Corpus
Modo: Corpus Pro

PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ESTATAL. EL ARTÍCULO 69 A DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT QUE LES PROHÍBE COALIGARSE O FUSIONARSE DURANTE SU PRIMERA ELECCIÓN INMEDIATA POSTERIOR A SU REGISTRO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA CONTIENDA. PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO ESTATAL. EL ARTÍCULO 69 A DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT QUE LES PROHÍBE COALIGARSE O FUSIONARSE DURANTE SU PRIMERA ELECCIÓN INMEDIATA POSTERIOR A SU REGISTRO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBRE ASOCIACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 170/2007. · Registro digital (IUS): 21181
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO POLÍTICO DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 1376.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 170/2007. PARTIDO POLÍTICO DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día diez de abril de dos mil ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil siete en el domicilio particular de la funcionaria autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y

b) Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Normas generales cuya invalidez se cuestiona y el medio oficial en que se publicaron:

"Reforma y adición a diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicado (sic) en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit el sábado 17 de noviembre de 2007."

Dicho decreto se publicó en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el diecisiete de noviembre de dos mil siete.

SEGUNDO. Artículos constitucionales que se señalan como violados. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 9o., párrafo primero, 14, 16, 35, fracción III, 41, párrafo segundo, fracciones I y II y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hizo valer el partido político promovente son, en síntesis, los siguientes:

1. Primer concepto de invalidez. Las violaciones graves al procedimiento legislativo violan lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, por la indebida fundamentación y motivación del acto de autoridad mediante el cual se aprobó la norma impugnada, por la falta de razonabilidad y la desmedida urgencia, falta de debate, con que se aprobó una reforma legal mediante un "mayoriteo" que no fue producto de un procedimiento legislativo democrático, sino de una reforma con dedicatoria, atendiendo a intereses particulares, que no de la generalidad, y que tiene un objetivo claro de obstaculizar los derechos de asociación política-electoral de un número considerable de ciudadanos nayaritas que actualmente se encuentran en proceso de formación de un partido político, así como de los partidos políticos que les llaman "chicos", inobservando las disposiciones legales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, normas que en el procedimiento legislativo debieron adoptarse (sic), en armonía con las normas constitucionales citadas, no siendo razonable la urgencia y falta de reflexión que se advierte con claridad del estudio integral del contexto y de las circunstancias en que se desarrolló la reforma legal viciada de inconstitucionalidad desde la presentación de la iniciativa hasta su promulgación y publicación oficial.

El promovente sostiene que es procedente el estudio de violaciones cometidas en el procedimiento legislativo en una acción de inconstitucionalidad, en atención a la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA."

De igual forma, aduce que sirve de apoyo en cuanto a la procedencia del estudio, en vía de acción de inconstitucionalidad, de la razonabilidad y debida fundamentación y motivación del proceso legislativo, lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, que fueron promovidas por diputados de la XVIII Legislatura del Estado de Baja California y los Partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo, en las que se resolvió la invalidez del Decreto Número 253 publicado el dieciséis de octubre de dos mil seis.

Expuesto lo anterior, es menester fijar los preceptos que rigen el procedimiento legislativo en el Estado de Nayarit. Para ello, es menester hacer hincapié, primeramente, dentro del recorrido que debe seguir el proceso de formación de leyes que, en tratándose de la materia electoral, la Constitución Política del Estado de Nayarit establece en su artículo 50 lo siguiente: (se transcribe). La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en su literalidad lo siguiente: (se transcribe). Asimismo, en el diverso artículo 99 estipula en forma general las etapas del proceso legislativo al contemplar (se transcribe). Etapas que también se puntualizan en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en su artículo 88, al ponderar: (se transcribe).

Definidas bien las etapas del proceso legislativo, sostiene que es menester destacar las violaciones graves cometidas en la reforma que, sin duda alguna, es inconstitucional, y que por ello se solicita su invalidez.

a) Estudio y dictamen de la comisión: Una vez listado el asunto para su lectura en asamblea, se turnó a la comisión respectiva, que en el presente caso fue la de Gobernación y Puntos Constitucionales, la que trabajó también violando gravemente el procedimiento legislativo, al incumplir con diversas disposiciones que le obligan su observancia y cumplimiento, toda vez que de inmediato citaron por memorándum a los miembros de la misma a sesión a celebrarse el mismo día; ahora bien, se pregunta: ¿Qué establece el proceso legislativo que debe observarse en el trabajo de comisiones? Para dar respuesta a ello se cita el contenido de los artículos 76, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 64, 108, 111, vinculados también con el 165 y 267, todos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que establecen en su literalidad: (se transcribe). De lo anterior, se advierte que, en primer término, la iniciativa turnada no fue leída, discutida y aprobada en el orden tiempo de su presentación, puesto que apenas había sido presentada unas horas antes; tampoco analizada y debatida colegiadamente, puesto que unas horas después ya estaba elaborado el dictamen, y de su simple lectura se advierte que no se hizo un estudio integral del asunto, no se expusieron ordenadamente los motivos y antecedentes del tema, sino que únicamente se limitó a transcribir la exposición de motivos de la iniciativa y no realizó ningún estudio jurídico de las cuestiones que pretende regular.

b) Registro del dictamen en el orden del día de la sesión: Después de ello, el proceso legislativo establece que debe enlistarse el dictamen para que se ubique en el orden del día, sostiene que es importante señalar que entre la elaboración del dictamen, en esta etapa, se inobservó el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que establece: (se transcribe).

c) Observar cuando menos dos lecturas del dictamen: Apunta que esta previsión toral del proceso legislativo, en virtud de haberse violentado en las reformas a la Ley Electoral, es motivo suficiente para su invalidez, por dar al traste con su reglamentación, no permitiendo el análisis, reflexión, debate, publicidad, contraviniendo disposiciones de orden público y haciendo nugatorio el uso de recursos jurídico-procesales contenidos en la propia ley. Es decir, en el proceso legislativo deben observarse cuando menos dos lecturas al dictamen, mismas que no fueron hechas, toda vez que fue enlistado y votado en la misma sesión, resolviendo sin argumento, motivo y, mucho menos, justificación alguna que era asunto urgente y de obvia resolución.

Se pregunta: ¿Cuándo estamos ante un asunto urgente y de obvia resolución? ¿Pueden válidamente los legisladores considerar que sí y no hacer motivación alguna? ¿Esto es analizable en acción de inconstitucionalidad? Todas estas preguntas también se las hicieron los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de enero de dos mil siete las acciones de inconstitucionalidad número 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para resolver cuando hay motivo de urgencia para dispensar la lectura del dictamen de las sesiones.

La cita es ilustrativa y aplicable al caso concreto, en virtud de que, como se sostiene en los antecedentes, no hubo razón alguna para tener el asunto como urgente y de obvia resolución, figura del proceso legislativo que se encuentra prevista en los artículos 113 al 117 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que en su literalidad establecen: (se transcriben). De los anteriores artículos se colige que la dispensa de trámite se da con el fin de que el proceso legislativo se aparte de lo ordinariamente previsto y se pase de inmediato a su votación, se establece que procederá cuando se compruebe la notoria urgencia y obvia resolución del asunto. Serán desechadas las solicitudes que argumenten necesidades técnico-procesales o de simple economía procesal. Es decir, concluye que debe existir una justificación sustantiva que, a guisa de ejemplo, se establece cuando el asunto legislativo traiga aparejado un beneficio de interés general para la población y la resolución legislativa permita la solución de un problema jurídico, político, económico, o social, o cuando esté inmediatamente próxima la conclusión del periodo de sesiones o exista una situación considerada de emergencia y la tramitación del asunto sea de naturaleza fundamental y necesidad prioritaria.

En el presente caso, considera que, definitivamente, no se actualiza una causa de urgencia, toda vez que, como ya fue expuesto, la reforma que se introdujo fast track no era un asunto que de no aprobarse hubiera causado perjuicio al interés general. Para ilustrar mejor el punto, es importante destacar cómo interpretaron los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su debate que sienta un precedente importantísimo para que en lo futuro las legislaturas ya no realicen reformas y leyes al vapor, por consigna, sesgadas o con dedicatoria:

"Señor Ministro Genaro Góngora Pimentel." (se transcribe).

Los argumentos del Ministro Góngora Pimentel son tajantes en cuanto a lo que debe entenderse como justificación de urgencia, esto es, que de no aprobarse inmediatamente la reforma o la ley se ocasionaría un perjuicio al interés general y lo demás es el abuso de las mayorías legislativas, el avallasamiento de las minorías y la violación grave al proceso legislativo.

"Señora Ministra Margarita Luna Ramos." (se transcribe).

"Señor Ministro José Ramón Cossío Díaz." (se transcribe).

Expuesto lo anterior, se retoman con el debido respeto los singulares argumentos de los señores Ministros que, sin duda alguna, por haber obtenido la votación necesaria para ser tesis de jurisprudencia serán un precedente importantísimo para evitar lo más que se pueda que las violaciones graves al proceso legislativo que, sin duda alguna, contravienen el artículo 16 constitucional, sigan dándose por el mayoriteo de las mayorías parlamentarias.

d) Se hizo nugatorio el derecho a interponer la moción suspensiva: La moción suspensiva es otra figura jurídico-procesal que se establece en el artículo 132 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en los siguientes términos: (se transcribe). Se hizo nugatorio el derecho a interponer dicha moción suspensiva que procede cuando se considera que hace falta información necesaria para dictar la resolución, o el dictamen hubiere sido presentado con inconsistencias de orden técnico, como en el presente caso aconteció, pero al establecerse, como requisito de procedibilidad, presentarse un día antes de la sesión donde sería sometida a discusión, por haberse listado, dispensado la lectura, discusión y aprobación en la misma sesión, considera que es evidente que se hizo nugatoria la interposición de tal figura jurídico-procesal, lo que constituye una violación grave al proceso legislativo.

e) Promulgación y publicación: El Ejecutivo Estatal tiene un derecho trascendental en el proceso de formación de leyes, que consiste precisamente en poder realizar observaciones en torno a los decretos que se le envían aprobados por el Legislativo, lo que constituye también un instrumento de control en la eficacia, una etapa más del análisis y reflexión sobre el tema; que, sin duda alguna, no se agota cuando, con evidente premura, ya que la sesión del día dieciséis de noviembre de dos mil siete, acabó en el transcurso del día, por lo que del envío formal del decreto, su revisión, promulgación y publicación en la misma fecha, sin duda alguna, se colige que todo ello se llevó con una urgencia injustificada, que violenta el proceso legislativo, analizado en forma integral y como una concatenación de etapas sucesivas, a la luz de lo planteado por los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como criterios objetivos para establecer cuándo se actualiza dicha violación al artículo 16 constitucional.

2. Segundo concepto de invalidez: Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estima infringidos son: 9o., párrafo primero, 35, fracción III, 41, bases I y II, y 116, fracción IV. Lo constituye la falta de razonabilidad en el aumento desmedido de los requisitos para conservar el registro como partido político estatal, obstaculizando el derecho de asociación en materia político-electoral.

Lo anterior se advierte, estima, al aumentar de forma irracional y sin tener una base justificada en la realidad para establecer que ahora cuando un partido político estatal no obtenga el dos por ciento de la votación total en una sola elección, ya perdería el registro, lo que aunado a que aumentaron el requisito para lograr un nuevo registro, y lo hicieron punto menos que imposible, que no legislaron las candidaturas ciudadanas, se colige que lo que quieren los partidos políticos mayoritarios es monopolizar el acceso a los cargos de elección popular.

II. Antes de la reforma se tenía como causal a cuya verificación se perdía el registro como partido político estatal la siguiente: (se transcribe)

Las reformas electorales realizadas a dicho numeral de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit no se pueden desligar de las reformas al artículo 31 de la misma, de fechas veinticuatro de diciembre de dos mil seis y la contrarreforma de veintidós de marzo de dos mil siete, puesto que en las mismas ya se puso de manifiesto el mayoriteo de dos partidos políticos, avasallando a las minorías, para lograr que los requisitos para que una organización pudiera obtener su registro como partido político estatal fueran punto menos que imposibles; también no quisieron legislar en materia de candidaturas ciudadanas, no obstante que los tratados internacionales así lo recomiendan y después de todo eso aumenta sin ninguna justificación las hipótesis de pérdida de registro como partido político estatal, lo que afecta "al único partido político que existimos" y que lleva dedicatoria para uno más que está en proceso de formación (Juntos por Nayarit); lo que viola el derecho a la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos de nuestra nación, consagrado en el artículo 9o. constitucional, el cual salvaguarda el derecho de asociación de los ciudadanos de la República con un fin lícito en los asuntos políticos del país, donde claramente ésta dice que: (se transcribe). De igual forma se vulnera el artículo 35, fracción III, de la Carta Magna que establece: (se transcribe).

Lo anterior en relación también con los artículos 41, fracción I y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, al tenor con lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 2/2004 sustentada por el Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

III. En este orden de ideas, es necesario precisar que los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales prevén: (se transcriben).

IV. De las disposiciones constitucionales reproducidas se desprende, en lo que al caso interesa, que los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral; que dichos partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; que los Estados cuentan con la facultad de regular en su Constitución y leyes secundarias, la materia electoral en la que, entre otros aspectos, deben garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad, proporcionalidad, certeza e independencia en el ejercicio de la función electoral.

Acorde con lo anterior, el promovente sostiene que se advierte que, si como en el caso, el ejercicio de las referidas garantías individuales se relaciona con la materia electoral, deben interpretarse conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, en la que se regulan todos aquellos aspectos relativos a la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En efecto, de la interpretación de los artículos 41, fracción I y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, puede concluirse que la misma prevé un sistema electoral en el cual un aspecto toral lo constituye la regulación del actuar de los partidos políticos como entidades de interés público cuya finalidad principal es hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público conformando la representación nacional.

Dichos artículos establecen bases generales y, en lo concerniente a los requisitos para la conformación de un partido político y la conservación de su registro, las Legislaturas Estatales tienen la facultad y soberanía para establecerlos, pero ésta, como toda autoridad, debe estar regida por un criterio de razonabilidad, que permita garantizar el libre derecho de asociación en materia política.

De la transcripción y estudio comparativo del punto toral que nos ocupa, esto es, la hipótesis de pérdida de registro como partido político estatal prevista en el artículo 70, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se obstaculiza dicho derecho de asociación, al endurecer dicha causal sin tener ninguna base en la realidad, ni desprenderse de ningún estudio, necesidad o problemática a resolver, puesto que los partidos políticos estatales nos vemos en la necesidad de competir frente a instituciones con registro nacional, que tienen apoyo de otras entidades federativas, las que se vuelcan en los procesos electorales y con figuras públicas que fortalecen sus campañas, además de los recursos que a nivel federal les llegan, por ello, era racional que se nos diera la oportunidad de que, de no obtener en una elección una votación de cuando menos el dos por ciento del total, nos sometiéramos nuevamente al escrutinio de la sociedad, aspecto que fue reformado en forma dogmática y abusiva y dentro de un contexto que atenta contra el derecho de las minorías para estar representados en los puestos de elección popular, violentando los citados preceptos constitucionales y, además, tratados internacionales.

V. El partido político promovente se pregunta: ¿Por qué afectaría si existen otros partidos políticos? Ya que, en cuanto hace a la libertad de asociación consagrada en los artículos 9o. y 35, fracción III, de la Constitución Federal, que se estima se transgrede con las aludidas disposiciones impugnadas, implica la potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral con personalidad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la conclusión de objetivos plenamente identificados cuya realización es constante y permanente.

VI. Lo anterior lo destaca la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 40/2004, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, CON APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA.", citada en líneas precedentes como aplicable al caso concreto, por establecer lo relativo a la razonabilidad en los requisitos que soberanamente pueden establecer las Legislaturas Locales para la formación de partidos políticos estatales, y conservar su registro, que puntualiza, además, lo siguiente en su ejecutoria que al caso expresa: (se transcribe).

3. Tercer concepto de invalidez: Violaciones al principio de generalidad y abstracción de las leyes (legislar con dedicatoria). La parte promovente sostiene que si bien la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza abstracta en la que no es factible analizar agravios que pudiera sufrir en concreto una persona física o moral, en el presente apartado, y con el único fin de acreditar una violación grave al principio toral del trabajo de formación de leyes que es, precisamente, su carácter general, es que se establece lo siguiente:

El licenciado Ney González Sánchez (autoridad que promulgó el decreto que se impugna) resultó electo Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en una elección muy competida en dos mil cinco, que incluso fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el candidato que abanderó "nuestro partido", junto con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia, siendo el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien obtuvo una votación superior al cuarenta por ciento de la total emitida; el citado ex candidato a gobernador, para postularse, renunció al Partido Revolucionario Institucional, abanderado en un movimiento que denominó Juntos por Nayarit, coincidentemente dicho movimiento el veintidós de diciembre de dos mil seis dio aviso al Consejo Estatal Electoral de su intención de realizar una Asamblea Estatal constitutiva para obtener su registro como partido político estatal.

Es por ello que en la sesión de Pleno del Congreso el debate estuvo centrado precisamente en dicho aspecto, como se ve de las siguientes transcripciones (sic) de la sesión de veinticuatro de diciembre de dos mil seis.

En esa primera etapa, que se dio un proceso legislativo "coincidentemente" en el camino de una agrupación política para obtener su registro y que, de acuerdo con el expediente electoral que obra en el Consejo Estatal Electoral del Estado, le fue primero negado la procedencia del aviso, se fueron a un recurso de apelación, en la que ordenaron darle entrada a dicho aviso, en cumplimiento a esta resolución se atendió parcialmente lo solicitado por tal agrupación política y por ello se interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, todo ello en el camino para realizar su asamblea estatal constitutiva que se celebró el veinticinco de marzo de dos mil siete, en la cual nuestro partido estuvo presente como observador; en ese lapso es que precisamente se da la reforma y contrarreforma a un único artículo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Por ello es que considera el partido político promovente que la adición del artículo 69-A de la Ley Electoral del Estado de Nayarit lleva nuevamente dedicatoria particular, violentando el principio de abstracción, es lamentable que en el siglo XXI se siga utilizando el poder público para coartar derechos políticos fundamentales de un grupo de ciudadanos. Aquí ya no se puede alegar desconocimiento o buena fe; aquí ya es un modus operandi contumaz, reiterativo y planeado.

