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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AQUELLA VÍA, SI SE ADVIERTE QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL NO ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTAR A ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2003. · Registro digital (IUS): 18407
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 1768.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2003. ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de agosto de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veinticinco de agosto de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Cadena Morales, quien se ostentó como secretario general de Gobierno en suplencia del gobernador del Estado de México, promovió controversia constitucional en representación del Estado de México, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

"II. Entidad demandada. La Federación, en los términos de los artículos 40 y 105, apartado I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 90, párrafo primero, del propio ordenamiento constitucional, por conducto del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, cuya esfera de competencia se encuentra delimitada en la ley y respecto del cual debe analizarse su legitimación pasiva atendiendo al principio de supremacía constitucional; a la finalidad perseguida por el Constituyente al crear el instrumento procesal denominado ‘controversia constitucional’, y al espectro de su tutela jurídica, como lo ha establecido ese Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 5/2001, el 4 de septiembre de 2001 ... Acto cuya invalidez se demanda. El acto cuya invalidez se demanda está constituido por la resolución contenida en el oficio número 01365, de fecha 23 de junio de 2003, que me dirigió el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, en mi carácter de Gobernador Constitucional del Estado de México, resolución que fue recibida el día 27 de junio del año en curso y que en original acompaño a este escrito como anexo número dos, misma que se transcribe a continuación: ‘Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del Estado de México. Estimado señor gobernador: Me es grato saludar a usted al hacer referencia a sus atentos oficios números 202.G.81/03 y 201.G.60/03 de 9 de junio y 29 de abril últimos, respectivamente, mismos que me permito contestar en los términos de esta comunicación, mediante la cual he procurado que en esta ocasión queden satisfechas sus peticiones y al mismo tiempo se expliquen las circunstancias que, desde el punto de vista legal, obligan a esta dependencia del Ejecutivo a manifestarse como se plantea a continuación, respecto de la asunción por parte del Gobierno Federal de las diversas determinaciones que usted propone en torno a los sistemas de extracción y conducción de aguas subterráneas del Alto Lerma y Chiconautla. 1. En relación con el convenio celebrado el 14 de diciembre de 1966, entre las entonces Secretarías de Recursos Hidráulicos, la de Agricultura y Ganadería y el otrora DDF (sic) con el Gobierno del Estado de México, se comenta lo siguiente: El convenio en estudio no constituye en sí un acto violatorio de la soberanía del Estado de México, al haber sido aprobado por la Legislatura de ese Estado y los Ayuntamientos involucrados, conforme se establece en el antecedente IV y en la cláusula cuarta del instrumento en cita. Asimismo, se tiene que, en términos del artículo 2o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el entonces DDF devino en entidad federativa y los actos jurídicos celebrados por el jefe del DDF, se entienden referidos al jefe del Gobierno del Distrito Federal, por mandato del artículo undécimo transitorio del mencionado estatuto. De la lectura del instrumento en cuestión no se desprenden estipulaciones que confieran al entonces DDF derechos u obligaciones cuya realización importe violación a la soberanía interna del Estado de México, y los actos que realice el Gobierno del Distrito Federal apegados a lo pactado, se traducen en acciones de ejecución del convenio, toda vez que dicho instrumento sigue surtiendo efectos, por haberse suscrito por tiempo indefinido. 2. Respecto de la revocación de la concesión 5DFE10039/26HMSG96, de fecha 4 de marzo de 1996, otorgada como asignación al DDF para usar o aprovechar aguas nacionales, le comento: La asignación en estudio fue tratada y expedida en términos del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. La Federación al concesionar el uso u aprovechamiento de los bienes materia de la concesión dentro del territorio del Estado de México, ni contraría su soberanía interior. Sigue vigente el citado título debido a que el artículo segundo transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ordena que los bienes de la administración pública federal a cargo del DDF y los propios de éste, se incorporan al patrimonio del Gobierno del Distrito Federal. Del texto del título en cuestión no se desprende que el Gobierno del Distrito Federal viole la soberanía interior del Estado de México al ejercer los derechos de uso y aprovechamiento de aguas nacionales en su territorio, ya que dicha actuación no implica el ejercicio de un poder, sino que se traduce en el disfrute de los derechos adquiridos en sustitución del DDF. Por otra parte, las concesiones sólo pueden revocarse por las causas previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. El hecho de que el Gobierno del Distrito Federal como causahabiente ejerza los derechos de la concesión de mérito, no actualiza causal alguna de revocación. No obstante lo anterior, respetuosamente reitero a usted que he girado instrucciones para que este asunto sea abordado en la próxima sesión de la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana (CADAM), para propiciar que el Gobierno del Distrito Federal externe su punto de vista respecto de los planteamientos que realice el Gobierno del Estado de México sobre el particular. Como usted acertadamente manifiesta, la CADAM carece de facultades para dictar resoluciones que vinculen a las partes que integran dicha comisión; sin embargo, insisto que en el seno de la CADAM se pueden coordinar acciones conjuntas que nos permitan acercarnos a esquemas de colaboración que sean favorables a los intereses del Estado de México, sin menoscabo de los del Gobierno del DDF, para dar cauce al presente asunto metropolitano de interés mutuo. Lo anterior dado que la constitución de la CADAM fue resultado de la coordinación entre el Gobierno que usted dignamente preside, la Comisión Nacional del Agua y el DDF, al amparo del convenio celebrado el 27 de junio de 1994 con fundamento en la fracción VI del artículo 115 constitucional, con el fin de atender temas comunes en materia de conurbación entre el Gobierno del Estado de México y el Gobierno del DF. No omito comentarle que esta secretaría comparte su inquietud en cuanto a la urgencia de frenar la sobreexplotación de acuíferos y detener daños ecológicos en las cuencas, así como la necesidad de revertir esos fenómenos. Sin otro particular, manifiesto a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. Víctor Lichtinger Waisman, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.’."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. En vista del rápido aumento de la población y el notable incremento agrícola e industrial que se presentaba a mediados del siglo pasado en la capital del país, lo que había producido un gran aumento en la demanda de agua potable satisfecha en gran parte por aguas subterráneas, provocando la desecación de los suelos en que se asienta la Ciudad de México y con ello hundimientos y cuarteaduras en edificios, dislocación en la red de aguas y saneamiento; el día 21 de julio de 1954 se emitió un decreto por el Ejecutivo Federal, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto del mismo año y que en copia certificada acompaño a este escrito como anexo número tres, mediante el cual se estableció veda por tiempo indefinido, para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Cuenca o Valle de México. Considerándose asimismo en dicho decreto, que fuera de los límites de la Ciudad de México, pero dentro de la cuenca, existían reservas hidrológicas subterráneas que en un futuro se utilizarían como fuentes de abastecimiento. 2. Como el aumento de la población de la Ciudad de México era incesante y con ello la necesidad de consumir agua, se buscó traerla no sólo de la misma cuenca o Valle de México como se había previsto en el decreto de veda precisado en el hecho anterior, sino de otra región cercana a la gran ciudad; así, se tienen antecedentes que desde mediados del siglo pasado, la Ciudad de México ha venido recibiendo agua de los mantos acuíferos que se encuentran en el territorio que ocupa el Estado de México. Gloria Valck Valdez, en su libro titulado ‘Agua, reflejo de un valle en el tiempo’, publicado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, edición correspondiente del año 2000, dice que en el año ‘... 1942 se desarrolló un proyecto para obtener agua potable del río Lerma, localizado en el Estado de México, al oeste del Distrito Federal: así como en 1953, la Ciudad de México con más de 3.5 millones de habitantes, contaba con 14300 litros por segundo de agua potable, provenientes de Xochimilco, el río Lerma, el Desierto de los Leones, el Ajusco y el subsuelo de la cuenca’, versión que se confirma con la referencia y fotografías de Gustavo Casasola en su libro titulado ‘Seis siglos de historia gráfica de México, 1325-1990’, cuyas páginas exhibo como anexo número cuatro, al decir que en 1948, el Distrito Federal ya recibía agua de los manantiales de Almoloya, Estado de México, donde nace el río Lerma. Lo cierto es que los primeros caudales de agua procedentes del Estado de México se recibieron en la Ciudad de México en el año de 1951. 3. Debido a que la población de la Ciudad de México seguía creciendo y con ello la demanda de agua, se incrementó la explotación de los mantos acuíferos localizados en el Estado de México, y temiendo que se llegara a su sobreexplotación y consecuente abatimiento, el día 10 de agosto de 1965 el Ejecutivo Federal emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre del mismo año, mediante el cual se estableció veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Toluca, Estado de México, que forma parte de la cuenca alta del río Lerma (el ‘Alto Lerma’), y que sólo mediante permiso de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, se podrían extraer aguas del subsuelo; permiso que se concedería en los casos en que de los estudios relativos se advirtiera que no se sobrepasara la capacidad de explotación en los acuíferos, lo que redundaría en perjuicio de la economía regional y nacional cuya conservación y explotación era y es de interés público, procurando la conservación de los acuíferos en condiciones de explotación racional y controlando las extracciones de los alumbramientos existentes y los que en el futuro se realizaran; acompaño como anexo número cinco, copia certificada del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó el citado decreto. 4. No obstante la veda existente, el día 14 de diciembre de 1966, el Ejecutivo Federal autorizó al Departamento del Distrito Federal, de manera temporal, efectuara el aprovechamiento de aguas de los mantos acuíferos subterráneos de la cuenca del río Lerma, en el Estado de México, para proporcionar un abasto de agua potable por un volumen mínimo de 5 a 6 metros cúbicos por segundo, fundándose para ello en lo dispuesto por los artículos 3o., 12 y 13 de la ley reglamentaria del párrafo quinto del artículo 27 constitucional en materia de aguas del subsuelo y 32 del reglamento de la misma; firmando para tal efecto un convenio en el que intervinieron, además del presidente de la República, quien lo autorizó, el jefe del Departamento del Distrito Federal, los secretarios de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería, y el Gobernador del Estado de México; documento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de diciembre de 1966 y que adjunto exhibo en copia certificada como anexo seis. 5. Es de llamar la atención que pese a que en el artículo cuarto del decreto por el que se establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Toluca, Estado de México, al que hemos hecho alusión en el hecho precedente, se estableció que los permisos para nuevas extracciones se resolverían y controlarían conforme a estudio geohidrológico individual correspondiente (artículo cuarto, inciso b), y que si debido a la extracción de aguas del subsuelo se afectaren las reservas hidráulicas subterráneas, porque las extracciones fueran mayores que las recuperaciones, la Secretaría de Recursos Hidráulicos procedería, en los términos del artículo 13 de la ley de la materia, a reglamentar todos los aprovechamientos existentes (artículo cuarto, inciso d); desconocemos si se realizó el mencionado estudio, pero lo cierto es que no se llevó ni se ha llevado a cabo el control mencionado, ni la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ni ahora la Comisión Nacional del Agua que tiene a su cargo la administración del recurso agua, han reglamentado los aprovechamientos objeto del referido convenio, ya que actualmente está comprobado que las extracciones son mayores que las recuperaciones, al presentar déficit todos los mantos acuíferos del Estado de México, como lo reconoció la citada comisión en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de enero del año en curso, que en copia certificada adjunto a esta controversia como anexo número siete y del que se extraen las siguientes conclusiones: los seis acuíferos del Estado de México ‘Valle de Toluca’, ‘Ixtlahuaca-Atlacomulco’, ‘Polotitlán’, ‘Chalco-Amecameca’, ‘Texcoco’, ‘Cuautitlán-Pachuca’, están sobreexplotados, su disponibilidad es 0 (cero); su sobreexplotación es del orden de 163 millones de metros cúbicos y su disponibilidad en metros cúbicos también es 0 (cero). 