FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. LOS ARTÍCULOS 112 Y 112 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD, QUE ESTABLECEN LA FACULTAD DE DICHO PODER PARA DESIGNAR AL TITULAR DE LA CITADA FISCALÍA, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2004. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de enero de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, el cinco de noviembre de dos mil cuatro, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por la autoridad que a continuación se señala:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Se señala al H. Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en Av. México s/n entre la Av. Allende y calle Morelos de Tepic, Nayarit. ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado. Lo hago consistir en el Decreto Legislativo Número 8591, que contiene reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 22 de septiembre de 2004."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los antecedentes, hechos y puntos de derecho que me constan y que constituyen los antecedentes de la presente controversia, son los siguientes: Los CC. Abad Cervantes Zurita, Enrique Mejía Pérez y Juan Manuel Mier Pecina, diputado presidente y diputados secretarios del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante oficio número CE/301/04 de fecha 18 de septiembre de 2004, recibido en la Secretaría General de Gobierno en la misma fecha, comunicaron al suscrito con el carácter de gobernador constitucional de esta entidad federativa, para los efectos constitucionales, la aprobación del Decreto Número 8591, que contiene reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. El decreto legislativo impugnado, es del tenor siguiente: ‘C.P. Antonio Echevarría Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, a sabed: Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: Decreto Número 8591. El H. Congreso del Estado libre y soberano de Nayarit representado por su XXVII Legislatura. Decreta: Reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Artículo único. Se reforma el artículo 112 y se adiciona un artículo 112 bis al capítulo único denominado De la designación y ratificación de nombramientos de servidores públicos del Estado, del título décimo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit, para quedar como sigue: Título décimo. Otras facultades y atribuciones del Congreso. Capítulo único. De la designación o ratificación de nombramientos de servidores públicos del Estado. Artículo 112. La asamblea o la Diputación Permanente otorgará o negará la ratificación del nombramiento del procurador general de Justicia, conforme lo dispuesto en la Constitución Política del Estado; y en los términos de la presente ley, designará al titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit, quien será nombrado mediante convocatoria pública abierta que al efecto emita el honorable Congreso del Estado, requiriéndose para su designación el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión que para con ese motivo se convoque y durará en su encargo cuatro años pudiendo ser ratificado por una sola vez. Artículo 112 bis. El procedimiento para la ratificación y nombramiento de los servidores públicos competencia del honorable Congreso del Estado, atenderá las siguientes reglas: I. El presidente de la mesa directiva turnará a la comisión competente, las solicitudes de ratificación, propuestas de nombramiento o registro de aspirantes al cargo de servidores públicos cuya designación corresponde al honorable Congreso del Estado, que se hubieren recibido. II. La comisión competente radicará el procedimiento respectivo, requiriendo de los interesados su expediente personal curricular y demás elementos que soporten los requisitos y condiciones de elegibilidad propios del cargo de que se trate. III. En todos los casos la comisión competente recibirá la comparecencia de quienes han solicitado su ratificación o registro, o son propuestos para un cargo público de los que se reserva su nombramiento al honorable Congreso del Estado de Nayarit. IV. Tratándose del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit, así como de los demás nombramientos en que el Congreso del Estado esté facultado para ese efecto, se emitirá convocatoria pública a los gremios, instituciones y profesionales en la materia de que se trate, para que acudan a presentar propuestas o a expresar su interés en ser incluidos como aspirantes al cargo, satisfaciéndose las formalidades previstas en las fracciones I, II y III de este artículo. La convocatoria deberá publicarse con toda oportunidad cuando menos dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y la otra, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, en la Gaceta Parlamentaria del honorable Congreso del Estado y en dos diarios de circulación estatal, así como en los estrados de la institución que corresponda y del honorable Congreso del Estado de Nayarit. V. La comisión competente deberá emitir su dictamen, dentro de los diez días siguientes al de la comparecencia a que se refiere la fracción III, el que será sometido al Pleno del Congreso para los