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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PROCEDENCIA DEL INFORME PREVENTIVO A FIN DE REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE DE LA ETAPA IV DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 4o., 14, 16, 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2004. · Registro digital (IUS): 20678
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 2524.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2004. ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de octubre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de octubre de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, los diputados Mario Sandoval Silvera, Felipe Bernardo Almaraz Calderón y Manuel Portilla Dieguez, presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, en representación de éste; Arturo Montiel Rojas, en su carácter de gobernador constitucional de la aludida entidad; y Abel Villicaña Estrada, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado, promovieron controversia constitucional, en representación de la citada entidad, en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"II. Entidad demandada. La Federación, en los términos de los artículos 40 y 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 90, párrafo primero, del propio ordenamiento constitucional, por conducto de los CC. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez y director general de Impacto y Riesgo Ambiental, J. Ricardo Juárez Palacios, cuya esfera de competencia se encuentra delimitada en la ley respecto de la cual debe analizarse su legitimación pasiva atendiendo al principio de supremacía constitucional; a la finalidad perseguida por el Constituyente al crear el instrumento procesal denominado ‘controversia constitucional’, y al respecto de su tutela jurídica, como lo ha establecido ese Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 5/2001, el cuatro de septiembre de dos mil uno. Domicilio del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien en el acto reclamado actúa como órgano resolutor de la Federación, entidad demandada, el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Sur (Periférico Sur), número 4209, colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, México, Distrito Federal. III. Tercero interesado: El Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06068, México, Distrito Federal. IV. Acto cuya invalidez se demanda: El acto cuya invalidez se demanda es la resolución contenida en el oficio número S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de fecha siete de septiembre del año en curso, que dirigió el biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al arquitecto Arturo Bastidas Acuña, director de Transferencia y Disposición Final, Dirección General de Servicios Urbanos, Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, marcando copia al Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del Estado de México, resolución de la cual se tuvo conocimiento extraoficialmente, el día ocho de septiembre del año en curso, lo que manifestamos bajo protesta de decir verdad y cuya impresión se acompaña al escrito inicial de demanda, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "Primero. Tener por atendido el informe preventivo ingresado el 28 de julio de 2004 a esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, presentado por la promovente. Segundo. Determinar la procedencia del informe preventivo en los términos presentados por el promovente, ya que se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 31, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 29, fracción I, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, conforme se establece en los considerandos III y XIII de la presente. Las obras y actividades autorizadas al promovente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo el cierre de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente consisten en: Área a ocupar: 375 hectáreas para disposición de residuos sólidos, mismas que ocupa actualmente la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente. Altura del relleno sanitario: incremento en 4 metros respecto al nivel de 8 metros en la parte perimetral y 3 adicionales en la parte central. Incremento en el volumen del relleno sanitario: Disposición final de 6,944,878.5 metros cúbicos de residuos sólidos municipales que incluye el llenado de los caminos de circulación entre las 8 macroceldas que operan actualmente para integrarlas en una sola superficie continua. Emisiones de biogas: Instalación de una red de recolección para captarlo, acumularlo y quemarlo en un sistema central. Generación de lixiviados: Recolección a través de una ampliación del sistema periférico existente de recolección y captación, así como el tratamiento en lagunas facultativas de recirculación. Agua pluvial: Recolección a través de un sistema de captación, conducción y descarga de escurrimientos pluviales. Actividades de cierre: Recubrimiento de la celda con una cubierta de tepetate impermeabilizada con una geomembrana de polietileno de alta densidad texturizada de 1 mm de espesor. Tanto el tratamiento de lixiviados como la combustión del biogas, pueden continuar en la etapa de cierre y más allá de ella. Duración del proyecto: una primera fase de 2 años, sujeta al desarrollo del monitoreo de evaluación de las lecturas de la instrumentación instalada y se verificará que el suelo soporte la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos. La segunda fase con una duración estimada de 1.8 años a las tasas actuales estará condicionada a que al término de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentación geotécnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del Río Churubusco y el Canal de la Compañía. Tercero. La presente autorización tendrá una vigencia de 3.8 años para llevar a cabo las obras y actividades correspondientes al proyecto, la cual comenzará a partir del día siguiente de su recepción. La vigencia de 3.8 años para la realización del proyecto se dividirá en dos fases: 1. En la primera fase con duración de dos años, se continuará con el monitoreo, se evaluarán las lecturas de la instrumentación instalada y se verificará que el suelo soporta la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos. La segunda fase con una duración estimada de 1.8 años a las tasas actuales estará condicionada a que al término de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentación geotécnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras hidráulicas adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del Río Churubusco y el Canal de la Compañía. Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del REIA, primer párrafo, durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, el promovente deberá sujetarse a las siguientes medidas establecidas en el informe preventivo y adendum, y que esta dirección general determina que son adecuadas para prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientales ocasionados por el proyecto y que consisten en: a) Quema de biogas: El quemado de biogas se plantea como una solución para controlar las emisiones y olores, por lo que se propone la instalación de una red de recolección para captarlo, acumularlo y quemarlo en un sistema central, con lo que se eliminaría el venteo que actualmente se realiza. b) Un sistema de control de lixiviados que se compone de una red perimetral para la recolección de los mismos, así como de los registros y cajas de captación, con un total de 92 pozos que captan y permiten la extracción del lixiviado, así como de 5 fosas para la recirculación y evaporación de los mismos, además de 21 pozos de recirculación. c) Durante la expansión de la etapa IV del relleno sanitario de Bordo Poniente, se ampliará el sistema periférico existente de recolección y captación de lixiviados, el cual contará de líneas de recolección independientes consistentes en zanjas colectoras de sección cuadrada rellenas de piedra bola de río o algún material granular, así como de registros o cajas de captación individual. d) Todo el sistema de recolección de lixiviados estará impermeabilizado con geomembrana de polietileno de alta densidad de 1 mm de espesor, y zanjas rellenas de piedra bola graduada de 3" a 4" para evitar el azolve, asimismo se colocará un tendido de geomembrana sobre el filtro de piedra de bola señalado, con la finalidad de evitar el ingreso de partículas que lo azolven y obstruyan el flujo de los líquidos percolados. e) Alternativas para el tratamiento de lixiviados: además de las lagunas facultativas de recirculación para el tratamiento de los lixiviados otra alternativa con posibilidad de aplicarse, en caso de no ser posible la implantación del esquema señalado anteriormente, es la construcción de instalaciones para el tratamiento de lixiviados. La disponibilidad de espacio, así como las condiciones geotécnicas e hidráulicas del relleno sanitario serán las variables que determinarán mediante estudios específicos la ubicación de este tipo de instalaciones. Como se mencionó se estima que la capacidad de tratamiento global requerida asciende a 9 litros por segundo. El tipo de tratamiento a aplicar puede ser de tipo fisicoquímico semejante al que se aplica actualmente a los lixiviados de las primeras etapas de Bordo Poniente en la planta que se tiene actualmente instalada y en operación. f) Manejo de biogas: con el fin de precisar el sistema de control de biogas propuesto en el informe preventivo, se elaborará un proyecto para la construcción y operación de un sistema para la conducción y disposición o aprovechamiento del biogas generado en la etapa IV del relleno sanitario, con el objeto de construirlo durante el proceso de cierre del relleno sanitario. g) El proceso de cierre se hará en dos fases: La primera fase con duración de dos años, se continuará con el monitoreo, se evaluarán las lecturas de la instrumentación instalada y se verificará que el suelo soporta la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, la segunda fase con una duración estimada de 1.8 años a las tasas actuales estará condicionada a que al término de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentación geotécnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras hidráulicas adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del Río Churubusco y el Canal de la Compañía. h) Con el fin de prever la construcción oportuna de instalaciones para la disposición final de los residuos del Distrito Federal ante el cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente, el promovente manifestó su disposición para participar en los trabajos tendientes a la formulación de un programa metropolitano para la disposición final de los residuos generados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en la identificación de sitios que puedan ser habilitados como rellenos sanitarios en forma conjunta con el Gobierno del Estado de México y el Ejecutivo Federal preferentemente en el seno de la Comisión Ambiental Metropolitana. La presente resolución sólo se refiere a los aspectos ambientales relacionados con las actividades mencionadas en el TÉRMINO PRIMERO de la presente, por lo que es obligación del promovente tramitar y obtener las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para la ejecución del mismo. Quinto. Hacer del conocimiento de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su delegación regional metropolitana el contenido de la presente resolución. Sexto. Notifíquese la presente resolución al arquitecto Arturo Bastidas Acuña, en su calidad de director de Transferencia y Disposición Final, adscrito a la Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito Federal, por alguno de los medios legales previstos por el artículo 35 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo."

SEGUNDO. La parte actora expuso como antecedentes del caso, los siguientes:

1. Que en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos a través de la Comisión Nacional del Agua, celebró un convenio con el entonces Departamento del Distrito Federal.

2. Que el Gobierno del Distrito Federal incumplió obligaciones establecidas en el convenio de referencia, provocando daños ecológicos y molestias a los habitantes de la zona, por el mal manejo de las grandes cantidades de basura y del biogas que desprende la misma, así como el riesgo de que los lixiviados contaminen los mantos acuíferos del Estado de México, como consecuencia del enorme peso que significa el depósito de doce mil toneladas diarias de desechos y del probable rompimiento de la membrana plástica que se colocó como barrera impermeabilizante para evitar el contacto entre la basura y el suelo salino.

3. Que el veintiocho de julio de dos mil cuatro, se recibió en la ventanilla de recepción de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el oficio GDF/DGSU/DTDF/04-3679 de veintiocho de julio de dos mil cuatro, en el cual el director de Transferencia y Disposición Final de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, presentó el informe preventivo relativo al proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", mismo que quedó registrado con clave 15EM200400019.

4. Que el siete de septiembre de dos mil cuatro, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió la resolución cuya invalidez se demanda.

TERCERO. El Estado actor hizo valer como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

1. Que la resolución de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitida por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es anticonstitucional porque viola lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 y 124 de la Constitución Federal, ya que con la autorización del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", se vulnera la soberanía del Estado de México.

Al respecto señala que de lo dispuesto en los referidos preceptos se desprende que los Estados son soberanos en lo que toca a sus regímenes interiores, por lo que cualquier acto que atente a su soberanía es inconstitucional.

Considera que de la interpretación armónica de los artículos 124, 40 y 41, todos de la Ley Fundamental, se concluye que las entidades federativas tendrán plena autonomía para que, sin transgredir los principios establecidos en la Constitución, resuelvan con libertad en las materias que la propia Carta Magna les ha reservado competencia, al no señalarlas de manera expresa en la competencia de la Federación. Apoya lo anterior en las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."

Que contrario a lo sostenido por la autoridad resolutora en el oficio cuya validez se impugna:

a) El relleno sanitario Bordo Poniente no se encuentra en una zona federal, sino dentro del territorio del Estado de México. Explica que si bien la Ley General de Bienes Nacionales no determina cuáles son las zonas federales, se debe atender a lo dispuesto por el artículo 3o., fracción XLVII, de la Ley de Aguas Nacionales, del cual se desprende que la zona federal es la faja de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias, y la amplitud de la zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. Por tanto, en el presente caso, al no existir ningún cauce de corrientes o vaso de depósitos de propiedad nacional, no constituye una zona federal, además de que se encuentra en los terrenos desecados del Vaso del Lago de Texcoco.

b) Que al no encontrarse dichos terrenos en una zona federal, sino en el territorio del Estado de México, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, carece de competencia para emitir la resolución de referencia, pues las normas que deben aplicarse son las de dicha entidad federativa.

c) Reitera que el predio es propiedad del Estado de México, pues por decretos de siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco y veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, el presidente de la República autorizó la desincorporación de los terrenos que comprendía el Vaso del Lago de Texcoco a favor del Estado de México.

2. Que la resolución de siete de septiembre de dos mil cuatro, al determinar la procedencia del informe preventivo respecto del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", el cual constituye una manifestación de impacto ambiental, debió haberse apoyado en las disposiciones legales referentes a dicha materia; a saber, en materia de impacto ambiental, tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, perteneciente al Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Ecología del Estado de México, tienen facultades para aplicar las disposiciones legales en esta materia; no obstante que existe una coincidencia en las facultades de ambas autoridades, existen disposiciones genéricas que las distinguen de acuerdo al ámbito de su competencia.

Que el acto impugnado tiene como objetivo el incremento de la capacidad del relleno sanitario, así como la autorización por un término total de tres años y ocho meses, por lo que resulta evidente que producirá impactos ambientales significativos.

Que las obras que se realizarán en el relleno sanitario, no se encuentran dentro de las señaladas por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que, al no ser de las reservadas a las autoridades federales, éstas carecen de competencia para conocer de dicho asunto.

Que en consecuencia, si las obras materia del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente" no se encuentran contempladas dentro de las enumeradas por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, conforme a lo dispuesto por los artículos 7o., fracción XVI y 35 Bis 2, del mismo ordenamiento, están conferidas a las autoridades del Estado de México y se encuentran reguladas en la fracción V del artículo 4.17 del código administrativo de esta entidad federativa, porque la realización de las mismas producirán impactos ambientales significativos y entonces la evaluación del impacto ambiental del proyecto de referencia corresponde a la Secretaría de Ecología del Estado de México.

3. En su tercer concepto, la actora reitera que la resolución de siete de septiembre de dos mil cuatro, viola lo dispuesto por los artículos 39, 40, 41, 43, 115, 116 y 124 de la Constitución Federal, ya que señala que de acuerdo a lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Federal, las facultades no concedidas a la Federación, se encuentran reservadas a los Estados. Considera que en el presente caso no se ha observado dicho precepto, en razón de que la autoridad emisora del acto carece de competencia para tal efecto, en atención a las siguientes consideraciones:

Que el informe preventivo tiene por objeto que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe el impacto ambiental que tendrán las obras contempladas en el mismo, las cuales no sólo están encaminadas al cierre de la etapa IV de dicho relleno, sino al incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas, así como la construcción y ampliación de obras.

Que la competencia en materia de disposición de residuos está contemplada en las fracciones VI de los artículos 5o. y 7o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de los cuales se desprende que las autoridades federales tienen facultades para el manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas y las autoridades estatales para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos; que, por tanto, es competencia de estas últimas, toda vez que en el presente caso, en el relleno sanitario Bordo Poniente no se depositan residuos sólidos peligrosos, en razón de que así fue estipulado en la cláusula sexta del convenio celebrado.

Que además, el artículo 7o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establece que las autoridades federales tienen esencialmente facultades de regulación, autorización, control y vigilancia para el manejo de residuos sólidos peligrosos.

Que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 9o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al establecer que la regulación, autorización, vigilancia y control para el manejo de los residuos de manera especial, corresponde a las autoridades estatales.

Que el artículo 10 del mismo ordenamiento legal invocado establece que el control de los residuos sólidos urbanos le corresponde a los Municipios.

Concluyendo que las autoridades federales no tienen competencia para permitir el depósito de residuos sólidos de manejo especial y urbanos, pues la misma se encuentra circunscrita a los residuos sólidos peligrosos.

Que si bien es cierto el acto impugnado no se fundamentó en la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, es claro que la citada autoridad, en su resolución de siete de septiembre de dos mil cuatro, la infringe, pues autoriza el proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", que tendrá por efecto la realización de obras en este depósito de basura, cuya regulación se fija por el ordenamiento legal citado.

4. En su cuarto concepto, la actora estima violados en su perjuicio, los artículos 39, 40, 41, 43, 115, 116 y 124, todos de la Constitución Federal, ya que dice, la resolución impugnada vulnera la soberanía del Estado de México; además señala:

Que para la hipótesis no aceptada de que este Alto Tribunal considere que el relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra dentro de una zona federal, tampoco resultan aplicables las normas federales esgrimidas en el cuerpo de la resolución de referencia, en razón de que para que se apliquen las normas federales respecto de los bienes del dominio público de la Federación, en territorio de las entidades federativas, se requiere la aprobación de la legislatura correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual establece que los bienes de dominio público están sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los Poderes Federales, en los términos prescritos por dicha ley; pero que si estuvieran ubicados dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, cuando la Federación los haya adquirido con fecha posterior al primero de mayo de mil novecientos diecisiete.

