ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de mayo de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de marzo de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, señalando como autoridades emisora y promulgadora y como norma cuya invalidez se reclama, las siguientes:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas. a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Veracruz, con domicilio en avenida Encanto, sin número, esquina calle Lázaro Cárdenas, Xalapa, Veracruz. b) Autoridad promulgadora. Gobernador de Veracruz, con domicilio en Palacio de Gobierno, avenida Enríquez, sin número, Centro, Xalapa, Veracruz, C.P. 91010. II. Normas generales cuya invalidez se reclama. Decreto 849 que reforma diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 27 de febrero de 2007, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. El procurador general de la República hizo valer el siguiente concepto de invalidez.
"Único. Violación del Decreto 849 que reforma diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los preceptos 105, fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: ‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a) a f) (sic). La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. ... III. ...’ ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. De los artículos constitucionales transcritos se desprende la obligación para que las leyes electorales federales y locales deban ser promulgadas y publicadas por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que durante el mismo proceso no puede haber modificaciones legales fundamentales. Asimismo, que la Constitución General de la República será la Ley Suprema de toda la Unión, atendiendo al principio de supremacía constitucional, por lo que las leyes que se emitan por el Congreso Federal y las Legislaturas Locales, deben atender a los lineamientos que estatuye. Ahora bien, la iniciativa de reformas a la Constitución Federal de 22 de agosto de 1996 establece: ‘... Conforme a la propuesta, la Corte conocerá sobre la no conformidad a la Constitución de las normas generales en materia electoral, al eliminarse de la fracción II del texto vigente del artículo 105 constitucional, la prohibición existente ahora sobre este ámbito legal. Para crear el marco adecuado que dé plena certeza al desarrollo de los procesos electorales, tomando en cuenta las condiciones específicas que impone su propia naturaleza, las modificaciones al artículo 105 de la Constitución que contiene esta propuesta, contemplan otros tres aspectos fundamentales: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto vigente, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para impugnar leyes electorales; que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes a la Constitución sea la consignada en dicho artículo y que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustanciales una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los noventa días previos a su inicio, de tal suerte que puedan ser impugnados por inconstitucionales, resueltas las impugnaciones por la Corte y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo competente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos.’. De lo anterior se advierte que la intención del Poder Reformador de la Carta Magna, al establecer la prohibición contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue, por un lado, que no pudieran promulgarse ni publicarse leyes electorales dentro de los noventa días previos al inicio del proceso electoral y, por el otro, que una vez iniciado el proceso electoral, las citadas normas no pudieran sufrir modificaciones fundamentales. Además, según se advierte de la exposición de motivos ya transcrita, la prohibición que se prevé en el numeral constitucional a estudio, en sus dos aspectos, se refiere a las leyes que vayan a aplicarse en un determinado proceso electoral, es decir, dicha prohibición únicamente opera si las leyes electorales que se emitan afectan el proceso electoral que iniciará en el plazo de noventa días; o bien, durante su desarrollo. En este orden de ideas, se puede concluir que en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República se establece una prohibición que atiende a dos hipótesis: a) Las leyes electorales federal o locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes del inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse; b) No podrá haber modificaciones fundamentales en las leyes electorales federal o locales durante el proceso electoral en que vayan a aplicarse. A fin de poder determinar cuándo inicia el proceso electoral en la citada entidad federativa, se estima pertinente acudir al análisis del Código Electoral local, el cual en sus artículos 185 al 187 establece: ‘Artículo 185. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado y este código, que realizan las autoridades electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendientes a renovar periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de los Ayuntamientos del Estado. El proceso electoral ordinario iniciará en el mes de enero y concluirá en el mes de octubre del año en que deban realizarse las elecciones de diputados y gobernador; para la elección de ediles, iniciará en el mes de enero y concluirá en el mes de noviembre del año correspondiente o, en su caso, hasta en tanto el Tribunal Electoral competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación pendiente de resolución. El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada electoral; y III. De los actos posteriores a la elección y los resultados electorales. Durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento.’