efectos de su discusión y aprobación en su caso. Si no se aprueba por la asamblea general el dictamen a que se refiere el párrafo anterior, se ordenará por el presidente de la mesa directiva, que éste se tenga como desechado y se devolverá a la comisión, para que atendiendo las razones expuestas por la asamblea emita un nuevo dictamen dentro del término de cinco días. Transitorios: Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. Artículo segundo. Se deberán tomar las previsiones presupuestales a efecto de que la Fiscalía contra Delitos Electorales inicie sus funciones el día uno de enero del año dos mil cinco. Artículo tercero. El honorable Congreso del Estado de Nayarit hará la designación del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales a más tardar el día 30 de noviembre de 2004. Dado en la sala de sesiones «Lic. Benito Juárez» de este H. Congreso del Estado libre y soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. Dip. Presidente, Abad Cervantes Zurita, rúbrica. Dip. Secretario, Enrique Mejía Pérez, rúbrica. Dip. Secretario, Juan Manuel Mier Pecina, rúbrica. Y en cumplimiento a lo dispuesto de la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. C.P. Antonio Echevarría Domínguez. Rúbrica. El secretario general de gobierno, Lic. Adán Meza Barajas. Rúbrica.’. El Decreto Número 8591 que consigna reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, de conformidad al artículo 58 de la Constitución Política Local, no es observable, en razón de que dicha ley forma parte de la legislación orgánica del H. Congreso del Estado de Nayarit, por lo cual no fue vetado el citado decreto, pero sí publicado como ya se indicó con anterioridad, sin que esto implique mi consentimiento con el decreto en cuestión, ni que se convaliden sus vicios de inconstitucionalidad. Cabe mencionar que el H. Congreso del Estado, el 18 de septiembre de 2004, también aprobó el Decreto Número 8592, que contiene reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que sitúa a la Fiscalía contra Delitos Electorales, como integrante de la estructura orgánica de esa dependencia, sin que a la fecha se haya promulgado ni publicado el citado decreto, en virtud de que contra el mismo formulé observaciones, las que aún se encuentran pendientes de resolver por parte del H. Congreso del Estado."
TERCERO. La parte actora esgrimió los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. El H. Congreso del Estado de Nayarit, al emitir el Decreto Número 8591, con el que se reforma el artículo 112 y se adiciona un artículo 112 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, infringió las disposiciones contenidas en los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Federal; desatendió los principios de legalidad y seguridad jurídica e invadió la esfera de competencia de este Poder Ejecutivo Estatal, como más adelante se explica. Los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Federal, en lo conducente, disponen: ‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.’. A su vez, los artículos 22, 23, 47, 69, 72, 93, 96 y 98 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en lo que interesa, señalan: ‘Artículo 22. El Supremo Poder del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.’. ‘Artículo 23. Estos poderes no podrán reunirse en un solo individuo o corporación, ni las personas que tengan algún cargo en alguno de ellos podrán tenerlo a la vez en ninguno de los otros.’. ‘Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura: ... V. Crear y suprimir empleos públicos en el Estado, con excepción de los municipales, y señalar, aumentar o disminuir las respectivas remuneraciones según sus necesidades. Para ese efecto, la legislatura ordenará, al aprobar el presupuesto de egresos, publicar la retribución integral que corresponda a los empleos públicos establecidos por la ley. En todo caso, las ampliaciones y disminuciones de empleos públicos que dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, sean autorizadas por el Congreso, deberán ser motivadas en el dictamen respectivo. ... IX. Designar a los Magistrados numerarios y supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de Justicia, que haga el gobernador en los términos de esta Constitución.’. ‘Artículo 69. Son facultades y obligaciones del gobernador: ... XII. Nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a los demás servidores públicos cuyo nombramiento no esté encomendado a otras autoridades. Designar, con ratificación del Congreso, al procurador general de Justicia.’. ‘Artículo 72. Para el despacho de los negocios oficiales del Poder Ejecutivo, la administración pública será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, la que distribuirá los asuntos del orden administrativo de las dependencias y organismos y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su funcionamiento.’. ‘Artículo 93. Ejerce las funciones de Ministerio Público en el Estado, el procurador general de Justicia, que será el jefe nato de él y los agentes que determine la ley.’. ‘Artículo 96. Los agentes del Ministerio Público serán nombrados y removidos por el procurador general de Justicia.’