ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN IV, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, AL ALUDIR EN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, ENTRE OTRAS, A "... LA CONFESIONAL, LA TESTIMONIAL ...", TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 95-BIS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD. CONVENIOS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 95-BIS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, VIOLA AQUELLOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. MATERIA ELECTORAL. LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN NO PUEDEN COMPRENDER ATRIBUCIONES PROPIAS DE ÉSTE.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de abril de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el trece de marzo de dos mil siete, en el domicilio de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se precisa:
"Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. 1. Autoridad emisora: Congreso de la entidad, con domicilio en Madero Oriente número 97, Centro Histórico, código postal 58000, Morelia, Michoacán. 2. Autoridad promulgadora: gobernador del Estado, Palacio de Gobierno, 1er. patio planta alta, Avenida Madero Poniente número 63, Centro Histórico, código postal 58000, Morelia, Michoacán. Normas generales cuya invalidez se reclama. Artículos 15 y 21, fracción IV, de la Ley de Justicia Electoral, y 95-Bis, 111, fracción III, inciso d) y 202 del Código Electoral, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de febrero de 2007, cuyos ejemplares se anexan al presente."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hicieron valer son los siguientes:
"Primero. El artículo 95-Bis del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, conculca los numerales 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Consideraciones previas. Las normas generales que se impugnan a través de la presente acción de inconstitucionalidad versan sobre órganos encargados de la organización de las elecciones. Por tanto, previo a la exposición de los conceptos de invalidez, se estima pertinente establecer, previamente, algunas consideraciones respecto al marco que la Constitución Federal prevé respecto de dichos órganos. Los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: ‘Artículo 41.’ (se transcribe). ‘Artículo 116.’ (se transcribe). De los numerales transcritos se observa lo siguiente: El artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal, en lo que a este asunto interesa, prevé que la organización de las elecciones federales estará a cargo de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, en cuya integración participan el Poder Legislativo Federal, los partidos políticos y los ciudadanos; que en el ejercicio de la función electoral, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores; que el mencionado instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, además de profesional en su desempeño; que el consejo general será el órgano superior de dirección del instituto, que se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales y en él concurrirán con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal regula, entre otras cosas, la función de las autoridades electorales locales en la organización de las elecciones, así como los principios que deben garantizarse en las leyes electorales de los Estados, y a su vez retoma, aunque no en forma tan detallada, los principios y lineamientos generales que rigen el sistema federal, previstos en el artículo 41 de la misma Constitución Federal. Entonces, si la función de las autoridades electorales y la organización de las elecciones en el régimen federal se encuentran previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal, y la fracción IV del artículo 116 constitucional, en sus incisos b) y c) prevé, en esencia, las mismas reglas para el ámbito local, pero no están desarrolladas de manera tan amplia y detallada como en aquél, es conveniente realizar un examen previo del primer artículo en cita, para establecer las premisas necesarias que permitan entender claramente los alcances de las instituciones que contempla la segunda disposición. Dado que la voluntad ciudadana que se expresa mediante el sufragio es la única fuente legítima para crear representación y gobierno, a través de la cual el pueblo ejerce su soberanía manifestada en los comicios, resulta indispensable asegurar que la organización de las elecciones se realice con transparencia e imparcialidad, en beneficio de los ciudadanos y los partidos políticos. De esta forma, en atención a la importancia que revisten las elecciones, adquiere especial relevancia la magnitud y complejidad de los esfuerzos técnicos y administrativos inherentes al desarrollo de un proceso electoral; función pública que se encuentra a cargo del Estado, por concepto de instituciones autónomas, que requieren de una estructura bien organizada y recursos de los que sólo el propio gobierno dispone: Consecuentemente, la operación e integración de las instituciones u órganos que han de encargarse de la organización de las elecciones, a saber, de la planeación, dirección, ejecución y control de las actividades implicadas en los procesos comiciales, constituye uno de los elementos más importantes de todo sistema electoral. A dichas instituciones y órganos se les conoce en la doctrina como autoridades electorales, y la forma como se constituyen en cada sistema electoral depende fundamentalmente del proceso histórico del país de que se trate, así como de su sistema político, su grado de desarrollo socioeconómico y la correlación de fuerzas entre los diversos partidos existentes. Los partidos políticos suelen tener garantizados sus intereses frente a las decisiones y actos de las autoridades electorales, mediante un sistema de medios de defensa a los que pueden acudir siempre que consideren vulnerados sus derechos, y en algunos países, además, los partidos pueden formar parte de órganos responsabilizados de vigilar el desempeño de la autoridad electoral y, en otros, están facultados para hacer propuestas sobre quiénes deberán integrar tales organismos. En México, la función electoral ha estado, tradicionalmente, a cargo de autoridades gubernamentales; en forma básica, han sido los Poderes Ejecutivo y Legislativo los que han tenido injerencia en la organización de las elecciones; sin embargo, debido a la evolución legislativa en esta materia, los ciudadanos y los partidos políticos participan ya en la integración de los organismos electorales, con el propósito de coadyuvar con las autoridades gubernamentales a garantizar la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad de las elecciones. En este sentido, las normas de la Constitución Federal establecen que la organización de las elecciones federales es una función que se ejerce por conducto de las autoridades electorales federales, en la que participan el Congreso