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Modo: Corpus Pro

AGUAS DEL SUBSUELO. ES COMPETENCIA FEDERAL REGULAR SU EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO, INCLUYENDO SU EXTRACCIÓN O DESCARGA. AGUAS DEL SUBSUELO. LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-003-AGUA-2002 QUE REGULA ALGUNOS DE SUS ASPECTOS, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL QUE EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RESERVA A LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2004. · Registro digital (IUS): 19412
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1484.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2004. PODER EJECUTIVO FEDERAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el once de mayo de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Cárdenas Jiménez, quien se ostentó como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:

"II Entidades demandadas: 1. Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 2 y Pino Suárez, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06068, Distrito Federal. 2. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 1 y Pino Suárez, 3er. piso, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06068, Distrito Federal. IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda: 1. La Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-003-AGUA-2002, que establece las condiciones y requisitos para la recarga en el Distrito Federal por inyección directa de agua residual tratada al acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de marzo de 2004, y emitida por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

"1. El 29 de diciembre de 1998 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, misma que en sus artículos 1o., 15, fracción IV y 26 disponen que: Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. ‘Artículo 1o. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden e interés público y tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública del Distrito Federal, distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los mismos a cargo del jefe de gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno.’. ‘Artículo 15. El jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta ley, de las siguientes dependencias: ... IV. Secretaría del Medio Ambiente; ...’. ‘Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del Distrito Federal; II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de protección al ambiente del Distrito Federal; III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; VI. Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; VII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de Aguas del Distrito Federal, las políticas y normatividad, así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y rehuso de agua en el Distrito Federal; VIII. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, restaurar sitios contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos; IX. Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento; X. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos, así como la investigación ambiental; XI. Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo en términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; XII. Convenir con los Gobiernos Federales, de las entidades federativas y de los Municipios limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones de protección ambiental; XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente; XIV. Establecer y promover políticas para la educación y participación comunitaria, social y privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; XV. Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y XVII. Formular, conducir y ejecutar las políticas relativas a la flora y faunas silvestres que correspondan al ámbito de competencia del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por las leyes federales y locales en la materia y de conformidad con los convenios que se suscriban con la Federación; XVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos del Distrito Federal, como centros de conservación, preservación y exhibición de flora y fauna, con fines de investigación, educación, recreación y esparcimiento para la población; y XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.’. 2. El 13 de enero de 2000, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal, cuyos artículos 1o., 2o., fracción II, 5o. y 37 disponen lo siguiente: ‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: ...’. ‘Artículo 2o. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal, en los siguientes casos: ... II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas localizadas en el Distrito Federal, que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 27 constitucional no son consideradas aguas nacionales, así como tratándose de aguas nacionales que hayan sido asignadas al Distrito Federal; ...’. ‘Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, se estará a las definiciones de conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Forestal, así como a las siguientes: ... Normas ambientales para el Distrito Federal: Las que emita la autoridad competente en la materia, en función de las atribuciones que esta ley y otros ordenamientos le confiere; normas oficiales mexicanas: Las normas oficiales mexicanas aplicables en materia ambiental; ...’. ‘Artículo 37. Las normas ambientales para el Distrito Federal podrán determinar requisitos, condiciones, parámetros y límites más estrictos que los previstos en las normas oficiales mexicanas y deberán referirse a materias que sean competencia local.’. 3. El 26 de marzo de 2004, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-003-AGUA-2002, que establece las condiciones y requisitos para la recarga en el Distrito Federal por inyección directa de agua residual tratada al acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la que sin competencia alguna, y en franca invasión a la esfera de atribuciones de la Federación, establece condiciones y requisitos para la recarga por inyección de aguas residuales a un cuerpo propiedad de la nación, como lo es el acuífero de la zona metropolitana del Valle de México. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal, emitieron la norma aludida, no sólo invadiendo la esfera de atribuciones del Ejecutivo Federal, sino en contravención a los diversos ordenamientos legales que regulan a los bienes propiedad de la nación."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:

"Único. Violación a los artículos 27, párrafos quinto y sexto; y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la emisión de la Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-003-AGUA-2002, que establece las condiciones y requisitos para la recarga en el Distrito Federal por inyección directa de agua residual tratada al acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que constituye el acto cuya invalidez se reclama, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal, sin competencia alguna, y en franca invasión a la esfera de atribuciones del Ejecutivo Federal, pretenden determinar las características y condiciones de la recarga por inyección directa a un bien propiedad de la nación, que por su propia naturaleza se encuentra excluido del ámbito de atribuciones de dicha dependencia, y cuya regulación corre a cargo del Ejecutivo Federal, tanto por disposición constitucional como ordinaria. Como es del conocimiento de ese H. Tribunal Pleno, el artículo 27, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las aguas nacionales, dentro de las que quedan comprendidas las del subsuelo, son propiedad de la nación, por lo que su administración corresponde a la Federación. A fin de dejar debidamente puntualizado lo anterior, se considera conveniente transcribir la parte conducente del artículo 27 constitucional, que a la letra precisa: ‘Artículo 27. ... Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de esta agua se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes ...’. Dicho artículo, como ha quedado indicado, dispone que la nación tendrá, en todo tiempo, el dominio directo sobre las aguas nacionales, mismas dentro de las que se insiste se encuentran las aguas del subsuelo. Asimismo, prevé que son aguas de jurisdicción estatal las que se encuentran excluidas de las enumeradas como aguas nacionales. Por su parte, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su fracción XVII, que: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.’. En ejercicio de dicha facultad el Congreso de la Unión expidió la Ley de Aguas Nacionales, misma que en su artículo 4o. establece expresamente: ‘Artículo 4o. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de «la comisión». Ahora bien, de conformidad con la fracción II del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, por acuífero debemos entender: ‘Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento.’. De donde queda de manifiesto que las aguas del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, no son de aquellas cuya competencia corresponde al Distrito Federal. Lo anterior es así, en virtud de que al ser aguas del subsuelo, éstas se encuentran consideradas conforme al texto constitucional como nacionales; esto es, de jurisdicción federal, máxime cuando, como en el caso, las aguas del acuífero de la Ciudad de México, no pueden ser libremente alumbradas de conformidad con el decreto de veda publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1954, emitido por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos. Por su parte, el artículo 9o. de dicha ley, establece como atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, las siguientes: ‘Artículo 9o. Son atribuciones de «la comisión»: I. Ejercer las atribuciones que conforme a la presente ley corresponden a la autoridad en materia hidráulica, dentro del ámbito de la competencia federal, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal; II. Formular el programa nacional hidráulico respectivo, actualizarlo y vigilar su cumplimiento; III. Proponer los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las acciones del Gobierno Federal en materia de aguas nacionales, y asegurar y vigilar la coherencia entre los respectivos programas y la asignación de recursos para su ejecución; IV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y rehuso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso, contratar o concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con terceros; V. Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el artículo 113, y preservar y controlar la calidad de las mismas, así como manejar las cuencas en los términos de la presente ley; VI. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones para el aprovechamiento integral del agua y la conservación de su calidad; VII. Expedir los títulos de concesión, asignación o permiso a que se refiere la presente ley, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua; VIII. Conciliar, y en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la solución de los conflictos relacionados con el agua, en los términos del reglamento de esta ley; IX. Promover el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital y escaso; X. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; XI. Promover, y en su caso, realizar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua y la formación y capacitación de recursos humanos; XII. Expedir las normas en materia hidráulica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; XIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente ley, interpretarla para efectos administrativos, y aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no estén reservados al Ejecutivo Federal; XIV. Actuar con autonomía técnica y administrativa en el manejo de los recursos que se le destinen y de los bienes que tenga en los términos de esta ley, así como una autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas y presupuesto; XV. Expedir en cada caso, respecto de los bienes de propiedad nacional a que se refiere esta ley la declaratoria correspondiente, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación; y XVI. Realizar las demás que señalan las disposiciones legales o reglamentarias.’. El artículo 91 de la Ley de Aguas Nacionales dispone que: ‘Artículo 91. La infiltración de aguas residuales para recargar acuíferos, requiere permiso de «la comisión» y deberá ajustarse a las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.’. Así las cosas, conforme al artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de aguas nacionales, la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal quien la puede ejercer directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua, correspondiéndole, por tanto, establecer las medidas necesarias para la recarga de acuíferos y la prevención de su contaminación. En efecto, los artículos 4o., 86, fracciones I, II y III, y 91 de la Ley de Aguas Nacionales y 143 de su reglamento señalan: ‘Artículo 4o. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de «la comisión». ‘Artículo 86. «La comisión» tendrá a su cargo: I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal y los servicios necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas respectivas y las condiciones particulares de descarga, en los términos de ley; II. Formular programas integrales de protección de los recursos hidráulicos en cuencas hidrológicas y acuíferos, considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y calidad del agua; III. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer las aguas residuales que se generen en bienes y zonas de jurisdicción federal; de aguas residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales, o en cualquier terreno cuando dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos y en los demás casos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; ...’. ‘Artículo 91. La infiltración de aguas residuales para recargar acuíferos, requiere permiso de «la comisión» y deberá ajustarse a las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.’