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Modo: Corpus Pro

CONGRESO DE LA UNIÓN. DENTRO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO TIENE LA DE EMITIR DISPOSICIONES QUE CONMINEN A UNA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO A TRANSFERIR ACCIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL A EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2004 Y SU ACUMULADA 10/2004. · Registro digital (IUS): 18655
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1192.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2004 Y SU ACUMULADA 10/2004. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de noviembre de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficios presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta de enero y el dos de febrero de dos mil cuatro, respectivamente, Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República y Aldaz Hernández Humberto, Alegre Bojorquez Ricardo, Alexander Rábago Rubén Maximiliano, Alonso Díaz Caneja Ángel Juan, Álvarez Mata Sergio, Álvarez Monge Fernando, Álvarez Ramos J. Irene, Angulo Góngora Julián, Arabian Coutolenc Myriam de Lourdes, Aragón Cortés Sheyla Fabiola, Ávila Camberos Francisco Juan, Baeza Estrella Virginia Yleana, Bárcenas González José Juan, Barrera Zurita Baruch Alberto, Barrio Terrazas Francisco Javier, Bermúdez Méndez José Erandi, Blanco Becerra Irene Herminia, Cabello Gil José Antonio, Calderón Centeno Sebastián, Camarena Gómez Consuelo, Camarillo Zavala Isidro, Cárdenas Vélez Rómulo, Castelo Parada Javier, Castro Lozano Juan de Dios, Clouthier Carrillo Tatiana, Colín Gamboa Roberto, Contreras Covarrubias Hidalgo, Córdova Villalobos José Ángel, Corella Manzanilla María Viola, Corella Torres Norberto Enrique, Cortés Jiménez Rodrigo Iván, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cruz García Concepción, Chavarría Salas Raúl Rogelio, Chávez Murguía Margarita del S.C.J., Dávila Aranda Mario Ernesto de San Alberto Magno, De la Vega Asmitia José Antonio Pablo, De la Vega Lárraga José María, De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo, Del Conde Ugarte Jaime, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz González Felipe de Jesús, Döring Casar Federico, Durán Reveles Patricia Elisa, Elías Loredo Álvaro, Eppen Canales Blanca, Escudero Fabre María del Carmen, Esquivel Landa Rodolfo, Esteva Melchor Luis Andrés, Fernández Moreno Alfredo, Flores Fuentes Patricia, Flores Mejía Rogelio Alejandro, Galindo Noriega Ramón, Gallardo Sevilla Israel Raymundo, Gama Basarte Marco Antonio, Gamez Gutiérrez Blanca Amelia, García Velasco María Guadalupe, Garduño Morales Patricia, Gómez Morín Martínez del Río Manuel, González Carrillo Adriana, González Furlong Magdalena Adriana, González Garza José Julio, González González Ramón, González Morfín José, González Reyes Manuel, Gutiérrez Ríos Edelmira, Guzmán de Paz Rocío, Guzmán Pérez Fernando