DIVISIÓN DE PODERES. LOS ARTÍCULOS 8o., 9o., 10 Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2003, TRANSGREDEN ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. DIVISIÓN DE PODERES. LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2003, NO TRANSGREDEN AQUEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2004. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO TAMAYO VALENZUELA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de mayo de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado el nueve de febrero de dos mil cuatro, en la Administración de Correos de Tepic, Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en representación del Poder Ejecutivo de la propia entidad, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida por la autoridad que a continuación se señala:
"I. La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que lo represente. La entidad, domicilio y el nombre, así como el cargo del funcionario que lo represente, han quedado precisados al inicio de la presente reclamación.
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Se señala al H. Congreso del Estado, con domicilio en Av. México s/n, entre la Av. Allende y calle Morelos de Tepic, Nayarit, a través de los CC. Diputados secretarios.
"III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, sus domicilios. Ignoro si existan.
"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado. Lo hago consistir en el Decreto Número 8498 que contiene la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 10 de diciembre de 2003.
"V. Preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados. Artículos 14, 16, 116, primer párrafo, de la Ley Fundamental del país, 22, 69, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.
"VI. Competencia de ese Alto Tribunal Federal. El H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre el presente negocio, conforme a lo previsto en los numerales 104, fracción IV y 105, fracción I, inciso H), de la Constitución General de la República; 1o., 24 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, en virtud de que se demanda la controversia constitucional por la aprobación, publicación e iniciación de la vigencia de una norma general, como es la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit.
"VII. Oportunidad y presentación de la controversia constitucional. En mi concepto esta demanda de controversia se presenta en tiempo y forma, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria aplicable, cuando se trata de normas generales, el plazo para la interposición será de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, sin incluir los inhábiles que medien, así como aquellos declarados como tales por la ley y el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia; y el Decreto Número 8498 que contiene la ley que se controvierte, fue publicado el día 10 de diciembre de 2003.
"VIII. Manifestación de los hechos que le constan al actor que constituyen los antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda. Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los antecedentes, hechos y puntos de derecho que me constan y que constituyen los antecedentes de la presente reclamación son los siguientes: ..."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Los CC. Yolanda del Real Ureña y Juan Manuel Mier Pecina, diputados secretarios del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante oficio número 066/2003 de fecha 10 de julio de 2003, recibido en la Secretaría General de Gobierno el 11 del mismo mes y año, comunicaron al suscrito con el carácter de gobernador constitucional de esta entidad federativa, para los efectos constitucionales, la aprobación del Decreto Número 8498 que contiene la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit.
"2. Al considerar que la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit aprobada por el Congreso del Estado, era un acto inconstitucional, este titular del Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que le concede el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, devolvió en tiempo y forma con observaciones dicho documento, a través de oficio número 863/03 fechado el 19 de agosto de 2003.
"3. Mediante oficio número 338/03 de fecha 7 de noviembre de 2003, recibido en la Secretaría General de Gobierno el día 12 del citado mes y año, el secretario general del Congreso del Estado, acompañó en vía de comunicación el Acuerdo Número 61, por el cual la Legislatura Local resolvió las observaciones formuladas al Decreto 8498, declarándolas procedentes pero infundadas, remitiendo, asimismo, al citado decreto para los efectos del artículo 55 de la Constitución Política del Estado, y por tratarse su contenido de una norma de carácter general, como es la Ley del Periódico Oficial, se procedió a su promulgación y publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, el día 10 de diciembre de 2003."
TERCERO. La parte actora estimó violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, 69, fracción II, 72 y 73 de la Constitución del Estado de Nayarit; y, al respecto, formuló los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan.
Que la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit viola el principio de división de poderes consagrado, para el caso de los Estados, en el artículo 116 de la Constitución Federal, en virtud de que en su artículo 9o. se prevé la creación de un consejo editorial integrado por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Ayuntamientos; situación que genera una franca intromisión en la esfera competencial del Poder Ejecutivo. Lo anterior obedece a que: 1) si de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Local, el Ejecutivo es el responsable de la administración pública; y, 2) si, como se establece en el propio artículo 4o. de la Ley del Periódico Oficial del Estado, el medio informativo oficial queda comprendido dentro del despacho de cuestiones administrativas, debe entonces concluirse que corresponde en exclusiva al Ejecutivo su administración; máxime que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en su artículo 32, fracción XXI, establece entre las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno administrar el periódico oficial. Dicha transgresión constitucional se torna más evidente si se considera que las facultades conferidas por el artículo 10 del ordenamiento legal referido son de naturaleza administrativa. Por tales motivos, se estima que las normas impugnadas invaden las esferas de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado. En vista de lo anterior, señala, debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 8o., 9o., 10 y tercero transitorio de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit.
