CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS DEBE REALIZARSE CONFORME A LAS CONDICIONES JURÍDICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL FALLO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS CUYO FUNDAMENTO SE SUSTENTA EN ARTÍCULOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES EN OTRA CONTROVERSIA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. EL DECRETO 8607 QUE CONTIENE LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE AQUÉLLA, ASÍ COMO EL ACUERDO 132 POR EL QUE SE CONSIDERARON INOPERANTES LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJECUTIVO LOCAL, SON INVÁLIDOS, EN VIRTUD DE QUE DICHOS ACTOS TUVIERON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 112 Y 112 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD, LOS CUALES FUERON DECLARADOS INCONSTITUCIONALES EN UNA DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2005. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIOS: LAURA GARCÍA VELASCO Y GUSTAVO RUIZ PADILLA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de enero de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el once de febrero de dos mil cinco en la Oficina de Correos de Tepic, Estado de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"II. La entidad, poder u órgano demandado. Se señala al H. Congreso del Estado de Nayarit ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. Decreto Legislativo Número 8607, que contiene la designación del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit, el día 18 de diciembre de 2004, así como en el (sic) Acuerdo Número 132, publicado en la misma fecha, a través del cual el poder público demandado declaró inoperantes las observaciones que presenté en contra de dicho decreto."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"Los CC. Manuel Narváez Robles, Enrique Mejía Pérez y Juan Manuel Mier Pecina, diputado presidente y diputados secretarios del H. Congreso del Estado de Nayarit, respectivamente, mediante oficio número CE/MD/406/04 de fecha 30 de noviembre de 2004, comunicaron al suscrito con el carácter de Gobernador Constitucional de esta entidad federativa, para los efectos de su publicación, la aprobación del Decreto Número 8607, que contiene la designación del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit. El decreto legislativo controvertido es del tenor siguiente: ‘C.P. Antonio Echaverría Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed: Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: Decreto Número 8607. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVII Legislatura. Decreta: Designar al fiscal contra delitos electorales. Artículo primero. Es de designarse y se designa para ejercer el cargo como titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit, al licenciado Joel Rubén Cerón Palacios, por un periodo de cuatro años. Artículo segundo. El titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, iniciará el ejercicio de su encargo, previa protesta de ley, a partir del día primero de enero del año 2005. Artículo tercero. Para el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2005, y subsecuentes, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, proveerán lo conducente para garantizar la estructura administrativa que permita el pleno cumplimiento de su ejercicio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto 8591. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor desde el momento de su aprobación, y se publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Artículo segundo. Comuníquese el presente decreto al ciudadano designado para que comparezca ante este Congreso y rinda la protesta de ley correspondiente. Dado en la Sala de sesiones «Lic. Benito Juárez» del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro. Dip. presidente, Manuel Narváez Robles. Rúbrica. Dip. secretario, Enrique Mejía Pérez. Rúbrica. Dip. secretario, Juan Manuel Mier Pecina. Rúbrica. Y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil cuatro. C.P. Antonio Echevarría Domínguez. Rúbrica. El secretario general de Gobierno, Lic. Adán Meza Barajas. Rúbrica.’-Por otra parte, debo señalar que dentro del término legal mediante oficio número 1507/04, de fecha 9 de diciembre de 2004, se presentaron al H. Congreso del Estado, las observaciones que formulé al mencionado Decreto Número 8607 que se controvierte. Aclaro también que el día 15 de diciembre de 2004, este Poder Ejecutivo recibió el oficio número CE/MD/424/04, con el que los CC. Diputados Manuel Narváez Robles, Enrique Mejía Pérez y Juan Manuel Pecina, integrantes de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, adjuntaron dictamen legislativo, con proyecto de acuerdo, así como el Acuerdo Número 132, aprobado el día 15 de diciembre de 2004, que declara inoperantes las observaciones que formulé."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:
"El H. Congreso del Estado de Nayarit, al emitir el Decreto Número 8607, que contiene la designación del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit; asimismo, al emitir el Acuerdo Número 132, con el que declara inoperantes las observaciones que presenté en contra de dicho decreto, infringió las disposiciones contenidas en los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Federal; los artículos 22, 23, 47, fracción V, 50, 55, 69, fracciones IX y XII, 72, 93, 96 y 100 de la Constitución Política de Nayarit; los artículos 1o., 9o., 13, 15, 22, 23 y 41, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 16, 17 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit; 6o. del Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit; 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 145 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; cuyos textos en lo conducente dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.’. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. ‘Artículo 22. El Supremo Poder del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.’. ‘Artículo 23. Estos poderes no podrán reunirse en un solo individuo o corporación, ni las personas que tengan algún cargo en alguno de ellos podrán tenerlo a la vez en ninguno de los otros.’. ‘Artículo 57. Son atribuciones de la legislatura: V. ... En todo caso, las ampliaciones y disminuciones de empleos públicos que dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, sean autorizadas por el Congreso, deberán ser motivadas en el dictamen respectivo.’. ‘Artículo 50. Todo proyecto de ley, como los asuntos en que deba recaer resolución del Congreso, se sujetarán a los procedimientos, formalidades y trámites legislativos que establezcan la ley orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.’. ‘Artículo 55. La ley o decreto devuelto con observaciones que en todo o en parte se le hayan formulado, será discutido de nueva cuenta en el Congreso. En este debate, podrá intervenir el gobernador o quien él designe, para defender sus observaciones y responder a las cuestiones que sobre el particular formulen los diputados. Si la ley o decreto son confirmados por el voto de la mayoría de diputados integrantes del Congreso, será reenviado al Ejecutivo para su inmediata promulgación y publicación. Si a pesar de ello, el Ejecutivo se niega a promulgar y publicar la resolución o la retarda injustificadamente, será acreedor a las sanciones que establezca la ley.’. ‘Artículo 69. Son facultades y obligaciones del gobernador: ... IX. Tomar parte sin voto en la discusión de las leyes o decretos o comisionar para ello ante el Congreso del Estado al secretario general de Gobierno o a cualquier otra persona. ... XII. Nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a los demás servidores públicos cuyo nombramiento no esté encomendando a otras autoridades. Designar con ratificación del Congreso, al procurador general de Justicia.’. ‘Artículo 72. Para el despacho de los negocios oficiales del Poder Ejecutivo, la administración pública será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, la que distribuirá los asuntos del orden administrativo de las dependencias y organismos y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su funcionamiento.’. ‘Artículo 93. Ejerce las funciones de Ministerio Público en el Estado, el procurador general de Justicia, que será el jefe nato de él y los agentes que determine la ley.’. ‘Artículo 96. Los agentes del Ministerio Público serán nombrados y removidos por el procurador general de Justicia.’. ‘Artículo 100. Todas las autoridades del Estado, tienen el deber de facilitar las labores del Ministerio Público, de prestarle auxilio cuando lo necesite y el de proporcionarle todos los datos y elementos que pidiere en el desempeño de su cargo. Las facultades y obligaciones del procurador general de Justicia y de los agentes del Ministerio Público, serán las que se determinen en la ley de la materia.’. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. ‘Artículo 1. La presente ley establece las bases para la organización y el funcionamiento de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal. El despacho del gobernador del Estado, las secretarías del despacho y la Procuraduría General de Justicia integran la administración pública centralizada, a las cuales, para los efectos de esta ley, se les denominará genéricamente dependencias.’. ‘Artículo 9o. El gobernador del Estado podrá autorizar la creación, supresión, liquidación o transferencia de las unidades administrativas que requiera la administración pública del Estado y asignarles las funciones que considera convenientes.’. ‘Artículo 13. Corresponde al gobernador del Estado nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias y de las entidades; y previo acuerdo con él, los niveles siguientes de confianza podrán ser nombrados por dichos titulares. Los titulares de las dependencias y entidades, antes de tomar posesión de su cargo, rendirán ante el gobernador del Estado la protesta legal.’. ‘Artículo 15. Los titulares de las dependencias ejercerán las funciones de su competencia en términos de la Constitución Política del Estado, de esta ley, demás ordenamientos aplicables y por lo que determine el gobernador del Estado.’. ‘Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de los asuntos atribuidos a sus respectivos despachos y llevarán, conforme a las directrices de la organización del Poder Ejecutivo, las funciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, informática, estadística, organización, métodos, recursos humanos, materiales, financieros, archivos y contabilidad gubernamental en términos de lo que disponga la legislación correspondiente.’. ‘Artículo 23. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, los titulares de las dependencias podrán, previo acuerdo del gobernador del Estado, crear o suprimir órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados, cuyas atribuciones serán determinadas en los acuerdos administrativos que conforme a la ley se emitan.’. ‘Artículo 41. A la Procuraduría General de Justicia le corresponden además de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, las siguientes atribuciones: ... XVII. Designar, remover o adscribir a los agentes del Ministerio Público, así como coordinar y supervisar su actuación para que se apeguen a los procedimientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado y en los demás ordenamientos legales aplicables.’. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit. ‘Artículo 16. El procurador general de Justicia es el titular de la dependencia y ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal del Ministerio Público. De conformidad con las necesidades del servicio, el procurador podrá establecer las agencias del Ministerio Público que se requieran, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.’. ‘Artículo 17. El reglamento establecerá el número de unidades administrativas de la procuraduría, las atribuciones de cada una de éstas, y la forma en que sus titulares serán suplidos en sus ausencias.’. ‘Artículo 20. La institución, por previsión reglamentaria o por acuerdo del procurador podrá contar con agencias del Ministerio Público especializadas para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos cuya trascendencia, interés y características así lo ameriten.’. Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit. ‘Artículo 6o. Además de las atribuciones que le confiere el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, el procurador ejercerá en forma personal no delegable las siguientes atribuciones: ... VI. Proponer al gobernador, la modificación a la estructura orgánica y administrativa de la procuraduría adecuada a las necesidades de sus funciones. VII. Proponer al gobernador, los programas, proyectos, estrategias y acciones necesarias para el mejor funcionamiento de la procuraduría. ... XIV. Nombrar y remover al subprocurador previo acuerdo con el Gobernador. XV. Nombrar a los titulares de las unidades administrativas, directores, subdirectores, jefes de departamentos, coordinadores, agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, peritos y agentes de la policía judicial. XVI. Remover a los servidores públicos de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.’. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. ‘Artículo 100. Las observaciones que en su caso presente el Ejecutivo a las leyes o decretos aprobados por la legislatura, en los términos de los artículos 54, 55 y 56 de la Constitución, se darán cuenta en sesión plenaria de la misma y se turnarán a las comisiones competentes para que proceda a su revisión; el nuevo dictamen versará exclusivamente sobre las observaciones presentadas y, una vez concluido y firmado por la mayoría de sus integrantes, se pondrá a discusión de la asamblea, previa lectura, y será aprobado, en su caso, por el voto de la mayoría de legisladores presentes. A la sesión donde deba discutirse el asunto, será invitado el gobernador para que por sí, o por medio de representante autorizado, participe en las deliberaciones y responda a los cuestionamientos que le formulen los diputados conforme a las normas establecidas en el reglamento del Congreso.’. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. ‘Artículo 145. Cuando una ley o decreto fueren devueltos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado con observaciones en todo o en parte deberán ser dictaminadas nuevamente en lo que correspondan, con apego a lo dispuesto por los artículos 54, 55 y 56 de la Constitución Política Local.’. Primero. El Decreto Legislativo Número 8607 que se controvierte, fue devuelto al Poder Legislativo demandado, virtud a las observaciones que oportunamente presentó este Poder Ejecutivo. Ahora bien, de los documentos que me fueron enviados conjuntamente con el oficio número CE/MD/24/04, de fecha 15 de diciembre de 2004, se desprende que las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, formularon dictamen y proyecto de acuerdo, que declaran improcedentes las referidas observaciones, lo que se menciona, fue sometido a la consideración de la honorable asamblea legislativa; sin embargo, este Poder Ejecutivo desconoce por completo si dicho dictamen y proyecto de acuerdo fue sometido a discusión, puesto que, por una parte, ello no consta en los documentos anexos al oficio CE/MD/424/04, de fecha 15 de diciembre de 2004 y, por otra parte, el Poder Legislativo demandado, indebidamente omitió hacer la correspondiente invitación y darle la intervención legal al suscrito Gobernador Constitucional del Estado, en la sesión de la legislatura en que tendría lugar la discusión del Decreto Número 8607 y de las observaciones formuladas al mismo, no obstante que el numeral 100 de la ley que organiza su funcionamiento, como es la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, lo obliga a ello, pues al respecto y en esencia dispone: ‘Las observaciones que en su caso presente el Ejecutivo ... a la sesión donde deba discutirse el asunto, será invitado el gobernador para que por sí, o por medio de representante autorizado, participe en las deliberaciones ...’, de lo que se advierte que el Congreso del Estado, tenía la obligación de hacer invitación al gobernador constitucional, cuenta habida que no se trata de una facultad discrecional, sino de una obligación, al emplear el citado