Antonio, Hernández Martínez Ruth Trinidad, Herrera Tovar Ernesto, Higuera Osuna Alejandro, Hinojosa Moreno Jorge Luis, Jaspeado Villanueva María del Rocío, Landero Gutiérrez José Francisco Javier, Lara Arano Francisco Javier, Lara Saldaña Gisela Juliana, Lastra Marín Lucio Galileo, Lemús Muñoz Ledo Francisco Isaías, Loera Carrillo Bernardo, López Mena Francisco Xavier, López Núñez Pablo Alejo, López Villarreal Manuel Ignacio, Llera Bello Miguel Ángel, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Márquez Lozornio Salvador, Martínez Cazares Germán, Méndez Galvez Alberto Urcino, Mendoza Ayala Rubén, Mendoza Flores María del Carmen, Molinar Horcasitas Juan Francisco, Morales de la Peña Antonio, Moreno Morán Alfonso, Nader Nasrallah Jesús Antonio, Núñez Armas Juan Carlos, Obregón Serrano Jorge Carlos, Ortiz Domínguez Maki Esther, Osorio Salcido José Javier, Osuna Millán José Guadalupe, Ovalle Araiza Manuel Enrique, Ovando Reazola Janette, Palmero Andrade Diego, Paredes Vega Raúl Leonel, Pasta Muñuzuri Ángel, Penagos García Sergio, Pérez Cárdenas Manuel, Pérez Moguel José Orlando, Pérez Zaragoza Evangelina, Preciado Rodríguez Jorge Luis, Puelles Espina José Felipe, Ramírez Luna María Angélica, Rangel Ávila Miguel Ángel, Rangel Hernández Armando, Ríos Murrieta Homero, Rivera Cisneros Martha Leticia, Rochin Nieto Carla, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojas Toledo Francisco Antonio, Ruiz del Rincón Gabriela, Ruiz Esparza Jorge Roberto, Sacramento Garza José Julián, Salazar Diez de Sollano Francisco Javier, Saldaña Hernández Margarita, Sánchez Pérez Rafael, Sandoval Franco Renato, Saucedo Moreno Norma Patricia, Sigona Torres José, Suárez Ponce María Guadalupe, Talavera Hernández María Eloisa, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique, Tiscareño Rodríguez Carlos Noel, Torres Ramos Lorena, Torres Zavala Rubén Alfredo, Toscano Velasco Miguel Ángel, Trejo Reyes José Isabel, Treviño Rodríguez José Luis, Triana Tena Jorge, Trueba Gracián Tomás Antonio, Urrea Camarena Marisol, Userralde Gordillo Leticia Socorro, Valdez de Anda Francisco Javier, Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio, Valladares Valle Yolanda Guadalupe, Vargas Barcena Marisol, Vázquez García Sergio, Vega Casillas Salvador, Villanueva Ramírez Pablo Antonio, Yáñez Robles Elizabeth Oswelia, Zavala Gómez del Campo Margarita Esther, Zavala Peniche María Beatriz, Juan José García Ochoa, Marcelo Herrera Herbert, Elpidio Tovar de la Cruz, Francisco Mora Ciprés, Martha Micher Camarena, Juan Fernando Perdomo Bueno, Luis Maldonado Venegas, Alejandro Agudis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazon, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Alejandro Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, Manuel Velasco Coello, quienes se ostentaron como diputados federales integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan:

Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas, respectivamente:

Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores y presidente de la República.

Normas generales impugnadas:

Por el procurador general de la República:

"Se demanda la declaración de invalidez del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, expedido por el Congreso de la Unión y promulgado por el presidente de la República, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 2003, cuyo ejemplar se anexa a la presente."

Por los diputados federales integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión:

"Artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 2003: ‘Cuarto. Seguirá vigente durante el presente ejercicio fiscal, el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, a efecto de que se concluyan los procesos de transferencia no onerosa a que se refiere el mismo, ahora bien, por lo que respecta al artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, éste seguirá vigente debiéndose ajustar para que el Gobierno Federal transfiera de manera no onerosa, a los Estados y Municipios el 20% y 3% del capital social de las sociedades señaladas, respectivamente. En consecuencia de lo anterior, durante el ejercicio fiscal de 2004 el Gobierno Federal transferirá de manera no onerosa exclusivamente el 49% del capital social de las sociedades mercantiles administraciones portuarias integrales a los Estados y los Municipios donde se encuentren éstas, correspondiendo a los Estados el 40% y a los Municipios el 9%. En el supuesto de que dos o más Estados o Municipios participen en una misma administración portuaria integral, el porcentaje de participación de los mismos, no podrá exceder en ningún caso del 49% del capital social de la sociedad de que se trate, siendo responsabilidad de éstos el alcanzar un acuerdo para estos efectos. De la Administración Portuaria Integral del Puerto de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, Petróleos Mexicanos realizará la transferencia a título no oneroso de las acciones de las que es propietario en dicha sociedad, en conjunto con el Gobierno Federal a efecto de que el Estado de Tabasco tenga el 40% del capital de la misma y el Municipio de Paraíso el 9%. La Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus facultades vigilará la puntual entrega no onerosa de las acciones a los Estados y Municipios en los términos previstos en el presente artículo.’. También se reclaman los artículos sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 2002 y sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1o. de enero de 2002, ya que fueron modificados, como se detalla más adelante, por el cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de 2004, mismo que prorrogó su vigencia. El artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 dispone: ‘Con respecto a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, éste seguirá en vigor durante el presente ejercicio fiscal, para el efecto de que concluyan los procesos de transferencia no onerosa a que alude dicho precepto, así como para que la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades vigile el debido cumplimiento de la entrega no onerosa de las acciones de las administraciones portuarias integrales a los Estados y Municipios, en los términos previstos en el referido artículo transitorio.’. Igualmente y en adición a lo previsto en el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá de manera no onerosa otro 20% de las acciones de la sociedad mercantil administración portuaria integral a los Gobiernos de los Estados y otro 6% de las mismas a los Municipios donde se encuentren operando las referidas administraciones portuarias integrales, siempre y cuando así lo soliciten los Estados y Municipios interesados. El artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 dispone: ‘La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá de manera no onerosa el 20% de las acciones de la sociedad mercantil administración portuaria integral a los Gobiernos de los Estados y el 6% de las mismas a los Municipios donde se encuentren operando las referidas administraciones portuarias integrales, siempre y cuando así lo soliciten los Estados y Municipios interesados y se trate de administraciones en las que la Federación tenga más del 76% de las acciones.’. En esta demanda en que se ejercita la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, procede también demandar la invalidez de los artículos sexto transitorios de las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2003 y 2002, arriba transcritos, ya que al mismo tiempo que el cuarto transitorio prorrogó su vigencia, los modificó de manera sustancial: a) Los artículos sexto transitorios de las Leyes de Ingresos de 2003 y 2002, exigían que los Estados y Municipios interesados solicitaran la transferencia de las acciones, mientras que el cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de 2004 no exige que exista solicitud, sino que establece la transferencia obligatoria de las acciones. b) La suma total del porcentaje de acciones a transferirse según las Leyes de Ingresos de 2003 y 2002 era de 52%, el cual se vio reducido al 49%, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del transitorio cuarto de la Ley de Ingresos de 2004. c) En el párrafo tercero del cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de 2004, se da un tratamiento especial en el caso de que dos o más Estados o Municipios participen en una misma sociedad encargada de la administración portuaria integral, lo que no sucedía en las Leyes de Ingresos de 2003 y 2002. También en la Ley de Ingresos de 2004, se incluye un tratamiento especial para la Administración Portuaria Integral del Puerto de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, lo que no sucedía en las Leyes de Ingresos de 2003 y 2002. d) En el sexto transitorio de la Ley de Ingresos de 2002, no se hacía ninguna referencia a la Auditoría Superior de la Federación, lo que sí se hizo en las Leyes de Ingresos de 2004 y 2003. De lo anterior se desprende que el transitorio cuarto de la Ley de Ingresos de 2004 modificó de manera sustancial los transitorios sexto de las Leyes de Ingresos de 2003 y 2002, lo que hace procedente impugnar su validez, como se hace en la presente demanda."

SEGUNDO. Los promoventes esgrimieron los siguientes conceptos de invalidez.

El procurador general de la República:

"Primero. Violación del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, a los preceptos 16 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su precepto 74, fracción IV, prevé un principio de anualidad de la Ley de Ingresos de la Federación, de tal suerte que la vigencia de tal norma fiscal tiene limitado su ámbito de aplicación temporal al ejercicio fiscal para el que se expida. En efecto, el precepto constitucional en cita, dispone: ‘Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: ... IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. ...’. En consecuencia, es evidente que si bien la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene legítimamente la atribución de establecer las hipótesis fiscales mediante la Ley de Ingresos de la Federación, también lo es que dicha ley tiene limitado su ámbito temporal de validez al ejercicio fiscal para el que se expide, sin que ello, claro, signifique que durante un ejercicio fiscal no pueda reformarse esa norma general, siempre y cuando sus disposiciones no excedan el ejercicio fiscal correspondiente. Lo anterior se corrobora del criterio sustentado por el Pleno de ese Supremo Tribunal, en el siguiente sentido: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE ANUALIDAD DE LOS MISMOS.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, se pasa a demostrar la inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, el cual dispone: Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004. ‘Cuarto. Seguirá vigente durante el presente ejercicio fiscal, el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, a efecto de que se concluyan los procesos de transferencia no onerosa a que se refiere el mismo, ahora bien, por lo que respecta al artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, éste seguirá vigente debiéndose ajustar para que el Gobierno Federal transfiera de manera no onerosa, a los Estados y Municipios el 20% y 3% del capital social de las sociedades señaladas, respectivamente. En consecuencia de lo anterior, durante el ejercicio fiscal de 2004 el Gobierno Federal transferirá de manera no onerosa exclusivamente el 49% del capital social de las sociedades mercantiles administraciones portuarias integrales a los Estados y los Municipios donde se encuentren éstas, correspondiendo a los Estados 40% y a los Municipios el 9%. En el supuesto de que dos o más Estados o Municipios participen en una misma administración portuaria integral, el porcentaje de participación de los mismos, no podrá exceder en ningún caso del 49% del capital social de la sociedad de que se trate, siendo responsabilidad de éstos el alcanzar un acuerdo para estos efectos. De la misma Administración Portuaria Integral del Puerto de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, Petróleos Mexicanos realizará la transferencia a título no oneroso de las acciones de las que es propietario en dicha sociedad, en conjunto con el Gobierno Federal a efecto de que el Estado de Tabasco tenga el 40% del capital de la misma y el Municipio de Paraíso el 9%. La Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus facultades vigilará la puntual entrega no onerosa de las acciones a los Estados y Municipios en los términos previstos en el presente artículo.’. Del precepto en cita, conviene destacar lo siguiente: 1. Se otorga continuidad a la vigencia del precepto sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, durante el ejercicio fiscal de 2004. 2. Se otorga continuidad a la vigencia del precepto sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, durante el ejercicio fiscal de 2004. Lo anterior demuestra plenamente que el precepto cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, transgrede el principio de anualidad constitucional, ya que tales disposiciones que se amplían en su vigencia, tenían limitado su ámbito temporal de validez a los ejercicios presupuestales de 2002 y 2003. En este orden de ideas y toda vez que se ha demostrado que el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004 es inconstitucional, de igual manera transgrede el precepto 16 de la Carta Magna, por lo consiguiente: El numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, señala: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mantenimiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Del precepto constitucional transcrito se desprende una de las garantías pilares de nuestro sistema jurídico, la de legalidad. En esencia, ésta consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, entendido el primero, como la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto, y, por el segundo, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. La garantía genérica de legalidad consagrada en el precepto transcrito contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al Poder Legislativo. Lo anterior significa que los actos legislativos también están sujetos al mandamiento constitucional de referencia; pues de lo contrario vulnerarán el principio consagrado precisamente en el artículo 16 de la Norma Fundamental, lo que se corrobora con la tesis emitida por ese Máximo Tribunal que señala: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). Como se observa, dada la naturaleza del acto legislativo, su fundamentación y su motivación se realiza de una manera sui generis, respecto de la generalidad de los actos de autoridad. En este sentido, el criterio siguiente, más reciente, así lo reitera: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). De las tesis antes transcritas se desprende que, por lo que hace a la fundamentación, ésta se satisface cuando el órgano legislador actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso de la Unión, al excederse en la aplicación de sus facultades en la emisión del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que no actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Ley Fundamental le confiere en el precepto 74, violando con ello el principio de competencia constitucional. En consecuencia, el Congreso de la Unión, mediante la expedición del precepto impugnado, viola lo dispuesto por los preceptos 16 y 74, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que solicito se declare su invalidez. Segundo. Violación del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, a los preceptos 14, 16, 49, 73, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 49 de la Carta Magna consagra el llamado principio de división de poderes, al prever: ‘Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.’. El texto original del artículo 49 de nuestra Ley Fundamental, consagró el principio de mérito. El artículo en comento fue adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 12 de agosto de 1938, para precisar que, salvo lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, en ningún otro caso se otorgarían al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar. El texto vigente del artículo 49 constitucional proviene de la adición publicada en el Diario Oficial de la Federación de 28 de marzo de 1951, a fin de otorgar al presidente de la República facultades extraordinarias para legislar en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 131 de la propia Carta Magna. De lo anterior, se infiere que la división de poderes en nuestro país no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de atribuciones y funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino que entre ellas se presenta una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado en beneficio del pueblo mexicano. Esta colaboración opera por dos medios principales: uno, exigiendo la participación de dos de los poderes para la validez de un acto y, otro, otorgando a los poderes facultades que no les resulten propias. Ejemplos del primer medio aludido lo constituyen: La vigencia de una ley requiere de su aprobación por el Congreso de la Unión y de su promulgación por el presidente de la República (artículos 72 y 89, fracción I). El Senado debe aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo Federal (artículo 76, fracción I). Al Senado compete: Ratificar los nombramientos que el presidente de la República haga del procurador general de la República, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (artículo 76, fracción II). Autorizar al titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas nacionales (artículo 76, fracción III). Darle consentimiento a dicho funcionario federal para que disponga de la Guardia Nacional fuera del país, fijando la fuerza necesaria. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República y otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario, así como elegir a los Magistrados Electorales de la Sala Superior y de las Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a propuesta del citado Máximo Tribunal (artículos 76, fracción VIII y 99, fracción IX, párrafo quinto). La Cámara de Diputados debe examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación que debe hacerle llegar el Ejecutivo Federal (artículo 74, fracción IV). Respecto del ejercicio de facultades por los poderes que no les son propias, resultan ejemplificativas las siguientes: El presidente de la República realiza funciones legislativas cuando le son concedidas facultades extraordinarias (artículo 29), en los casos previstos en el artículo 131 y cuando reglamenta las leyes expedidas por el Congreso de la Unión (artículo 89, fracción I); asimismo, realiza funciones judiciales al conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal (artículo 89, fracción XIV). El Poder Legislativo ejerce funciones propiamente ejecutivas al admitir nuevos Estados a la Unión Federal, al formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, al crear y suprimir empleos públicos de la Federación, al declarar la guerra, al conceder licencia al presidente de la República, al designar a quien debe sustituirlo, en forma interina o provisional y al aceptarle la renuncia (artículo 73, fracciones I, III, XI, XII, XXVI y XXVII). También realiza funciones judiciales al conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales de la Federación (artículo 73, fracción XXII); al declarar la Cámara de Diputados si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que incurran en delito, al conocer de las imputaciones que se les hagan y al fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que en su contra se instauren (artículo 74, fracción V); y, al erigirse el Senado en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones de los servidores públicos (artículo 76, fracción VII). El Poder Judicial Federal goza de facultades materialmente legislativas, al expedir la Suprema Corte de Justicia de la Nación los reglamentos y acuerdos generales que le competen; el Consejo de la Judicatura, el reglamento para el resto de los tribunales federales y ambos órganos los acuerdos generales para la adecuada distribución de los asuntos (artículos 11, fracciones III, IV y XXI y 81, fracción II, de la ley orgánica del mencionado poder). También posee facultades materialmente ejecutivas al nombrar, promover y cambiar a su personal dicho Máximo Tribunal y al designar, adscribir y cambiar a los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito a través del Consejo de la Judicatura (artículo 100 constitucional). Como se advierte, la división de poderes no opera en nuestro país de manera tajante y rígida sino que ha sido modulada con numerosas excepciones con el fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas entre los Poderes Federales, excepciones que se traducen en el establecimiento de un régimen de cooperación y coordinación entre ellos y que en muchas ocasiones funcionan como medios de control recíproco, lo que evita el abuso en el ejercicio del poder público y garantiza la unidad del Estado y la voluntad de éste para establecer y preservar un Estado de derecho en beneficio del pueblo. El que la división de poderes en nuestro país opere de manera flexible sólo significa que entre los Poderes del Estado existe una colaboración y coordinación en los términos a que se ha aludido, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder. Para que un poder ejerza funciones propias de otro poder, es necesario que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia, tal como se explica en la siguiente tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117. ‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.’ (se transcribe). Se concluye de lo expuesto, que a través de una ley ordinaria no pude el Poder Legislativo otorgar a un poder una atribución que no le sea propia o que no resulte estrictamente necesaria para hacer efectiva alguna facultad que le corresponda, como tampoco puede dicho poder a través de la ley secundaria limitar las facultades exclusivas de un poder o alguna atribución que a su favor consigne expresamente la Constitución, o bien, establecer a su cargo alguna obligación que implique una forma de control por otro poder, si ello no está consignado en la propia Carta Magna o deriva necesariamente de alguna de sus previsiones. Como se observa de los párrafos precedentes, del análisis cuidadoso de la Constitución Política de los Estados Unidos M

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18655-6b1aef39/congreso-de-la-union-dentro-de-las-facultades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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