TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, ESTADO DE MORELOS, AL REGULAR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO PÚBLICO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES TIENE FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, ESTADO DE MORELOS, AL REGULAR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO PÚBLICO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de mayo de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el diez de octubre de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, en la que demandó la invalidez de la norma y del acto que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"II. Órgano demandado: honorable Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Domicilio: calle Independencia, número 12, esquina con Hidalgo, colonia Centro, Atlatlahucan, Morelos. ... IV. Norma general o acto de invalidez: se demanda la aprobación, expedición, promulgación, publicación y vigencia del Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio de Atlatlahucan, aprobado por ese Ayuntamiento, en sesión de Cabildo el día nueve de julio de dos mil dos, actos de invalidez que se demandan, respecto de lo que se prevé en el capítulo VIII ‘De la prestación del servicio público de transporte’, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de información del Gobierno del Estado de Morelos, el día 28 de mayo de 2003 ... Con motivo del Reglamento de Tránsito y Transportes que fuera aprobado por el Ayuntamiento demandado en esta vía, el director de Seguridad Pública y Tránsito emitió el oficio número DSP/215 de fecha 26 de agosto de 2003, dirigido al C. Mario Nolasco Farelas, presidente de la Ruta 15-B itinerario Totolapan-Cuautla, mediante el cual hace diversas manifestaciones y aplica disposiciones del Reglamento de Tránsito y Transportes de ese Municipio, con el cual envía copia a la Dirección General de Transportes del Estado de Morelos, al director general de Transportes del Estado de Morelos para su conocimiento, recibido en dicha dependencia el 27 de agosto de 2003, constituyéndose como el día en que se tuvo conocimiento del acto de aplicación."
SEGUNDO. La parte actora expuso como antecedentes del caso los siguientes:
"1. En fecha seis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, el honorable Congreso del Estado de Morelos expidió la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos, en dicha ley en su artículo 1o. señala que el transporte de personas y de carga, así como el tránsito en las vías públicas abiertas a la circulación en el Estado que no sean de competencia federal, se regirán por las disposiciones de esta ley y su reglamento, que se declaran de interés público. En ese dispositivo legal se ordena en el artículo 3o. que corresponde al gobernador del Estado directamente o por medio de las dependencias competentes conforme a la organización interna del Poder Ejecutivo, la aplicación de esta ley en la forma y términos que establezca su reglamento, así como a las autoridades municipales en los casos que este ordenamiento legal, el reglamento respectivo u otras disposiciones legales les otorguen esas atribuciones. 2. En abundamiento a lo que procede, se hace saber que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 40, fracción XV, establece dentro de las facultades atribuidas al honorable Congreso del Estado, se encuentran las de: ‘Expedir las leyes en materia municipal de conformidad a las bases establecidas en los artículos 115 y 116 de la Constitución General de la República.’. 3. Complementariamente a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos, con fecha 20 de mayo de 1998, se publicó en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el Reglamento de Tránsito y Transportes para el Estado de Morelos, que tiene aplicación en nuestro Estado, mismo que establece las condiciones y requisitos que deben observarse en la prestación del servicio público de transporte de carga y de pasajeros en la entidad. 4. El Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, el 9 de julio de 2002, representado por los ciudadanos profesor Calixto Urbano Lagunas, Presidente Municipal Constitucional, Omar Neri Torres, síndico, Angelina Ortega Salgado, regidor de Hacienda, Misael Franco Ramírez, regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, René Espinosa Iturbide, regidor de Servicios Públicos, Lic. Norma Ovando Vázquez, secretario del Ayuntamiento, en sesión de Cabildo aprobaron el Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano informativo del Gobierno del Estado de Morelos, el día 28 de mayo de 2003. 5. Con motivo del Reglamento de Tránsito y Transportes que fuera aprobado por el Ayuntamiento demandado en esta vía, el director de Seguridad Pública y Tránsito emitió el oficio número DSP/215 de fecha 26 de agosto de 2003, dirigido al C. Mario Nolasco Farelas, presidente de la Ruta 15-B itinerario Totolapan-Cuautla, mediante el cual hace diversas manifestaciones y aplica disposiciones del Reglamento de Tránsito y Transportes de ese Municipio, con el cual envía copia a la Dirección General de Transportes del Estado de Morelos, al director general de Transportes del Estado de Morelos para su conocimiento, recibido en dicha dependencia el 27 de agosto de 2003, constituyéndose como el día en que se tuvo conocimiento del acto de aplicación. 6. En el oficio referido dicho director determina que a partir del 18 de agosto de 2003, los conductores pertenecientes a la asociación de transportistas mencionada deberán realizar sin excusa ni pretexto el ascenso y/o descenso de pasajeros en los lugares asignados, como lo estableció en la siguiente forma:
Ver tabla 1
"Fundando su actuación dicho funcionario en términos del artículo 84 del Reglamento de Tránsito y Transportes municipal, que a la letra dice: ‘En relación a los vehículos que prestan el servicio público para el transporte de pasajeros foráneos, sólo podrán levantar pasaje en su terminal o en los sitios expresamente autorizados para ello.’."
TERCERO. El Poder Ejecutivo actor hizo valer como conceptos de invalidez los siguientes:
"Único. El Reglamento de Tránsito y Transportes del Municipio de Atlatlahucan, en la parte que se impugna, resulta contrario al espíritu de los artículos 16, 28, 115 y 124 de la Constitución Federal, lo anterior bajo las siguientes consideraciones: a) En efecto, el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, al aprobar y expedir el Reglamento de Tránsito y Transportes del Municipio de Atlatlahucan, en parte importante se atribuye facultades sobre la prestación del servicio público de transporte que constitucionalmente no le corresponden, y que para mayor observación se transcribe íntegramente el capítulo octavo de la prestación del servicio público de transporte de dicho reglamento que corresponde a los artículos 74 al 94. (se transcribe). Contrario a lo reglamentado por el Ayuntamiento demandado, el artículo 115, fracción III, constitucional, establece las funciones y servicios públicos que le son encomendados a los Ayuntamientos, mismos que son del siguiente tenor: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abastos; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e, i) Las demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Como se puede ilustrar en lo literalmente transcrito, el reglamento que se impugna no se ajusta a lo que constitucionalmente corresponde al Ayuntamiento, lo que permite observar que el Reglamento de Tránsito y Transportes, en la parte que se enunció, no se encuentra debidamente fundamentado. En observancia a los principios rectores que prevé la Constitución Federal sobre el caso que nos ocupa, la Constitución Local, Ley Orgánica Municipal, Ley de Tránsito y Transportes del Estado y su reglamento, se advierte que existe por parte del Ayuntamiento de Atlatlahucan, una indebida fundamentación y atribuciones que legalmente no le corresponde sobre la prestación del servicio público de transporte y que son de competencia exclusiva del Gobernador Constitucional del Estado. Lo que permite arribar, (sic) que se solicite de ese Alto Tribunal declare la invalidez del reglamento en la parte que se impugna, ya que carece de los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal. En el caso, el reglamento impugnado faculta al Ayuntamiento de Atlatlahucan, en el artículo 7o. (sic), a autorizar el establecimiento de sitios, bases de servicios y cierres de circuito en la vía pública, según las necesidades del servicio, fluidez y densidad de circulación de la vía en donde se pretende establecerlos, así también en esa parte alude que el Ayuntamiento deberá atender la opinión de los vecinos, prohibiendo a los propietarios y conductores del servicio público de transporte utilizar la vía pública como terminal. Asimismo, dicho Ayuntamiento determina que los cierres de circuito de los vehículos que prestan el servicio público de pasajeros sobre carriles exclusivos de las vías primarias, deberán ubicarse fuera de las mismas, señalando que para el establecimiento de cierres de circuito en calles, el Ayuntamiento deberá escuchar la opinión de los vecinos a fin de determinar la forma en que tales cierres no perturben, determinaciones que se ubican en el artículo 78 del reglamento impugnado. Por otro lado, el Ayuntamiento demandado determina en el artículo 79 del reglamento expedido por dicha autoridad demandada, las obligaciones que deberán observarse en sitios, bases de servicio y cierre de circuito en la vía pública. Continúa el Ayuntamiento de forma incongruente e inconstitucional, y denomina el capítulo ‘Cambios de sitios, bases de servicios o cierres de circuitos’, aprobando para ello el artículo 80 de ese reglamento, en el que alude a que el Ayuntamiento podrá cambiar la ubicación de cualquier sitio, base de servicio y cierre de circuito o, en su caso, revocar las autorizaciones otorgadas según se dieran los casos de las fracciones (sic) que en dicho artículo determinó. El Ayuntamiento, continuando con esa actitud, adjudicándose facultades extraordinarias que no le son permitidas por ninguna ley, aborda el capítulo ‘Paradas en la vía pública de circulación de vehículos’, y refiere para esa parte en el artículo 81, que el Ayuntamiento determinará las paradas en la vía pública que deberán usar los vehículos que presten el servicio público de transporte de pasajeros con itinerario fijo, señalando en dicho precepto que se deberá contar con cobertizos y zonas delimitadas de ascenso y descenso. En ese mismo orden, en diverso artículo 84 de dicho reglamento, identificado con el capítulo ‘Transporte de pasajeros foráneos’, el Ayuntamiento de Atlatlahucan determina que los vehículos que presten el servicio público para el transporte de pasajeros foráneos, sólo podrá levantar pasaje en su terminal o en los sitios expresamente autorizados para ello, haciendo uso exclusivo de lo aprobado por el Ayuntamiento sobre la facultad que se asigna en este artículo, el director de Seguridad Pública y Tránsito de ese Ayuntamiento determina que a partir del 18 de agosto de 2003, los conductores pertenecientes a la asociación de transportistas mencionada, deberán realizar sin excusa ni pretexto el ascenso y/o descenso de pasajeros en los lugares asignados, como lo estableció en la forma que ya ha sido transcrita en párrafos que anteceden y que en obvio de repeticiones solicito se tenga por reproducida íntegramente. Ahora bien, y tomando en consideración la aprobación y expedición que hizo el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, sobre el reglamento de tránsito y transporte de ese Municipio, en los términos que se han mencionado, es necesario que en esta parte se tengan que reproducir los preceptos legales que el reglamento impugnado contraviene. b) La supremacía constitucional en su artículo 28, alude que el Estado sujetándose a las leyes podrá en casos de interés general concesionar la prestación de los servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. En ellas, también se fijarán las modalidades y condiciones que asegure la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público. El reglamento que se impugna carece de validez constitucional, porque de su contenido se manifiesta contravención a lo que dispone el artículo 16 del Pacto Federal, pero además se yuxtapone a lo previsto por el artículo 124 de dicha Constitución, ya que se encuentra vinculada de modo fundamental con el acto que se reclama, pero que además tiene relación con otras disposiciones establecidas en la Constitución Federal, Constitución Local y demás leyes secundarias, como lo son los artículos 28 y 115 de la Ley Suprema; 40, fracción II, VI y XV, 114-bis y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1o., 2o., 4o., 24, fracción II, 38, fracción III y XXV, 40, fracción I y 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las facultades que no estén expresamente concedidas por esa Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. De esta forma, si la prestación de un servicio público no está expresamente conferida a la Federación por una parte ni a los Municipios por la otra, no sólo por la Constitución, se entiende que se encuentra implícitamente conferida a las entidades federativas, esto de acuerdo al artículo que se enuncia en el párrafo que precede. Tiene relación el artículo 40, fracciones II, VI y XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que en el mismo se determina que es facultad del Congreso Estatal el expedir, aclarar, reformar, derogar o aprobar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado; legislar sobre todo aquello que la Constitución General de la República no encomiende expresamente al Congreso de la Unión; y expedir las leyes en materia municipal de conformidad con las bases expedidas en los artículos 115 y 116 de la Constitución General de la República. ‘Artículo 114-bis. Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. II. Alumbrado público. III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. IV. Mercados y centrales de abasto. V. Panteones. VI. Rastro. VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento. VIII. Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la presente Constitución y de las leyes que de ambas emanen; así como la policía preventiva municipal y de tránsito. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos de la normatividad correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; y IX. Los demás que la ley determine, según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. ...’. ‘Artículo 118. El Congreso del Estado expedirá las leyes bajo las cuales, los Ayuntamientos aprueben los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organice la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. ...’. Por otra parte, en lo que concierne a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos se establece: ‘Artículo 1o. Las normas contenidas en la presente ley, son de orden público y de observancia general en el Estado de Morelos y tienen por objeto establecer las funciones para la integración, organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los Municipios del Estado de Morelos. Tienen su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el título sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.’. ‘Artículo 2o. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado mexicano. Es una entidad de carácter público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de derechos y obligaciones, autónoma en su régimen interior y con libertad para administrar e integrar su hacienda, conforme a las disposiciones constitucionales, la presente ley y demás leyes en la materia que aprueba el Congreso.’. ‘Artículo 4o. Los Municipios del Estado regularán su funcionamiento de conformidad con lo que establece esta ley, los ordenamientos estatales y municipales, bandos municipales, reglamentos y circulares, disposiciones administrativas, y demás disposiciones aplicables. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio y población, así como lo concerniente a su organización política y administrativa, con las limitaciones que señalen las propias leyes. Los Ayuntamientos están facultados para elaborar, aprobar y publicar compendios municipales que comprendan toda la reglamentación vigente en el ámbito municipal.’. ‘Artículo 24. Al día siguiente de la toma de posesión, el Ayuntamiento celebrará su primera sesión ordinaria de Cabildo, en la que se plantearán y resolverán los siguientes asuntos: ... II. Determinar las comisiones municipales que atiendan los ramos de la administración pública de acuerdo a sus necesidades y con base a las facultades consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales deberán ser colegiadas y permanentes así como designar a los titulares de las mismas. El número y denominación de las comisiones, será determinado por los integrantes del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar las siguientes materias: a) Gobernación y reglamentos; b) Hacienda, programación y presupuesto; c) Planificación y desarrollo; d) Desarrollo urbano, vivienda y obras públicas; e) Servicios públicos municipales; f) Bienestar social; g) Desarrollo económico; h) Seguridad pública y tránsito. ... .’. ‘Artículo 38. Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para: ... III. Expedir o reformar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, en el ámbito de su respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la presente ley. ... XXV. Municipalizar los servicios públicos en términos de esta ley.’. ‘Artículo 40. No pueden los Ayuntamientos: I. Investirse de facultades extraordinarias. ...’. ‘Artículo 123. Los Municipios organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación y explotación de servicios públicos, considerándose como tales, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastro; VII. Estacionamientos públicos; VIII. Archivo, autentificación y certificación de documentos; IX. Embellecimiento y conservación de centros urbanos y poblados; X. Calles, parques, jardines y áreas recreativas y su equipamiento; XI. Seguridad pública y tránsito; XII. Catastro municipal; XIII. Registro Civil; y XIV. Las demás que la Legislatura Local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.’. En cuanto a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos se alude: ‘Artículo 1o. El transporte de personas y de carga, así como el tránsito en la vías públicas abiertas a la circulación en el Estado, que no sean de competencia federal, se regirán por las disposiciones de esta ley y su reglamento, que se declararán de interés público.’. ‘Artículo 2o. Son vías públicas, las calles, avenidas, pasajes, carreteras pavimentadas o revestidas, brechas o caminos vecinales, y en general todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad o en razón del servicio esté destinado al tránsito de personas y vehículos.’. ‘Artículo 3o. Corresponde al gobernador del Estado directamente o por medio de las dependencias competentes conforme a la organización interna del Poder Ejecutivo, la aplicación de esta ley, en la forma y términos que establezca su reglamento, así como a las autoridades municipales y en los casos en que este ordenamiento legal, el reglamento respectivo u otras disposiciones legales les otorguen esas atribuciones.’. ‘Artículo 4o. Son atribuciones del titular del Poder Ejecutivo: I. Reglamentar, dirigir y vigilar todo lo relativo al tránsito y transporte en la vías públicas del Estado. ...’. Asimismo, el Reglamento de Tránsito y Transportes para el Estado de Morelos refiere: ‘Artículo 1o. El presente reglamento establece las normas y requisitos a que debe sujetarse el tránsito de peatones y vehículos en las vías públicas del Estado, y requisitos que deben observarse en la prestación del servicio público de transporte de carga y de pasajeros en la entidad.’. ‘Artículo 2o. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo a través del director general de Tránsito y Transportes la aplicación del presente reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las autoridades municipales de conformidad con las disposiciones legales aplicables.’. ‘Artículo 3o. Para efectos de este reglamento se entiende por: I. Ley. Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos; II. Reglamento. El presente Reglamento de Tránsito y Transportes para el Estado de Morelos; III. Tránsito. Servicio público que presta el Estado, relativo a los requisitos, condiciones y mecanismos administrativos de circulación y control vehicular en las (sic); IV. Transporte. Servicio público a cargo del Estado mediante el que se establecen los requisitos y condiciones que deben observarse en el transporte de pasajeros y carga dentro de las vías públicas de jurisdicción estatal; el cual puede ser prestado directamente por el Estado o a través de concesión o permiso que se otorgue conforme a la ley; V. Dirección o dirección general. Dirección General de Tránsito y Transportes; VI. Dirección de área. Dirección de Tránsito o de Transportes según sea el caso; VII. Licencia. Acreditación que extiende la autoridad de tránsito y transportes de que su titular está capacitado para conducir vehículos automotores; VIII. Permiso. Autorización o constancia que otorga la autoridad de tránsito y transportes, de carácter temporal, para conducir vehículos o bien para transportar pasajeros o carga, en los términos a que se refiere el presente reglamento; IX. Concesión. Título administrativo expedido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se habilita a un particular para que a nombre del Estado preste el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades; X. Señales. Dispositivo de información mediante el que la autoridad de tránsito y transportes regula y hace más fluido el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas del Estado, las cuales se clasifican en: humanas: las que efectúen los agentes de tránsito; verticales: las de los semáforos, aparatos mecánicos y símbolos; y, horizontales: las líneas, marcas y letreros pintados o realizados en el piso; XI. Agente. Elemento humano de la Dirección General de Tránsito y Transportes encargado de vigilar en la vía pública el cumplimiento del presente reglamento; XII. Servicio. Prestación administrativa de carácter público que otorga el Estado, conforme a las disposiciones legales aplicables, con la finalidad de satisfacer en forma regular, uniforme y permanente, una necesidad de carácter colectivo; XIII. Registro de vehículos. Obligación que tiene todo propietario de vehículo residente en el Estado, de informar a la autoridad de tránsito y transportes que corresponda, los datos particulares de su unidad, para obtener los documentos que le permitan circular en la vía pública; XIV. Registro Público. Registro Público de la Propiedad; XV. Itinerario fijo. Transporte público de pasajeros que se presta en una o varias rutas preestablecidas y definidas, con frecuencia, horarios y tarifas determinados, que no pueden ser modificados sino mediante autorización expresa otorgada por la autoridad competente; XVI. Sin itinerario fijo. Transporte público de pasajeros que se presta mediante automóviles de alquiler y no está sujeto a horario alguno, pero debe circunscribirse al territorio de operación y a la tarifa autorizados por la autoridad competente; XVII. Terminal. Lugar donde los prestadores del servicio público de transporte estacionan sus vehículos para iniciar o terminar su recorrido; XVIII. Sitio. Lugar en la vía pública o predio particular, donde, previa autorización de la autoridad competente, se estacionen vehículos destinados al servicio público de pasajeros o de carga sin itinerario fijo, a donde acuda el público a contratar sus servicios; XIX. Paradas. Lugar en donde reglamentariamente se detienen los vehículos del transporte público de pasajeros con itinerario fijo, para el ascenso y descenso de pasajeros a lo largo de su ruta; XX. Ley fiscal. Código Fiscal para el Estado de Morelos; XXI. Días. Si son por concepto de multa, se consideran igual a días de salario mínimo vigente en la entidad. En todos los demás supuestos deberán entenderse; XXII. Ciudad. Todo centro de población.’. ‘Artículo 4o. En los casos en que la prestación de los servicios públicos de tránsito, transporte de pasajeros o de carga sean materia de concesión o permiso, concesionarios y permisionarios deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes, al presente reglamento, y a las medidas que dentro de sus facultades dicten las autoridades competentes. La expedición de los documentos, así como los servicios que presta la dirección, (sic) derechos establecidos en la Ley General de Hacienda del Estado.’. ‘Artículo 5o. Son autoridades de tránsito y transportes: I. El gobernador del Estado; II. El secretario general de Gobierno; III. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; IV. El director general de Tránsito y Transportes; V. Los presidentes municipales, en sus respectivas jurisdicciones; y VI. Los servidores públicos de la Dirección General de Tránsito y Transportes, a quienes este reglamento, otras disposiciones aplicables o la autoridad competente les otorguen tal carácter.’. ‘Artículo 6o. El titular del Poder Ejecutivo tendrá en materia de tránsito y transportes las atribuciones que se señalen en la ley de la materia y demás ordenamientos aplicables. En todo caso el gobernador del Estado podrá celebrar convenios de colaboración con los Ayuntamientos, para que éstos asuman la prestación de uno o ambos servicios, en los mismos términos y condiciones a que se refiere el presente reglamento.’. ‘Artículo 6o. bis. Corresponde a los presidentes municipales y a los servidores públicos que ellos designen dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y jurisdicciones territoriales, la facultad de imponer las multas con motivo de la comisión de infracciones de tránsito que este reglamento establece, así como su recaudación, administración y disposición a través de las oficinas administrativas que para ello autoricen.’. ‘Artículo 8o. Son atribuciones del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, las siguientes: I. Planear, dirigir y controlar el desarrollo del transporte en el Estado y formular el programa respectivo, en los términos señalados en la Ley Estatal de Planeación, II. Conducir la operación y regulación del servicio público del transporte en todas sus modalidades, en base al programa a que se refiere la fracción anterior.’. ‘Artículo 19. Se consideran órganos auxiliares de la Dirección General de Tránsito y Transportes, en materia de transportes los siguientes: I. La Comisión de Transportes del Estado, II. Las corporaciones policiacas que funcionen en el Estado cualquiera que sea su denominación, si se les delega la facultad de intervenir en materia de transporte.’. ‘Artículo 20. La Comisión de Transportes del Estado estará integrada por: I. El secretario general de Gobierno; II. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; III. El secretario de Hacienda; IV. El secretario de Desarrollo Económico; V. El secretario de Desarrollo Agropecuario; VI. El procurador general de Justicia; VII. El subsecretario de Gobierno; VIII. El director general de Tránsito y Transportes; IX. El director de Tránsito; X. El director de Transporte; XI. Los delegados regionales; XII. El director del Registro Público de la Propiedad y Comercio; XIII. El director de Protección Civil; XIV. El coordinador general de Turismo; XV. Siete representantes de los concesionarios del transporte de pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18287-1b098aaf/transito-el-articulo-84-del-reglamento-de-transito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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