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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SE EMITIÓ DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE NO HA CONCLUIDO, PORQUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR EL HECHO DE HABER IMPUGNADO ALGUNO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS, SIN QUE EXISTIERA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2003. · Registro digital (IUS): 18665
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1403.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de enero de dos mil cinco.

VISTOS, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito depositado en la Oficina de Correos de la localidad de Tepic, Estado de Nayarit, el siete de octubre de dos mil tres, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día trece siguiente, Antonio Echevarría Domínguez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, promovió demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado por los actos que se precisan a continuación:

"A) La prescripción de la facultad fiscalizadora de las cuentas públicas correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2003.

"B) El oficio OFS/539/2003, de fecha 25, veinticinco, de agosto de 2003, emitido por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias (consistentes en apercibimientos, multas, determinación de daños y perjuicios, y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, administrativas, civiles y penales), que dice: (lo transcribe)."

SEGUNDO. La actora consideró violados los artículos 14, 16, 74, fracciones II y IV, 79, 116, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 38, 47, fracciones XXVI y XXVI-A; 69, fracción V, inciso A); 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 7o., fracciones I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XVI y XXII; 11, fracciones XII, XIII y XIV; 17, fracciones VI y VII, 20, fracción V; 29, fracciones III y V; 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52 y 53 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (anterior a la reforma del cuatro de junio de dos mil tres, bajo el Decreto 8485, por tratarse de la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil tres).

TERCERO. Por auto de catorce de octubre de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, misma que por razón de turno correspondió conocer al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como instructor del procedimiento.

Por auto de diecisiete de octubre de dos mil tres, el Ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo admitió la demanda de controversia constitucional, acordó emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de ley dieran contestación a la misma y dio vista al procurador general de la República para que antes del cierre de instrucción emitiera la opinión que le corresponde.

CUARTO. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, registrado con el número 420511 el veintiocho de noviembre de dos mil tres, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit contestó la demanda.

Por oficio depositado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, con número de registro 421602 el diez de diciembre de dos mil tres, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit contestó la demanda.

Por oficio PGR/117/2004, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, con número de registro 402421, el seis de febrero de dos mil cuatro, el procurador general de la República desahogó la vista que se ordenó en el auto admisorio.

QUINTO. El seis de febrero de dos mil cuatro, el Ministro Juan N. Silva Meza, en suplencia del Ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, en la audiencia respectiva, tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas y alegatos presentados por las partes y se turnaron los autos al Ministro ponente para que se elaborara el proyecto de resolución respectivo.

SEXTO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

Con fecha cuatro de enero de dos mil cinco, la presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte dictó el acuerdo de radicación respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una controversia constitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, en la que, debido al sentido del fallo, se estima innecesaria la intervención del Pleno.

SEGUNDO. En el caso, resulta intrascendente el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad en la presentación de la demanda, así como a la legitimación de las partes, toda vez que con independencia de ello o de la causa de improcedencia que se hizo valer, esta Primera Sala advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que no se agotó el principio de definitividad inmerso en ese supuesto y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal. Los preceptos invocados son del tenor siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"...

"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."

En torno a la causal de improcedencia de mérito, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio contenido en las tesis jurisprudenciales P./J. 12/99, publicada en la página doscientos setenta y cinco, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, y P./J. 55/2001, consultable en la página novecientos veinticuatro, Tomo XIII, abril de dos mil uno, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indican, respectivamente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO. El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legitima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo."

Así, tanto del contenido de los criterios jurisprudenciales transcritos como de una interpretación de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, se advierte que la hipótesis a que alude dicha causal de improcedencia implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, del que se desprenden tres supuestos que posibilitan su configuración, los que se hacen consistir en:

1) Que exista una vía legalmente prevista en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado previamente y mediante la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado, de manera tal que pudiera dar solución al conflicto que se plantea;

2) Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado el acto combatido en este medio de control constitucional; y,

3) Que el acto cuya invalidez se demande haya sido emitido dentro de un procedimiento no concluido, esto es, que se encuentre pendiente el dictado de la resolución definitiva que lo dé por concluido y en contra de la cual pudiera promoverse este juicio constitucional, así como, en su caso, de las cuestiones relativas a aquél desde su inicio.

El caso a estudio se ubica en la última de las hipótesis en comento, dado que el acto impugnado proviene de un procedimiento que al momento de la presentación de la demanda se encontraba pendiente del dictado de la resolución que lo culminara en forma definitiva y, por tanto, el actor estaba obligado a esperar que esto último aconteciera para entonces estar en aptitud de acudir a esta vía constitucional.

A efecto de evidenciar lo anterior, deberá tenerse en cuenta que en la especie se tilda de inconstitucional el oficio OFS/539/2003, fechado el veinticinco de agosto de dos mil tres, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit y dirigido a la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo Estatal, documento en el que se requiere la remisión de diversa documentación e información relativa a las cuentas públicas correspondientes al primer y segundo trimestre. El texto impugnado dice:

"H. Congreso del Estado de Nayarit.

"Órgano de Fiscalización Superior.

"OFS/539/2003.

"C.P. Gerardo Gangoiti Ruiz

"Secretario de Finanzas.

"Gobierno del Estado de Nayarit.

"Presente:

"Con fundamento en los artículos 7o., fracción XI, 11, fracción XII y 41 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por medio del presente me permito solicitarle nos sea remitida la información y documentación detallada a continuación, correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio 2003, misma que requerimos nos sea entregada en nuestras oficinas en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente.

"1. Balance general mensual correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003 (a nivel de cuentas de mayor).

"2. Estado de resultados al 31 de marzo y 30 de junio de 2003.

"3. Estado de resultados correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003 (a nivel cuentas de mayor).

"4. Estado de resultados correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003 (a nivel analítico de cuentas).

"5. Balanza de comprobación analítica correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"6. Estado de origen y aplicación de fondos por objeto del gasto de los meses de enero a junio de 2003 y trimestrales de marzo y junio de 2003.

"7. Auxiliares de movimientos de todas las cuentas contables con movimientos acumulados por el periodo enero-junio de 2003.

"8. Catálogo de cuentas vigente durante el primer y segundo trimestres del 2003.

"9. Todas las pólizas de ingresos generadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"10. Todas las pólizas de cheques generadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"11. Todas las pólizas de egresos generadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"12. Todas las pólizas de diario generadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"13. Conciliaciones bancarias de todas las cuentas de bancos e inversiones y valores correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"14. Nombramientos de todos los funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas los cuales estuvieron en funciones durante el primer y segundo trimestres de 2003, desde nivel de jefe de departamento hasta subsecretario.

"15. Listado de las adquisiciones realizadas en el primero y segundo trimestre de 2003, bajo las tres modalidades: adquisición directa, por invitación y licitación pública.

"16. Expedientes de las adquisiciones por invitación realizadas en el primero y segundo trimestre de 2003.

"17. Expedientes de licitaciones públicas celebradas en el primero y segundo trimestre de 2003.

"18. Todas las actas de sesión de la comisión intersecretarial de gasto y financiamiento celebradas en el primer y segundo trimestres de 2003.

"19. Todas las actas de sesión del comité de adquisiciones celebradas durante el primero y segundo trimestre de 2003.

"20. Todos los contratos y adendums celebrados durante el primero y segundo trimestre del 2003, por los conceptos de arrendamiento, inversión y servicios profesionales.

"21. Relación del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado correspondiente al primero y segundo trimestre del 2003.

"22. Políticas para la aseguranza de vehículos aplicables al primero y segundo trimestre de 2003.

"23. Programa operativo anual correspondiente al ejercicio de 2003.

"24. Clasificador por objeto del gasto aplicable al ejercicio 2003.

"25. Calendarización del presupuesto por programa y subprograma del primero y segundo trimestre del ejercicio 2003, definitivo (rep. 452).

"26. Relación, contenido, metas, población beneficiaria y reglas de operación de todos los programas ejecutados por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo durante el primero y segundo trimestre del ejercicio 2003.

"27. Presupuesto por partida de gasto de todas las dependencias del Poder Ejecutivo correspondiente al primero y segundo trimestre de 2003.

"28. Reporte calendarizado del presupuesto por capítulo del primer y segundo trimestre del ejercicio 2003, definitivo (rep. 433).

"29. Informe comparativo del presupuesto de egresos por capítulo, acumulado de enero a marzo y de abril a junio de 2003.

"30. Informe comparativo del presupuesto de egresos por capítulo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"31. Concentrado de presupuesto ejercido por cada una de las dependencias y secretarías del Poder Ejecutivo durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003 (analítico).

