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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA DE LA LEGALIDAD ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 151, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 28 DE FEBRERO DE 2007, QUE ESTABLECE UNA NUEVA FORMA DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REFERIDA CONTRALORÍA, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO SE TRATA DE UNA MODIFICACIÓN FUNDAMENTAL A LAS NORMAS QUE RIGEN LAS ELECCIONES LOCALES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 141/2007. · Registro digital (IUS): 20257
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 1227.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 141/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de mayo de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el treinta de marzo de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó se declarara la invalidez del Decreto 151, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el veintiocho de febrero de dos mil siete, en virtud del cual se reformó el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral de esa entidad federativa.

El texto anterior y el vigente de la disposición legal reclamada es el siguiente:

Ver texto 1

SEGUNDO. El procurador general de la República señaló como autoridades emisoras del Decreto 151 reclamado al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, y señaló que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 105, fracción II, penúltimo párrafo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales se sintetizarán en la parte considerativa de la presente ejecutoria.

TERCERO. Mediante proveído de dos de abril de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente respectivo con el número 141/2007, y designó por razón de turno a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso proveído del día siguiente admitió a trámite el asunto y consideró pertinente solicitar opinión acerca del caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e informe al Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral local.

CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por medio de su consejero jurídico, licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez, rindió informe y dio contestación a la demanda en el sentido siguiente:

a) El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas únicamente se limitó a cumplir con su obligación de promulgar el decreto de reformas reclamado.

b) No todas las reformas a la legislación electoral se encuentran supeditadas a la restricción constitucional de reformar leyes de esa materia, sino que, a contrario sensu, aquellas que no sean fundamentales para el proceso electoral o para la ciudadanía, pueden modificarse en cualquier momento, incluso ya iniciado el mismo.

c) La reforma reclamada no reviste el carácter de modificación fundamental, en tanto que no rompe con los mandatos que regulan el proceso electoral, es decir, las reglas fundamentales que lo rigen quedan intocadas, ya que se refieren a la elección del titular de un órgano electoral, tratándose de un acto interno del mismo, lo que no constituye una afectación a ningún partido político.

d) Las atribuciones de la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas no fueron modificadas, adicionadas o restringidas, lo cual sí constituiría una reforma fundamental a una ley electoral; pero al tratarse de una modificación del régimen interno de la contraloría, en modo alguno puede considerarse como una reforma fundamental, pues la forma de organización interior de ese órgano autónomo se ajusta a parámetros claros y legítimos, como son que se trata de un organismo con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; y sus integrantes son designados por el propio Poder Legislativo, por lo cual no se controvierte la función encomendada, porque tampoco se modifican, adicionan o restringen las facultades de este ente público.

e) Conforme al artículo 9o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas, la citada autoridad funciona en Pleno, el cual se integra por tres contralores, cuyo presidente es designado en sesión por los mismos servidores públicos, y sus decisiones son adoptadas por mayoría de votos; y es obvio que la norma impugnada no establece que el actual presidente tenga que ser ratificado, sino que esto puede o no ocurrir.

f) La adecuación de la legislación orgánica de la contraloría fue con el objeto de garantizar plenamente que todo procedimiento iniciado ante cualquiera de sus ponencias, durante un proceso electoral, se concluya por un mismo contralor.

g) Con la reforma en comento, directa o indirectamente no se da pauta a la creación de órganos administrativos para fines electorales, ni se modifican los principios y procedimientos de la organización de las elecciones; tampoco se modifica el financiamiento público o se altera la comunicación social de los partidos; mucho menos se trastocan los límites de las erogaciones y montos máximos de las aportaciones, ni se legisla sobre delitos y faltas administrativas y sus sanciones.

h) Para la designación del presidente de la citada contraloría, se requiere de la realización de un acto futuro e incierto y de naturaleza colegiada, de manera que potestativamente pueda determinarse si se hace una reelección, o bien si se hace la designación de un nuevo presidente.

i) Ninguno de los partidos políticos nacionales evidenció inconformidad alguna respecto a la reforma reclamada, con lo cual se concatena la legitimidad de su procedencia, más aún cuando estos entes políticos se encuentran igualmente representados en las diferentes fracciones parlamentarias en la LXII Legislatura de la entidad, misma que, en su carácter de poder público representativo de la ciudadanía, aprobó por mayoría de los diputados presentes, dicho decreto.

j) El vocablo "certeza", se refiere a que todos los actos de los órganos electorales sean, además de verificables, reales e inequívocos, confiables, derivados de un actuar claro y transparente; y es el caso que la reforma reclamada representa una medida que garantiza total certidumbre e imparcialidad en la actuación de la contraloría, habida cuenta que lo que se busca es no dar pauta a ninguna suspicacia respecto de los procedimientos investigatorios que tuvieran turnados, en una segunda ocasión, a un nuevo contralor, en atención a la alternancia en el cargo de presidente, retrasando y obstaculizándose la buena marcha de los expedientes.

k) Del escrito del promovente no se desprenden razonamientos lógico-jurídicos que demuestren que la reforma combatida resulta sustancial, por lo que deben considerarse dogmáticos y meras aseveraciones sin fundamento jurídico alguno.

Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Chiapas en su informe manifestó, en esencia, lo siguiente:

a) Del texto de la reforma reclamada puede advertirse que no se afecta ninguna de las etapas de la elección (preparación, jornada electoral y fase posterior a la elección), pues la reforma que se impugna solamente trasciende a la organización interna de la contraloría.

b) La reforma lejos de constituir una acción fundamental que afecte el proceso electoral, representa una medida que garantiza los principios de certidumbre e imparcialidad a que deben sujetar su actuación los integrantes de la Contraloría de Legalidad Electoral. De ello se desprende que los procedimientos investigatorios que habiendo sido conocidos por cualquiera de los contralores electorales, no sean turnados en una segunda ocasión a un nuevo contralor, en atención a la alternancia en el cargo de presidente, retrasando y obstaculizándose la buena marcha de los expedientes.

c) Los argumentos vertidos por la Procuraduría General de la República, no constituyen razonamientos lógico-jurídicos tendentes a demostrar por qué resultan sustantivas las reformas planteadas.

d) La reforma en comento de ninguna manera regula el proceso electoral, ya que no va más allá de establecer que para la designación del presidente de la contraloría, se requiere de la realización de un acto futuro e incierto, y de naturaleza colegiada, de manera que potestativamente pueden determinar si existe una reelección hasta por dos años, o bien designar a un nuevo presidente por el periodo de dos años.

e) Es evidente que la reforma reclamada no es fundamental ni medular en el proceso electoral y bajo ninguna circunstancia conculca los preceptos constitucionales que se estiman violados en el escrito inicial.

QUINTO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso la siguiente opinión:

"Consideraciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en respuesta a la consulta formulada por la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El objeto de la opinión prevista en el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su calidad de órgano especializado en la materia, proporcione a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los mayores elementos posibles para el examen y solución de cuestiones planteadas en la acción de inconstitucionalidad cuando se trate de normas electorales, para que de esta manera se aporte información técnica especializada.

"En la acción de inconstitucionalidad planteada por el procurador general de la República, mediante la cual solicita se declare la inaplicabilidad de la modificación contenida en el Decreto 151 que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiocho de febrero del año en curso, por haberse promulgado y publicado en contravención de los artículos 105, fracción II, penúltimo párrafo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Lo anterior debido a que, en concepto del accionante, el decreto combatido fue publicado con posterioridad al comienzo del proceso electoral estatal con lo que se violentan las previsiones constitucionales de que: i) las leyes electorales, federales o locales, sean promulgadas y publicadas cuando menos noventa días antes del inicio del proceso en que vayan a aplicarse, y ii) que durante el mismo no hayan modificaciones legales sustanciales.

"De forma concreta, el promovente aduce que:

"1) Las reformas fueron publicadas una vez iniciado el proceso electoral estatal, pues éste comenzó el pasado quince de enero, con la sesión que al efecto celebró el consejero general del Instituto Electoral de Chiapas;

"2) El contenido del decreto combatido será aplicado al proceso electoral en desarrollo, pues en ninguna parte del mismo se establece alguna previsión en contrario, y

"3) La reforma planteada resulta fundamental, pues el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado incide en el funcionamiento de un órgano colegiado, permanente y autónomo que ejerce funciones de autoridad en la materia, pues la modificación de la forma en que sus integrantes han de ejercer el cargo de presidente del mismo, implica que, con la entrada en vigor de la reforma de mérito, deberá elegirse a un nuevo presidente, retornándose los asuntos de su ponencia, con lo que, en opinión del accionante, se retrasaría y obstaculizaría la buena marcha de los expedientes abiertos por el órgano en cita.

"El accionante sostiene, pues, que el vicio del decreto impugnado consiste en la conculcación del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que durante el mismo, no puede haber modificaciones legales fundamentales.

"En opinión de esta Sala Superior, parece no existir mayor controversia respecto a la satisfacción del primer requisito necesario para concluir que se ha transgredido la prohibición constitucional invocada, consistente en que se reformen las leyes electorales dentro de los noventa días previos al inicio de los comicios o durante su desarrollo, toda vez que, conforme al artículo 111 del Código Electoral del Estado de Chiapas, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado debió sesionar el quince de enero de este año para dar inicio al proceso electoral encaminado a renovar a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, eso es, evidentemente en forma previa a la promulgación y publicación del decreto combatido.

"La cuestión entonces se centra en determinar si, como sostiene la parte actora, la reforma reviste la naturaleza de fundamental como exige la prohibición.

"Sobre este aspecto, conviene precisar que al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada (sic) la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ‘para establecer si la reforma fue realizada oportunamente, esto es, atendiendo a los plazos señalados en el dispositivo constitucional transcrito, debe analizarse previamente la naturaleza jurídica de la disposición impugnada materia de la reforma electoral de que se trata, a efecto de determinar si constituye una reforma legal fundamental o no ...’

"Estableció, además, que las disposiciones legales serán fundamentales en la medida en que recojan los principios rectores en la materia que rigen, porque no pueda prescindirse de ellas por la institución o principio que regula o porque se trate de reformas que impliquen una extensión y alcance considerables por tratarse de la variación de numerosos preceptos normativos.

"En la especie, el texto del artículo 4o. de la ley en comento, antes y después de la promulgación y publicación del decreto combatido, es el siguiente:

"(se transcribe).

"La comparación de ambos textos permite advertir lo siguiente:

"a) Se conserva el enunciado normativo que prevé la composición de la Contraloría de la Legalidad Electoral por tres miembros;

"b) A diferencia del texto anterior, ahora se precisa que las funciones de la presidencia serán ejercidas por un contralor electoral electo por el Pleno, empero, en realidad no se trata de una norma nueva, porque esa situación ya se encuentra prevista en el artículo 9o., cuya redacción se mantiene inalterada desde la promulgación de la ley en el año dos mil cinco;

"c) Se conserva el periodo de dos años de duración de la presidencia;

"d) Se elimina la rotación en las funciones por los contralores electorales, para ahora prever la posibilidad de una reelección inmediata por dos años más, por una sola ocasión, y

"e) Se aclara que la prórroga no incide en la duración del encargo, extremo normativo que podía ya deducirse de las disposiciones originales de la ley en cita, así como del artículo 19 de la Constitución Local, que en forma meridiana preveían un plazo de ocho años en la duración del cargo de contralor electoral, el cual no puede extenderse por una disposición sin sustento constitucional, y menos si se considera que los contralores electorales son designados por el Congreso, en tanto que el presidente es elegido entre los integrantes.

"De lo expuesto se tiene que la única premisa normativa realmente nueva es la precisada en el inciso d), toda vez que desaparece el imperativo legal de que los contralores electorales se alternen en las funciones de la presidencia cada dos años, para admitirse la posibilidad de una sola reelección inmediata, por un periodo de dos años más.

"Circunscrita en estos términos la reforma objeto de impugnación, esta Sala Superior opina que no se está en presencia de una modificación fundamental en los términos exigidos por el artículo 105 constitucional, ya que no se están alterando reglas esenciales del marco normativo que rige el procedimiento que permite a la ciudadanía participar para acceder al ejercicio del poder público, toda vez que, en primer término, permanecen intocadas las reglas que establecen la forma en la cual el proceso electoral debe desarrollarse, los plazos en los cuales deben sucederse los actos de inicio, preparación o celebración de los comicios, los términos y condiciones a satisfacer para que los partidos y ciudadanos estén en aptitud de participar en las elecciones, las condiciones de la contienda electoral, así como las atribuciones o facultades expresas conferidas a las distintas autoridades electorales, de modo que los participantes en el proceso comicial conozcan previamente y con claridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta.

"Efectivamente, en el decreto reclamado no se varían las facultades de la Contraloría de la Legalidad Electoral, contenidas primordialmente en el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral, ni las conferidas al Pleno del órgano (artículo 10), ni tampoco las atribuidas al presidente de la contraloría o a alguno de los integrantes de su estructura, ni propiamente de las reglas que condicionan su funcionamiento para el desempeño ordinario de sus tareas.

"Por el contrario, como se dijo, la única modificación real es en el sentido de permitir la reelección del contralor electoral que ejerce la función de la presidencia, por un solo periodo inmediato adicional de dos años más, disposición que no reviste la naturaleza de lo esencial o fundamental para los efectos del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta de que sólo tiene efectos limitados en la organización de dicho órgano, que comparado con el régimen preexistente, permite la reelección del presidente en los términos anotados, con lo cual no se trastocan ni el funcionamiento del organismo, ni por supuesto, las atribuciones del Pleno y del resto de sus órganos.

"En oposición a lo planteado por el procurador general de la República, la promulgación y publicación del Decreto 151 no conllevan por sí mismas, la renovación automática de la persona que ejerza las funciones de la presidencia en ese momento, puesto que no existe un mandato en dicho sentido, ni puede deducirse de la reforma adoptada, al no variarse el número de integrantes, las personas que fueron designadas en dos mil cinco, ni el periodo que dura el ejercicio de la presidencia, máxime que los transitorios del mencionado decreto sólo establecen:

"(se transcriben).

"En consecuencia, la renovación de la titularidad de la presidencia o la reelección de quien en este momento ejerza la presidencia de la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado debe tener verificativo de conformidad con lo dispuesto en las reglas aprobadas en el año dos mil cinco (año en que se aprobó la ley de mérito), es decir, a la conclusión del primer periodo de dos años.

"De ahí que no pueda sostenerse, como se hace en la demanda de la acción de inconstitucionalidad, que el decreto de reforma tenga como objeto directo la designación de un nuevo presidente, pues aun cuando no mediara dicha reforma, necesariamente tendría que operar al concluir el primer periodo de dos años, la sustitución del presidente, circunstancia que hace patente, adicional a lo que ya se ha expresado, que la modificación no reviste el carácter de fundamental.

"Por lo tanto, como todas las implicaciones que el accionante considera trascendentales tienen como base una premisa inexacta, no admiten servir de base para los efectos pretendidos.

"En atención a lo expuesto, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación opina:

"Único. El Decreto 151 que reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral de Chiapas, no tiene el carácter de reforma legal fundamental, para los efectos del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"México, Distrito Federal, a once de abril de dos mil siete.

"Magistrado presidente. Flavio Galván Rivera. Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Magistrado Constancio Carrasco Daza. Magistrado Manuel González Oropeza. Magistrado José Alejandro Luna Ramos. Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. Secretaria general de Acuerdos Silvia Gabriela Ortiz Rascón.". Firmas ilegibles.

SEXTO. El Instituto Estatal Electoral el once de abril de dos mil siete rindió el informe que se le solicitó, el cual en la parte medular señala:

"Tercero. Por lo tanto, y derivado del contenido de los dos puntos que anteceden, en sesión extraordinaria de fecha quince de enero del año que transcurre, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la voz de su consejero presidente, con la declaratoria de inicio del proceso ordinario del año 2007, dio inicio al proceso electoral ordinario 2007, para elegir diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos de los 118 Municipios de la entidad; y en cuanto al próximo proceso electoral ordinario, dará inicio el 15 de enero de 2010, en términos del artículo 111 del Código Electoral del Estado de Chiapas."

Transcurrido el plazo de dos días para formular alegatos, el cual transcurrió del viernes veinte de abril de dos mil siete, al sábado veintiuno siguiente, inclusive, se procedió a la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la invalidez del Decreto 151 mediante el cual se reformó el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa de veintiocho de febrero de dos mil siete.

SEGUNDO. Oportunidad. En primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El artículo 60(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el cómputo del plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada, y tratándose de materia electoral, todos los días son hábiles.

El Decreto 151 del Congreso del Estado de Chiapas que se reclama fue publicado el miércoles veintiocho de febrero de dos mil siete, en el Periódico Oficial de dicho Estado (fojas 23 del expediente), de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del jueves primero al viernes treinta de marzo de dos mil siete, conforme al siguiente calendario:

Ver calendario

Consecuentemente, si el escrito inicial que dio lugar a la acción de inconstitucionalidad 141/2007 fue presentado el treinta de marzo de dos mil siete, es incuestionable que la promoción se hizo dentro del plazo legal descrito.

TERCERO. Legitimación. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento (foja 22 del expediente).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del Decreto 151 del Congreso del Estado de Chiapas, el cual tiene el carácter de ley estatal, es necesario concluir que el procurador general de la República cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.(6)

CUARTO. Improcedencia. Los órganos legislativos responsables de la emisión de la ley reclamada no expusieron alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, y este Alto Tribunal no advierte que se actualice alguna de ellas.

QUINTO. Conceptos de invalidez. En la primera parte de su único concepto de invalidez el procurador general de la República expone el alcance que en su concepto tiene el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, el cual establece lo siguiente: "Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales."

Enseguida, se exponen en el escrito inicial las siguientes conclusiones:

a) La Contraloría de la Legalidad Electoral del Estado de Chiapas es un órgano permanente y autónomo que ejerce funciones de autoridad en materia electoral en la entidad, para lo cual está investida de personalidad jurídica y patrimonio propio y dentro de sus funciones están, entre otras, controlar, vigilar y fiscalizar las finanzas de los partidos políticos; investigar las violaciones a la ley; recibir, analizar y dictaminar los informes financieros trimestrales y anuales sobre los recursos públicos y privados que empleen los partidos para sus actividades permanentes; dictar las medidas preventivas para evitar que las autoridades difundan obras y programas un mes antes del día de la elección, así como para garantizar la imparcialidad de los servidores públicos e imponer las sanciones de su competencia relacionadas con las precampañas, campañas, financiamiento, precandidatos, candidatos y otras que deriven de la ley electoral, por lo que es claro que las funciones que ejerce la Contraloría de la Legalidad Electoral son sustantivas e importantes dentro del periodo electoral.

b) Es incontrovertible que la reforma es fundamental, pues impacta el correcto ejercicio de las funciones que competen a los servidores públicos que integran el Pleno de la Contraloría de la Legalidad Electoral, al modificar la forma en que los integrantes del órgano colegiado habrían de ejercer el cargo de presidente del mismo, al pasar de una presidencia en la que se alternarían sus integrantes cada dos años, a una cuya duración será de dos años con la posibilidad de una reelección por una sola vez, lo que entraña que a la entrada en vigor de la reforma impugnada se deba elegir un nuevo presidente una vez iniciado el proceso electoral.

c) El efecto de la designación del nuevo presidente de la Contraloría de la Legalidad Electoral, será el consecuente returno de los asuntos e investigaciones que en ese momento estuvieran en trámite en la ponencia del contralor ponente que resultara electo, lo que evidentemente retrasaría y obstaculizaría la buena marcha de los expedientes abiertos por la Contraloría de la Legalidad Electoral de Chiapas.

d) Si se toma en cuenta que la citada reforma es fundamental, se puede concluir válidamente que al publicarse la reforma durante el proceso electoral que inició el quince de enero de dos mil siete, la misma pugna con lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constitucionalmente no es posible que existan modificaciones legales fundamentales a las leyes electorales durante el proceso electoral.

e) El decreto que se combate, al transgredir lo previsto en el artículo 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución General de la República, infringe el artículo 133 de la Carta Magna, el cual consagra el principio de supremacía constitucional, que impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.

SEXTO. Son infundados los argumentos antes sintetizados como se pasa a demostrar.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de la prohibición para reformar leyes en la víspera o durante el proceso electoral, establece lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

(Adicionado, D.O.F. 22 de agosto de 1996)

"Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. ..."

En la exposición de motivos de la reforma constitucional publicada el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se expuso lo siguiente:

"Para crear el marco adecuado que dé plena certeza al desarrollo de los procesos electorales, tomando en cuenta las condiciones específicas que impone su propia naturaleza. Las modificaciones al artículo 105 de la Constitución, que contiene esta propuesta, contemplan otros tres aspectos fundamentales: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto vigente, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para impugnar leyes electorales; que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes a la Constitución sea la consignada en dicho artículo y que la leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustanciales, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los 90 días previos a su inicio, de tal suerte que puedan ser impugnadas p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20257-6596af3f/accion-de-inconstitucionalidad-alcance-de-la-expresion-modificaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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