. ‘Artículo 98. Sus labores en términos generales, serán las de velar por el exacto cumplimiento de la ley, procediendo en contra de los infractores de ella, cualquiera que sea su categoría; la de perseguir y ejercer ante los tribunales que corresponda, las acciones penales respectivas, y vigilar a los agentes del Ministerio Público para que cumplan fielmente su cometido.’. Basta leer el decreto impugnado y su exposición de motivos para cerciorarse que es palpable su incongruencia, así como la falta de justificación y motivación, tanto de la creación como de la designación de la Fiscalía contra Delitos Electorales, por parte del H. Congreso del Estado de Nayarit, ello por las razones que enseguida se exponen: a) Una de las características esenciales del Ministerio Público es su unidad, motivo por el cual, funcionarios que en Nayarit integran su estructura orgánica, tales como el director de Control de Procesos, el director de Averiguaciones Previas y el subprocurador, por la naturaleza de su encargo, son especies del género agente del Ministerio Público, y lo único que los diferencia de los agentes del Ministerio Público propiamente dichos, es el grado de jerarquía y la especialidad de las funciones que legalmente tienen encomendadas, tan es así que en el capítulo II, título quinto, de la Constitución Política de Nayarit, únicamente se alude a los agentes del Ministerio Público; por consiguiente, la creación de una Fiscalía contra Delitos Electorales, por la naturaleza de la función a desempeñar, sólo viene a ser una especie de agente del Ministerio Público. Ahora bien, la creación del agente o fiscal de referencia es injustificada por no requerirse actualmente. En efecto, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Nayarit, en su artículo 20, dispone: ‘La institución, por previsión reglamentaria o por acuerdo del procurador podrá contar con agencias del Ministerio Público especializadas para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos cuya trascendencia, interés y características así lo ameriten.’. Lo que significa que desde el punto de vista legal, ya existe solución para que la Procuraduría General de Justicia de Nayarit atienda debidamente cualquier queja o denuncia que se presente por delitos electorales, dado que su titular cuenta con amplias facultades para crear agencias del Ministerio Público especializadas en la investigación de hechos delictuosos en sus diversas modalidades, entre las que se pueden considerar, por supuesto, las agencias especializadas en delitos electorales. Cabe señalar además que las estadísticas que lleva la Procuraduría General de Justicia de Nayarit, demuestran que las conductas ilícitas observadas en los últimos procesos electorales realizados en el Estado fueron mínimas, lo que conlleva a estimar que la creación de una estructura de la naturaleza que se plantea en el decreto legislativo impugnado, sólo viene a generar una injustificada erogación importante de recursos públicos en perjuicio de los programas y acciones que la administración pública estatal está obligada a mantener y llevar a cabo en beneficio del pueblo nayarita. Ello no significa que el Ejecutivo a mi cargo desatienda las denuncias relacionadas con ilícitos de carácter electoral, sino todo lo contrario, prueba de ello es que para su debida atención y resolución, con fecha 26 de noviembre de 1999, signó por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un acuerdo de colaboración con la Procuraduría General de la República, así como con las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal y de las demás entidades federativas, con la intervención de la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales, con la finalidad de facilitar la atención de los asuntos que se originen con motivo de denuncias formuladas con respecto a la probable comisión de delitos electorales, tanto del fuero federal como del fuero común; acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 5 de febrero del año 2000. Asimismo, el procurador general de Justicia del Estado, para el proceso electoral del año 2002, haciendo uso de sus facultades, emitió un acuerdo administrativo para la creación de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos electorales, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el día 29 de junio de ese mismo año. Todas estas acciones llevadas a cabo dieron como resultado una debida atención a las pocas denuncias presentadas en materia electoral, sin alterar el presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por todo ello se afirma que resulta inconveniente la creación de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit. b) En la exposición de motivos del decreto impugnado, en forma elocuente y reiterada, se alude al principio de división de poderes, a la credibilidad, al Estado de derecho, a los principios de legalidad, autonomía e independencia, a la congruencia con la Constitución y normas secundarias locales, al apego a la ley, etcétera, pero a la vez, en la propia exposición de motivos y en el texto de las reformas y adiciones consignadas en el decreto que se impugna, el H. Congreso del Estado de Nayarit actúa incongruentemente y contrario a tales principios, al atribuirse motu proprio una facultad que no sólo no le corresponde sino que de acuerdo a la Constitución Política Local, en su numeral 69, fracción XII, se encuentra reservada a este Poder Ejecutivo, como lo es la de nombrar o designar un servidor público dentro de la administración pública centralizada del Estado, esto es, al fiscal contra delitos electorales, toda vez que éste se encuentra dentro de una dependencia del Ejecutivo, que es la Procuraduría General de Justicia del Estado. También existe incongruencia de parte del H. Congreso del Estado de Nayarit, cuando en la exposición de motivos del decreto que se objeta, se señala: ‘Para ello es necesario crear la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, atendiendo a ese efecto, los razonamientos jurídicos y parámetros administrativos que dieron origen y nacimiento a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.’. Por supuesto que las circunstancias que se tomaron en cuenta para la creación de dicha fiscalía especializada, no son las mismas que las que imperan en esta entidad federativa, máxime que como ya se explicó, en ésta todavía no se justifica la creación de una fiscalía de esa naturaleza; independientemente de ello, si el H. Congreso del Estado toma como base parámetros administrativos de la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República, extrañamente no toma en cuenta que el titular de la misma no es designado por el Poder Legislativo Federal, sino por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 17 del reglamento de dicha ley. La injustificación o incongruencia con la que actuó el H. Congreso del Estado de Nayarit, al emitir en esos términos el decreto legislativo que se controvierte, así como su carencia de facultades constitucionales para nombrar o designar a un servidor público dentro de la esfera de este Poder Ejecutivo, como lo es el fiscal contra delitos electorales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, implica la creación o ampliación de empleos públicos carente de motivación y, por ende, contraria a lo dispuesto por el artículo 47, fracción V, de la Constitución Política Local, lo que redunda en menoscabo de los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes constitucionales del Estado de Nayarit. Segundo. Suponiendo sin conceder que en el Estado de Nayarit se justifique la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ello no implica que el H. Congreso del Estado tenga la facultad para nombrar al titular de la misma, por lo que al aprobar el decreto objetado número 8591, donde por sí mismo se arroga esa facultad, invade la esfera de competencia de este Poder Ejecutivo Estatal, por las siguientes razones: a) Si bien es verdad que el artículo 47, fracción V, de la Constitución Local, faculta al H. Congreso del Estado para crear empleos públicos, también lo es que ni en dicho artículo ni en ningún otro de la citada Constitución, se le otorgan facultades para nombrar o designar servidores públicos dentro de la esfera de este Poder Ejecutivo, luego entonces, la atribución para nombrar al fiscal contra delitos electorales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia Estatal, que el H. Congreso del Estado, por sí mismo se asignó en el decreto impugnado, carece dicha atribución de motivación y fundamentación y, por ende, es inconstitucional. b) De conformidad a los artículos 69, fracción XII y 72 de la propia Constitución Local, relacionados con los numerales 1o. y 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Nayarit, es facultad exclusiva de éste nombrar libremente a los titulares de las dependencias señaladas en dicha ley, así como a los demás servidores públicos cuyo nombramiento no esté encomendado a otras autoridades. Ahora bien, la designación del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, no se encuentra reservada en tales ordenamientos al H. Congreso del Estado; además, si bien es cierto que dicho fiscal no tiene el carácter de titular de alguna de las dependencias integrantes de la administración pública estatal, también lo es que el H. Congreso del Estado organiza al nombrado servidor público dentro y dependiendo administrativamente de una de esas dependencias, como lo es la Procuraduría General de Justicia del Estado, situándolo jerárquicamente en un nivel inferior al del procurador general de Justicia; luego entonces, la facultad de designar al nombrado servidor público corresponde en exclusiva al titular de este Poder Ejecutivo y, en última instancia, previo el acuerdo respectivo, al procurador general de Justicia, mas no al H. Congreso del Estado, ello de conformidad al invocado artículo 13, que dice: ‘Corresponde al gobernador del Estado nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias y las entidades; y previo acuerdo con él, los niveles siguientes de confianza podrán ser nombrados por dichos titulares.’