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Modo: Corpus Pro

PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, QUE REGULA SU ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIEDAD DEL GOBIERNO ESTATAL, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD QUE TUTELA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. * * * PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA QUE REGULA SU ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIEDAD DEL GOBIERNO ESTATAL, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD QUE TUTELA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - - -

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2004 Y SU ACUMULADA 3/2004. · Registro digital (IUS): 18014
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO DE TLAXCALA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 1131.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2004 Y SU ACUMULADA 3/2004. PARTIDO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO DE TLAXCALA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de marzo de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escritos presentados los días veintitrés y veinticinco de enero de dos mil cuatro, el primero en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el segundo en el domicilio de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal, Ángel Luciano Santacruz Carro quien se ostentó con el carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Centro Democrático de Tlaxcala y Leonel Godoy Rangel, quien se ostentó con el carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las disposiciones generales que más adelante se indican, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:

"Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas: Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala. Normas cuya invalidez se demandan: Los artículos 20, 30, 31, 34, fracciones II y X, 36, 37, 39, 43, 50 fracción I, 56, fracciones V, VI y IX, 63, 67, 78, 83, fracción II, 85, fracciones I y II, 86, 87, 88, 105, fracción II, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 125, 160, 175, 213, fracción I, 216, fracción I , 230, 231, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 299, 387, 388 389, 390, 391, 392, 393 y 414 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintiséis de diciembre de dos mil tres."

SEGUNDO. El Partido del Centro Democrático de Tlaxcala señaló los siguientes conceptos de invalidez:

"Artículo 9o. y 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ‘No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país ...’ y; ‘Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país’. Por tanto, el artículo 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, señala que: ‘... En el caso de coalición en la elección de diputados locales ésta deberá comprender la totalidad de distritos electorales uninominales ...’; lo que indudablemente debe ser declarado inconstitucional, ya que transgrede los artículos constitucionales que se mencionan con antelación y violan las garantías individuales de los mexicanos y en este caso de quienes tenemos como fin constitucional de acuerdo al artículo 41 constitucional ‘... promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. ...’. Lo anterior en virtud de lo siguiente: Primero. Ninguna norma secundaria puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, se considera violatorio a todas luces el artículo 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impide la postulación de candidatos mediante la figura de la coalición en un distrito electoral uninominal, siendo un derecho constitucional de los ciudadanos mexicanos el de asociarse libremente y ser votado para todos los cargos de elección popular, lo que significa que no puede una ley electoral impedir que uno o varios partidos políticos postulen en un determinado distrito electoral uninominal o en varios distritos o en su totalidad, a una fórmula de candidatos que por derecho constitucional tienen la libertad de participar en una contienda electoral y más aún, que si son postulados en un distrito electoral uninominal no guarda esta postulación ninguna relación con otro distrito uninominal, ni tampoco existen razones lógico-jurídicas para que no pueda ser en uno o varios distritos electorales uninominales, únicamente en el caso de que dicho convenio de coalición establezca los términos sobre la prelación para la conservación del registro de un partido político. Tampoco resultaría aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 48/2001. Página: 874. ‘PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 33, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE FORMAR COALICIONES TOTALES POR TIPO DE ELECCIÓN, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9o. Y 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto por los citados preceptos constitucionales, se advierte que la libertad de asociación, tratándose de los partidos políticos, se encuentra afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria. Ello es así, pues mientras el artículo 9o. constitucional consagra la garantía de libre asociación que implica la potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral, con sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos plenamente identificados cuya realización es constante y permanente; en el artículo 41, fracción I, de la Carta Magna se regula un tipo específico de asociación como son los partidos políticos, que tienen como fin permanente la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, pero cuya intervención en los procesos electorales estará sujeta a la ley que los rige. En congruencia con lo anterior, debe decirse que al establecer el artículo 33, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes que los partidos políticos acreditados podrán formar coaliciones totales por tipo de elección, a fin de presentar plataformas comunes y postular al mismo candidato o candidatos en las elecciones de gobernador, diputados de mayoría relativa y de miembros de los Ayuntamientos, no transgrede los preceptos constitucionales mencionados, pues de lo previsto en el referido precepto, no se advierte que contenga una prohibición para que los partidos políticos puedan asociarse o coaligarse, sino que sujeta su operancia a un requisito de naturaleza material consistente en formar la coalición de manera total por tipo de elección, lo cual sólo implica la reglamentación que introduce la Legislatura Estatal para regular la forma y términos en que los citados entes políticos puedan participar en un proceso electoral determinado, sin hacer nugatorio en su esencia el derecho que tienen para coaligarse.’. En virtud de que la misma ley electoral que en este acto se impugna, sólo contempla la coalición de Ayuntamientos, lo que implica una incongruencia en la operatividad u operancia de las coaliciones ya que en un escenario real se postularía una planilla de candidatos a Ayuntamiento por coalición en un Municipio y la fórmula de candidatos a diputados por mayoría relativa carecería de ese derecho de poder competir por una coalición similar en un distrito uninominal, lo cual resulta completamente inconstitucional e inoperante. O bien este órgano jurisdiccional determine que se modifique la ley secundaria que se impugna, para que todas las coaliciones sean totales o que se permita, como lo solicitamos en este escrito, realizar al igual que los Ayuntamientos coaliciones parciales. En virtud de los anteriores razonamientos, se cumple en la especie el primer elemento para integrar la inconstitucionalidad a que alude el precitado artículo 105 de nuestra Carta Magna en su fracción II, párrafo cuarto, que prohíbe modificar leyes electorales durante el proceso electoral en el que vayan a aplicarse. El segundo elemento que integra la inconstitucionalidad de la ley electoral llamada Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la omisión respecto a la posibilidad de postular candidatos comunes o candidatura común, que de acuerdo al lenguaje electoral esta figura democrática significa la postulación a un cargo de elección popular de un candidato propuesto por diferentes fuerzas políticas, sin mediar coalición, esto es porque su naturaleza jurídica de la coalición es dar vigencia temporal a una fuerza política que mantiene una plataforma electoral, emblema y demás documentos distintos a los partidos políticos registrados o acreditados ante el órgano electoral correspondiente, circunstancia que no se da en una candidatura común, ya que en dicha figura radica su naturaleza jurídica en la postulación de un candidato que sin mediar coalición es propuesto por partidos políticos y es votado y en su caso electo con la suma de los votos por cada partido político que lo postuló, situación que ya existía en la ley electoral anterior a la que se impugna, donde se contemplaba dicha figura para la elección de gobernador. Y es el caso que ahora el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala no la contempla, por lo que solicitamos que con base en los derechos constitucionales consagrados en los artículos 9o. y 35 de nuestra Carta Magna, se ordene al Congreso del Estado de Tlaxcala la incorporación de la candidatura común para todas las elecciones en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que en este acto se impugna. Segundo. Resulta importante que esta Suprema Corte atienda lo establecido en el inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional, al que complementa con el segundo párrafo del artículo 68 de la ley reglamentaria y establece: La intervención eventual de la Sala Superior del recientemente ratificado Tribunal Electoral, adscrito al Poder Judicial de la Federación. Como opinante significado (sic). Se da por entendido que dicho tribunal es experto en cuestiones electorales, y se considera una buena idea pedirle una opinión, para resolver mejor la controversia. Por lo anterior, resulta evidente que se están dejando de observar los principios previstos por el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular los de legalidad y certeza jurídica que deben regir todo proceso electoral."

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática adujo los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. El 15 de diciembre de 2003, la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado, aprobó el Decreto Número 74, el cual contiene un nuevo ordenamiento jurídico denominado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 26 de diciembre de 2003. Este cuerpo normativo electoral establece en el libro segundo, título segundo, capítulo I, artículos 24 al 44, los procedimientos que deben realizar las asociaciones o agrupaciones políticas para convertirse en un partido político estatal. Así pues, con la finalidad de establecer con claridad y precisión la denuncia de estas normas de carácter general en materia electoral con la Constitución Federal, este instituto político estima conveniente citar las disposiciones jurídicas del código electoral local que fueron aludidas en el párrafo anterior. Capítulo I Constitución y Registro de los Partidos Políticos-Estatales. ‘Artículo 24. La asociación de ciudadanos interesada en constituirse como partido político estatal, deberá formular como documentos fundamentales, los siguientes: I. Declaración de principios; II. Programa de acción y, III. Estatutos.’. ‘Artículo 25. La declaración de principios deberá contener los lineamientos ideológicos de carácter político, económico y social y las obligaciones siguientes: I. Observar las Constituciones Federal y Local, así como las leyes e instituciones que de ellas emanen. II. No aceptar apoyo económico alguno, ni celebrar pacto o acuerdo que lo sujete, subordine o lo haga depender de cualquier partido político y en general de cualquier persona física o moral internacional o del extranjero. III. No solicitar ni aceptar apoyo económico, político o propagandístico provenientes de asociaciones u organizaciones religiosas o iglesias, registradas o no, así como de sus ministros de culto, y de cualquiera de las personas a las que este código prohíbe financiar a los partidos políticos. IV. No aceptar ni emplear apoyos que tengan origen ilícito y. V. Encauzar sus actividades por medios pacíficos y conforme a los principios y las reglas del sistema democrático.’. ‘Artículo 26. El programa de acción determinará: I. Medidas congruentes que permitan cumplir los postulados y alcanzar los objetivos contenidos en su declaración de principios; II. Acciones de formación ideológica y política de sus afiliados, infundiendo en ellos el respeto al adversario y sus derechos en la lucha política; III. Instrumentos de promoción de cultura política democrática entre la ciudadanía, que incidan en su participación en los procesos políticos, electorales y de consulta ciudadana en el Estado, los Municipios y las comunidades; y IV. Políticas para coadyuvar en la solución de los problemas sociopolíticos, estatales y municipales.’. ‘Artículo 27. Los estatutos deberán contener: I. La denominación del partido político, el emblema y los colores que lo caractericen y distingan de otros partidos, los que además estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Ningún partido político podrá adoptar características iguales o semejantes a las de alguno ya registrado o acreditado; II. Los derechos y las obligaciones de sus afiliados. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas, convenciones o su equivalente, y el de poder ser integrantes de los órganos de dirección, así como candidatos a cargos de elección popular; III. Los procedimientos para la afiliación libre e individual de sus miembros; IV. Los procedimientos internos para la renovación periódica de sus dirigentes y la integración de sus órganos de dirección estatales y municipales, y el señalamiento de sus respectivas funciones, facultades y obligaciones. Entre sus órganos deberá contar, por lo menos, con los siguientes: a) Una asamblea estatal o equivalente; b) Un comité estatal o equivalente; c) Comités municipales o equivalentes y d) El órgano interno a que se refiere el artículo 91 de este código. V. Las normas para la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; VI. Las normas para garantizar la equidad de género; VII. La obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; VIII. La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral, durante la campaña electoral en que participen; IX. La obligación de sus militantes y candidatos de actuar con respecto hacia sus adversarios; X. Las sanciones aplicables a sus miembros que infrinjan sus disposiciones internas o prohibiciones, así como los correspondientes órganos, medios y procesos de defensa; XI. El procedimiento interno para devolver activos adquiridos por medio de financiamiento público, en caso de pérdida de registro, y XII. En su caso, las normas relativas al proceso de disolución.’. Sección primera. Actos previos ‘Artículo 28. La asociación de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político estatal deberá: I. Afiliar en por lo menos cuarenta Municipios a un número no menor de cien ciudadanos residentes del Municipio de que se trate e inscritos en el padrón electoral, y II. Afiliar en total en el Estado a por lo menos seis mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral, contabilizando a los de la fracción anterior. Como resultado de lo anterior, elaborará padrón de afiliados ordenado alfabéticamente y por Municipio, en el que conste: nombre, género, domicilio, fecha de nacimiento y clave de elector.’. ‘Artículo 29. Cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior la asociación de ciudadanos deberá: I. Celebrar asambleas constitutivas en cada uno de los Municipios señalados, y II. Celebrar asamblea estatal constitutiva en la que se aprueben los documentos fundamentales a que se refiere el artículo 24 de este código. Las asambleas municipales y estatal para la Constitución de un partido político estatal se verificarán ante la fe de un notario público.’. ‘Artículo 30. El consejo general deberá convocar a los ciudadanos que decidan constituirse en partido político a que presenten su solicitud de registro debidamente documentada conforme a lo que establece este código, a más tardar el treinta de junio del año posterior en que se realicen elecciones ordinarias.’. ‘Artículo 31. La asociación de ciudadanos que tengan la intención de constituirse en partido político estatal deberá solicitarlo por escrito ante el instituto, por medio de un representante, a más tardar en el mes de febrero del año siguiente a la emisión de la convocatoria.’. ‘Artículo 32. La solicitud de registro deberá cumplir los requisitos siguientes: I. Escrito de solicitud, que contendrá: a) Nombre del representante legal de la asociación de ciudadanos solicitante; b) Domicilio legal y para recibir notificaciones en su caso, y c) Firma autógrafa del solicitante. II. Adjuntar los documentos siguientes: a) El padrón de afiliados a que se refiere el artículo 28 de este código; b) Copia de la credencial para votar de cada uno de los afiliados; c) Cédulas de afiliación individual en original, por orden alfabético y Municipio; d) Testimonios notariales en que conste la celebración de las asambleas municipales, y e) Testimonio notarial de la asamblea estatal constitutiva.’. ‘Artículo 33. Los testimonios notariales de las asambleas municipales, deberán hacer constar lo siguiente: I. Las convocatorias para la celebración de las asambleas municipales, que deberán expedirse y publicarse por lo menos diez días antes a su verificación; II. Existencia de quórum, el que no será menor a cien afiliados por Municipio; III. Orden del día probado por la asamblea; IV. Aprobación de los documentos fundamentales a que se refiere el artículo 24 de este código; V. Voluntad de la asamblea para formar partido político estatal; VI. Nombramiento de delegados municipales, o sus equivalentes, ante la asamblea estatal; VII. Certificación del notario público de la identificación de los asistentes a la asamblea; VIII. Padrón municipal de afiliados en donde conste la identificación y firma de los asistentes a la asamblea municipal, autentificada por el notario público, y IX. Constancia del sentido de la votación de cada uno de los puntos del orden del día.’. ‘Artículo 34. El testimonio notarial de la asamblea estatal deberá hacer constar lo siguiente: I. La convocatoria para la celebración de la asamblea estatal, que deberá expedirse y publicarse por lo menos diez días antes a su verificación; II. Existencia de quórum, el que no será menor a las dos terceras partes de los delegados municipales o del total de afiliados necesario para constituir un partido político estatal; III. Orden del día aprobado por la asamblea; IV. Aprobación de los documentos fundamentales a que se refiere el artículo 24 de este código; V. La voluntad de la asamblea para formar partido político estatal; VI. Nombramiento de la estructura de dirección estatal de conformidad con los estatutos aprobados; VII. Certificación del notario público de la identificación de los asistentes a la asamblea; VIII. Constancia del sentido de la votación de cada uno de los puntos del orden del día; IX. La convocatoria para la celebración de la asamblea estatal, que deberá expedirse y publicarse por lo menos diez días antes a su verificación; X. Constancia de quórum, el que no será menor al setenta por ciento del total de afiliados necesario para constituir un partido político estatal o en su caso de los delegados municipales o equivalentes; XI. Orden del día aprobado por la asamblea; XII. Constancia de aprobación de los documentos fundamentales a que se refiere el artículo 24 de ese código; XIII. La voluntad de la asamblea para formar partido político estatal; XIV. Nombramiento de la estructura de dirección estatal de conformidad con los estatutos aprobados; XV. Certificación del notario público de la identificación de los asistentes a la asamblea, y XVI. Constancia del sentido de la votación de cada uno de los puntos del orden del día.’. ‘Artículo 35. El padrón municipal y estatal de afiliados deberá acompañarse de las cédulas de afiliación individual; cada cédula deberá contener los datos generales del ciudadano, su firma autógrafa y copia de su credencial para votar.’. ‘Artículo 36. Los acuerdos que se tomen en las asambleas municipales y estatal, para la constitución de un partido político estatal, siempre serán aprobados cuando menos por el ochenta por ciento de los asistentes.’. Sección segunda. Actos del Instituto Electoral de Tlaxcala. ‘Artículo 37. El consejo general resolverá el registro o no de la constitución de partidos estatales, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de las solicitudes respectivas a que se refiere este código.’. ‘Artículo 38. El consejo general del instituto, a través de la Comisión de Partidos Políticos, Prerrogativas, Administración y Fiscalización, verificará el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 32, 33 y 34 de este código.’