precepto la palabra será, motivo por el cual se me negó el derecho y la oportunidad de participar en las deliberaciones para aclarar, justificar y defender las observaciones que presenté, con lo que el Poder Legislativo demandado, inobservó y dejó de aplicar lo dispuesto por los artículos 50, 55 y 69, fracción IX, de la Constitución Política del Estado, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 145 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, lo que implica incumplimiento a las formalidades y trámites del procedimiento legislativo, estado de indefensión, así como violación a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, todo ello en perjuicio de este Poder Ejecutivo. Segundo. El Poder Legislativo demandado, a través del dictamen y Acuerdo Número 132, desechó por improcedentes las observaciones que presentó al Decreto Número 8607; sin embargo, basta comparar el pliego de observaciones que formulé con el dictamen y acuerdo referidos, para cerciorarse que éstos no son claros, precisos, exhaustivos ni congruentes respecto a tales observaciones. En efecto, algunas de éstas no fueron resueltas y el resto no fueron suficientemente contestadas, al incluirse aspectos que no formaron parte de las observaciones, por lo que el dictamen no versó exclusivamente sobre éstas, careciendo además las respuestas de la claridad y precisión que el caso amerita. Con ello el Poder Legislativo demandado dejó de observar las formalidades y trámites del proceso legislativo, que para el dictamen y resolución de las observaciones establecen los artículos 50 y 55 de la Constitución Local; 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 142, 143 y 145 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, lo que se traduce además en violación a los principios de legalidad y de seguridad jurídica consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, todo ello en agravio de este Poder Ejecutivo, razón por la que ante esa H. Suprema Corte de Justicia, ratifico lo expuesto en las mencionadas observaciones, para que tenga a bien determinar lo que en derecho corresponda. Tercero. Atendiendo al principio teórico fundamental sobre el tema del Ministerio Público, encontramos que una de sus características esenciales es la unidad, motivo por el cual, funcionarios que en Nayarit integran su estructura orgánica, tales como el director de control de procesos, el director de averiguaciones previas y el subprocurador, por la naturaleza de su encargo, son especies del género del agente del Ministerio Público propiamente dichos, es el grado de jerarquía y la especialidad de las funciones que legalmente tienen encomendadas, tan es así que en el capítulo II, título quinto de la Constitución Política de Nayarit, únicamente se alude a los agentes del Ministerio Público, de ahí que el fiscal contra delitos electorales, por la naturaleza de la función a desempeñar, no deja de ser una especie de agente del Ministerio Público, que forma parte de la estructura de la Procuraduría General de Justicia y, por ende, de la organización administrativa del Poder Ejecutivo; por consecuencia, su designación o nombramiento no puede recaer en otro poder público distinto a éste. Además, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, por previsión reglamentaria o por acuerdo del procurador, podrá contar con agencias del Ministerio Público especializadas para el conocimiento, atención y persecución de los delitos específicos cuya trascendencia, interés y características así lo ameriten y en ese sentido, el nombramiento aprobado por el H. Congreso, del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, como parte integrante de la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, resulta ser innecesario, toda vez que en los artículos 16, párrafo último y 20 de la ley orgánica de la mencionada procuraduría, y artículo 6o. del reglamento interior de la propia dependencia, ello ya se encuentra previsto, al establecer como una de las facultades del procurador general de Justicia del Estado, la creación de agencias del Ministerio Público especializadas en la investigación de los hechos que se consideren como delitos en cualquiera de las áreas del derecho penal y dentro de las mismas, es indudable que se puede estimar la correspondiente a la de los delitos electorales. Por otra parte, desde el ámbito presupuestario, de acuerdo a las estadísticas que obran en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se demuestra que las conductas ilícitas observadas en los últimos procesos electorales fueron mínimas, lo que conlleva a estimar que la creación de una estructura de la naturaleza que se plantea en el decreto legislativo impugnado, sólo viene a generar una injustificada erogación importante de recursos públicos, en perjuicio de los programas y acciones que la administración pública estatal está obligada a mantener y llevar a cabo en beneficio del pueblo nayarita, sin embargo, esto no significa que el Ejecutivo a mi cargo desatienda las denuncias relacionadas con ilícitos de carácter electoral, sino todo lo contrario, prueba de ello es que para su debida atención y resolución, con fecha 26 de noviembre de 1999, se signó por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un acuerdo de colaboración con la Procuraduría General de la República, así como con las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal y las demás entidades federativas, con la