En el caso que nos ocupa, los terrenos donde se ubica el relleno sanitario fueron incorporados al patrimonio de la Federación mediante la declaración de que las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, ríos, lagos y lagunas comprendidos dentro del Valle de México y ligados con las obras del desagüe, son propiedad nacional, de fecha ocho de abril de mil novecientos veintidós, por lo que en todo caso, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debió pedir la autorización del Poder Legislativo del Estado de México.

Que, por otra parte, la resolución impugnada transgrede en forma indirecta, los artículos 4o., 14 y 16 de nuestra Ley Suprema, en razón de fue emitida por autoridad incompetente, en un procedimiento donde no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni se garantizó la debida protección del medio ambiente a que tiene derecho toda persona. Apoya lo anterior en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

5. En su quinto concepto, el actor aduce que la resolución impugnada, viola lo dispuesto por los artículos 4o. y 16 de la Constitución Federal, en razón de que no señala con precisión cuáles fueron los parámetros para otorgarle valor a los estudios que soportan el informe preventivo.

Que no obstante la importancia y trascendencia de las obras que se desarrollarán en el relleno sanitario de referencia, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ningún momento valoró el contenido de los estudios que soportan el informe preventivo relativo al proyecto "cierre de la etapa IV".

Asimismo, considera que la resolución de referencia no cumple con la norma oficial mexicana NOM-083/ECOL-1996, ya que la actividad operacional en los frentes de trabajo, se ve desordenada y sin planeación; que la compactación de la basura, para ir conformando la celda diaria, se hace efectuando acarreos muy largos, encareciendo la operación, demandando mayor cantidad de material de cubierta, propiciando que quede expuesta la basura, lo cual en época de lluvias genera una mayor cantidad de lixiviados; los dispositivos empleados para la extracción de biogas son ineficientes, entre otras cosas. Por todo lo anterior, estima que es notoria la poca importancia que se le ha dado a los aspectos ambientales del relleno sanitario Bordo Poniente.

Que existe un aspecto negativo en el ambiente, ocasionado por el relleno sanitario "Bordo Poniente", motivo por el cual no es factible que se verifiquen las obras citadas en el proyecto para el cierre de la etapa IV de dicho relleno, pues en esencia dicho proyecto no implica un cierre e incluso no determina el mismo, sino un incremento perimetral, así como el aumento en el tiempo de operación y capacidad.

Que con el aumento en las dimensiones del relleno sanitario, con las descargas de aguas residuales en los terrenos y mantos acuíferos del Estado de México, se ocasionarán graves daños al medio ambiente de la entidad, lo que lleva a concluir que no existe la certeza del impacto que se va a ocasionar en el ambiente con la ejecución del mismo, lo que se traduce en una violación a las garantías individuales consagradas en el artículo 4o. constitucional, pues no les garantiza un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

6. En sus sexto y séptimo conceptos, la entidad actora reitera que la resolución de siete de septiembre de dos mil cuatro, viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en razón de que aduce que no fue emitida por la autoridad competente, pues considera que el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, carece de ella, en razón de que la competencia corresponde a las autoridades del Estado de México, tanto en el ámbito de competencia territorial como por materia.

Explica que los procedimientos y resoluciones de las autoridades que integran la administración pública federal centralizada, deben ser emitidos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que en el presente caso, la resolución impugnada no reúne los elementos y requisitos establecidos por el artículo 3o. de dicho ordenamiento, en razón de que no fue expedida por autoridad competente. Señala que la falta de los requisitos establecidos en el citado precepto legal da lugar a la declaración de nulidad del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, manifiesta que el acto que se impugna, está fundado en ordenamientos legales inexistentes, por lo que no puede considerarse que esté debidamente fundado y motivado. Lo anterior, en razón de que dentro del marco jurídico nacional no existe la "Ley General de Procedimiento Administrativo" citada en la resolución impugnada, y que si por algún error se refiere a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicho ordenamiento tiene noventa y seis artículos, por lo cual es evidente que si la citada autoridad señaló el artículo 168 no hubo una confusión en la denominación del ordenamiento, sino que ta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20678-fb9b7b65/controversia-constitucional-el-oficio-s-g-p-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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