"32. Resumen del concentrado presupuestal acumulado a marzo y junio de 2003 (rep. 434).

"33. Grado de avance en relación con las metas y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, correspondientes al primero y segundo trimestre de 2003.

"34. Presupuesto de ingresos estatales y federales correspondientes al primer y segundo trimestres de 2003.

"35. Estado de origen de ingresos (póliza estatal) por los meses de enero a junio de 2003.

"36. Reporte de participaciones por ingresos municipales coordinados recaudados mensualmente correspondiente a los meses de enero a junio de 2003.

"37. Recibos oficiales de las participaciones federales recibidas correspondientes a los meses de enero a junio de 2003.

"38. Normatividad y políticas aplicables al primero y segundo trimestre del 2003 al destino de los ingresos del impuesto al hospedaje.

"39. Convenio o contrato celebrado, reglas de operación, normatividad y políticas aplicables en el primero y segundo trimestre del 2003 al origen y destino de los ingresos por peajes de la autopista Tepic-crucero de San Blas.

"40. Nóminas ordinarias de todas las dependencias del Poder Ejecutivo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"41. Nóminas extraordinarias de todas las dependencias del Poder Ejecutivo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"42. Nóminas del personal transitorio de todas las dependencias del Poder Ejecutivo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"43. Nóminas de compensaciones extraordinarias de todas las dependencias del Poder Ejecutivo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"44. Nóminas del personal de contrato de todas las dependencias del Poder Ejecutivo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"45. Expedientes del personal de contrato de todas las dependencias del Poder Ejecutivo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003.

"46. Normatividad aplicable a los cheques cancelados por caducidad, así como los requisitos establecidos para su reposición.

"47. Bases de coordinación administrativa en materia de ejecución presupuestaria del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal.

"Atentamente.

"Sufragio efectivo. No reelección.

"Tepic, Nayarit, 25 de agosto de 2003.

"El auditor general.

"Lic. Marco Antonio Olmedo Árcega.

"C.c.p. Archivo.

"MAOA/RRR/esa."

Dicho acto se produce dentro del procedimiento de fiscalización que lleva a cabo el órgano auditor en relación con las cuentas públicas correspondientes a los trimestres de dos mil tres a que se ha hecho alusión, mismas que al momento en que se produce el acto aquí reclamado no habían sido aún aprobadas por el Congreso, menos aún evaluadas por la propia entidad fiscalizadora; y que, conforme arroja el propio contexto en que se da el acto impugnado y los fundamentos que en él se invocan, era preciso recabar dicha información para proseguir con la fiscalización correspondiente.

El marco normativo estatal que rige la revisión de la cuenta pública de la hacienda estatal revela los motivos por los que se considera que el oficio impugnado es un acto procedimental. En primer término, la Constitución Política del Estado de Nayarit, en lo conducente, señala:

"Artículo 38. La revisión y en su caso aprobación de la cuenta de todos los caudales del Estado, se hará trimestralmente en los términos que al efecto señale la ley de la materia."

"Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura:

"...

"XXVI. Fiscalizar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado. ..."

"Artículo 121. La fiscalización de los programas y recursos públicos se realizará por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con arreglo a lo dispuesto en la ley de la materia y conforme a las bases siguientes:

"I. Fiscalizará en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y organismos autónomos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales.

"II. En los términos de la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública; investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demás organismos autónomos del Estado.

"III. Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas.

"IV. Determinará los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos autónomos del Estado, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, así como promover ante las autoridades competentes las responsabilidades que procedan, presentando las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

"...

"VII. Los Poderes del Estado y las autoridades municipales, así como los sujetos de fiscalización, facilitarán los informes y documentos que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones."

De los preceptos de la Constitución Local transcritos se desprende, en esencia, lo siguiente:

a) Que la revisión y, en su caso, aprobación de la cuenta de los caudales del Estado se hará en forma trimestral, de acuerdo con lo que disponga la ley de la materia (artículo 38).

b) Que la Legislatura Local fiscalizará y aprobará las cuentas públicas de los caudales del Estado y la revisión no se ocupará solamente de investigar si las cantidades son o no conformes con lo previsto en los presupuestos, sino que también se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar (artículo 47, fracción XXVI).

c) Que el Órgano de Fiscalización Superior será el encargado de fiscalizar los programas y recursos públicos del Estado, en los términos establecidos por la ley de la materia y de acuerdo con las siguientes bases:

• Fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los Poderes del Estado, entre otros, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales (artículo 121, fracción I).

• De conformidad con lo dispuesto en la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública de los Poderes del Estado, entre otros órganos, e investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales (artículo 121, fracción II).

• Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos necesarios para la realización de sus investigaciones, para lo cual deberá sujetarse a las leyes y formalidades establecidas (artículo 121, fracción III).

• Determinará los daños y perjuicios que atenten contra las haciendas públicas estatal y municipales, el patrimonio de las entidades descentralizadas y el de los organismos autónomos del Estado, y fincará a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, además de que promoverá ante las autoridades competentes las responsabilidades procedentes (artículo 121, fracción IV).

• Los Poderes Estatales, las autoridades municipales y todos los sujetos de fiscalización, deberán facilitarle los informes y documentos que requiera para el ejercicio de sus atribuciones (artículo 121, fracción VII).

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, en sus artículos 86, primer párrafo, 103, 106 y 107 (texto vigente a partir de su reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 5 de mayo de 2001) establece:

"Artículo 86. El proceso legislativo y los asuntos jurídicos del Congreso se ejercerán a través de la secretaría general y su titular se denominará secretario general. Las atribuciones del Congreso en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos se ejercerán por el Órgano de Fiscalización Superior de acuerdo a lo dispuesto en el título noveno de la presente ley. La gestión administrativa interna del Congreso se ejercerá por la Oficialía Mayor, y contará con la siguiente estructura."

"Artículo 103. La facultad fiscalizadora de la legislatura se ejercerá por conducto del Órgano de Fiscalización Superior, que tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos de fiscalización, señalados en el artículo 5o. de la ley de la materia."

"Artículo 106. La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, será el conducto de comunicación entre el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas mediante el dictamen correspondiente, para su turno al Pleno del Congreso."

"Artículo 107. En los términos de la ley de la materia, fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y determinará, en su caso, los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de las entidades fiscalizadas, fincando las responsabilidades que procedan conforme a la ley."

De los numerales reproducidos se destaca lo siguiente:

a) Que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ejercerá las atribuciones de la legislatura en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos, de acuerdo con lo previsto en el título noveno de esa ley, y tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos que se enumeran en el artículo 5o. del ordenamiento que rige la materia (artículos 86 y 103).

b) Que la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto será el conducto de comunicación entre el Congreso y aquel órgano y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, mediante el dictamen correspondiente (artículo 106).

c) Que de acuerdo con lo que señale la ley de la materia, el citado órgano fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y, en su caso, determinará los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de aquéllos y fincará las responsabilidades que procedan conforme a la ley (artículo 107).

Finalmente, la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en los términos en que fue expedida y publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintisiete de diciembre de dos mil, texto que estuvo vigente hasta el cuatro de junio de dos mil tres (aplicable al acto aquí reclamado), en que se reformaron diversos preceptos por decreto publicado en el citado medio informativo, en lo que aquí importa, preveía:

"Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la revisión de la cuenta pública y su fiscalización superior."

"Artículo 3o. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

"I. Poderes del Estado: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;

"...

"III. Órgano: El Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

"IV. Congreso: El Congreso del Estado;

"V. Comisión: La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso del Estado;

"...

"VIII. Sujetos de fiscalización: Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los entes públicos, los organismos públicos descentralizados del Estado y de los Municipios, las empresas y fideicomisos con participación estatal o municipal, y en general, cualquier persona, física o moral, pública o privada que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos;

"IX. Cuenta pública: Informe de contenido contable, financiero, presupuestal, programático, legal, fiscal y económico relativo a la gestión financiera y al ejercicio del gasto público, que rinden los sujetos de fiscalización, al Congreso para comprobar si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en sus planes y programas, de conformidad con los criterios señalados en el presupuesto correspondiente, y demás legislación relativa a planeación, programación y ejercicio de recursos públicos, así como de los indicadores de desempeño y de evaluación de su función pública;

"...

"XII. Fiscalización superior: Facultad conferida al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, consistente en la revisión y fiscalización posterior de los ingresos y egresos, de las cuentas públicas, comprobando que se proceda conforme a las leyes y normas establecidas para el ejercicio del gasto de las haciendas públicas estatal y municipales relativas a la gestión financiera así como para el cumplimiento de los planes y programas y demás legislación relativa a la recaudación, planeac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18665-b8e0531c/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-actualizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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