional. En efecto, el estudio técnico que sirve de base a la iniciativa de ley, señala para el factor demográfico, como principal insumo, los datos poblacionales de la entidad que arroja el Censo Nacional de Población 2000 y que en los Municipios de Querétaro y San Juan del Río se hizo una estimación poblacional, sin describir en qué consiste dicha estimación poblacional; proponiéndose para ambos Municipios una demarcación de distritos agrupando a secciones electorales, siendo que las secciones agrupan a electores; por tanto, el citado estimado poblacional es dudoso y en todo caso contrario al principio de certeza. Por lo que a los aspectos socioeconómicos se refiere, considera una serie de variables que están descritas en las fichas técnicas del estudio realizado por el Instituto Electoral de Querétaro, pero en el contenido del estudio y en la propia conclusión no hay referencia alguna para ilustrar en qué sentido fueron incorporadas para determinar la demarcación distrital aprobada. Lo anterior se fortalece al observar también que en dicho estudio se incumple con las disposiciones que contiene la propia ley electoral vigente en el párrafo tercero del artículo 11, en donde se dispone que en todo caso se buscará que los distritos estén distribuidos equitativamente en todo el territorio del Estado, siendo el caso, que dicho estudio concentra ocho distritos entre los Municipios de Querétaro y San Juan del Río, siendo que ambos solamente importan el 12.93% del total de la extensión territorial del Estado y, por otro lado, concentra dicho estudio un solo distrito entre los Municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y San Joaquín, siendo que los mismos representan el 32.6% del total de la extensión territorial del Estado. Por otra parte, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes y el artículo 11 de la Constitu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17398-46d1907a/accion-de-inconstitucionalidad-el-presidente-de-un-comite · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO POR EL DECRETO 708, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN I, DE LA LEY ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, QUE ESTABLECE QUE SE REMITIRÁ A SU SECRETARÍA EJECUTIVA COPI (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA FUNDADA POR DEFECTO EN LA EJECUCION DE SENTENCIA. (s/clave)
- ACCION PENAL EJERCICIO DE LA. (s/clave)
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
- ACUSACION DEL MINISTERIO PUBLICO, DEFICIENCIA DE LA. CUANDO ACUSA POR EL DELITO DE VIOLACION SIN PRECISAR QUE SE TRATA DE VIOLACION POR EQUIPARACION. (II.1o.P.A.21 P )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis