AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE FACULTADES PARA AUDITAR, VERIFICAR Y FORMULAR PLIEGOS DE OBSERVACIONES ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS INGRESOS PRIVADOS CONTENIDOS EN EL RUBRO FINANCIERO "DTA". CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. CUENTA PÚBLICA. LAS FACULTADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE REVISARLA Y FISCALIZARLA SÓLO PUEDEN EJERCERSE RESPECTO DE INGRESOS O RECURSOS PÚBLICOS. DERECHO DE VETO. LA OMISIÓN DE SU EJERCICIO POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON UNA LEY FEDERAL QUE IMPUGNA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DE ESA LEY NI LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. INGRESOS PREVISTOS EN LA PARTIDA "DTA". LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN TIENE FACULTADES PARA VERIFICAR QUE LOS CÁLCULOS, OPERACIONES, MÉTODOS Y DISPOSICIONES LEGALES UTILIZADOS PARA SEPARAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS PRIVADOS SEAN CORRECTOS. INGRESOS PÚBLICOS FEDERALES. NO TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE EL ESTADO RECIBE POR PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS Y SEGUNDO RECONOCIMIENTO ADUANERO, A PESAR DE QUE SE CONTENGAN EN EL RUBRO "DTA" DE LOS PEDIMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR. INGRESOS RECIBIDOS POR PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS Y SEGUNDO RECONOCIMIENTO ADUANERO. NO TIENEN QUE CONCENTRARSE, INVARIABLEMENTE, ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2004. PODER EJECUTIVO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de agosto de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veinte de agosto de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Francisco Gil Díaz, quien se ostentó como secretario de Hacienda y Crédito Público y en representación del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto y la norma que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: Son entidades, poderes u órganos demandados: 1. La Auditoría Superior de la Federación, que tiene su domicilio ubicado en Avenida Coyoacán número 1501, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal. 2. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, quien tiene su domicilio en Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, en México, Distrito Federal. 3. El H. Congreso de la Unión, quien tiene su domicilio en Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, en México, Distrito Federal. ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda y medio oficial en el que se publicó: a) Se demanda la invalidez del documento denominado ‘pliego de observaciones’, identificado con el número 057/2004 con la clave 02-06E00-2-245-001, de fecha 18 de junio de 2004, emitido por el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, en ausencia del auditor superior de la Federación. Este acto no fue publicado en medio informativo oficial alguno. b) Se demanda la invalidez de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2000."
SEGUNDO. El actor expuso como antecedentes del caso, los siguientes:
1. Que el 26 de junio de 2003, el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación notificó al Servicio de Administración Tributaria el oficio número AECF/743/2003, que contenía la orden para practicar la auditoría número 245, denominada Fideicomiso Aduanas Número 954-8, cuyo objeto sería: "verificar que en el ejercicio de 2002 los ingresos provenientes del derecho de trámite aduanero, así como los depositados en el Fideicomiso Aduanas 1 Número 954-8 para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento aduanero, se enteraron a la Tesorería de la Federación y se registraron y presentaron en la cuenta de la hacienda pública federal de acuerdo con la normativa de la materia".
2. Que el 1o. de marzo de 2004, se reunió el personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de llevar a cabo el acto de "confronta" y levantar el acta de conclusión de los trabajos de la auditoría 245, en la cual se hicieron constar dieciséis resultados derivados de la práctica de la auditoría y se otorgó un plazo de tres días para que la entidad fiscalizada presentara la información y documentación que solventara las irregularidades detectadas o aclarara los resultados reportados.
3. Que el 5 de abril de 2004, le fue notificado al jefe del Servicio de Administración Tributaria el oficio OASF/729/2004, mediante el cual, el auditor superior de la Federación le formula recomendaciones y solicitudes de aclaración, a efecto de que se adoptaran las medidas o se ejercieran las acciones procedentes y las hiciera del conocimiento del órgano fiscalizador.
4. El 8 de junio de 2004, el administrador de Atención a Órganos Fiscalizadores del Servicio de Administración Tributaria, mediante el oficio número 327-SAT-II-7-4478-04109, entregó a la Auditoría Superior de la Federación las respuestas correspondientes a las recomendaciones y solicitudes de aclaración contenidas entre otros, en el oficio número OASF/729/2004. Entre las aclaraciones realizadas, se dijo que los recursos a los que se refieren las recomendaciones, no constituyen derecho de trámite aduanero, que no están comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación y que no son recursos públicos, sino que constituyen una contraprestación privada que los importadores y exportadores pagan a las entidades privadas que les prestan el servicio de procesamiento electrónico de datos y de segundo reconocimiento aduanero, por tanto, no deben concentrarse ante la Tesorería de la Federación.
5. Finalmente, el 24 de junio de 2004 fue notificado al Servicio de Administración Tributaria el oficio DGJ-F-(02)-0784/04, mediante el cual se hace del conocimiento de ese órgano, el pliego de observaciones 057/2004, cuya invalidez se demanda en esta controversia.
TERCERO. El actor hizo valer como conceptos de invalidez, los siguientes:
Artículos 74, 79, 49 y 133 de la Constitución Federal.
a) Que la Auditoría Superior de la Federación carece de facultades para revisar los recursos sobre los que versan las observaciones, dado que la facultad consistente en la "revisión de la cuenta pública", consiste en revisar la gestión financiera, esto es, la obtención, manejo y aplicación de los ingresos de carácter público, llevados a cabo por entes de carácter también público; por tanto, la actividad que realicen los particulares y los recursos propios de éstos no se encuentran comprendidos en tal facultad.
b) Que la mencionada auditoría no está facultada para emitir observaciones que constriñan a otro órgano de poder a realizar actos determinados respecto de recursos que no son públicos.
c) Que el órgano fiscalizador excedió sus funciones al ejercer facultades de fiscalización respecto de recursos privados que pertenecen a un fideicomiso que tiene esa naturaleza, los que son resultado de la contraprestación obtenida con motivo de la prestación de servicios de procesamiento electrónico y otros servicios relacionados que concentró el "Fideicomiso 954-8"; y con ello dejó de observar lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Aduanera.
d) Que el derecho de trámite aduanero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, es una contribución de las que se denominan "derechos", y la contraprestación por servicios de procesamiento electrónico de datos y otros relacionados, según el artículo 16 de la Ley Aduanera, vigente en dos mil dos, consisten en servicios necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero y que faciliten el reconocimiento aduanero, estos servicios pueden ser prestados por particulares que cuenten con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que será quien determine las cantidades a pagar por esa prestación.
e) Que por tratarse de recursos privados dichos fondos, y en virtud de los acuerdos celebrados entre la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los que se estableció el mecanismo para que estos recursos se concentraran al fideicomiso establecido para proporcionar los servicios a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, se concentraron en la cuenta número 264-732-492-7, en Nafin; por tanto, al obligar la demandada a la actora a enterar ciertos recursos a la Tesorería de la Federación que son privados y no públicos, a que esos recursos se contemplen dentro del presupuesto de egresos de la Federación y se registren en la cuenta pública como ingresos públicos, transgrede el principio de separación de poderes, dado que no cuenta con facultades constitucionales para actuar en relación con recursos que no forman parte de la hacienda pública.
Artículo 133, en relación con el 74, fracción IV, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal.
f) Que el "Fideicomiso 954-8", no es público, por lo que la Auditoría Superior no tenía facultades de fiscalizarlo; lo anterior debido a que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participó en el contrato de formación del aludido fideicomiso, lo cierto es que no lo realizó ni como ente público, ni como sujeto activo, sino como gestor de negocios en términos de lo previsto en el artículo 1896 del Código Civil Federal, ya que el carácter de fideicomitente lo tienen los importadores y exportadores; además de que su creación se realizó de acuerdo a disposiciones de derecho privado, y en cuanto a su estructura y funcionamiento se conformó de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito.
g) Como apoyo a lo anterior, cita la tesis cuyo rubro es el siguiente: "GESTIÓN DE NEGOCIOS Y EL MANDATO, NATURALEZA JURÍDICA DISTINTA DE LA."
h) Que, por tanto, el fideicomiso en comento no puede ser considerado como un ente público, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sino que en virtud de los sujetos que intervinieron en su creación, su objeto, organización y regulación, es un contrato con el carácter privado; en consecuencia, el pliego de observaciones que nos ocupa es inconstitucional, ya que mediante éste se pretende determinar daños y/o perjuicios a la hacienda pública, así como sentar bases para determinar responsabilidades a servidores, motivando su actuación en discrepancias existentes en relación con el manejo de recursos de carácter privado pertenecientes a un ente privado, siendo que las facultades consignadas en dicho precepto sólo se refieren a recursos y entes públicos.
i) Que el pliego de observaciones no es claro, ya que determina un daño y/o perjuicio, siendo que no son figuras iguales y, por tanto, debió determinar uno u otro, y al no hacerlo así, lo deja en estado de indefensión al no contar con elementos que le permitan conocer las consecuencias de las supuestas irregularidades en que incurrió, además ni en el propio pliego de observaciones ni en el dictamen que se adjuntó a éste, la demandada explica los motivos que la llevan a concluir que las supuestas irregularidades indicadas, generan un detrimento económico a la hacienda pública.
Artículo 133 constitucional, en relación con los diversos 14, 16, 49, 74 y 79 de la Ley Suprema, al violentarse el principio de legalidad, separación de poderes y supremacía constitucional.
j) La Auditoría Superior de la Federación incurre en violación a lo dispuesto en el artículo 79, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que de conformidad con dicho precepto, su actuación debe sujetarse a los requisitos que establezca la ley; en el caso concreto incumplió con los requisitos de debida fundamentación y motivación, así como con el de que un acto debe emitirse por autoridad competente.
k) Al efecto, cita las tesis cuyos rubros se indican a continuación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN NO EN DOCUMENTO DISTINTO." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO."
l) Que en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se contempla la figura jurídica de la supletoriedad de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las disposiciones relativas del derecho común, sustantivo y procesal; por ello, en la parte en que estas leyes sean aplicables, la Auditoría Superior deberá observar en el ejercicio de sus facultades de revisión de la cuenta pública; por tanto, para emitir el acto impugnado, debió aplicar los requisitos previstos en los artículos 38 del Código Fiscal de la Federación y 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, es omisa en establecer los requisitos que debe contener el pliego de observaciones, y al no ser acatados existe una violación directa a lo establecido en la fracción I del artículo 79 de la Constitución Federal, que establece que dicha autoridad debe realizar sus funciones en los términos que disponga la ley; asimismo, se viola con ello los artículos 14 y 16 de la propia Norma Fundamental.
m) Que el pliego de observaciones está indebidamente fundamentado y motivado, violando lo dispuesto en los artículos 1o. y 6o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, los numerales 38 del Código Fiscal de la Federación y 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado que la auditoría señala como omisión la no concentración de los fondos en la Tesorería de la Federación, sin tomar en cuenta lo que prevén los artículos 30, párrafo primero, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y 32 de su reglamento, ya que si bien en el primero de los preceptos se establece la regla general de que concentrar en la tesorería los fondos que dentro del territorio nacional se recauden por cualquiera de los auxiliares, por los diversos conceptos fiscales y otros que perciba el Gobierno Federal, por cuenta propia o ajena, en el segundo de los preceptos se establecen excepciones, entre las cuales se encuentra la existencia de una determinación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Tesorería de la Federación, como en el caso sucedió.
n) Apoya sus consideraciones anteriores en la tesis cuyo rubro es el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUÁNDO SE APLICA."
ñ) Que lo anterior es así, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación realizaron un convenio denominado "Acuerdo que establece el mecanismo para que la parte no fiscal del derecho de trámite aduanero se concentre al fideicomiso establecido por esta secretaría para proporcionar los servicios a que se refiere el artículo 8o. B de la Ley Aduanera", en virtud del cual los fondos derivados de la "parte no fiscal del DTA" se concentren en la institución con la que se haya creado el fideicomiso para la administración de esos fondos; por lo que no existe incumplimiento alguno y, en consecuencia, la actuación de la Auditoría Superior de la Federación se encuentra indebidamente fundada y motivada.
o) Que el auditor especial de cumplimiento financiero que signó el acto impugnado, es incompetente para tal efecto, toda vez que de conformidad con los artículos 68 y 74, fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el auditor superior tiene la facultad de autorizar los pliegos de observaciones, misma que no podrá delegar a sus subordinados. Asimismo, la Dirección General de Auditorías de Ingresos Federales no cuenta con la facultad de determinar las irregularidades derivadas de las auditorías practicadas ni formular observaciones, pues su facultad se limita a elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico las observaciones que procedan.
p) Que el pliego de observaciones no señala las causas por las cuales existen las irregularidades, sino que sólo se remite al dictamen de la aludida dirección, el que determina en cantidad líquida el supuesto daño a la hacienda pública, los presuntos responsables, sus nombres, cargos y demás elementos de identificación, siendo que éste debe ser el contenido del pliego de observaciones.
q) Que lo anterior implica una transgresión al principio de separación de poderes y al artículo 133 constitucional, dado que no se observan los límites y requisitos que la ley establece a la Auditoría de la Federación.
r) En apoyo a lo anterior, cita la tesis siguiente: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE."
Falta de aplicación e inconstitucionalidad de los artículos 2o., fracción VIII y 6o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en relación con los diversos 43 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 48, fracciones V y VI, y 46-A, primer y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, así como 57 y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
s) El Constituyente en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, define en forma singular el concepto de cuenta pública, que consiste en el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos, según lo previsto por el artículo 2o., fracción VIII, de la Ley de Fiscalización Superior, rinden de manera consolidada a través del Poder Ejecutivo, respecto a un solo ejercicio fiscal, es decir, que la cuenta pública es un solo concepto y el informe que se rinde a la Cámara de Diputados, se consolida, es decir, se integra en un solo documento; por tanto, el ejercicio de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación comprenden un concepto unitario, consistente precisamente en la "cuenta pública" de un ejercicio fiscal determinado.
t) Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV y 79, fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el único supuesto para fraccionar la cuenta pública, es el relativo a los sujetos cuya actividad constituye el contenido de la misma, es decir, únicamente por entes públicos, por tanto, la actuación de dicha entidad respecto al ejercicio de esas facultades debe efectuarse de acuerdo a un procedimiento previsto por una norma jurídica; por lo que la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de sus facultades deberá en la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, pronunciarse sobre la totalidad de las irregularidades detectadas; sin embargo, en el caso, la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha ha emitido diversas resoluciones respecto a una misma auditoría determinando irregularidades correspondientes a diferentes conceptos, es decir, que respecto a la revisión de cuenta pública del ejercicio de 2002, la Auditoría Superior de la Federación no emitió una sola resolución, sino que a la fecha ha emitido diversas resoluciones sobre la revisión de la misma cuenta pública.
u) A ese respecto, cita la siguiente tesis: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE ANUALIDAD DE LOS MISMOS."
v) Que las autoridades de la entidad fiscalizadora en el desarrollo de la auditoría y en el acta de clausura de los trabajos inherentes a la misma, inobservaron lo previsto en el artículo 6o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, dado que en el caso concreto, la auditoría debió haber aplicado supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, en atención a que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación no establece los plazos dentro de los cuales deberán atenderse los requerimientos de información formulados por la entidad fiscalizadora; sin embargo, al formular el ‘Acta de conclusión de los trabajos de auditoría y reunión de confronta’, celebrada el primero de marzo de dos mil cuatro, unilateralmente y sin fundamento alguno hizo del conocimiento del ente auditado que disponía de tres días para presentar la información tendiente a solventar las supuestas irregularidades descritas en los resultados de la revisión de la cuenta pública del ejercicio dos mil dos, bajo la premisa de que las auditorías que ésta realiza revisten características especiales, y que no están obligados a observar y consecuentemente aplicar lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; siendo que debió haber otorgado el plazo de veinte días a que se refiere el artículo 46, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en términos del aludido artículo 6o.
w) Por lo anterior, violenta lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, párrafo quinto y 79 de la Constitución, que señalan que el ejercicio de las facultades de revisión de la cuenta pública deberá ejercerse en términos de la Constitución y la ley.
x) Que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación es inconstitucional, toda vez que no establece los periodos, tiempos o plazos con los que cuenta la auditoría para llevar a cabo sus atribuciones constitucionales, es decir, no establece las formalidades esenciales del procedimiento de la revisión de la cuenta pública al cual se debe sujetar la entidad de fiscalización, dejando al ente auditado en total estado de incertidumbre durante el procedimiento y frente a sus consecuencias, al carecer de seguridad o certeza jurídica respecto de la actuación del ente auditor. Que para considerar apegado al marco constitucional el otorgamiento de facultades discrecionales de las autoridades el legislador debe establecer el límite de la facultad otorgada a fin de que no quede al arbitrio de la autoridad su fundamentación, con apoyo en la tesis de rubro: "FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD."
y) No obsta a lo anterior, que en el artículo 63 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se establezca un plazo de cinco años, toda vez que éste únicamente es aplicable para efecto de la determinación de responsabilidad de los servidores públicos y no para la emisión de observaciones respecto del ente público auditado; de manera que los órganos auditados están indefinidamente a merced de las decisiones que de manera ilimitada en el tiempo pueda tomar la entidad de fiscalización.
z) Sustenta lo anterior con la tesis cuyo rubro es el siguiente: "FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor estima infringidos son 14, 16, 49, 74, 79 y 133.
QUINTO. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta controversia constitucional con el número 84/2004, la cual por razón de turno correspondió conocer al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil cuatro, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la República.
SEXTO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación al contestar, respectivamente, la demanda de controversia constitucional, manifestaron:
Causas de improcedencia en relación con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
a) Que se surte la prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, consistente en el ejercicio del derecho de veto, antes de publicar la ley relativa.
b) La que deriva de lo previsto en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el 10, fracción II, de la ley citada, en razón de que la norma que se impugna fue consentida o aceptada al no haber sido objetada en su momento oportuno, razón por la cual no se puede cuestionar aquello que el Ejecutivo Federal promulgó y publicó.
c) La prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el artículo 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que la impugnación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación es improcedente, por no haber promovido la controversia constitucional contra el primer acto de aplicación de la norma general, pues el primer acto de aplicación se actualizó desde el momento en que se revisó la cuenta pública de dos mil uno, al amparo de dicha ley. Lo anterior en virtud de que la entidad de fiscalización superior de la Federación ha realizado múltiples auditorías a las diversas dependencias del Ejecutivo Federal, con base en la citada ley, desde el treinta de diciembre de dos mil, fecha en que entró en vigor, sin que el Ejecutivo Federal haya impugnado a través de alguna de sus dependencias.