En efecto, en el decreto cuya validez se impugna se adicionó el numeral siguiente: (se transcribe).

Dicha previsión si bien a nivel federal ya se encuentra prevista e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya la ha declarado inconstitucional, a nivel local tiene otro contexto, pues, se insiste, los partidos políticos estatales por disposición normativa compiten en las elecciones locales con los de registro nacional, quienes tienen mayor facilidad para recibir apoyos de todo el país, en lo económico, en el desplazamiento de simpatizantes y afiliados para apoyar en las elecciones, en fin, de todo lo que implica tener presencia nacional y sobre todo porque en el contexto actual no cabe duda que dicha reforma tiene dedicatoria a tal organización política en proceso de registro y también para el PRS (sic) como único partido local, violentándose los derechos de asociación política de todos nuestros militantes, relacionado con el principio de abstracción que toda norma jurídica debe atender, por ello es que solicitamos se verifique la constitucionalidad de tal precepto en el ámbito local.

CUARTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada.

Poder Legislativo del Estado de Nayarit

"Efrén Velázquez Ibarra, mexicano, mayor de edad, casado, diputado a la XXVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Nayarit, tal como lo acredita con la constancia de mayoría y validez, de fecha 11 once de julio del año 2005 dos mil cinco, expedida por el Consejo Estatal Electoral; y actualmente presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, cargo que le fue conferido mediante Acuerdo Parlamentario, de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2005 dos mil cinco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción primera, y 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 26 y 28, en su fracción novena, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; documental que exhibo en copia certificada. Señalando como domicilio legal para recibir todo tipo de citas y notificaciones el ubicado en calle Edgar Alan Phoe (sic) número 102, colonia polanco, código postal 11550, Delegación Miguel Hidalgo, México Distrito Federal y autorizando como delegados para los efectos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los ciudadanos Licenciados, Manuel Salinas Solís, Alejandro Talavera Tovar, Gabriel Romero Martínez, Carlos Alberto Hernández Olimón, Héctor Manuel Arias Flores, Edith Oceguera Vargas y/o la pasante en derecho Flora Esmeralda López Carrillo, para que intervengan indistintamente en la presente acción de inconstitucionalidad; ante usted Ministro instructor, con el debido respeto comparece para exponer lo siguiente:

"Con las facultades que me otorga el artículo 36 de la Ley Orgánica del Estado de Nayarit, sostiene, se presenta en tiempo y forma, en representación de este poder, a dar contestación, en los términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, a la acción de inconstitucionalidad que promueve el Partido del Trabajo, en contra de mi representado y que, sostiene, se le comunicó mediante oficio 7462, de fecha 18 de diciembre de 2007 y recepcionado ante la Oficialía de Partes del H. Congreso de Estado el día 7 de enero del 2008; a efecto de defender la constitucionalidad de la reforma a la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial con fecha 17 diecisiete de noviembre de 2007, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Nayarit, se permite presentar las siguientes razones y fundamentos:

"En cuanto a la materia de la presente acción de inconstitucionalidad:

"En virtud de lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra facultada para conocer de las acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Federal.

"En este punto, es dable precisar que el medio de control constitucional denominado acciones de inconstitucionalidad, fue instaurado por el Constituyente Permanente con la finalidad de dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y los ámbitos de competencia federal, local y municipal por actos o normas generales que pudieren afectar las facultades o competencias que la Constitución Federal otorga a cada una de ellas, es decir, por medio de este proceso se busca garantizar el principio de división de poderes y de competencias consagrado en la Norma Fundamental; atendiendo para ello, la flexibilidad de las atribuciones constitucionales que les son obsequiadas a cada uno de ellos, sin dejar de observar por ese Alto Tribunal Jurisdiccional, el interés social de la ciudadanía.

"Lo anterior se corrobora de lo expuesto en la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal acompañó a la iniciativa de reformas al artículo 105 constitucional, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y que en lo conducente señala:

"‘Consolidar a la Suprema Corte como Tribunal de Constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, ex

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21181-d09d7165/partidos-politicos-con-registro-estatal-el-articulo-69 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.