. ‘Artículo 186. La etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión del consejo general del instituto y concluye al iniciar la jornada electoral; y comprende: I. La instalación del consejo general, en los primeros diez días de enero; de los consejos distritales, a más tardar el día treinta de abril; y de los consejos municipales a más tardar el día treinta de mayo; II. La designación de consejeros electorales distritales y municipales, conforme al siguiente procedimiento: a) La selección de consejeros electorales mediante convocatoria pública que emitirá el consejo general en segunda semana del mes de enero; b) Del primero de febrero al quince de marzo el consejo general, conforme a los criterios aprobados, relativos a la recepción y evaluación de las solicitudes que presenten los aspirantes, propondrán a dicho consejo los nombramientos de los consejeros correspondientes, con base en la lista de los ciudadanos que cubran los requisitos señalados en la convocatoria; y, c) El consejo general designará a los consejeros de los distritos en el periodo comprendido del dieciséis de marzo al quince de abril y a los consejeros de los Municipios del quince de abril al quince de mayo; III. La creación de las comisiones temporales o especiales para el proceso electoral o para la investigación de asuntos que ameriten atención; IV. La exhibición y entrega a los organismos electorales, y partidos políticos de las listas de electores por sección, en la fecha señalada para los efectos de las observaciones que, en su caso, hagan los partidos políticos, agrupaciones, asociaciones y ciudadanos en general; V. El registro de plataformas electorales, así como de convenios de frentes, coaliciones y fusiones que celebren las organizaciones políticas; VI. La ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, por los consejos distritales del instituto, en coordinación con los consejos municipales; VII. La publicación de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla; VIII. Las actividades relacionadas con las precampañas; IX. El registro de postulaciones de candidatos, fórmulas de candidatos y listas regionales, así como sustitución y cancelación de éstas, en los términos establecidos en este código; X. Los actos relacionados con la propaganda electoral; XI. El registro de los representantes de los partidos políticos ante los órganos del instituto; XII. La preparación y distribución de la documentación electoral aprobada y de los útiles necesarios para recibir la votación a los presidentes, o en su caso, a los secretarios de mesas directiva (sic) de casilla; XIII. El nombramiento del personal que colaborará en la organización y desarrollo del proceso electoral respectivo; XIV. La recepción y resolución de los medios de impugnación y, en su caso, de las faltas administrativas; y XV. Los actos y resoluciones dictadas en cumplimiento de sus atribuciones por los órganos electorales en relación con las actividades y tareas anteriores, y que se produzcan hasta la víspera de la jornada electoral.’. ‘Artículo 187. La etapa de la jornada electoral comprende actos, resoluciones y tareas de los órganos electorales, los partidos políticos, las agrupaciones, en su caso, y los ciudadanos en general, desde la instalación de la casilla hasta su clausura y entrega de los paquetes electorales.’. Conforme a los preceptos transcritos, el proceso electoral ordinario en Veracruz inicia en el mes de enero y concluirá en octubre del año en que deban realizarse las elecciones de diputados y gobernador. Para la elección de ediles iniciará en el mes de enero y concluirá en noviembre del año correspondiente o, en su caso, hasta en tanto el Tribunal Electoral competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación pendientes de resolución. Al respecto, cabe señalar que según consta en el calendario electoral 2007, emitido por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 10 de enero del año en curso inició el proceso electoral 2007 para las elecciones de diputados de mayoría relativa, de representación proporcional y de Ayuntamiento en Veracruz. La jornada electoral en Veracruz, a realizarse en julio del año en curso, renovará 212 Ayuntamientos y 50 diputaciones, 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional que integran el Congreso Local. Bajo esta óptica, podemos concluir que indubitablemente se demuestra que el decreto impugnado se emitió dentro del proceso electoral que se desarrolla en la actualidad en el Estado de Veracruz y que la intención del legislador fue que se aplicaran en estos comicios, ya que como se verá más adelante, los artículos primero y segundo transitorios son claros en señalar que la vigencia de la norma se daría a partir del día siguiente a su publicación, esto es, que las reformas al Código Electoral del Estado entraron en vigor a partir del 28 de febrero de 2007 y que toda disposición que se opusiera a dichas reformas se encontraban derogadas. Lo anterior se robustece si se considera que el decreto combatido no establece en sus artículos transitorios, ni en ningún otro numeral, que las disposiciones contenidas en él no serán aplicables al proceso electoral en comento, lo cual, se insiste, permite concluir que las mismas serán aplicadas para los próximos comicios. En consecuencia, es dable manifestar que en el caso a estudio, con la expedición del decreto combatido se actualiza un desacato al imperativo constitucional contenido en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Carta Magna, es decir, que la reforma en materia electoral se realizó dentro del desarrollo del proceso electoral en la entidad. Ahora bien, respecto del segundo supuesto que prevé el numeral 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución General de la República, cabe señalar lo siguiente: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2006, visible en la página 1564, del Tomo XXIV, agosto de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, respecto del plazo de 90 días que establece el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Carta Magna, en lo que aquí interesa, establece: ‘CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO.’ (se transcribe). Igualmente, ese Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99, promovidas por el Partido Revolucionario Institucional y por diversos diputados de la Legislatura de Nuevo León, respectivamente, estableció lo que debe entenderse por reforma legal fundamental, en los siguientes términos: (se transcribe). De lo transcrito, válidamente se puede deducir que para poder dilucidar si la reforma a las leyes electorales constituye una reforma legal fundamental, se debe analizar previamente la naturaleza jurídica de la disposición reformada. En efecto, para determinar si las reformas son consideradas como fundamentales es necesario que las mismas recojan los principios rectores en la materia que rigen o sean esenciales, en cuanto a que no puede prescindirse de ellas por la institución o principio que regula. Por el contrario, no serán fundamentales los principios o instituciones que tan solo atienden a cuestiones secundarias o no esenciales. Ahora bien, el Decreto 849 que reforma diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en el periódico oficial local de 27 de febrero de 2007, prevé: ‘Decreto Número 849. Que reforma diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo único. Se reforman los artículos 17, párrafo segundo; 27, fracción III, inciso c); 40, párrafo primero; 50, fracción IV; 52, párrafo tercero; 62, fracción II, inciso f); 69, párrafos segundo y tercero, a efecto de convertirse en las fracciones I y II; 75; 92, párrafo segundo; 98, párrafo primero; 135, fracción V; 141; 146; 191, fracción VIII; 209, fracción IV; 213, fracción III; 228; 260, fracción I, inciso d), e) y f), que se convierten en la fracción II y en los incisos a) y b) de ésta respectivamente, con el corrimiento a fracción III de la actual fracción II; 288 y 331, fracción, III y se sustituye la expresión «dentro del título primero», que antecede al capítulo II, denominado «Del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano», ambos en el libro quinto, para convertirlos en el título tercero y capítulo único, éste con la misma denominación relativa al citado juicio, que comprende los artículos 320 al 324, todos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: (se transcribe).’. Derivado de la transcripción del decreto combatido se desprende, en lo que al presente asunto interesa, que las reformas realizadas al Código Electoral del Estado de Veracruz fueron en el sentido siguiente: El instituto será coadyuvante en la preparación y desarrollo de la elección de agentes y subagentes municipales, una vez que sea expedida la convocatoria respectiva. Se adicionó el requisito de comprobación de identidad y residencia de los delegados de los partidos políticos, por medio de la credencial para votar, así como su ocupación. Respecto de las organizaciones políticas estatales, las modificaciones que realicen a sus documentos básicos sólo surtirán efecto hasta en tanto el consejo general declare la procedencia de las mismas; la resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de treinta días contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente. El convenio con los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, y con los propietarios o directivos de los medios impresos, tendrá que ser aprobado por el consejo general. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido que reciba la aportación. De las licencias que deben obtener los servidores públicos que pretendan participar en una precampaña electoral o proceso interno, con el objeto de alcanzar la postulación o designación de su partido político para algún cargo de elección popular. Que las organizaciones políticas podrán formar coaliciones para fines electorales a fin de postular candidatos en las elecciones estatales y municipales. Que las coaliciones, para los efectos de su representación ante los organismos electorales, actuarán como un solo partido y acreditarán los representantes que les correspondan. Se establece como otra atribución del director ejecutivo de Capacitación Electoral y de Educación Cívica el coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas de educación y capacitación. El contralor interno del Instituto Electoral Veracruzano gozará de autonomía funcional en el ejercicio de sus atribuciones, debiendo cumplirlas con estricta probidad e informando de manera ordinaria trimestralmente de su desempeño al Consejo General del Instituto y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de manera extraordinaria, cuando el caso así lo amerite, previo acuerdo del consejo general. El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano aprobará e integrará, dentro de su presupuesto global, el correspondiente a la Contraloría Interna. Se prevé que en los casos en que un mismo cargo de elección popular sea solicitado el registro de más de un candidato por un mismo partido, el secretario del consejo general requerirá a la dirigencia estatal del partido para que en un término de 48 horas defina al candidato o fórmula que debe prevalecer; en caso de no hacerlo se entenderá que el partido opta por la primera solicitud presentada, quedando sin efecto las presentadas con posterioridad. Se establece que si los partidos políticos omiten hacer las correcciones sugeridas por la mesa de casilla, respecto del nombramiento de sus representantes en el término establecido para ello, no se registrará el nombramiento. Para la elección de integrantes de Ayuntamientos, se adiciona el contenido de las boletos electorales. Se establece la forma en que el secretario de la casilla recibirá los escritos de incidentes y el escrito de protesta que presenten los representantes de los partidos o coaliciones. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casillas, o a los representantes de los partidos políticos o coaliciones, estando en funciones, durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito. Una vez cerrada la votación, los integrantes de la mesa directiva de casilla, procederán al escrutinio y cómputo de los votos emitidos en la casilla. Se prevé la fórmula para llevar a cabo el cómputo de las votaciones para el caso de diputados de representación proporcional y la forma de remisión de las boletas al instituto. Se establece la fórmula para llevar a cabo el cómputo de las votaciones para el caso de diputados de representación proporcional y la forma de remisión de las boletas al instituto. Se establece la fórmula para llevar a cabo el cómputo de las votaciones para el caso de gobernador. Se dispone el procedimiento para dar seguimiento a los medios de impugnación, así como los requisitos que deben observar las autoridades electorales. Se regula lo relativo a las precampañas, estipulándose la prohibición de realizar actos anticipados de campañas fuera del plazo legal. En este orden de ideas, es claro que las reformas realizadas al Código Electoral local son fundamentales, es decir, son medulares para el proceso electoral en la entidad que nos ocupa, puesto que regulan, entre otros aspectos, asuntos relacionados con la votación de diputados de representación proporcional y las reglas de los medios de impugnación. En consecuencia, se puede concluir válidamente que, al publicarse la reforma durante el proceso electoral que inició el 10 de enero de 2007 y si se toma en cuenta que la citada reforma es fundamental, la misma pugna con lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley Fundamental. Así lo estableció ese Alto Tribunal en la resolución que le recayó a la acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99, citada con antelación y de la que emanó la tesis jurisprudencial P./J. 41/2000, visible en la página 546 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2000, cuyo rubro y texto señalan: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL ESTAR FACULTADA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA DECLARAR LA VALIDEZ O INVALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES O ACTOS COMBATIDOS, TAMBIÉN PUEDE DECLARAR SU INAPLICABILIDAD TEMPORAL.’ (transcribe tesis). Por tanto, es claro que el Decreto 849 por el cual se reformaron diversos artículos del Código Electoral del Estado de Veracruz, independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare su inaplicabilidad para el proceso electoral que inició el 10 de enero del año en curso en dicha entidad federativa, conculca lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley Fundamental, ya que constitucionalmente no es posible que existan modificaciones legales fundamentales a las leyes electorales durante el proceso electoral. Finalmente, el decreto que se combate, al transgredir lo previsto en el artículo 105, fracción II, último (sic) párrafo de la Carta Magna, el cual consagra el principio de supremacía constitucional, que impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, y toda vez que el decreto que se combate contradice lo dispuesto por el numeral 105, fracción II, último (sic) párrafo, de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional, puesto que tal norma pretende ubicarse por encima de las misma Carta Magna. En mérito de lo antes expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inaplicabilidad de la reforma contenida en el decreto impugnado en el proceso electoral que se sigue actualmente en el Estado de Veracruz y su inconstitucionalidad, por haber sido promulgada y publicada en franco desacato a lo ordenado en los artículos 105, fracción II, último (sic) párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el promovente de esta acción de inconstitucionalidad estima violados son 105, fracción II, penúltimo párrafo y 133.
CUARTO. Mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 139/2007 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y para que formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de veintinueve de marzo del indicado año, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador ambos del Estado de Veracruz, quienes emitieron y promulgaron, respectivamente, la norma impugnada, a efecto de que rindieran sus respectivos informes; asimismo, solicitó la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
QUINTO. Al rendir sus informes, el gobernador y el Congreso del Estado de Veracruz, en esencia y de manera coincidente, manifestaron lo siguiente:
1. Que el Decreto 849 cuya invalidez se solicita fue emitido, promulgado y publicado con fundamento en la Constitución Política de la entidad, por lo que su expedición no viola disposición constitucional ni legal alguna.
2. Que la reforma en comento no viola el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, ya que no obstante las leyes electorales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que la reforma al Código Electoral local se promulgó y publicó el veintisiete de febrero de dos mil siete, siendo que los procesos electorales para la elección de diputados y ediles iniciaron en enero del mismo año, las modificaciones realizadas no son fundamentales, porque sólo son enmiendas que clarifican el texto del Código Electoral que no lesionan el principio de certeza en la materia ni dañan alguno de los actos esenciales del proceso electoral. Citan en su apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2006 del siguiente rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO."
3. Que el citado decreto no viola el artículo 133 constitucional, ya que no se trata de una disposición que sea contraria a la Constitución Federal, porque las modificaciones efectuadas sólo tienden a subsanar diversas inconsistencias y errores en la redacción de dicho ordenamiento, sin realizar modificaciones sustanciales, en aras de lograr un normal desarrollo de los procesos electorales que se verificarán en el año de dos mil siete.
4. Que la modificación del artículo 75 es necesaria por razones de jerarquía constitucional, ya que los ministros de culto religioso fueron incluidos de forma errónea en la relación de servidores públicos que dicho numeral menciona, lo que resulta incongruente, ya que su ejercicio ministerial se encuentra acotado y regulado tanto por la Constitución Federal como por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por lo cual, dicho precepto resultaba parcialmente inaplicable.
5. Que las demás modificaciones contenidas en el decreto impugnado no tienen carácter de trascendental, ya que se trata de inconsistencias derivadas de remisiones internas incorrectas, de expresiones imprecisas o repetidas; por lo que el legislador, con su reforma, pretendió dar mayor certeza a la redacción del Código Electoral de la entidad.
6. Adicionalmente, el Congreso del Estado señaló que la reforma del artículo 228 obedece a que el contenido de sus párrafos cuarto, quinto y sexto, ya está previsto dentro del artículo 234 del Código Electoral local, por lo que su exclusión en nada afecta al proceso electoral y, además, ante la preparación que el Instituto Electoral Veracruzano imparte al personal que va a hacerse cargo de las casillas en la jornada electoral, permite establecer que dicho personal tiene el conocimiento exacto y preciso de tal disposición y su manera de proceder el día de la jornada electoral.
7. También en forma adicional, el gobernador de la entidad señaló que el examen que realizó la Procuraduría General de la República es parcial y confuso, porque no confrontó el decreto impugnado con el texto original del Código Electoral del Estado, ya que la sola alusión al contenido temático de cada precepto hace parecer que se trata de reformas trascendentes; sin embargo, de su comparación, resulta que las modificaciones sólo brindan mayor certeza, sin alterar en forma alguna el sentido de las disposiciones.
SEXTO. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al formular la opinión que le fue solicitada señaló en lo medular que la acción de inconstitucionalidad que se promueve es infundada, en virtud de que el Decreto 849 que reforma diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz, publicado el veintisiete de febrero de dos mil siete, en el medio oficial correspondiente, no actualiza el supuesto establecido en la segunda fracción del artículo 105 constitucional, ya que las modificaciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20205-21eb8e6c/accion-de-inconstitucionalidad-alcance-de-la-expresion-modificaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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