. c) Si de acuerdo a los artículos 47, fracción IX y 69, fracción XII, de la Constitución Política Estatal, es facultad exclusiva de este Poder Ejecutivo nombrar a los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, por consecuencia lógica, la facultad para nombrar a los demás servidores públicos de tales dependencias, no corresponde al H. Congreso del Estado, sino a este Poder Ejecutivo, bajo el principio jurídico que dice que el que puede lo más puede lo menos. En base a tales facultades y conforme a lo dispuesto por los artículos 72 de la misma Constitución Local y 13 de la Ley Orgánica de este Poder Ejecutivo, corresponde a éste nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, quien de acuerdo a la exposición de motivos del decreto objetado, depende administrativa y estructuralmente de la Procuraduría General de Justicia Local, cuyo titular, en términos de los artículos 93, 98 y 100 de la Constitución Política Estatal, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 2o. y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, es el jefe nato de la institución del Ministerio Público en el Estado de Nayarit y, por tanto, es quien ejerce la autoridad jerárquica sobre todo el personal de dicha institución. De todo lo anterior se concluye que el decreto legislativo que se objeta, al otorgar al H. Congreso del Estado una facultad que no le concede la Constitución Local, como lo es la de nombrar o designar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes y, por ende, resulta inconstitucional, puesto que dicho poder legislativo sólo puede hacer lo que la ley le autoriza, y en el caso concreto, la Constitución Política Local no le autoriza a designar o nombrar servidores públicos dentro de la esfera de este Poder Ejecutivo, y si no obstante ello, se otorga a sí mismo tal facultad, ello implica que el H. Congreso asume indebidamente una facultad propia del Poder Ejecutivo, único responsable de la organización y funcionamiento de la administración pública estatal, ocasionando invasión a la esfera de atribuciones de un poder distinto en contravención a lo dispuesto por los artículos 22, 23, 69, fracción XII y 72 de la Constitución Política del Estado. En apoyo a los anteriores razonamientos, resulta aplicable por analogía, la tesis número P. CLVIII/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que aparece publicada a foja 33, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN. Del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49 establece como nota característica del Gobierno Mexicano, el principio de división de poderes al señalar expresamente que «El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial». Determinando en su segundo párrafo, como regla general, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada poder. Por otra parte, también se aprecia que ambos principios no implican que los poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno tiene señaladas sus atribuciones (73, Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores; 77, facultades de ambas Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra; 78, atribuciones de la Comisión Permanente; 79, facultades de la autoridad de fiscalización superior de la Federación; 89, facultades y obligaciones del presidente de la República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los tribunales del Poder Judicial de la Federación), del examen de las mismas se aprecia que en varios casos se da una concurrencia de poderes, como ocurre, por ejemplo, en la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace la designación, y el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, que presenta ternas para que de ellas se seleccione a quienes se designe. Conforme al principio de supremacía constitucional, cabe inferir que cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las mismas deben estar expresamente señaladas en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene dentro de sus atribuciones dictar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones especificadas, relativas a las facultades y deberes de cada poder. Por consiguiente, las fracciones XXIV y XXX del artículo 73, que precisan como facultades del Congreso de la Unión la de «... expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión ...», y la de «... expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.», deben interpretarse enmarcadas y limitadas por los principios referidos, es decir, salvaguardando el de división de poderes y el de autonomía de cada uno y regulando, en detalle, las facultades y obligaciones que a cada poder señala la propia Constitución, pero sin introducir atribuciones u obligaciones que no estén consignadas en la misma y que supusieran no ajustarse a ella, vulnerando los repetidos principios.’. A mayor abundamiento, se hace necesario destacar que el principio de división de poderes, con especial referencia al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se infringe cuando se incurre en las siguientes conductas: a) que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Judicial; b) que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; y c) que la intromisión, depend
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19500-85fec22c/fiscalia-contra-delitos-electorales-del-estado-de-nayarit · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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