En abono a lo anterior el quejoso señaló que mediante la ley referida se invade su esfera de atribuciones, pues sus artículos 17 y 20 prescriben la distribución gratuita del periódico a los poderes y órganos autónomos del Estado y establece plazos para su publicación y distribución, no obstante que, como responsable de la administración pública, está facultado para emitir acuerdos generales para regular tales cuestiones.
Finalmente, refirió que el Acuerdo 61, dictado dentro del procedimiento legislativo a través del cual el Congreso del Estado declaró infundadas las observaciones realizadas por el gobernador al proyecto de ley aprobado, transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que mediante dicho acto quedó aprobada una ley que viola el principio de división de poderes.
CUARTO. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 17/2004, y designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo como instructor del procedimiento relativo.
Por auto de diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que produjeran su contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación social correspondiera.
QUINTO. Las autoridades demandadas, al formular su contestación, manifestaron, en esencia, lo siguiente:
1. Que la norma impugnada no constituye una invasión de esferas en contra de la cual proceda la controversia constitucional, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio.
2. Que la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit fue emitida ante la imperiosa necesidad de regular el debido funcionamiento del órgano encargado de las publicaciones oficiales del Estado, pues antes de su entrada en vigor existían lagunas graves respecto a los plazos y condiciones que debían ser observados en la publicación de las determinaciones del Congreso. De esa forma se pretende evitar que documentos enviados al Poder Ejecutivo para su publicación obligatoria puedan, en la práctica, quedar relegados al olvido, por no existir un mecanismo jurídico claro.
Agrega que en vista de que la publicación de leyes o decretos constituye una etapa que debe ser satisfecha para la entrada en vigor de las disposiciones aprobadas por el Congreso, esa actividad no puede quedar a la completa discreción del Poder Ejecutivo -o, en el mejor de los casos, regulado por procedimientos poco claros-, pues de lo contrario la producción de materiales legales se encontraría sujeta a su arbitrio.
3. Que contrariamente a lo aducido con la emisión de la ley controvertida no se violaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que en esencia disponen que los actos de autoridad deben ser creados por un órgano competente y que éstos deben estar debidamente fundados y motivados. Lo anterior es así, ya que de los artículos 29 y 47, fracción I, de la Constitución Local, se advierte que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso del Estado y que éste se encuentra facultado para aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos sobre todos los ramos de la administración y del gobierno interior del Estado.
4. Que de lo anterior se desprende que la ley impugnada fue emitida por una autoridad competente. Consecuentemente, debe también considerarse que la norma combatida se encontraba debidamente fundada y motivada, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata a la esfera jurídica de los particulares, tales requisitos se cumplen en la medida en que existe una norma que faculta a la autoridad actuar en determinado sentido y con la existencia de circunstancias que justifican el ejercicio de tal facultad.
5. Señala que contrariamente a lo aducido por la parte actora, el consejo editorial en el que participan los tres poderes y los Ayuntamientos del Estado no tiene funciones administrativas. Por tanto, no es cierto que mediante la emisión de la Ley del Periódico Oficial se invada la esfera de atribuciones que constitucional y legalmente correspondan al Poder Ejecutivo en la administración pública, al pretender obligarlo a la distribución gratuita del periódico a diversos órganos del Estado y al señalar plazos para su publicación y distribución. Lo anterior obedece a que dicha ley garantiza el conocimiento por parte de las entidades públicas de las normas y determinaciones de los poderes publicadas en el medio informativo oficial, para permitir su inmediata aplicación.
SEXTO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó en síntesis que los artículos 8o., 9o., 10 y tercero transitorio de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit violan el principio de división de poderes, en virtud de que las atribuciones conferidas al consejo editorial, compuesto en su mayoría por representantes de poderes distintos al Ejecutivo, son susceptibles de afectar de manera preponderante las facultades que tiene respecto de la administración del medio informativo oficial. Así, al establecer un mecanismo que ocasiona que el Ejecutivo puede quedar subordinado a las decisiones de los otros poderes transgrede el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 constitucional.
Por otra parte, señaló que, contrariamente a lo aducido por la parte actora, los artículos 17 y 20 del ordenamiento legal referido no violan el principio constitucional aludido por el hecho de prescribir la distribución gratuita del periódico a los órganos del Estado y establecer plazos de distribución del mismo. Lo anterior debido a que no existe precepto constitucional o legal alguno que impida al legislador local establecer las obligaciones referidas relativas a la forma de distribuir el medio informativo del Estado, para propiciar una mejor difusión de las normas y determinaciones oficiales.
SÉPTIMO. El veintiséis de mayo de dos mil cuatro tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se hizo relación de las constancias que integran los autos, se tuvieron por ofrecidas las pruebas y por formulados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit.
SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.
Como se desprende de su contenido integral, a través de ella se impugnan los artículos 8o., 9o., 10, 17, 20 y tercero transitorio de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, publicado en el medio informativo oficial de dicha entidad el diez de diciembre de dos mil tres. Por tal motivo, debe estarse a lo que dispone el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, que precisa el plazo para la promoción de controversias constitucionales respecto de normas generales, el cual señala que:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"...
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
Conforme al dispositivo legal transcrito, para el ejercicio de la acción de controversia constitucional, cuando se impugnen normas generales, el actor cuenta con un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
De acuerdo con las constancias procesales, el oficio de demanda se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según consta en los sellos que obra a foja noventa y siete del expediente, por lo que su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto por el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, el cual ha sido interpretado por este Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2002, publicada en la página ochocientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de dos mil dos, que a la letra dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentre ubicado en el mismo lugar en el que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia."
En el caso, la demanda de controversia constitucional se depositó en la Oficina de Correos de Tepic, Nayarit, mediante pieza certificada con acuse de recibo, según se desprende del sobre agregado a foja noventa y siete del presente expediente, en el que aparecen los sellos en los que se lee "Servicio Postal Mexicano. Administración. Jul. 16 2003. Registrados recibo. Tepic, Nay.", con lo que se cumple con el primer requisito previsto por el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.
Por otra parte, también se cumple con el segundo de los requisitos a que alude el citado artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, porque como se precisó, el depósito se realizó en la Oficina de Correos de Tepic, Nayarit, lugar de residencia de la parte actora.
Ahora bien, para determinar si el depósito se hizo dentro del plazo legal que para la presentación de la demanda de controversia constitucional prevé el citado artículo 21, fracción II, conviene señalar que la parte actora impugna la citada norma general, con motivo de su publicación el diez de diciembre de dos mil tres, en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, cuyo ejemplar obra a fojas ochenta y ocho a noventa y seis del expediente.
Atento a lo anterior, el plazo de treinta días para la promoción de la demanda transcurrió a partir del once de diciembre de dos mil tres al diez de febrero de dos mil cuatro, debiendo descontarse del cómputo respectivo los días trece y catorce de diciembre; tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero; uno, siete y ocho de febrero, por corresponder a sábados y domingos; y, del dieciséis de diciembre al uno de enero y cinco de febrero por corresponder a días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, si la demanda se depositó en la administración de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo el nueve de febrero de dos mil cuatro, es claro que se presentó oportunamente.
TERCERO. A continuación se estudiará la legitimación de quien ejercita la acción de controversia constitucional.
El artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
De la disposición legal transcrita se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlo.
En el caso, suscribe la demanda de controversia Antonio Echevarría Domínguez, en su carácter de gobernador del Estado de Nayarit, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de doce de julio de mil novecientos noventa y nueve, expedida por el Congreso Estatal Electoral, en la que se advierte que se le designó como gobernador constitucional del Estado para el periodo mil novecientos noventa y nueve-dos mil cinco, y que obra a foja dieciocho del expediente.
Ahora bien, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Nayarit prevé:
"Artículo 61. Se confiere el Poder Ejecutivo a un ciudadano que se denominará Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit."
De acuerdo con la disposición constitucional transcrita, el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se ejerce por el gobernador del Estado, por tanto, quien suscribe la demanda cuenta con la representación del citado poder, el que a su vez está legitimado para promover la presente controversia constitucional, por ser uno de los órganos contemplados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Acto continuo se analizará la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de que resulte fundada.
La autoridad demandada es el Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
Los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia establecen:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
De estos preceptos destaca, en lo que interesa, que en las controversias constitucionales tendrá el carácter de parte demandada, la entidad, poder u órgano que haya emitido y promulgado la norma general, así como que el demandado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen estén facultados para representarlo.
