ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AQUÉLLA DEBE DESESTIMARSE Y ORDENARSE EL ARCHIVO DEL ASUNTO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2003. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de octubre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el ocho de enero de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. 1. Autoridad emisora: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con domicilio en Allende sin número, esquina Donceles, colonia Centro, código postal 06010, México, Distrito Federal. 2. Autoridad promulgadora: jefe de Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro, código postal 06010, México, Distrito Federal. II. Norma general cuya invalidez se reclama. Se demanda la declaración de invalidez del artículo 31 de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el jefe de Gobierno de la misma entidad, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de diciembre de 2002, de la que se anexa un ejemplar."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Único. Violación del artículo 31 de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal al artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 133 de la misma Carta Magna. Respecto del régimen jurídico que debe regular las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y del Distrito Federal y sus trabajadores, así como la de los organismos descentralizados con sus trabajadores, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/96, visible en el Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de 1996, página 52, Novena Época, emitió el siguiente criterio: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.’. En este mismo sentido se manifestó también la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, al resolver el recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97, en el cual se adoptó la tesis de jurisprudencia 3/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de 2000, página 41, que dice: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene «TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.», del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva.’. Ahora bien, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el jefe de Gobierno de dicha entidad aprobó y promulgó, respectivamente, la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de diciembre de 2002. Los preceptos que interesan de la citada ley, disponen: ‘Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en todo el Distrito Federal y tienen por objeto regular el Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal.’. ‘Artículo 4o. El instituto se crea como un organismo público descentralizado de la administración pública, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios para el cumplimiento de sus atribuciones y fines. ...’. ‘Artículo 31. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...’. De la lectura de los preceptos transcritos, se desprende que se crea el Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, como organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. De la confrontación de los criterios de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación con la norma impugnada se infiere que la misma es inconstitucional. Lo anterior, de acuerdo con los siguientes razonamientos: El artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Congreso de la Unión tendrá, entre otras facultades, la siguiente: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’. Con fundamento en el precitado numeral constitucional, el Congreso de la Unión expidió, por una parte, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo celebrado entre particulares y, por la otra, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del citado precepto constitucional, la cual regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Así, las relaciones de trabajo ajenas a aquellas que se establecen entre los órganos centrales del Estado y sus trabajadores, se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo; lo que se desprende de las tesis citadas anteriormente. Por tanto, si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió una norma general que establece que las relaciones laborales entre el Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, como organismo público descentralizado de la administración pública de dicha entidad y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, se ha excedido en el uso de su atribución constitucional, al incluir a los trabajadores de un organismo descentralizado al régimen laboral previsto en el citado apartado B, pues como ya se señaló, tal apartado regula, exclusivamente, las relaciones de trabajo entre los órganos del poder público centralizado y sus trabajadores, de acuerdo con la interpretación que de dicho numeral ha hecho esa Suprema Corte. El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘Artículo 123. ... El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.’. De la lectura del precepto reproducido, se advierte que es facultad exclusiva de las autoridades federales regular lo concerniente a las relaciones laborales que se establezcan entre particulares, a través de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, la cual comprende, entre otros supuestos, a las relaciones laborales que existan entre las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y el Distrito Federal y sus trabajadores, es decir, que incluye a los organismos descentralizados que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la que, por más que esté autorizada para crearlos, no puede determinar, de manera discrecional, el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales. Sin embargo, a efecto de tener una mayor comprensión acerca de la naturaleza jurídica de dichos organismos públicos, conviene primeramente determinar si éstos dependen o no del Gobierno del Distrito Federal, para después establecer claramente si todos los organismos descentralizados quedan incluidos en el concepto ‘empresas descentralizadas’, a que se refiere el punto 1, inciso b), fracción XXXI, apartado A del artículo 123 constitucional. Al respecto, el artículo 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dispone: ‘Artículo 87. La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las secretarías, así como las demás dependencias que determine la ley, integran la administración pública centralizada. Asimismo, la administración pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su cargo las atribuciones señaladas en el presente estatuto y en las leyes.’. Por su parte, los artículos 2o. y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establecen lo siguiente: ‘Artículo 2o. La administración pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la administración pública centralizada. En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la administración pública central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal. Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración pública paraestatal.’. ‘Artículo 40. Son organismos descentralizados las entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, creadas por decreto del jefe de Gobierno o por ley de la Asamblea Legislativa.’. Así, de acuerdo a los preceptos transcritos, podemos concluir que los organismos descentralizados, si bien integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo, en virtud de que no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo del Distrito Federal, sino que en su carácter de unidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución de programas de desarrollo establecidos por los órganos de gobierno a que corresponda el sector dentro del cual se encuentran agrupadas cada una de las mencionadas entidades de la administración pública paraestatal. También se concluye que las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio de los organismos públicos descentralizados, federales y del Distrito Federal, deben regirse por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Carta Magna, ya que en este numeral se contempla la hipótesis para que las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y por el del Distrito Federal, regulen sus relaciones laborales de acuerdo al citado apartado A del precepto constitucional en mención. Lo anterior se ve reforzado con el criterio de ese Alto Tribunal, sostenido en la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia antes transcrita, cuyo rubro es: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’, al pronunciarse en los siguientes términos: ‘... jurídicamente no es posible considerar que la administración pública paraestatal, dentro de la que se encuentran comprendidos los organismos descentralizados, formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que los citados preceptos establecen con precisión que el ejercicio de dicho poder corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas atribuciones las llevará a cabo a través de las dependencias de la administración pública centralizada, como lo son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos a que se refieren los artículos 2o. y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora bien, el hecho de que conforme a lo dispuesto en los artículos 90 constitucional y 1o. de la citada Ley Orgánica (sic) de la Administración Pública Federal se organice en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta última a los organismos descentralizados, ello no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo Federal, sino que en su carácter de unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecución de los programas de desarrollo establecidos por la secretaría de Estado o departamento administrativo a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades, en los términos de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los numerales 1o., 8o. y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal confirma lo aseverado en el sentido de que los organismos paraestatales no forman parte del Poder Ejecutivo, ya que entre otras facultades y obligaciones, concede al presidente de la República la de ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, leyes que generalmente, si no en su totalidad, tienen carácter coactivo, consecuentemente, el Ejecutivo es una autoridad con imperium, concepto relacionado con el de coacción. Por tanto, al regular la conducta de los gobernados, el Congreso de la Unión establece obligaciones e impone sanciones en caso de incumplimiento, obligaciones que generalmente se aplican, en ciertos aspectos, por los órganos administrativos y cuando actúan de esta manera actúan como autoridades. Al lado de estas funciones autoritarias, los preceptos constitucionales encargan a estos mismos órganos la tarea de realizar otro tipo de funciones, ya no como facultades, sino como obligaciones, tendentes a proporcionar educación, construir hospitales, fomentar la economía nacional, realizar actividades económicas, pero como al actuar así no son esencialmente autoridades, ni su función es estrictamente de poder, de coacción, esos fines se pueden encargar a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal como lo es el tercero perjudicado. La diferencia justifica que la regulación jurídica de las relaciones laborales con esa administración paraestatal debe ser distinta del apartado B del artículo 123 constitucional, pues no tiene por objeto establecer la normatividad de las relaciones laborales entre el Poder Ejecutivo y sus trabajadores, sino que es aplicable el apartado A, donde queda comprendida la referida administración paraestatal, en tanto que no constituyen autoridades o imperio ... Precisado como está que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, ha de considerarse que el organismo de que se trata, no se encuentra comprendido dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, pues dada la naturaleza del mismo, no existe base jurídica para considerar que se encuentra comprendido dentro de los Poderes de la Unión o el Gobierno del Distrito Federal, cuyo régimen laboral regula el citado precepto constitucional.’. Tomando en cuenta lo anterior, válidamente se puede concluir que el artículo 31 de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal es inconstitucional, en virtud de que establece que las relaciones laborales entre dicho organismo público descentralizado y sus trabajadores se regirán por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, a pesar de que el régimen laboral de los organismos descentralizados con sus trabajadores se deba regular conforme al apartado A del citado precepto constitucional. Por otra parte, al haberse acreditado una contradicción del texto del artículo que se impugna con el contenido del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Carta Magna, se actualiza, en consecuencia, una violación al principio de supremacía constitucional, establecido en el diverso 133 de la misma Ley Fundamental, que a la letra dispone: ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. El principio constitucional que se considera vulnerado tiene como fin el salvaguardar tanto el Pacto Federal, como la primacía de la Carta Magna frente a todas las normas que de ella deriven, incluyendo los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Lo anterior significa que toda norma general que sea aprobada conforme a los procedimientos legislativos respectivos, de ninguna manera puede contravenir a la Norma Suprema y para el caso de que lo hiciera, vulneraría el citado principio de supremacía constitucional, toda vez que la Constitución Federal es la Ley Suprema que está en la cúspide de la jerarquía de las normas. En este orden de ideas, resulta que el precepto legal combatido se encuentra en un nivel jerárquico inferior a la Ley Fundamental y por ello debió sujetarse a lo preceptuado por la misma, lo que en el caso no sucedió ya que el artículo 31 de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal no observó lo establecido en el numeral 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, constitucional, al expresar que las relaciones laborales entre dicho instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado B del precepto 123 en cita. En virtud de lo expuesto, se llega a la conclusión de que el artículo 31 de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad el 10 de diciembre de 2002 viola el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 133 de la misma Carta Magna, por lo que, consecuentemente, procede declarar la invalidez del precepto combatido."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1 y el 133.