6. Pues bien, en dicho convenio quedaron plasmadas una serie de obligaciones a cargo del Departamento del Distrito Federal, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a saber: El Departamento del Distrito Federal se obligó a realizar las obras necesarias para el alumbramiento y conducción del agua, así como la operación, conservación y el mantenimiento de las mismas; a informar tanto a la Secretaría de Recursos Hidráulicos como al Gobierno del Estado de México, de la terminación y características de cada pozo a explotación y estudio; a explotar el agua de manera que su extracción no implicara limitaciones para el uso del agua en la zona industrial del Valle de Toluca, ni de los derechos y aprovechamiento de que gocen las poblaciones y los habitantes del mismo; extraer el agua que le fue autorizada de manera temporal, regulándose a medida que lograra obtener agua suficiente, para satisfacer sus necesidades, procedentes de otras regiones de la República; entregar al Gobierno del Estado de México, en concepto de cooperación y por las facilidades y colaboración que éste le diera para la realización y conservación de las obras y mantenimiento de los servicios de extracción de agua, la cantidad de $23'000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.) para la dotación de agua potable para uso doméstico, a 55 poblaciones; $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), para la construcción de escuelas; $3'700,000.00 (tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), para la construcción de caminos vecinales que conecten la carretera con los pozos; ceder a favor del Gobierno del Estado de México, sin costo alguno, los pozos, sus equipos, instalaciones eléctricas, casetas y los caminos de operación, una vez que satisficieran sus necesidades urbanas de agua de otras fuentes y pudiera prescindir de las obras objeto del convenio. La Secretaría de Recursos Hidráulicos, hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se obligó a verificar periódicamente los niveles acuíferos del Valle de Toluca y en caso de que se obtuvieran datos de abatimiento excesivo, ordenaría la disminución de la extracción a fin de evitar perjuicios en la propia zona que impidieran su desarrollo industrial y a destinar las partidas presupuestarias para cubrir cualquier faltante que se requiriera en la desecación de las lagunas del río Lerma. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se obligó a prestar atención preferente a la protección de las zonas Norte y Noroeste del Estado de México (estribaciones del Xinantecátl) a fin de evitar su deforestación y erosión y a realizar trabajos de conservación de suelos en las subcuencas de los ríos Lerma y sus tributarios. La participación del Estado de México fue prácticamente testimonial, pues se estipuló que recibiría una retribución por la explotación de los acuíferos, con el compromiso de dar al Departamento del Distrito Federal todas las facilidades, autorizaciones y colaboración necesarias para la realización de las obras, su operación, conservación y mantenimiento; a cambio de una retribución por la explotación de los acuíferos. 7. Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios del convenio referido, el día 12 de diciembre de 1968 se celebró un convenio adicional, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el que también acompaño a este escrito en copia certificada como anexo número ocho, con el objeto de realizar una segunda etapa, ampliando las zonas de captación de agua a las zonas comprendidas desde la presa ‘José Antonio Alzate’ hacia el Norte, considerando la posibilidad de extraer 5 metros cúbicos más de agua por segundo; incrementando la cooperación a cargo del Departamento del Distrito Federal para la realización de obras de carácter social, a la suma de $68'600,000.00 (sesenta y ocho millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.); obligándose a realizar trabajos para llevar un metro cúbico por segundo, extra de los cinco metros pactados, a la zona Naucalpan-Zaragoza-Tlalnepantla y confirmando los demás compromisos contraídos originalmente. 8. Considerando que no se habían satisfecho las necesidades de las poblaciones de la entidad cercanas a las obras de captación de agua, el día 10 de septiembre de 1969 se celebró un segundo convenio adicional, en el que el Departamento del Distrito Federal incrementó el monto de su cooperación a la cantidad de $46'000,000.00 (cuarenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), lo que se demuestra con la exhibición de dicho documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1969, y que acompaño en copia certificada como anexo número nueve. 9. El día 30 de septiembre de 1970, se celebró un convenio finiquito del convenio original y de sus adicionales, particularmente de las obligaciones pecuniarias a cargo del Departamento del Distrito Federal, que nada tiene de finiquito ya que no resolvió adeudos ni derechos u obligaciones entre las partes; el que agrego a este escrito como anexo número diez. 10. Es el caso que sin haber concluido ni finiquitado el convenio celebrado el 14 de diciembre de 1966, ni sus convenios adicionales, pues sólo se finiquitó la cooperación a que se comprometió el Departamento del Distrito Federal, pero continuó la extracción de aguas nacionales subterráneas del subsuelo del territorio del Estado de México, cual fue su objeto principal, el día 4 de marzo de 1996, la Comisión Nacional del Agua otorgó a favor del Departamento del Distrito Federal, el Título de Concesión número 5DFE100309/26HMSG96, para explotar, usar o aprovechar, un volumen de $309'052,800.00 (trescientos nueve millones cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) metros cúbicos anuales de aguas nacionales superficiales, y $780'516,000 (setecientos ochenta millones quinientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) metros cúbicos anuales de aguas del subsuelo; título merced al cual recibió a través del Sistema Cutzamala, aguas superficiales de las presas ‘Colorines’, ‘Valle de Bravo’, ‘Villa Victoria’ y ‘Chisledo’, todas ellas ubicadas en el Estado de México; y continuó explotando y conduciendo al Distrito Federal, las aguas subterráneas de esa entidad federativa, como lo venía haciendo desde el 14 de diciembre de 1966, fecha en que se celebró el convenio al que antes nos hemos referido, y seguramente desde antes como se ha visto líneas antes, de los acuíferos ‘Valle de Toluca’ e ‘Ixtlahuaca-Atlacomulco’ y, adicionalmente, de los acuíferos ‘Chalco-Amecameca’, ‘Texcoco’ y ‘Cuautitlán-Pachuca’; acompaño en fotocopia y como anexo número once el título de concesión mencionado y solicito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de dicha ley, se ordene mediante oficio a la Comisión Nacional del Agua para que a mi costa expida copia del mismo, ya que no está a mi disposición dicho documento, debido a que legalmente no puedo pedir copia autorizada de su original, porque fue expedido a favor de una entidad distinta del Gobierno del Estado de México al que yo represento. 11. Respecto del citado título de concesión, vale hacer la misma observación que hice al convenio de 14 de diciembre de 1966, en el sentido de que no obstante que en el artículo cuarto del decreto por el que se establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Toluca, Estado de México, al que hice referencia en el hecho número 3 de esta controversia, se estableció que los permisos para nuevas extracciones se resolverían y controlarían conforme al estudio geohidrológico individual correspondiente, y que si debido a la extracción de aguas del subsuelo se afectaren las reservas hidráulicas subterráneas, porque las extracciones fueran mayores que las recuperaciones, la Secretaría de Recursos Hidráulicos procedería en los términos del artículo 13 de la ley de la materia, a reglamentar todos los aprovechamientos existentes; desconocemos si se realizó el mencionado estudio, pero lo cierto es que no se ha llevado a cabo el control mencionado, ni la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ni ahora la Comisión Nacional del Agua, han reglamentado los aprovechamientos objeto del referido convenio, ya que actualmente está comprobado que las extracciones son mayores que las recuperaciones, al presentar déficit todos los mantos acuíferos del Estado de México, como se ha visto líneas antes. 12. Es de señalarse que en el título de concesión mencionado se estableció que cuando la explotación de agua se otorga a una dependencia pública u organismo descentralizado, se realizará mediante asignación, lo que se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales; por lo que en este caso y en atención a que el beneficiario fue el Departamento del Distrito Federal, debe considerarse que el citado título es de asignación; quedando estipuladas en el mismo una serie de ‘condiciones generales’, a las que se sometió ‘la concesionaria’ (léase: el asignatario), en este caso el Departamento del Distrito Federal, figurando entre ellas las siguientes: ‘Cuarta. El otorgamiento del presente título de concesión y permiso (s) queda condicionado a que «la concesionaria»: ... III. Cumpla con las normas oficiales mexicanas y condiciones particulares que expida la comisión para un uso eficiente del agua y realice su reuso, en los términos de la ley y disposiciones reglamentarias; IV. Ejecute las obras y trabajos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas en los términos y condiciones que establece la ley, el reglamento y el presente título, y compruebe su ejecución y las medidas para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de la fuente y abastecimiento de la cuenca; V. Efectúe la medición del volumen de extracción de agua así como la medición de la cantidad y calidad de las descargas de aguas residuales, en los términos de la ley y disposiciones reglamentarias, e informar a «la comisión» en los términos de los anexos del presente título; ... VII. Informe a la «comisión» de cualquier cambio que ocurra o que se efectúe y que modifique o pueda modificar los términos y condiciones conforme a los cuales se otorgó el presente y tramitar oportunamente los permisos o autorizaciones previstas en la ley y disposiciones reglamentarias; y VIII. Cumpla con la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y se ajuste a lo dispuesto en el reglamento y/o decreto de veda correspondiente expedido por el Ejecutivo Federal, así como adoptar las medidas necesarias en circunstancias de sequías extraordinarias o sobreexplotación que dicte la autoridad correspondiente. En caso de incumplimiento se procederá a la suspensión de la concesión, independientemente de la sanción que proceda, y de las medidas aplicables previstas en la ley y disposiciones complementarias’. ‘Décima tercera. «la concesionaria», se compromete, en el caso de que el acuífero llegue a la sobreexplotación o se encuentre sobre explotado, a sujetarse a las políticas de reducción de volúmenes que se implementen en el reglamento del acuífero, para su estabilización o recuperación’. 13. Al amparo de los convenios mencionados y de la concesión referida, el Departamento del Distrito Federal perforó 274 pozos para extraer agua de las fuentes subterráneas del sistema Lerma, en particular del acuífero Valle de Toluca, pero es de llamar la atención que, según los anexos números 2.2 y 2.3 del citado título de concesión ninguno de dichos pozos registra tipo de medición, permiso o registro, ni fecha de inicio de operación; como se hace constar en los anexos, esto es, al día 4 de marzo de 1996, fecha en que se expidió dicha asignación y después de treinta años de que se celebró el convenio que dio inicio formal (mas no material, ya que la explotación data del año de 1951) a la extracción de agua del subsuelo del Estado de México y a la perforación de los pozos, éstos carecían de medidores (lo que incluso está penado por el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales), de permiso y de registro, ni se sabe la fecha de inicio de la operación de cada uno de ellos, lo que priva hasta la fecha, de lo que se deduce que la explotación ha sido incontrolada, desmedida y sin tomar en consideración el abatimiento de los mantos acuíferos. Debe destacarse que no obstante que el artículo 27, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales y el 47 de su reglamento, sancionan con la caducidad de la concesión respectiva, 61 (sesenta y uno) de dichos pozos aparecen listados como de reserva, esto es, están sin explotarse y otros no se explotan a toda su capacidad, por lo que legalmente es procedente declarar la caducidad de dichos pozos y en su caso de la capacidad no explotada. 14. Asimismo, al amparo de los convenios y del título de concesión aludidos, el Departamento del Distrito Federal, perforó 250 pozos más, en acuíferos localizados en el territorio del Estado de México y relacionados en el anexo número 2.1 del título en mención, específicamente en los aprovechamientos o ramales conocidos como ‘Los Reyes-Ecatepec’, donde se encuentran 31 pozos, de los cuales 4 están en reserva; ‘Teoloyucan’, donde se encuentran 37 pozos, de los cuales 7 están en reserva; ‘Los Reyes-Ferrocarril’, donde se encuentran 49 pozos, de los cuales 8 están en reserva; y ‘Tizayuca-Pachuca’, donde se encuentran 30 pozos, de los cuales 4 están en reserva. En relación con los pozos anteriores, vale la misma llamada de atención que hice respecto de los pozos listados en el hecho 10 de este escrito, en el sentido de que ninguno de ellos cuenta con medidor de extracción de agua, permiso ni registro ni fecha de inicio de operación, lo que denota que su explotación ha sido incontrolada, desmedida y sin tomar en consideración el abatimiento de los mantos acuíferos; haciendo valer también la misma observación que hicimos sobre los pozos que se consideran de reserva, por lo que es procedente la caducidad de la asignación por lo que a dichos pozos se refiere. Cabe decir que independientemente de los pozos listados en las dos relaciones anteriores, el Departamento del Distrito Federal perforó clandestinamente muchos pozos más, los que estamos tratando de ubicar y una vez que lo hagamos, lo informaremos a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con ello se demuestra que sin ningún miramiento y sin respaldo legal alguno, más bien, actuando en contra de la ley, el Departamento del Distrito Federal, con la indiferencia del Ejecutivo Federal, sustrajo agua de los mantos acuíferos ubicados en territorio del Estado de México, al margen del convenio celebrado el 14 de diciembre de 1966 y del título de concesión mencionado. 15. De lo expuesto se desprende que desde hace más de cincuenta años, el subsuelo del Estado de México ha proporcionando agua al Distrito Federal, lo que ha provocado su sobreexplotación y una merma de los mantos acuíferos que apunta al agotamiento, ya que con ello se impide la recarga de dichos mantos; con la consiguiente falta del preciado líquido para su población y para los sectores agropecuario e industrial, ya que han desaparecido manantiales, se han secado norias, los suelos se han perturbado, en algunos casos se han hundido y en otros han aparecido grietas, que obligaron a suspender la construcción de la presa La Venta, que iba a propo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18407-faca48ce/controversia-constitucional-el-gobernador-del-estado-de-mexico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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