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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO SEGUIDO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL QUE NO SE HA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2004. · Registro digital (IUS): 18488
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 1713.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2004. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de octubre del año dos mil cuatro.

VISTOS, Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a nombre del Poder Ejecutivo de ese Estado, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:

"1. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos los siguientes actos: a) La aprobación del punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Morelos de fecha 4 de mayo de 2004, sin tener facultad expresa en ley, mediante la cual determinó en sesión del Pleno de esa misma fecha, lo siguiente: i. Que supuestamente quedaron acreditados los elementos de procedencia de la denuncia de juicio político en contra del infrascrito, en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. ii. La iniciación del procedimiento de juicio político correspondiente. iii. Que se turnara la denuncia y pruebas presentadas, así como el dictamen correspondiente, a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en su carácter de comisión instructora del procedimiento, a efecto de que formara el expediente respectivo y practicara las diligencias necesarias conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. b) La aprobación del dictamen sometido a su consideración y que a su vez fue emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. c) La continuación del procedimiento ilegalmente iniciado, mediante la remisión de las constancias respectivas, así como la orden girada a la comisión instructora del juicio político, es decir, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, para llevar a cabo el procedimiento de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. d) Como consecuencia lógica y necesaria de todo lo anterior, la inminente emisión de la resolución condenatoria, por medio de la cual se determine la existencia de responsabilidad de juicio político a cargo del infrascrito y, por consiguiente, la suspensión en el ejercicio de mi cargo como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como la puesta a disposición ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 2. De la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Morelos los siguientes actos: a) La ilegal aprobación del dictamen emitido en sesión de fecha 3 de mayo de 2004, mediante la cual se determinó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del infrascrito en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, y ‘por la importancia del tema’ someter al Pleno del Congreso del Estado, para las consideraciones que estimara convenientes, dicho dictamen. b) La remisión de las constancias respectivas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en su carácter de comisión instructora del juicio político, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, para llevar a cabo el procedimiento del juicio político en mi contra. 3. De la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del H. Congreso del Estado de Morelos la ilegal aprobación efectuada en la sesión celebrada el 18 de mayo de 2004 del acuerdo para iniciar formalmente el procedimiento de juicio político en mi contra, para llevar a cabo todas y cada una de las etapas de tal procedimiento. 4. De la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Morelos los siguientes actos: a) La inclusión, en el orden del día correspondiente a la sesión de fecha 4 de mayo de 2004, del punto de acuerdo ilegalmente propuesto por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Morelos, incluyendo la resolución de someter dicho punto de acuerdo a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos. b) La remisión de las constancias respectivas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en su carácter de comisión instructora del juicio político en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos para llevar a cabo el procedimiento del juicio político iniciado en mi contra, así como la orden girada a la citada comisión, para llevar a cabo el multicitado procedimiento de juicio político. 5. De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del H. Congreso del Estado de Morelos la ilegal inclusión, dentro del orden del día de la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Morelos de fecha 4 de mayo de 2004, del punto de acuerdo para someter a la consideración y en su caso aprobación del Pleno el ya citado dictamen que en su momento emitió la Junta de Coordinación Política, declarando procedente el inicio del trámite del juicio político multicitado."

SEGUNDO. En la demanda se narraron los antecedentes del caso; se señalaron como preceptos violados los artículos 14, 16, 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 134 y 137 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 7o. y 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, 24, 33, 35, 37 y 40, fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 161 y 162, último párrafo, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos; y se expusieron los conceptos de invalidez que se estimaron pertinentes, los que, dado el sentido del presente fallo, resulta innecesario referir.

TERCERO. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil cuatro el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la demanda aludida con el número de expediente 63/2004, así como remitirlo al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien le correspondió actuar como instructor.

CUARTO. El Ministro instructor, mediante proveído de dos de junio de dos mil cuatro, tuvo por presentado al promovente de la controversia constitucional con la personalidad que ostenta; admitió la demanda; reconoció con el carácter de demandado sólo al Poder Legislativo del Estado de Morelos, no así a las demás autoridades señaladas con ese carácter en la demanda, por encontrarse subordinadas a ese poder; ordenó emplazar al mismo para que formulara su contestación de demanda y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que su representación correspondiera.

QUINTO. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a través de Rodolfo Becerril Straffon, en su carácter de presidente de la mesa directiva, contestó la demanda.

SEXTO. Mediante oficio número PGR/705/2004, presentado el nueve de septiembre dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló su pedimento en la presente controversia constitucional

SÉPTIMO. El día diez de septiembre de dos mil cuatro tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, desahogo y alegatos en la presente controversia constitucional y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos respecto de la constitucionalidad de actos del último poder mencionado, y se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, pues procede sobreseer en la controversia constitucional, como se verá con posterioridad.

SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional se presentó dentro del término legal.

Como se destacó en el resultando primero de la presente resolución, la controversia constitucional la promovió el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos mediante demanda presentada el veintisiete de mayo de dos mil cuatro, en contra del Poder Legislativo del mismo Estado, solicitando la invalidez de los siguientes actos:

a) Del Pleno del Congreso la aprobación del dictamen y del punto de acuerdo propuestos por la Junta de Coordinación Política de tres y cuatro de mayo de dos mil cuatro, respectivamente, conforme a los cuales quedaron acreditados los elementos de procedencia de la denuncia de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo, la iniciación del procedimiento respectivo y el turno de las constancias relativas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, como comisión instructora, para la sustanciación del procedimiento, así como la inminente emisión de la resolución condenatoria.

b) De la Junta de Coordinación Política la emisión del dictamen referido y la remisión de las constancias relativas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

c) De la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la aprobación en sesión de dieciocho de mayo de dos mil cuatro del acuerdo para iniciar formalmente el procedimiento de juicio político.

d) De la mesa directiva la inclusión en la orden del día de la sesión de cuatro de mayo de dos mil cuatro del punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, así como la remisión de las constancias relativas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para la sustanciación del procedimiento de juicio político.

e) De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos la inclusión en el orden del día de la sesión del Pleno del Congreso correspondiente al cuatro de mayo de dos mil cuatro del dictamen y punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Como puede advertirse, el Ejecutivo del Estado de Morelos demanda la invalidez de actos del Poder Legislativo de la entidad federativa mencionada, atribuidos al Pleno del Congreso y a órganos subordinados al mismo. Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda relativa es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley de los propios actos surta efectos la notificación de los mismos, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el demandante se ostente sabedor de esos actos, según lo establecido en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, que a la letra consigna:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Ahora bien, en la demanda de controversia constitucional el gobernador del Estado de Morelos manifiesta que tuvo conocimiento de los actos impugnados el siete de mayo de dos mil cuatro, salvo respecto del acto atribuido a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que sostiene conoció el día veinte del mismo mes y año. La anterior manifestación no aparece desvirtuada en autos y, por tanto, el plazo para la presentación de la demanda corrió del diez de mayo de dos mil cuatro, día hábil siguiente al en que el actor manifiesta conoció los actos impugnados, de conformidad con lo previsto en el artículo 3o. de la ley reglamentaria de la materia, al dieciocho de junio del mismo año, ya que deben descontarse como inhábiles los sábados y domingos ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo, cinco, seis, doce y trece de junio, atento a lo previsto por los artículos 2o. del ordenamiento legal antes citado y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y tratándose del acto del que manifiesta el actor tuvo conocimiento el veinte de mayo de dos mil cuatro, el plazo de que se trata corrió del veintiuno de este mes al primero de julio siguiente, pues deben descontarse los sábados y domingos veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio, por lo que si la demanda se presentó el veintisiete de mayo de dos mil cuatro resulta oportuna.

TERCERO. Se procede al análisis de la legitimación procesal de quien promueve a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al ser ello cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

El artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Morelos, dispone:

"Artículo 57. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo, que se denominará Gobernador Constitucional del Estado."

Como se advierte del precepto transcrito, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se deposita en el gobernador de la entidad.

Ahora bien, la demanda la suscribe Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, ostentándose como gobernador del Estado de Morelos, carácter que acredita con la copia fotostática certificada de la constancia de gobernador a nombre de la persona mencionada, expedida por el Consejo Estatal Electoral de Morelos el nueve de julio del año dos mil, así como con el ejemplar del Periódico Oficial Tierra y Libertad de 20 de septiembre de dos mil, en el que se publicó el decreto número dos, bando solemne, por el que se reconoce y se da a conocer a los habitantes del Estado de Morelos, al licenciado Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, como Gobernador Constitucional del Estado por el periodo comprendido del primero de octubre del dos mil al treinta de septiembre del dos mil seis, por lo que se encuentra legitimado para promover la controversia constitucional.

CUARTO. Por lo que se refiere a quien contestó la demanda a nombre de la Legislatura del Estado de Morelos, Rodolfo Becerril Straffon, también procede reconocerle legitimación procesal.

La persona mencionada se ostenta como presidente de la mesa directiva del referido órgano legislativo, carácter que acredita con copia certificada del acta de la junta previa celebrada el veintiocho de agosto de dos mil tres, en la cual consta su designación para el primer año de ejercicio legislativo.

Ahora bien, los artículos 25, 26 y 27, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 41, fracción I, del reglamento interior para dicho Congreso establecen:

"Artículo 25. La mesa directiva se integrará por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios y será electa por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, en votación por cédula, durarán en su ejercicio un año y no podrán ser reelectos para el año siguiente; continuarán en funciones en los periodos extraordinarios."

"Artículo 26. El presidente de la mesa directiva es el presidente del Congreso y en sus funciones hará respetar el fuero constitucional de los diputados y velará por la inviolabilidad del recinto legislativo."

"Artículo 27. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:

"...

"XIII. Representar legalmente al Congreso con las facultades de un apoderado general en término de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulte necesario."

"Artículo 41. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva, además de las previstas por la ley:

"I. Representar legalmente al Congreso del Estado y delegar dicha representación en la persona o personas que resulte necesario, para lo cual podrá otorgar y revocar poderes para actos de administración, pleitos y cobranzas a los servidores públicos de las unidades administrativas que por la naturaleza de sus funciones les correspondan."

Deriva de los preceptos transcritos que el presidente de la mesa directiva es el presidente del Congreso y está facultado legalmente para representarlo, de lo que se sigue que está acreditada la legitimación de quien comparece en nombre de la legislatura demandada.

Igualmente, se estima que el Poder Legislativo del Estado de Morelos cuenta con legitimación pasiva, toda vez que de él provienen los actos cuya invalidez se solicita.

QUINTO. Por último, se precisa que Marcial Rafael Macedo de la Concha acredita su carácter de procurador general de la República con la copia fotostática certificada de su nombramiento, funcionario que es parte en este asunto de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

SEXTO. Con independencia de las causas de improcedencia alegadas por la parte demandada, este órgano colegiado advierte de oficio, con fundamento en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia que se actualiza en la presente controversia constitucional.

El artículo 19 antes citado, en su fracción VI, dispone:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversas ejecutorias que la anterior causa de improcedencia implica un principio de definitividad tratándose de controversias constitucionales.

Al efecto, en la tesis de jurisprudencia P./J. 12/99, consultable en la página doscientos setenta y cinco del Tomo IX, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y nueve de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se estableció lo siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."

Así, también en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 55/2001, consultable en la página novecientos veinticuatro del Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO. El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legítima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo."

Ahora bien, del contenido del dispositivo legal en comento y de los criterios transcritos, se desprenden tres hipótesis para tener por actualizada la causal de improcedencia que en aquél se contiene, a saber:

1. Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional que no se haya agotado y a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la solución del propio conflicto.

2. Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,

3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento que no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional.

El caso a estudio se ubica en la última de las hipótesis anteriores, toda vez que los actos que se impugnan en esta vía provienen de un procedimiento en el que al momento de la presentación de la demanda se encontraba pendiente el dictado de la resolución que lo culminara en definitiva, por lo que el actor debía esperar el dictado de esta última resolución, en el entendido de que de no hacerlo, la acción de controversia constitucional es improcedente.

Al efecto, conviene tener presente los actos cuya invalidez demanda la parte actora, a saber:

a) Del Pleno del Congreso la aprobación del dictamen y del punto de acuerdo propuestos por la Junta de Coordinación Política de tres y cuatro de mayo de dos mil cuatro, respectivamente, conforme a los cuales quedaron acreditados los elementos de procedencia de la denuncia de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo, la iniciación del procedimiento respectivo y el turno de las constancias relativas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, como comisión instructora, para la sustanciación del procedimiento, así como la inminente emisión de la resolución condenatoria.

b) De la Junta de Coordinación Política la emisión del dictamen referido y la remisión de las constancias relativas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

c) De la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la aprobación en sesión de dieciocho de mayo de dos mil cuatro, del acuerdo para iniciar formalmente el procedimiento de juicio político.

d) De la mesa directiva la inclusión en la orden del día de la sesión de cuatro de mayo de dos mil cuatro, del punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, así como la remisión de las constancias relativas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para la sustanciación del procedimiento de juicio político.

e) De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos la inclusión en la orden del día de la sesión del Pleno del Congreso correspondiente al cuatro de mayo de dos mil cuatro, del dictamen y punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Por otra parte, los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución Política del Estado de Morelos, establecen:

"Artículo 137. Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, los diputados al Congreso del Estado, el gobernador del Estado, los secretarios de despacho, el procurador general de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, el consejero presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos."

"Artículo 138. En los casos del artículo anterior, el Congreso erigido en jurado de declaración oirá al acusado, a su defensor o a ambos si quisieren, y previa lectura del expediente respectivo decidirá si es o no responsable. Si la declaración fuere absolutoria el servidor público continuará en el ejercicio de su encargo. Si fuere condenatorio, quedará suspenso y a disposición del Tribunal Superior de Justicia para los efectos del artículo siguiente:"

"Artículo 139. El Tribunal Superior de Justicia como jurado de sentencia, previa audiencia del acusador, del procurador de Justicia y del acusado, su defensor o de ambos, procederá por mayoría absoluta de votos, a dictar la resolución que en derecho proceda. Si el hecho motivo del procedimiento ameritare sanción penal conforme a la ley, el responsable quedará a disposición de la autoridad competente para que se le instruya el proceso respectivo. Cuando el acusado sea el procurador de Justicia ejercerá las funciones de tal el que designe el Ejecutivo o el servidor público que deba suplirlo con arreglo a la ley. Tanto la declaración del Congreso como la resolución del Tribunal Superior de Justicia son inatacables."

De los preceptos transcritos se advierte que el procedimiento de juicio político en el Estado de Morelos tiene como objeto sancionar a determinados servidores públicos, entre ellos, al gobernador, que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; que en el procedimiento de juicio político el Congreso Local, erigido en jurado de declaración escuchará al acusado, a su defensor o ambos si quisieren, y previa lectura del expediente respectivo decidirá si es o no responsable; que si la declaración fuere absolutoria el servidor público continuará en el ejercicio de su encargo, pero si fuere condenatoria, quedará suspenso y a disposición del Tribunal Superior de Justicia; que este tribunal, como jurado de sentencia, previa audiencia del acusador, del procurador de Justicia y del acusado, su defensor o de ambos, procederá por mayoría absoluta de votos, a dictar la resolución que en derecho proceda; que si el hecho motivo del procedimiento ameritare sanción penal, el responsable quedará a disposición de la autoridad competente para que se instruya el proceso respectivo; y que tanto la declaración del Congreso como la resolución del Tribunal Superior de Justicia son inatacables.

Por su parte, los artículos 6o. a 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, disponen:

"Artículo 6o. Los diputados al Congreso del Estado, el gobernador, los secretarios de despacho, el procurador general de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de Primera Instancia y los integrantes de los Ayuntamientos Municipales que incurran en responsabilidad por actos u omisiones que causen perjuicio a intereses públicos fundamentales o a su buen despacho serán sometidos a juicio político."

"Artículo 7o. Al gobernador sólo se le podrá exigir responsabilidad durante su encargo, por violación expresa a la Constitución Local, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado."

"Artículo 8o. Causa perjuicio a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho:

"I. Afectar la soberanía del Estado;

"II. Atacar las instituciones democráticas;

"III. Atacar la forma de gobierno republicano, representativo y federal;

"IV. Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause perjuicios graves o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

"V. La usurpación de atribuciones;

"VI. La violación sist

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18488-b6f6c53f/controversia-constitucional-es-improcedente-en-contra-de-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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