. ‘Artículo 39. El consejo general a través de la comisión a que se refiere el artículo anterior, ordenará la verificación en campo del cumplimiento de los requisitos que establece este código para la constitución de partidos políticos estatales, con base en la metodología que él mismo acuerde. La metodología incluirá, entre otros elementos, entrevistas personales, medidas e instrumentos técnicos y analíticos que se aplicarán posteriormente a la celebración de las asambleas municipales y estatal, para determinar la veracidad del contenido de los documentos presentados y la autenticidad de éstos, así como la voluntad expresa de los afiliados de constituirse en partido estatal.’. ‘Artículo 40. La comisión, durante los quince días posteriores a la presentación de la solicitud de registro, podrá requerir a las asociaciones de ciudadanos solicitantes para que subsanen las omisiones relativas a los requisitos a que se refiere este código, siempre que no se trate de sus asambleas municipales y estatal constitutivas, del padrón municipal o general de afiliados, ni de las cédulas de afiliación individual.’. ‘Artículo 41. La comisión, emitirá dictamen a más tardar quince días antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 38 de este código.’. ‘Artículo 42. El consejo general resolverá, fundada y motivadamente, la procedencia o no del registro de partidos políticos estatales; la resolución deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.’. ‘Artículo 43. El registro de un partido político estatal tendrá vigencia a partir del uno de enero del año inmediato siguiente.’. ‘Artículo 44. En el supuesto de que un partido político nacional pierda su registro, pero haya obtenido cuando menos tres por ciento de la votación total válida en la última elección ordinaria de diputados locales de mayoría relativa, podrá solicitar al instituto se le otorgue su registro como partido político estatal, quedando exento de cumplir con los requisitos exigidos para la constitución y registro de un partido político estatal; sin embargo, para que surta efecto su solicitud, deberá adecuar sus documentos fundamentales a lo establecido por las leyes aplicables en el Estado. La presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se hará a más tardar quince días antes del vencimiento del plazo que establece este código para resolver sobre el registro de partidos políticos estatales.’. Indiscutiblemente, la constitución y registro de partidos políticos, obliga, a quien o quienes pretendamos realizar un análisis serio sobre este tópico, a que antes de entrar a su estudio, exploremos el origen y la naturaleza de las instituciones jurídicas de las instituciones que posibilitan su materialización. Esto es, los alcances y límites de los derechos políticos-electorales de asociación y afiliación consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esta lógica, esta representación partidaria estima oportuno citar, sólo por cuanto a la parte específica que interesa, el contenido de los artículos 9o., 35, fracción III y 41, fracciones I, primer y segundo párrafos y IV, 99, fracción V, 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: Constitución General de la República. ‘Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. ...’. ‘Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: ... III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.’. ‘Artículo 41. ... I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; ... IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.’. ‘Artículo 99. ... V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señale esta Constitución y las leyes.’. ‘Artículo 116. ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.’ Con base en las disposiciones constitucionales antes transcritas, puede afirmarse que la constitución y registro de un partido político nacional o estatal, como organización de ciudadanos, sólo se logra mediante el libre y auténtico ejercicio de los derechos políticos-electorales de asociación y afiliación que confiere nuestra Constitución Federal a los ciudadanos. Es por ello que resulta trascendental para los fines y pretensiones que con este medio de control constitucional se persigue, establecer, previamente al estudio de la materia del presente medio de control constitucional, ciertas premisas que giran en torno al derecho de asociación y afiliación, siendo éstas las siguientes: a) El derecho de asociación política como el derecho de afiliación político-electoral son derechos fundamentales de carácter político consagrados en nuestro Código Político Fundamental; b) Los sujetos activos de estos derechos subjetivos públicos fundamentales son exclusivamente ciudadanos mexicanos; c) El derecho de asociación en forma individual asegura invariablemente que se ejerza en un ámbito de plena libertad y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano; d) El derecho de afiliación político-electoral fue establecido como un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos a asociarse libre e individualmente a las organizaciones o asociaciones políticas y partidos políticos; e) El derecho de afiliación libre e individual fue establecido con tales caracteres para asegurar en todo momento que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano; f) El derecho de asociación en materia política y el d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18014-221e09cf/partidos-politicos-el-articulo-63-del-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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