intervención de la Fiscalía Especializada para la atención de los Delitos Electorales, con la finalidad de facilitar la atención de los asuntos que se originen con motivo de denuncias formuladas con respecto a la probable comisión de delitos electorales, tanto del fuero federal como del fuero común; acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 5 de febrero del año 2000. Asimismo, el procurador general de Justicia del Estado, para el proceso electoral del año 2002, haciendo uso de sus facultades, emitió un acuerdo administrativo para la creación de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos electorales, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el día 29 de junio de ese mismo año. Todas estas acciones llevadas a cabo dieron como resultado una debida atención a las pocas denuncias presentadas en materia electoral, sin alterar el presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por todo ello, se afirma que resulta inconveniente la creación de la Fiscalía contra Delitos Electorales en el Estado de Nayarit, así como el nombramiento de su titular evidenciándose así que su creación no se encuentra justificada ni, por ende, motivada como lo exige el artículo 47, fracción V, de la Constitución Política Local por lo que el decreto y acuerdo impugnados son contrarios a los principios de legalidad y de seguridad jurídica consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en agravio de este Poder Ejecutivo. Cuarto. El decreto y acuerdo impugnados, vulneran los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Poder Legislativo invade el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, sin que exista fundamento legal que lo faculte a realizar nombramientos fuera de las atribuciones que tiene encomendadas por la Constitución Local, ya que es ésta la que expresamente establece que los agentes del Ministerio Público (como se expresó con antelación respecto al género, el titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, es un agente del Ministerio Público) serán nombrados y removidos por el procurador general de Justicia del Estado, el cual viene a formar parte de la administración pública centralizada y de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las secretarías del despacho y la procuraduría tendrán igual jerarquía y entre ellas no habrá, por tanto, preeminencia alguna. En el mismo ordenamiento se precisa en su artículo 41, fracción XVII, que el procurador tiene además de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, la de designar, remover o adscribir a los agentes del Ministerio Público, así como coordinar y supervisar su actuación para que se apeguen a los procedimientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado y en los demás ordenamientos legales aplicables. Es por esto que se considera la existencia de invasión de esferas competenciales, toda vez que, como se expuso con anterioridad, existen ordenamientos constitucionales que prohíben tal acto, al existir la facultad de que un poder, en este caso el Ejecutivo, realice los nombramientos dentro de su propia administración. En apoyo a los anteriores razonamientos, resulta aplicable, por analogía, la tesis número P. CLVIII/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que aparece publicada a foja 33, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; la cual es del tenor siguiente: ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN. Del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49 establece como nota característica del Gobierno Mexicano, el principio de división de poderes al señalar expresamente que «El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.» Determinando en su segundo párrafo, como regla general, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada poder. Por otra parte, también se aprecia que ambos principios no implican que los poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno tiene señaladas sus atribuciones (73, Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores; 77, facultades de ambas Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra; 78, atribuciones de la Comisión Permanente; 79, facultades de la autoridad de fiscalización superior de la Federación; 89, facultades y obligaciones del presidente de la República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los tribunales del Poder Judicial de la Federación), del examen de las mismas se aprecia que en varios casos se da una concurrencia de poderes, como ocurre, por ejemplo, en la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace la designación, y el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, que presenta ternas para que de ellas se seleccione a quienes se designe. Conforme al principio de supremacía constitucional, cabe inferir que cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las mismas deben estar expresamente señaladas en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene dentro de sus atribuciones dictar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones especificadas, relativas a las facultades y deberes de cada poder. Por consiguiente, las fracciones XXIV y XXX del artículo 73, que precisan como facultades del Congreso de la U
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19506-9c9f8d97/controversia-constitucional-el-analisis-de-validez-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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