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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AQUÉLLA DEBE DESESTIMARSE Y ORDENARSE EL ARCHIVO DEL ASUNTO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2002. · Registro digital (IUS): 17873
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, , Pág. 272.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2002. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de octubre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veinticinco de julio de dos mil dos, en el domicilio de la persona designada por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir demandas y promociones a que se refiere el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada: 1. Autoridad emisora: Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, Distrito Federal. 2. Autoridad promulgadora: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en calle Residencia Oficial de Los Pinos, número exterior conocido, colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11850, Distrito Federal. II. Norma general cuya invalidez se reclama: Se demanda la declaración de invalidez del artículo 41 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, del que se anexa un ejemplar."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"Único. Violación a los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como resultado de diversas iniciativas presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados por integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (1998), del Partido Revolucionario Institucional (1999 y 2000), del Partido de la Revolución Democrática (2000); así como la presentada al Pleno de la Cámara de Senadores (2001) por un miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. Los preceptos de este ordenamiento legal, en la parte que aquí interesa, disponen: ‘Artículo 24. Se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.’. ‘Artículo 41. Las relaciones de trabajo entre el instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. De las transcripciones anteriores, se desprende que la ley que se combate por este medio de control constitucional, crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal dispone que el Congreso de la Unión tendrá, entre otras facultades, la siguiente: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’. Ahora bien, en pleno ejercicio de las facultades que constitucionalmente le competen al Congreso de la Unión, éste expidió, por una parte, la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, que regula las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo; y, por la otra, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del citado precepto constitucional, que regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Precisado lo anterior, me permito entrar al fondo del concepto de invalidez. El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución General de la República dispone: ‘Artículo 123. ... El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.’. De la parte conducente del precepto antes transcrito, se advierten dos aspectos: primero, que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones; y segundo, que es competencia exclusiva de las autoridades federales conocer de los asuntos laborales que se susciten entre las empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y sus trabajadores. En este contexto, a efecto de tener una mayor comprensión acerca de la naturaleza jurídica de dichos organismos públicos, resulta conveniente determinar si éstos dependen o no del Gobierno Federal, para así establecer con precisión si todos los organismos descentralizados quedan incluidos en el concepto ‘empresas descentralizadas’, a que se refiere el subinciso 1 del inciso b) de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal. El artículo 90 de la Carta Magna establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios de orden administrativo de la Federación y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos. Por su parte, los numerales 1o., 2o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal disponen: ‘Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.’. ‘Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Departamentos administrativos, y III. Consejería Jurídica.’. ‘Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III. Fideicomisos.’. A su vez, los artículos 1o., 2o., 11, 14 y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establecen: ‘Artículo 1o. La presente ley, reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la administración pública federal. Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la administración pública federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda.’. ‘Artículo 2o. Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.’. ‘Artículo 11. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la administración pública.’. ‘Artículo 14. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea: I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; II. La prestación de un servicio público o social; o III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.’. ‘Artículo 46. Los objetivos de las entidades paraestatales se ajustarán a los programas sectoriales que formule la coordinadora de sector, y en todo caso, contemplarán: I. La referencia concreta a su objetivo esencial y a las actividades conexas para lograrlo; II. Los productos que elabore o los servicios que preste y sus características sobresalientes; III. Los efectos que causen sus actividades en el ámbito sectorial, así como el impacto regional que originen; y IV. Los rasgos más destacados de su organización para la producción o distribución de los bienes y prestación de servicios que ofrecen.’