En el caso, el Congreso del Estado de Nayarit compareció a juicio por conducto de Manuel Humberto Cota Jiménez, en su carácter de presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado, lo que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría y validez expedida el quince de julio de dos mil dos, por el Consejo Estatal Electoral de Nayarit, en la que se asienta que el promovente tiene el carácter de diputado propietario del Congreso de la entidad para el periodo dos mil dos-dos mil cinco y del Acuerdo Parlamentario Número Dos, de veinte de agosto de dos mil dos, en cuyo punto primero se asienta que "asume la presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo de este Honorable Congreso del Estado, representado por su XXVII Legislatura, para el ejercicio constitucional 2002-2005 el C. Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez ..." (fojas ciento treinta a ciento treinta y cuatro del expediente).
El artículo 28, fracción IX, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso dispone:
"Artículo 28. Corresponden al presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, las atribuciones siguientes:
"...
"IX. Representar jurídicamente al Congreso en todos los juicios y asuntos en que éste fuere parte."
En consecuencia, conforme al citado artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, se encuentra acreditado que quien signa la contestación de demanda tiene la representación del órgano legislativo demandado y tomando en consideración que el Congreso Estatal expidió la norma que se impugna, es evidente que cuenta con la legitimación procesal para comparecer a juicio, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento, sea que las partes las hagan valer o que de oficio se adviertan.
Como se mencionó con anterioridad, el Congreso del Estado de Nayarit en su contestación de demanda señala que la controversia constitucional es improcedente en virtud de que los actos impugnados no vulneran la esfera competencial ni causan un perjuicio o agravio a la entidad demandante.
Procede desestimar la causa de improcedencia invocada, toda vez que para determinar si los actos y normas impugnados vulneran o no la esfera competencial o causan un perjuicio al poder actor, requiere del análisis de dichos actos y normas, lo cual es materia de estudio del fondo del asunto. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 92/99, publicada en la página setecientos diez, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Tribunal Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."
No existiendo otra causa de improcedencia o sobreseimiento que planteen las partes, ni que de oficio se advierta, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.
SEXTO. Como se mencionó previamente, en su escrito de demanda la parte actora señala que la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit viola el principio de división de poderes consagrado, para el caso de los Estados, en el artículo 116 de la Constitución Federal, en virtud de que en su artículo 9o. se prevé la creación de un consejo editorial integrado por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Ayuntamientos; situación que genera una franca intromisión en la esfera competencial del Poder Ejecutivo. Lo anterior obedece a que: 1) si de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Local, el Ejecutivo es el responsable de la administración pública; y, 2) si, como se establece en el propio artículo 4o. de la Ley del Periódico Oficial del Estado, el medio informativo oficial queda comprendido dentro del despacho de cuestiones administrativas, debe entonces concluirse que corresponde en exclusiva al Ejecutivo su administración; máxime que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en su artículo 32, fracción XXI, establece entre las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno administrar el periódico oficial. Dicha transgresión constitucional se torna más evidente si se considera que las facultades conferidas por el artículo 10 del ordenamiento legal referido son de naturaleza administrativa. Por tales motivos, se estima que las normas impugnadas invaden las esferas de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado. En vista de lo anterior, señala, debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 8o., 9o., 10 y tercero transitorio de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nayarit.
En abono a lo anterior, señala que mediante la ley referida se invade su esfera de atribuciones, pues sus artículos 17 y 20 prescriben la distribución gratuita del periódico a los poderes y órganos autónomos del Estado y establece plazos para su publicación y distribución, no obstante que, como responsable de la administración pública, está facultado para emitir acuerdos generales para regular tales cuestiones.
Al respecto, cabe citar el artículo 116 constitucional, que es el que prevé lo relativo a la división de poderes en el ámbito estatal, y en lo que interesa, es del tenor siguiente:
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo."
El artículo transcrito consagra el principio de división de poderes, en virtud d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19536-b6749bb5/division-de-poderes-los-articulos-8o-9o-10 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. LOS ARTÍCULOS 112 Y 112 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD, QUE ESTABLECEN LA FACULTAD DE DICHO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS DEBE REALIZARSE CONFORME A LAS CONDICIONES JURÍDICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL FALLO. CONT (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. EL DECRETO 8592 EMITIDO POR EL CONGRESO LOCAL, QUE CREÓ AQUÉLLA, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. CONTROVERS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISIÓN. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER, EN REPRESENTACIÓN DE TAL ORGANISMO, ESE (XXIV.2o.14 A)
- RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA AUTORIZACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT. (XXIV.19 P)
- DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR E (XXIV.2o.3 K)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE NAYARIT POR EL QUE SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO EJERCER TEMPORALMENT (P./J. 6/2004)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis