Corpus
Modo: Corpus Pro

MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 19, CUARTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL ESTABLECER QUE LAS DELEGACIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO FEDERAL DEBEN CESAR LA DIFUSIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y PROGRAMAS UN MES ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN, NO TRANSGREDE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2004. · Registro digital (IUS): 19109
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 1831.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2004. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

México Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio presentado el nueve de diciembre de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:

"a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad (Chiapas), con domicilio en Segunda Oriente y Primera Norte, número 200, colonia Centro, cuarto piso, código postal 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. b) Autoridad promulgadora: gobernador del Estado (Chiapas), con domicilio en Palacio de Gobierno, primer piso, Avenida Central y Primera Oriente, colonia Centro, código postal 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. II. Norma general cuya invalidez se reclama: Se demanda la declaración de invalidez del artículo 19 de la Constitución de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, de 9 de noviembre de 2004, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."

SEGUNDO. El procurador general de la República señaló el siguiente concepto de invalidez.

"Único. Violación del artículo 19 de la Constitución de Chiapas, a los preceptos 16, primer párrafo; 41, primer párrafo; 73, fracción XXX; 89, fracción I; 90; 108; primer y último párrafos; 124 y 133 de la Carta Magna. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’. ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.’. ‘Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.’. ‘Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos.’. ‘Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. ... Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.’. ‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. Asimismo, la norma general cuya invalidez se demanda, prevé: ‘Artículo 19. ... Los poderes públicos serán imparciales, deberán abstenerse de apoyar directa o indirectamente a cualquier partido o candidato. Durante las elecciones, participarán exclusivamente en el ejercicio de las atribuciones que expresamente les confiera la ley. Las autoridades estatales y municipales, así como las delegaciones del órgano (sic) Ejecutivo Federal deberán cesar la difusión pública de obras y programas un mes antes del día de la elección. Cualquier violación a esta disposición, independientemente de la sanción penal respectiva, será castigada en términos del título noveno de esta Constitución. Corresponde a la Fiscalía Electoral la vigilancia de estas disposiciones. ...’. A efecto de demostrar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Constitución de Chiapas, considero pertinente realizar las siguientes consideraciones: La actividad del Estado se encuentra encaminada a la satisfacción de las necesidades sociales y a mantener la armonía del vivir social. Para cumplir estos fines, realiza tres actividades esenciales, las cuales se atribuyen a órganos de poder específicos y distintos entre sí, a saber: a) La función legislativa, que es la encargada de la producción de normas legales; b) La función administrativa, que es la que se orienta a la ejecución de actos políticos y administrativos, y c) La función jurisdiccional, que es la encaminada a resolver las controversias declarando el derecho. En efecto, el precepto 49 de la Carta Magna, consagra el principio de división de poderes, por medio del cual se buscó ‘repartir’ el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos órganos o entes que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco. Dicho principio no se estableció atendiendo a un criterio material, precisando en forma abstracta que el Supremo Poder se divide, para su ejercicio, en tres funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, sino que dentro del texto de la Ley Fundamental, al fijar las atribuciones de los tres poderes, se les confirieron indistintamente facultades que materialmente corresponden a un diverso poder, asimismo, se prevé que para la creación o validez de algunos actos, concurran armónicamente dos poderes. Así, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, determinándose en diversos preceptos de la Carta Magna las atribuciones que a cada uno corresponden, a saber: Congreso de la Unión (artículo 73); facultades exclusivas de la Cámara de Diputados (74); facultades exclusivas de la Cámara de Senadores (76); facultades de ambas Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra (77); atribuciones de la Comisión Permanente (78); facultades de la autoridad (sic) de fiscalización superior de la Federación (79); facultades y obligaciones del presidente de la República (89); facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (99); facultades de los tribunales del Poder Judicial de la Federación (103, 104, 105, 106 y 107). Dentro de las atribuciones conferidas al Congreso de la Unión, destaca la contenida en la fracción XXX del artículo 73 de la Carta Magna, pues, con apoyo en la misma, el citado órgano colegiado podrá expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades concedidas a los Poderes Federales. Tales atribuciones que el Texto Constitucional otorga al Congreso de la Unión, se denominan por la doctrina facultades implícitas, que son las que el Poder Legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros dos Poderes Federales, como medio necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas. En opinión del autor José Gamas Torruco, en su obra ‘Derecho Constitucional Mexicano’, las facultades implícitas: ‘Son siempre de índole legislativa. Sólo corresponde al Congreso de la Unión según el referido artículo 73, fracción XXX, que faculta a dicho órgano para hacer el juicio de que una de las facultades expresas del propio Congreso o de cualquiera de los ‘poderes de la Unión (se refiere a los órganos Ejecutivo y Judicial) requiere para su ejercicio de una ley; pero la expedición de esta última ley no está expresamente atribuida al Congreso. El Congreso se inviste entonces de la facultad de expedirla porque de otro modo la facultad expresa no podría ejecutarse.’. Conforme al numeral 90 de la Carta Magna, el Congreso de la Unión está facultado para expedir la ley que distribuya los negocios del orden administrativo de la Federación, a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. La administración pública se lleva a cabo por parte de los órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo. Tiene a su cargo toda la actividad estatal que no se desarrolla en los otros poderes, su acción es continua permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales; b) elementos patrimoniales; c) estructura jurídica y d) procedimientos técnicos. Para hacer frente a las actividades encomendadas al Ejecutivo, éste tiene que crear agencias o unidades administrativas que se encarguen precisamente de cumplir con los cometidos, con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la función administrativa encomendada a dicho poder, ya que su funcionamiento es tan amplio y complejo que requiere del auxilio de un gran número de órganos secundarios y diversas dependencias. En atención a lo anterior, se estructuran dos vertientes en la administración pública federal, a saber, la centralizada y la paraestatal. Por lo que hace a la administración pública centralizada, se presenta como un andamiaje de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relación de jerarquía precedida por el titular del Ejecutivo Federal. Corroborando lo referido en el párrafo que precede, el autor Miguel Acosta Romero, en la obra ‘Teoría General del Derecho Administrativo’, señala que por administración centralizada debe entenderse a: ‘La forma de organización administrativa en la cual, las unidades, órganos de la administración pública, se ordenan y se acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del presidente de la República, con el objeto de unificar decisiones, el mando, la acción y la ejecución.’. La relación jerárquica antes referida, debe entenderse como el orden y grado que guardan entre sí, los diversos órganos integrantes de la administración pública federal, establecida a través de un vínculo jurídico entre ellos para determinar órganos superiores, coordinados e inferiores, mediante el ejercicio de los poderes que implica la propia relación. Dicha relación jerárquica tiene, como consecuencia, la agrupación de los órganos centralizados, su diferenciación por grados o categorías, atribución de competencia según su grado y superficie territorial donde se ejerce, y dependencia de los inferiores, en relación con los superiores. Ahora bien, en uso de las facultades conferidas por los numerales 73, fracción XXX y 90 de la Norma Suprema, el Legislativo de la Unión emitió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se encarga de regular todo lo referente a la administración pública en ese nivel. Dicha ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de diciembre de 1976, en concordancia con lo expuesto, refiere: ‘Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la consejería jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.’. ‘Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Departamentos administrativos, y III. Consejería jurídica.’. ‘Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas, y III. Fideicomisos.’. ‘Artículo 11. Los titulares de las secretarías de Estado y de los departamentos administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la República.’. ‘Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado y los departamentos administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.’. ‘Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, que será expedido por el presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.’. De los numerales transcritos, se desprende que: La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá secretarías de Estado, departamentos administrativos y consejería jurídica (administración pública centralizada). Se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y fideicomisos (administración pública paraestatal). Existirán órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, faculta al presidente de la República para reglamentar las leyes emitidas por el Congreso de la Unión como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta facultad se encuentra regida por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma; el primero, impide que el reglamento invada la materia que, de manera expresa, la Norma Suprema reserva a la ley formal, mientras que, conforme al segundo, el Ejecutivo Federal debe constreñir su facultad sólo a expedir las normas que tiendan a hacer efectivo o facilitar la aplicación del mandato legal, sin contrariarlo, excederlo o modificarlo. Sirven de apoyo a lo antes expuesto, las jurisprudencias 2a./J. 84/98 y 2a./J. 29/99 de la Novena Época, visibles en las páginas 393 y 70 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a los meses de diciembre de 1998 y abril de 1999, Tomos VIII y IX, respectivamente, que señalan: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN. La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal otorga al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede ser ejercida mediante distintos actos y en diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que el de rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que se ejerza tal facultad en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no consignada en el precepto constitucional.’. ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. Según ha sostenido este Alto Tribunal en numerosos precedentes, el artículo 89, fracción I, constitucional, faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley, que desde su aparición como reacción al poder ilimitado del monarca hasta su formulación en las Constituciones modernas, ha encontrado su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas (sic) definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.’. De lo hasta aquí expuesto, podemos concluir que las únicas autoridades encargadas de normar la organización de la función encomendada al Poder Ejecutivo Federal y, por ende, tienen la facultad de imponer alguna obligación o restricción a la actividad de la administración pública federal (centralizada y paraestatal) son: a) El Congreso de la Unión, al expedir o reformar la ley orgánica respectiva, en ejercicio de las atribuciones concedidas por los dispositivos 73, fracción XXX y 90 de la Carta Magna, y b) El propio Ejecutivo Federal, al estar facultado para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, conforme a lo ordenado por el artículo 89, fracción I, de la Norma Suprema y por ser el titular de la administración pública de ese nivel. Por otro lado, el sistema de distribución de competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los tres niveles de gobierno, se consagra básicamente en sus artículos 73, 74, 76, 77, 78, 79, 89, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 117, 118 y 124. El referido sistema, en la parte conocida como orgánica de la Ley Fundamental, estatuye a los Poderes Federales y les concede un diverso cúmulo de competencias (artículos 73, 74, 76, 77, 78, 79, 89, 99, 103, 104, 105, 106 y 107), lo que debe ser relacionado con el texto del artículo 124 constitucional, que señala que las facultades que no están expresamente conferidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados (facultades residuales). El ejercicio de las facultades que la Ley Fundamental no reservó a entes federales y que, por ende, corresponden a las entidades federativas, se ve limitado por los artículos 117 y 118, que señalan prohibiciones absolutas respecto del ejercicio de diversas competencias, por una parte, y por otra, algunas más que no puede desempeñar, si no es con el consentimiento del Congreso de la Unión. De igual forma, a las anteriores limitaciones competenciales de los Estados, se debe sumar lo prescrito en el artículo 115 de la Carta Magna, que ordena la reglamentación necesaria en la Constitución Local, de diversos principios que garanticen la existencia del Municipio Libre, entre los que se encuentra el ejercicio exclusivo de diversas facultades. De esta forma, podemos concluir que los Estados únicamente pueden ejercer válidamente las facultades que no estén expresamente conferidas a la Federación, que no tengan prohibiciones o que no se señalen para su ejercicio por los Municipios. Ahora bien, el dispositivo 16 de la Norma Suprema, establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que, entre otros requisitos, deberán provenir de autoridad competente. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, fijando sus facultades. Es así que la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Finalmente el artículo 133 de la Carta Magna, impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente la vulneración del principio conocido como de supremacía constitucional. Conforme a lo antes expuesto, el suscrito considera que el numeral 19 de la Constitución de Chiapas, debe declararse inconstitucional, en virtud de lo siguiente: Los numerales 73, fracción XXX, 89, fracción I y 90 de la Carta Magna, facultan expresamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión para normar la organización de la función encomendada al segundo de los poderes citados, pudiendo, mediante la ley o el reglamento respectivo, en su caso, imponer obligaciones a la actividad de los órganos que integran la administración pública federal. En este contexto, aplicando, a contrario sensu, el imperativo constitucional del artículo 124, la facultad referida en el párrafo precedente, no corresponde a las Legislaturas Locales. En tal virtud, al imponer el numeral que se tilda de inconstitucional, una obligación a las delegaciones del órgano ejecutivo federal, viola lo dispuesto por los preceptos 73, fracción XXX, 89, fracción I, 90 y 124 de la Carta Magna. Así, el numeral 19 de la Constitución de Chiapas, vulnera el principio de competencia constitucional consagrado en el precepto 16 de la Norma Suprema, conforme al cual es una obligación ineludible que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por el órgano facultado para ello, pues la Legislatura Local carece de competencia para emitir una norma que imponga una obligación a las delegaciones del órgano ejecutivo federal, como la que ahora se impugna y el Ejecutivo de la entidad para promulgarla. Cabe mencionar que si bien es cierto que el fin que persigue la norma es loable, puesto que se pretende que de ninguna manera el electorado sea influenciado para la realización de tan importante acto, como lo es el voto, también lo es que no puede existir prohibición para los órganos federales de dar a conocer los programas y obras a su cargo, cuando es una obligación inherente a los entes públicos. Esto es, la administración pública tiene la obligación de generar, procesar y difundir información sobre los diferentes servicios que presta a la comunidad; y los ciudadanos el derecho inalienable de tener amplio acceso a la misma. En la medida en que los usuarios conozcan los criterios que se utilizan para llevar a cabo actos de autoridad y brindar servicios públicos, se evitará la subjetividad y discrecionalidad, y se atacarán de raíz las fuentes de corrupción. Por otro lado, el precepto impugnado violenta, también, el numeral 41 de la Carta Magna, pues si bien los Estados son libres y soberanos (autónomos) en todo lo concerniente a su régimen interior, sus Constituciones, ‘en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal’, disposición que no fue acatada al reformarse el artículo 19 de la Constitución de la entidad, pues no respeta el sistema de distribución de competencias establecido en la Norma Suprema. Ahora bien, a nivel federal, la responsabilidad de los servidores públicos se encuentra regulada por el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 108 a 114), que regula la actuación de todos los servidores públicos, a fin de garantizar la transparencia de su conducta en el ejercicio de sus funciones, dejando claramente definida la necesidad de responsabilizarlos, mediante los lineamientos generales cuyo desarrollo y especificación encomienda a las Constituciones Locales y a las leyes federales como estatales. El precepto 108 de la Norma Suprema señala en su primer párrafo que podrán ser objeto de alguna de las responsabilidades que el citado título refiere, entre otros, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal. El numeral de la Carta Magna en comento, en su último párrafo, reserva a las entidades federativas, la facultad de precisar en sus respectivas Constituciones, para efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen algún cargo, empleo o comisión en los Estados y los Municipios. De lo anterior, podemos desprender que la facultad reservada al Legislativo Local, consiste en reglamentar, siguiendo con los lineamientos generales de la Carta Magna, la actuación de quienes desempeñan algún cargo, empleo o comisión en los Estados o en los Municipios que lo integran. Conforme a lo expuesto, se viola lo dispuesto por el precepto 108, primer y último párrafos, de la Constitución Federal, pues la norma local que nos ocupa, prevé la posibilidad de que, a los funcionarios integrantes de las delegaciones del Ejecutivo Federal, se les pueda castigar en términos del título noveno de la Constitución de Chiapas, relativo a la responsabilidad de los servidores públicos de la entidad. Esto es así ya que, como quedó establecido, la actuación de los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, se encuentra sujeta a las responsabilidades del título cuarto de la Carta Magna. Asimismo, se violenta el numeral 16 de la Norma Fundamental, pues la Legislatura Local carece de competencia para incluir a los integrantes de las delegaciones del órgano ejecutivo federal, dentro del sistema de responsabilidad de los servidores públicos local, pues dicho cuerpo colegiado, únicamente tiene atribuciones para contemplar dentro del mismo a quienes desempeñen algún cargo, empleo o comisión en los Estados y los Municipios. Al respecto es preciso resaltar la contradicción de la Carta Local en estudio, pues por un lado, contempla a funcionarios integrantes del Ejecutivo Federal como sujetos de responsabilidad en términos del título noveno de la Constitución de Chiapas (artículo 19, ahora combatido), mientras que el precepto 69, el cual se encarga de enumerar a los servidores públicos cuyos actos u omisiones pueden ser sancionados, conforme a dicho título los excluye, ya que conforme al mismo: ‘... tendrán el carácter de servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial, los funcionarios, los empleados y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal, paraestatal y municipal, así como del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Electoral del Estado ...’. En este sentido, y toda vez que el precepto que se combate contradice lo dispuesto por los numerales 16, primer párrafo, 41, primer párrafo, 73, fracción XXX, 89, fracción I, 90, 108, primer y último párrafos, y 124 de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional, puesto que pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna. En mérito de lo expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar inconstitucional el artículo 19 de la Constitución de Chiapas, toda vez que, como se ha demostrado, es contrario a lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, 41, primer párrafo, 73, fracción XXX, 89, fracción I, 90, 108, primer y último párrafos, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19109-5f000e92/materia-electoral-el-articulo-19-cuarto-parrafo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.