APORTACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 34 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE ESTABLECE REGLAS SOBRE ELLAS, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 134, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, Y 74, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2003. PODER EJECUTIVO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el dos de abril de dos mil tres, en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir promociones de término fuera del horario de labores, Juan de Dios Castro Lozano, quien se ostentó como consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en la que demandó de la autoridad que a continuación se señala la invalidez de la norma y actos que más adelante se precisan:
"Entidad demandada. El Estado de Michoacán de Ocampo, a través de: A) El Congreso del propio Estado, autoridad que aprobó y expidió la norma general impugnada, con domicilio en avenida Madero Oriente No. 97, Col. Centro, código postal 58000, Morelia, Michoacán. B) El gobernador del mismo Estado, autoridad que promulgó la citada norma general, con domicilio en el Palacio de Gobierno, primer patio, planta alta, ubicado en avenida Madero Poniente No. 63, Col. Centro, código postal 58000, Morelia, Michoacán y C) El tesorero general de Gobierno del mismo Estado, autoridad que emitió los actos impugnados, con domicilio en calzada Ventura Puente No. 112, colonia Chapultepec Norte, código postal 58260, Morelia, Michoacán. Norma general y actos cuya invalidez se demandan. A) Norma general impugnada: Artículo 34 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, adicionado mediante Decreto Legislativo Número 250, por el que se reforman los artículos 186, primer párrafo y fracción III; 188 y 189; y se adiciona un capítulo III bis, al título segundo, con los artículos 32, 32 bis, 33, 33 bis, 34 bis, 35 bis, 36 bis, 37 bis, 38 bis, 39 bis, 40 bis, 41 bis, 42 bis, 43 bis y 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 27 de diciembre de 2002. B) Actos impugnados: Del tesorero general del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo: 1. La expedición del oficio número 341/2003 de fecha 14 de febrero de 2003, dirigido al secretario de Salud del Gobierno Federal, recibido por la dependencia el 18 del mismo mes y año (anexo en copia certificada), documento que constituye el primer acto de aplicación de la norma general que se impugna y 2. La expedición del oficio número 340/2003 del 14 de febrero de 2003, dirigido al secretario de Educación Pública del Gobierno Federal (anexo en copia certificada) recibido en esa secretaría el 20 del mismo febrero."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"Antecedentes de la norma general y actos cuya invalidez se demanda. A) Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 1. En la Ciudad de México el 18 de mayo de 1992 el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos de todos los Estados de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, en cuyo punto IV ‘La reorganización del sistema educativo’, apartado federalismo educativo, se dejó constancia de que el Ejecutivo Federal traspasó y el respectivo Gobierno Estatal recibió los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría de Educación Pública prestaba en la correspondiente entidad federativa los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial. Se pactó, específicamente, el compromiso del Ejecutivo Federal para transferir recursos suficientes para que cada Gobierno Estatal, se encontrare en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación y hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibió, así como de fortalecer el sistema educativo en la entidad federativa y de cumplir con los compromisos que adquiría en dicho acuerdo. Se dejó expreso que cada Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, sustituía al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporaban al sistema educativo estatal; y se dejó constancia de que los Gobiernos Estatales, por conducto de su autoridad competente, reconocerían y proveerían lo necesario para respetar todos los derechos laborales de los trabajadores mencionados. 2. El mismo 18 de mayo de 1992 el Ejecutivo Federal suscribió con el Ejecutivo del Estado de Michoacán el convenio (Diario Oficial de la Federación, 21 de mayo de 1992) mediante el que convinieron ejecutar el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. La cláusula quinta del citado convenio a la letra dice: ‘Quinta. Al entrar en vigor el presente convenio, el Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema educativo estatal. El Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, reconoce y proveerá lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales, incluyendo los de organización colectiva de los trabajadores antes mencionados. El Gobierno Estatal garantiza que los citados derechos serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda obligado con la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.’. 