Causas de improcedencia en relación con el acto impugnado.
d) La causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en razón de que la controversia se presentó contra un acto que no es definitivo, dado que del análisis al título quinto de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, denominado "De la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de responsabilidades", se desprende que el pliego de observaciones no es un documento final, definitivo e inatacable, ya que es parte del procedimiento de responsabilidades resarcitorias; asimismo, el apercibimiento genérico que se contiene en el pliego de observaciones impugnado consistente en informar al ente fiscalizado que de no remitir la documentación solicitada se dará inicio al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra de los servidores públicos o los particulares, que se presumen responsables, no puede traducirse en una afectación a la esfera de atribuciones del ente fiscalizado, por lo que éste carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional.
e) La causa prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la recomendación a la que se refiere el pliego de observaciones impugnado fue hecha del conocimiento del demandante desde el cinco de abril de dos mil cuatro, pues el propio actor considera a la recomendación aludida fuente u origen del pliego de observaciones, por lo que la controversia también sería improcedente, en razón de que el pliego de observaciones sería un acto derivado de un acto consentido, toda vez que el Ejecutivo Federal omitió impugnar la recomendación.
f) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, por no haberse promovido la controversia constitucional dentro del término de treinta días hábiles previsto en la fracción I del artículo 21 de la misma ley, debido a que el argumento principal del demandante consiste en que esta entidad de fiscalización superior de la Federación carece de atribuciones constitucionales y legales para fiscalizar el Fideicomiso Aduanas 1 Número 954-8, por tratarse de un fideicomiso privado que maneja fondos de naturaleza privada. Partiendo de la aseveración de que esta entidad carece de atribuciones para auditar el citado fideicomiso, se desprende que el ahora demandante debió promover la controversia constitucional en contra del primer acto emitido por esta entidad de fiscalización, toda vez que tal como lo confiesa en su demanda, desde el veintiséis de junio de dos mil tres tuvo conocimiento de la práctica de la auditoría número 245, al Fideicomiso Aduanas 1 Número 954-8, y del objeto de ésta, que era verificar que en el ejercicio de dos mil dos los ingresos provenientes del derecho de trámite aduanero, así como los depositados en el Fideicomiso Aduanas 1 Número 954-8 para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento aduanero, se enteraron a la Tesorería de la Federación y se registraron y presentaron en la cuenta de la hacienda pública federal, en consecuencia, al no haberlo impugnado en su oportunidad, se tiene acreditado el consentimiento de dicho acto y, en consecuencia, de todos aquellos que deriven del mismo.
Por lo que existe la posibilidad de estimar que si el Ejecutivo Federal tuvo conocimiento de la intención de la auditoría de auditar el Fideicomiso Aduanas 1 Número 954-8, dicho acto fue consentido tácitamente por no haber promovido la controversia constitucional dentro de los plazos previstos en el artículo 21 de la aludida ley reglamentaria.
g) Se actualiza la causa de improcedencia relativa a que la parte actora carece de interés legítimo para la promoción de la presente controversia constitucional, toda vez que dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, pero las responsabilidades que pueda fincar la entidad de fiscalización superior de la Federación, de ninguna manera pueden recaer en la esfera jurídica de los entes fiscalizados, por tanto, en el presente asunto el Poder Ejecutivo Federal no acredita tener un interés legítimo para la promoción de la presente controversia, ya que el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades que pudiere derivarse recaería en las personas de los servidores públicos y no en las entidades fiscalizadas.
Fondo del asunto.
1. Que el pliego de observaciones número 057/2004 del dieciocho de junio de dos mil cuatro, tiene plena validez constitucional, toda vez que fue emitido con estricto apego a las atribuciones que la Constitución Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, le otorgan a esta entidad de fiscalización superior de la Federación. Asimismo, es necesario señalar que es falso que dicho pliego sea un acto que ponga fin en forma definitiva a un procedimiento y que imponga obligaciones concretas de hacer a las entidades fiscalizadas, según lo plantea el escrito de demanda.
2. Que los conceptos de inv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19780-e9d97e2f/auditoria-superior-de-la-federacion-carece-de-facultades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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