. ‘Artículo 143. «La comisión» establecerá las condiciones particulares que deberán cumplir las descargas de aguas residuales previo a su posterior explotación, uso o aprovechamiento; asimismo, fijará las que deberán cumplir en el caso de su infiltración a un acuífero. «La comisión» podrá otorgar el permiso para recargar acuíferos con aguas depuradas, en los términos de la «ley» y el presente «reglamento»’. En virtud de lo anterior, la Comisión Nacional del Agua como autoridad en materia de aguas nacionales, como lo son las aguas del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, se encuentra facultada para custodiarlas y regular su uso, explotación o aprovechamiento, así como para otorgar los permisos necesarios para la recarga de acuíferos en cuyo caso se establecerán las medidas y procedimientos necesarios de conformidad con las normas oficiales mexicanas. En esa virtud, al ser competencia federal el regular las actividades de recarga de acuíferos, dicha regulación debe realizarse en términos de los ordenamientos federales vigentes mediante una norma oficial mexicana, al ser ésta la regulación técnica de observancia obligatoria a nivel federal cuya finalidad es establecer las características o especificaciones que deben reunir los procesos cuando éstos pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente o para la preservación de los recursos naturales, como lo es el caso en concreto. Lo anterior de conformidad con los artículos 1o. y 40, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, mismos que señalan: ‘Artículo 1o. La presente ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.’. ‘Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales.’. Entonces, resulta incuestionable que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal carece de facultades para emitir una norma ambiental cuya materia es establecer las condiciones y requisitos para la recarga de un acuífero, aun y cuando éste se encuentre en el Distrito Federal. En efecto, conforme a los artículos 1o., fracción V, 2o., fracción II, 9o., fracciones IV y VII y 37 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal tiene competencia para emitir normas ambientales para el Distrito Federal, pero restringida al ámbito local, esto es, al ámbito de su competencia. A fin de clasificar las anteriores afirmaciones se considera conveniente transcribir los dispositivos legales antes mencionados, los que a la letra precisan: ‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: ... V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en aquellos casos que no sean competencia de la Federación.’. ‘Artículo 2o. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: ... II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas localizadas en el Distrito Federal, que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 27 constitucional no son consideradas aguas nacionales, así como tratándose de aguas nacionales que hayan sido asignadas al Distrito Federal.’. ‘Artículo 9o. Corresponde a la secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: ... IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta ley, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su competencia; ... VII. Expedir normas ambientales para el Distrito Federal en materia de competencia local.’. ‘Artículo 37. Las normas ambientales para el Distrito Federal podrán determinar requisitos, condiciones, parámetros y límites más estrictos que los previstos en las normas oficiales mexicanas y deberán referirse a materias que sean de competencia local.’. En ese orden de ideas, la facultad tanto del Gobierno del Distrito Federal como de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal se limita al ámbito local y, por lo tanto, únicamente puede emitir normas en materia hidráulica cuando se trate de aguas no consideradas como nacionales, conforme al párrafo quinto de artículo 27 constitucional, como incluso lo establece la fracción II del artículo 2o. antes transcrito. En conclusión, al ser el acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México una formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas nacionales, la ‘Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-003-AGUA-2002, que establece las condiciones y requisitos para la recarga en el Distrito Federal por inyección directa de agua residual tratada al acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México’ invade la esfera federal y es violatoria del artículo 27 constitucional, pudiendo afirmarse que la misma carece de la debida fundamentación que debe revestir todo acto de autoridad, conforme al artículo 16 constitucional, al haberse emitido por autoridad incompetente para ello. Recapitulando, cabe señalar que en el caso la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, es incompetente en razón de que: El fundamento con el que emite la mencionada norma es el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso j) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o., 2o., 15, fracción IV, 16, fracciones I, II, III y IV, 26, fracciones I, III, IV, VII y IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 6o., fracción II, 9o., fracciones IV, VII y XLVI, 36, fracción III, 37, 38, 39, 40, 41, 104 y 105, fracción III, de la Ley Ambiental del Distrito Federal y el artículo 15, fracción VI, de la Ley de Aguas del Distrito Federal, el cual es diverso al fundamento que se publicó para comentarios y que no consta que fue modificado en las respuestas de la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 16 del miércoles 3 de marzo de 2004. El fundamento en que se basan la Secretaría del Medio Ambiente local y el Gobierno del Distrito Federal para emitir la norma de referencia, no es aplicable al caso concreto; lo anterior en virtud de que los preceptos supracitados señalan: ‘Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento, la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: ... j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública y sobreexplotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal.’. De la anterior transcripción se desprende que la Asamblea Legislativa cuenta con facultades en materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica, misma que se agota con la emisión de la Ley Ambiental del Distrito Federal, y por lo tanto, no es factible que sirva de fundamento para la emisión de la presente norma; máxime cuando en la mencionada ley, incluso, le otorga dicha facultad a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, y que el inciso j) circunscribe la facultad en tratándose de bienes patrimoniales del Distrito Federal; y en el caso que nos ocupa, se trata de bienes del patrimonio nacional. En efecto, los artículos 6o., fracción II, 9o. fracciones IV, VII y XLVI, 36, fracción III, 37, 38, 39, 40, 41, 104 y 105, fracción III, de la Ley Ambiental del Distrito Federal señalan: ‘Artículo 6o. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal: ... II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente.’. ‘Artículo 9o. Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: ... IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta ley para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su competencia; ... VII. Expedir normas ambientales para el Distrito Federal en materias de competencia loca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19412-c8735a3d/aguas-del-subsuelo-es-competencia-federal-regular-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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