3. La Ley General de Educación expedida por el Congreso de la Unión, publicada el 13 de julio de 1993 dispone en su artículo 11 que la aplicación y vigilancia del cumplimiento de dicha ley corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, en los términos que la propia ley establece; dispone la fracción II del numeral invocado que se entiende por autoridad educativa local al Ejecutivo de cada uno de los Estados de la Federación, así como las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa. El artículo 13 del ordenamiento en mención dispone en su fracción I que corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; por su parte, el artículo 37 dispone que la educación de tipo básica está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. El artículo 25, párrafo primero, de la Ley General de Educación dispone, entre otras cosas, que el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa con sujeción a sus correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos. 4. El 17 de agosto de 1998 el Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo representadas por sus titulares, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, representado por su titular, suscribieron con el Ejecutivo del Estado de Michoacán, representado por su gobernador, el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica prestados por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en la referida entidad federativa. En virtud del convenio se transfirieron al Gobierno del Estado la organización y operación de servicios de educación profesional técnica, incluyendo los recursos humanos, materiales y financieros que permitan al Gobierno del Estado el ejercicio de las facultades que asumió en el referido convenio. B) Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. 1. Por otra parte, en adición al acuerdo nacional precisado en el inciso que antecede, con fecha 20 de agosto de 1996 el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos de todos y cada uno de los Estados de la República, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, suscribieron el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud (Diario Oficial de la Federación, 25 de septiembre de 1996). En su punto III, referente a la descentralización, el acuerdo dejó constancia de que el Ejecutivo Federal transfirió las responsabilidades, derechos, obligaciones, recursos y decisiones en materia de salud a cada entidad federativa, cumpliendo con ello un doble propósito: el político, al fortalecer el federalismo, reintegrando a la esfera local las facultades que le eran propias al suscribir el Pacto Federal; y el social, al acercar a la población servicios fundamentales que son prestados por cada uno de los Estados, asegurando a los usuarios mayor eficiencia y oportunidad. Asimismo, en el punto IV se establece que los Gobiernos Estatales, al asumir la operación de los establecimientos de salud, se avocarán a asegurar diversos beneficios de la población. Se dejó expreso que cada Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, sustituía al titular de la Secretaría de Salud en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores del sistema de salud; y se dejó constancia de que los Gobiernos Estatales, por conducto de su autoridad competente, reconocerían y proveerían lo necesario para respetar todos los derechos laborales de los trabajadores mencionados. 2. El 20 de agosto de 1996 el Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, representadas por sus titulares, y con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, suscribieron con el Ejecutivo del Estado de Michoacán, representado por su gobernador, el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en esa entidad federativa (Diario Oficial de la Federación, 21 de octubre de 1996). En virtud del convenio se transfirieron al Gobierno del Estado la organización y operación de servicios de salud, incluyendo los recursos humanos, materiales y financieros que permitieron al Gobierno del Estado el ejercicio de las facultades que asumió en el referido convenio, estableciéndose en la cláusula decimoséptima lo siguiente: ‘Decimoséptima. El organismo descentralizado a que se refiere la cláusula tercera tendrá el carácter de titular en la nueva relación de trabajo’. 3. El 23 de septiembre de 1996 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el decreto por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de esa entidad federativa, de conformidad con el acuerdo nacional y el acuerdo de coordinación señalados en párrafos anteriores. El decreto en comento establece en sus artículos 1o. y 12 lo siguiente: ‘Artículo 1o. Se crean los servicios de salud de Michoacán como un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.’. ‘Artículo 12. Las relaciones entre el organismo servicios de salud de Michoacán y sus trabajadores federales, se regirán con base en los lineamientos que en esta materia señalan los acuerdos de Coordinación correspondientes.’. 4. La Ley General de Salud expedida por el Congreso de la Unión, publicada el 7 de febrero de 1984, dispone en sus artículos 3o., 13 y 18 que la aplicación y vigilancia del cumplimiento de dicha ley corresponde a las autoridades sanitarias de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos que la propia ley establece. El artículo 3o. de la Ley General de Salud establece las materias de salubridad general, señalando expresamente 28 fracciones con igual número de conceptos. De conformidad con el artículo 13, inciso b los conceptos a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII (sic), XIX y XX, corresponden en su organización, operación y supervisión a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones. Cabe destacar que el artículo 18 de la Ley General de Salud previene la existencia de las bases y modalidades para el ejercicio coordinado de las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas, tratándose de prestación de servicios de salubridad general, estableciendo al efecto los correspondientes acuerdos de coordinación a que se ha hecho referencia. C) Por otra parte, el Congreso de la Unión en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 73, fracción XXIX, expidió la Ley de Coordinación Fiscal (D.O.F. del 27-12-78). Teniendo como antecedente los acuerdos de coordinación referidos en los incisos A) y B) que anteceden, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997 y el 31 de diciembre de 1998, se adicionó la Ley de Coordinación Fiscal con un capítulo V, denominado: ‘De los Fondos de Aportaciones Federales’, que comprende de los artículos 25 al 43. Las adiciones incorporadas a la Ley de Coordinación Fiscal encuentran fundamento también en las facultades que confieren al Congreso de la Unión los artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV, de la Constitución, para fijar las aportaciones económicas correspondientes al servicio público educativo, así como los artículos 4o., tercer párrafo y 73, fracción XVI, por lo que hace a la protección a la salud y a la salubridad general de la República. Así, en el artículo 25 de la ley en mención se dispone que, con independencia de lo establecido en sus capítulos I a IV, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se constituirán en beneficio de dichas entidades federativas y, en su caso, de los Municipios con cargo a recursos de la Federación, entre otros, los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y para los Servicios de Salud. Por su parte, el artículo 42 establece el Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos, a través del cual se entregan a las entidades federativas y al Distrito Federal recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman conforme a los convenios de coordinación que se suscriban con el Ejecutivo Federal. En los artículos 26 y 29 de la propia ley se establece que con cargo a las aportaciones de los citados fondos, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que les competen en los términos de los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación y 3o., 13 y 18 de la Ley General de Salud, lo que incluye en consecuencia, el ejercicio de las atribuciones correspondientes contempladas en los acuerdos de coordinación que antes se han referido. Asimismo, los artículos 27, 30 y 43 de la ley establecen que, entre otros, el monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del Fondo para los Servicios de Salud y del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se determinará cada año en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los elementos que al efecto fija la propia Ley de Coordinación Fiscal. D) El 12 de diciembre de 2002 el Congreso del Estado de Michoacán aprobó y expidió el Decreto Legislativo Número 250 que ya se ha precisado, en el que, entre otros, se adiciona el artículo 34 bis de la Ley de Hacienda del citado Estado, cuya invalidez aquí se solicita, estableciendo una carga fiscal para la Federación, sin cumplir los requisitos constitucionales para ello. Como primer acto de aplicación de dicha norma general, el tesorero general del Estado emitió el oficio 341/2003, dirigido al secretario de Salud del Gobierno Federal, antes precisado (anexo), mediante el cual, en virtud de lo establecido en el artículo 34 bis de la Ley de Hacienda que se impugna, solicita al titular de la referida dependencia federal girar sus instrucciones ‘... a efecto de que se autoricen las ampliaciones líquidas correspondientes a los presupuestos autorizados para el año 2003, en la parte relativa a los diferentes conceptos de remuneración del personal transferido al Estado que se cubren con cargo al fondo de aportaciones federales para los servicios de salud.’. Asimismo, el tesorero general del Estado emitió el oficio 340/2003, dirigido al secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, mediante el cual solicita al titular de la referida dependencia: ‘... girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se autoricen las ampliaciones líquidas correspondientes a los presupuestos autorizados para el año 2003, en la parte relativa a los diferentes conceptos de remuneración al personal transferido al Estado y que se cubren con cargo a los fondos de aportaciones federales para la educación básica y normal, para la educación tecnológica y de adultos.’. ‘... se autoricen las ampliaciones presupuestales líquidas, necesarias para cubrir el impuesto correspondiente al cincuenta por ciento, que se cause por la remuneración al personal adscrito a las instituciones educativas constituidas como organismos descentralizados del Estado, siguientes ...’. ‘... girar sus instrucciones a efecto de que se autorice la ampliación presupuestal líquida necesaria para que dicha institución (la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) cumpla con la obligación relacionada con el impuesto referido’. Según se desprende de los oficios antes referidos, entre las razones manifestadas por el gobernador del Estado al presentar la iniciativa de adiciones y reformas a la Ley de Hacienda del Estado: ‘... era indispensable recurrir a nuevas fuentes permanentes de ingreso, que permitieran disponer de recursos financieros adicionales para atemperar la difícil situación financiera enfrentada por el Gobierno del Estado, misma que se agudizó a finales de 2002’. Asimismo, se señala que dicha situación financiera: ‘... fue ocasionada en gran medida por los problemas estructurales derivados de la descentralización de los servicios de salud y educación, por parte del Gobierno Federal, lo cual ha ocasionado una importante disminución de la capacidad financiera del Gobierno Estatal para la realización de otros programas ..."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