CUARTO. Mediante proveído de nueve de enero de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, al que correspondió el número 4/2003 y por razón de turno se designó al Ministro Juan N. Silva Meza, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de diez de enero de dos mil tres, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda relativa y ordenó dar vista a las autoridades que emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran su respectivo informe.
QUINTO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir su informe, manifestó en síntesis:
1. Que es cierto que expidió el artículo 31 de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal.
2. Que el promovente de la acción se fundamenta en la tesis de jurisprudencia sustentada por este Alto Tribunal, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", lo cual es desacertado ya que dicho criterio se refiere a organismos descentralizados de carácter federal, no de carácter local, como es el caso del Distrito Federal, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de la Federación y los Estados de la República; que en esa tesis se trata de una ley expedida por el Congreso de la Unión y, en el caso, es una norma expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; que se hace alusión a los trabajadores de organismos descentralizados que, aun cuando integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, en cambio, en este asunto se trata de un organismo público descentralizado de carácter local, aunado a que en el Distrito Federal no existe titular del Poder Ejecutivo, sino titular del órgano ejecutivo de gobierno.
3. Que también resulta inaplicable la jurisprudencia que cita el promovente, de rubro: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.", toda vez que se refiere a los tradicionales tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal; sin embargo, el Distrito Federal es otro nivel distinto, pues esa entidad tiene características propias en cuyo gobierno intervienen los Poderes Federales y los órganos de gobierno locales.
4. Que la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto resolver si una norma general está en contradicción con alguna norma constitucional, mas no si contradice una tesis jurisprudencial.
5. Que es cierto que el Congreso de la Unión es el competente para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la Constitución Federal; sin embargo, el órgano legislativo local demandado no emitió ley del trabajo alguna, por lo que el argumento del promovente carece de relevancia para la litis.
6. Que no es lógico que se adscriba a los trabajadores de un organismo público descentralizado de carácter local, que conforma la administración paraestatal del Distrito Federal, a la regulación del apartado A del artículo 123 constitucional, ya que este apartado regula las relaciones laborales entre particulares, y un organismo público descentralizado de ninguna manera es un particular.
7. Que el Constituyente Permanente determinó regular las relaciones de trabajo en dos apartados, A y B, atendiendo a la naturaleza de la relación laboral que se da en cada uno de ellos y no en razón de la denominación del organismo al cual pertenecen los trabajadores.
8. Que en nuestro sistema jurídico no existe un concepto que defina legalmente a la empresa, término que pertenece al ámbito de la economía o de lo social; que en la Constitución se hace alusión al término "empresa" como una persona ideal cuya actividad es lucrativa, establecida por empresarios que tienen la finalidad de obtener ganancias utilizando el trabajo de los empleados que contratan; por su parte, en la Ley Federal del Trabajo se define por empresa a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, por lo que se puede concluir que la empresa siempre se refiere a la actividad económica que tiene como finalidad la obtención de un lucro o ganancia, y en esos términos fue entendida y establecida por los legisladores, desde la expedición de la actual Constitución Federal, lo que fue plasmado en su artículo 123.
9. Que la empresa pública tiene como finalidad principal atender un servicio de interés general o de la colectividad, con independencia de la rentabilidad o utilidad pecuniaria que se pueda obtener de ella; que las empresas públicas en un principio tuvieron que adoptar la estructura jurídica de organización de una sociedad anónima, pero con la evolución de la sociedad, del Estado y del derecho se estableció la figura jurídica del organismo descentralizado, sin que ello signifique que todos éstos sean empresas públicas.
Que las empresas públicas que adoptan la figura de un organismo descentralizado son aquellas dedicadas a la producción de bienes y servicios para la venta en el mercado y sus operaciones, tanto económicas como financieras, están incluidas en los presupuestos de egresos que anualmente aprueban los órganos legislativos, por lo que su trabajo, resultados y estructura financiera se encuentran bajo el control tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, porque su propósito fundamental no es el lucro sino la obtención de objetivos sociales y económicos en beneficio de la colectividad, como son Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y anteriormente, la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, y son a estas empresas a las que se refiere específicamente el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), numeral 1, de la Constitución Federal.
Que es imposible establecer una identidad entre las empresas de participación estatal o administradas descentralizadamente y los organismos descentralizados, ya que tienen una naturaleza jurídica sustancialmente distinta, las primeras generalmente tienen un régimen jurídico mixto, público y privado, mientras que los organismos públicos se rigen por normas de derecho público; las empresas administradas en forma descentralizada por los gobiernos son conocidas como empresas de economía mixta, pública y privada, mientras que los organismos descentralizados son creados por ley o decreto de la Asamblea Legislativa o por decreto del jefe de Gobierno del Distrito Federal, es decir, por actos formal y materialmente legislativos o formalmente ejecutivos y materialmente legislativos, respectivamente;
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17876-d17af996/accion-de-inconstitucionalidad-en-el-caso-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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