. De los preceptos constitucionales y de las disposiciones legales de carácter secundario transcritos, se derivan las bases mediante las cuales funciona y se organiza la administración pública federal centralizada y paraestatal. La primera, está integrada por la presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y la segunda, por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. Haciendo una interpretación conjunta y armónica de los preceptos antes reproducidos, se desprende que: *Los órganos que conforman la administración pública centralizada (secretarías de Estado) dependen directamente del Poder Ejecutivo Federal. *Los organismos descentralizados se rigen por sus propias leyes específicas, como lo son, en lo particular, sus leyes orgánicas o sus decretos de creación y, en lo general, por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, dichos organismos cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de autonomía jurídica con respecto del Estado y están sujetos a diversos controles establecidos en los citados ordenamientos legales. Tomando en cuenta lo anterior, si los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, consiguientemente las relaciones laborales entre aquéllos y sus trabajadores deben regularse conforme al régimen laboral establecido por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, puesto que dichos entes públicos quedan comprendidos en la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de ese mismo apartado que se refiere a las ‘empresas descentralizadas’. Atento lo antes expuesto, en relación con lo establecido por el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que prevé el objeto de los organismos descentralizados es dable considerar que la denominación ‘empresas descentralizadas’ es un sinónimo de ‘organismos descentralizados’, lo anterior, en atención a que la ley que regula la materia no hace distinción alguna entre empresa y organismo. Independientemente de lo anterior y aun en el supuesto no aceptado que el término empresa que utiliza el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Carta Magna, se refiriera solamente a aquellas que tienen una operación de tipo comercial, mercantil, de producción o de distribución, la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho en las diversas tesis que más adelante se transcriben, no deja lugar a dudas que todos los organismos descentralizados por no formar parte de la administración pública centralizada, no pueden estar regidos en cuanto a sus relaciones laborales con sus trabajadores por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República. Lo anterior, en virtud de que dicho numeral solamente se refiere a las relaciones entre los entes del poder público y sus respectivos trabajadores, es decir, la razón por la cual los trabajadores al servicio de los poderes públicos que tienen autoridad estén regidos por el apartado B del numeral constitucional en cita, es porque éste contiene normas que protegen, por una parte, a los trabajadores de los excesos en que pudieran incurrir las autoridades que pertenecen al sector público, y en cierta forma normas protectoras del poder público frente a acciones laborales que pudieran afectar el desempeño o la prestación de los servicios públicos, cosa que no sucede en las relaciones laborales previstas en el apartado A, que tienen una mayor libertad de juego entre los intereses laborales y patronales. Si partimos de la apreciación de ese Alto Tribunal de que las empresas descentralizadas desempeñan funciones estatales que no implican el ejercicio del poder público, se puede explicar con más nitidez lo anterior. Podemos concluir que independientemente de la finalidad a que el organismo público esté dirigido, por el solo hecho de no pertenecer a la administración pública centralizada, que es la que ejerce el poder público a través de actos de autoridad, quedan excluidos de las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. En cambio, respecto de los órganos que conforman la administración pública centralizada, que dependen directamente del Poder Ejecutivo Federal, la relación laboral con sus trabajadores se rige por el apartado B del artículo 123 constitucional, pues es éste el apartado que expresamente establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. En cuanto al régimen jurídico que debe regular las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y del Distrito Federal y sus trabajadores, así como la de los organismos descentralizados con sus trabajadores, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/96 visible en el Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de 1996, página 52, Novena Época, emitió el siguiente criterio: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.’. En la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia antes transcrita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció con respecto al tema en cuestión, en los siguientes términos: ‘... jurídicamente no es posible considerar que la administración pública paraestatal, dentro de la que se encuentran comprendidos los organismos descentralizados, tales como el mencionado tercero perjudicado forma parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que los citados preceptos establecen con precisión que el ejercicio de dicho poder corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas atribuciones las llevará a cabo a través de las dependencias de la administración pública centralizada, como lo son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos a que se refieren los artículos 2o. y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora bien, el hecho de que conforme a lo dispuesto en los artículos 90 constitucional y 1o. de la citada ley orgánica, la administración pública federal se organice en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta última a los organismos descentralizados, ello no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo Federal, sino que en su carácter de unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecución de los programas de desarrollo establecidos por la secretaría de Estado o departamento administrativo a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades, en los términos de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los numerales 1o., 8o. y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, confirma lo aseverado en el sentido de que los organismos paraestatales no forman parte del Poder Ejecutivo, ya que entre otras facultades y obligaciones, concede al presidente de la República la de ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, leyes que generalmente, si no en su totalidad, tienen carácter coactivo, consecuentemente, el Ejecutivo es una autoridad con imperium, concepto relacionado con el de coacción. Por tanto, al regular la conducta de los gobernados, el Congreso de la Unión establece obligaciones e impone sanciones en caso de incumplimiento, obligaciones que generalmente se aplican, en ciertos aspectos, por los órganos administrativos y cuando actúan de esta manera actúan como autoridades. Al lado de estas funciones autoritarias, los preceptos constitucionales encargan a estos mismos órganos la tarea de realizar otro tipo de funciones, ya no como facultades, sino como obligaciones, tendentes a proporcionar educación, construir hospitales, fomentar la economía nacional, realizar actividades económicas, pero como al actuar así, no son esencialmente autoridades, ni su función es estrictamente de poder, de coacción, esos fines se pueden encargar a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal, como lo es el tercero perjudicado. La diferencia justifica que la regulación jurídica de las relaciones laborales con esa administración paraestatal, debe ser distinta del apartado B, del artículo 123 constitucional, pues no tiene por objeto establecer la normatividad de las relaciones laborales entre el Poder Ejecutivo y sus trabajadores, sino que es aplicable el apartado A, donde queda comprendida la referida administración paraestatal, en tanto que no constituyen autoridad o imperio. ... Por consiguiente, si el tercero perjudicado, tiene el carácter de organismo descentralizado, y como tal constituye una unidad auxiliar de la administración pública federal, se concluye que, no forma parte del Poder Ejecutivo Federal, ya que como entidades paraestatales que es (sic), no tienen por finalidad la realización de las funciones que corresponden al área de atribuciones del titular del Ejecutivo Federal, por tanto, la naturaleza de las actividades que realiza el mencionado organismo descentralizado no determina su integración al citado poder, puesto que dichas actividades, consisten, entre otras, en asesorar a los organismos oficiales o semioficiales, lo cual corrobora el carácter de unidad auxiliar que el tercero perjudicado tiene reconocido en la ley en su calidad de organismo descentralizado. Precisado como está que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, ha de considerarse que, el organismo de que se trata, no se encuentra comprendido dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, pues dada la naturaleza del mismo, no existe base jurídica para considerar que se encuentra comprendido dentro de los Poderes de la Unión o el Gobierno del Distrito Federal, cuyo régimen laboral regula el citado precepto constitucional. ...’. Similar criterio adoptó la Segunda Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 23/97, en donde emitió la tesis jurisprudencial 3/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de 2000, página 41, la cual establece: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene «TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO, SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.», del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva.’. En este orden de ideas, es dable afirmar que si los organismos públicos descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, en consecuencia, las relaciones laborales entre dichos entes públicos y sus trabajadores deben regirse con base en lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Ley Fundamental, en virtud de que dicho precepto constitucional establece expresamente que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal. En atención a los razonamientos antes vertidos, así como al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, válidamente se puede afirmar que el artículo 41 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores por el que se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es inconstitucional, al establecer que las relaciones laborales del organismo público descentralizado que nos ocupa con sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, por ello, resulta evidente que la norma que se tilda de inconstitucional contraviene el postulado fundamental estatuido en la Carta Magna. Adicionalmente, en la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en revisión 83/94, en el que se impugnó la inconstitucionalidad del artículo 16 del decreto por el que se creó el organismo descentralizado ‘Servicio Postal Mexicano’, se emitió el criterio jurisprudencial 15/95, semejante al señalado con antelación, visible en el Tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 1995, página 59, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE CREACIÓN DE DICHO ORGANISMO, EN CUANTO ESTABLECE QUE SUS RELACIONES LABORALES SE REGIRÁN POR LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN. Es inconstitucional el artículo 16 del decreto de creación del organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 1986, al disponer que las relaciones laborales entre el citado organismo descentralizado y su personal se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que se apega a la ley que reglamenta, específicamente por lo que hace a su artículo 1o., que establece que en dicha ley se incluyen los organismos descentralizados, debe destacarse que el precepto impugnado riñe en forma directa con el referido precepto constitucional, apartado ‘A’, en cuanto que establece en su fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.’. Por otra parte, en el artículo octavo del decreto por el que se creó el Instituto Nacional de la Senectud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1979, así como en el precepto décimo primero del decreto por el que se creó el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, publicado en el mismo medio de difusión el 17 de enero de 2002, los cuales fueron derogados por el decreto que nos ocupa, se preceptuaba que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores se regían por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, circunstancia que se adoptó en el artículo 41 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el que se establece que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se sujetará al mismo régimen laboral. Sin embargo, lo expresado en el párrafo que antecede no debe entenderse como un acto consentido y que, por ello, el artículo que se combate no pueda impugnarse, por el contrario, al tratarse de una nueva ley se actualiza la posibilidad de impugnarla a través de la presente acción de inconstitucionalidad, porque la nueva publicación constituye a su vez un nuevo acto legislativo que puede ser objeto de impugnación. Como antecedente de esta situación existe la diversa acción de inconstitucionalidad 14/2001, promovida por el suscrito en contra del artículo cuarto transitorio del decreto de reformas al Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de febrero de 2001, mediante el cual se exentaba del pago del impuesto predial y de traslación de dominio de bienes inmuebles a las iglesias. En dicho asunto, el gobernador del Estado al rendir su informe interpuso la causal de improcedencia de la acción, porque: ‘Pues bien, la norma general materia de la presente acción de inconstitucionalidad, si bien está siendo impugnada, resulta que deriva de la norma ya existente comentada, en lo que se refiere al impuesto predial, en virtud de que ésta fue consentida tácitamente; de igual forma resulta co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17873-51cd62c9/accion-de-inconstitucionalidad-en-el-caso-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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