"Primero. La norma general impugnada no cumple con los principios de legalidad tributaria y equidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. A) Principios de legalidad tributaria y de equidad. Antes de demostrar la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, es conveniente aludir a los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, que establece: ‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’. Al respecto, es de explorado derecho que del dispositivo transcrito se desprenden los principios a que deben sujetarse las contribuciones. Tales principios constituyen la referencia o criterio fundamental para juzgar la constitucionalidad de las leyes tributarias. Entre los principios anteriores, en el presente caso son de destacarse los relativos a la legalidad tributaria y a la equidad, principios éstos a los que no se ajusta la norma general que se impugna. En efecto, esa Suprema Corte de Justicia ha emitido sobre el particular las tesis jurisprudenciales que por su relevancia se transcriben a continuación: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN DE ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos «contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes», no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida.’ (Tesis jurisprudencial número 50, publicada en la página 95, Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985). ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CÁLCULO DE ALGÚN ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CONLLEVA, NECESARIAMENTE, UNA TRANSGRESIÓN A ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de legalidad tributaria garantizado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, implica el que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, genere certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado; cómo se calculará la base del tributo; qué tasa o tarifa debe aplicarse; cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. En ese tenor, la circunstancia de que la determinación o cálculo preciso de alguno de los elementos que repercuten en el monto al que ascenderá una contribución corresponda realizarlo a una autoridad administrativa, no conlleva, por sí misma, una transgresión al principio constitucional de referencia, pues para cumplir con éste, en tal hipótesis, bastará que en las disposiciones formal y materialmente legislativas aplicables se prevea el procedimiento o mecanismo que aquélla debe seguir, con tal precisión que atendiendo al fenómeno que se pretende cuantificar, se impida su actuación arbitraria y se genere certidumbre al gobernado sobre los factores que inciden en sus cargas tributarias.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, diciembre de 2000. Tesis: 2a./J. 111/2000. Página: 392). ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos debe contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.’ (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: I, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: 170. Página: 171). ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.’ (Novena Época. Fuente: Pleno. Instancia: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, junio de 1997. Tesis: P./J. 42/97. Página: 36). ‘IMPUESTOS. LAS REGLAS SOBRE SU NO CAUSACIÓN ESTÁN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE GENERALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. Los principios establecidos en los artículos 13, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal rigen no sólo tratándose de exenciones de impuestos, sino también de los supuestos de no causación de los tributos, dado que la justicia en la imposición sólo puede alcanzarse si el legislador observa los requisitos de generalidad y abstracción, así como conserva el esquema de igualdad de las cargas públicas que pesan sobre los particulares, de manera que al crear el supuesto generador de la obligación tributaria no se conduzca con fines discriminatorios, caprichosos o arbitrarios, sino conforme a criterios objetivos que sean relevantes y tengan significación frente al objeto y fin de la ley impositiva, lo que se logra cuando el legislador, al considerar el objeto generador de la obligación tributaria, declara excluidos de la causación a supuestos en que se desarrollen actividades que estime no convenientes considerar en el nuevo tributo por razones de orden económico, de orden social, de naturaleza política o de orden público.’ (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, mayo de 1996. Tesis: P. LXXVIII/96. Página: 112). ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igual
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17988-ed9a80d3/aportaciones-federales-el-articulo-34-bis-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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