de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley, y por mandato constitucional la autoridad electoral en el ámbito federal se haya depositada en el Instituto Federal Electoral. En 1989 se configuraron diversos foros de consulta con el propósito de conocer los cambios que en materia electoral consideraban necesarios los partidos políticos, las asociaciones y la ciudadanía en general; de modo que del dictamen elaborado por la comisión respectiva resultó que los representantes de los partidos políticos no estaban conformes con la organización electoral prevaleciente, por considerar que ésta no había propiciado que el desempeño de las funciones electorales se hiciera con la especialización necesaria para la ejecución de las diversas actividades y operaciones electorales, pues había dominado la improvisación, lo que había obstaculizado la configuración de un cuerpo permanente de funcionarios profesionales en la materia electoral. A partir de entonces se empezó a generar el convencimiento de que las instancias ejecutivas y técnicas de los organismos encargados de las elecciones deberían estar a cargo de personal calificado profesionalmente, que proporcionara un servicio imparcial. De esto siguió la coincidencia de diversos puntos al respecto; elevar a nivel constitucional las bases normativas que deben regir a los organismos y funciones electorales para dar unidad a las tareas propias de la organización electoral, las cuales se citan a continuación: 1. Que los órganos del Estado, con la intervención de los partidos políticos y los ciudadanos, son los responsables de la organización y vigilancia del proceso electoral; 2. La creación de un organismo público que fuera autoridad en la materia, profesional y autónomo en sus decisiones, integrado con personal profesional y calificado; 3. Reconocer como principios rectores en materia electoral, la certeza, imparcialidad y objetividad, así como la publicidad de las sesiones de los organismos, con las excepciones que señalara la ley; 4. La configuración de un padrón confiable; que el organismo debía agrupar íntegramente el ejercicio de las funciones electorales, de manera que éstas no aparecieran disgregadas en instancias administrativas diversas. Como resultado de lo anterior y con objeto de configurar una nueva organización electoral distinta a la imperante en esa época, en octubre de 1989 un grupo de diputados sometió a la consideración del Órgano Reformador de la Constitución una iniciativa de reformas y adiciones a diversos preceptos constitucionales la que, en su oportunidad, fue aprobada en los términos en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990, que comprendió la reforma al artículo 41 de la Constitución Federal, en relación con las organizaciones de las elecciones. En esa ocasión se reformó también el artículo 5o. constitucional, ante la necesidad de que el organismo público al que se le confiaría la responsabilidad de organizar las elecciones federales, pudiera contar con personal calificado profesionalmente que le permitiera cumplir satisfactoriamente con su cometido y, por ello, se consideró que si bien las funciones electorales y censales son obligatorias y gratuitas, serían retribuidas aquellas que se realizaran profesionalmente en los términos establecidos por la Constitución y las leyes correspondientes. Posteriormente, a través de la reforma constitucional de abril de 1994, se introdujeron ciertas reformas a la organización electoral existente, con el propósito de reforzar la autonomía de los órganos de dirección del Instituto Federal Electoral. Con esta reforma se preservó la estructura organizacional electoral ideada en 1990, se reiteró que el organismo electoral sería autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones, y se ratificó que la organización de las elecciones se debe orientar por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, pero se agregó el principio de independencia. Ya con la reforma de 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto, el artículo 41 constitucional establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. En el ejercicio de la función encomendada al Instituto Federal Electoral, deben operar como principios rectores la certeza, legalidad, independencia imparcialidad y objetividad; asimismo, el instituto es considerado autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño, contando para el cumplimiento de sus fines con una estructura compuesta por órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Propio de sus funciones, tiene a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos, padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, la declaración de validez y otorgamiento de constancia en las elecciones de diputados y senadores, el cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. En relación con la integración y funcionamiento del Instituto Federal Electoral, en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996, se estableció: ‘... En relación con los órganos y las autoridades electorales, el Constituyente Permanente estableció en 1990 que en el Consejo General del Instituto Federal Electoral participarían consejeros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, representantes de los partidos políticos y consejeros Magistrados, figura novedosa esta última por medio de la cual los ciudadanos se convertían en factor de equilibrio para la toma de decisiones de ese órgano colegiado. En 1994, con el propósito de continuar en el fortalecimiento de la imparcialidad e independencia del Instituto Federal Electoral, se aprobó la sustitución de la figura de los consejeros Magistrados por la de los consejeros ciudadanos y se suprimió el voto de los representantes de los partidos políticos en el consejo general. Con ese mismo propósito, la iniciativa que ahora se somete a la consideración de esa soberanía, presenta modificaciones de indudable importancia en la composición y atribuciones del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral. Así, en la iniciativa se materializa un acuerdo trascendente para consolidar la autonomía de la máxima autoridad electoral federal respecto de los poderes públicos. Para tal efecto el secretario de Gobernación, en su condición de consejero del Poder Ejecutivo, dejará de formar parte y de presidir el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De igual forma, se propone que los consejeros del Poder Legislativo concurran a la integración de ese órgano colegiado con voz pero sin voto, a la vez que se amplía el número de los mismos para que estén representados legisladores de todos los grupos parlamentarios con afiliación a un partido político en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. De acuerdo con la propuesta, también se modifica la integración del consejo general al establecer que la toma de decisiones corresponderá a ocho consejeros electorales, nueva figura jurídica que sustituirá a la de los consejeros ciudadanos, así como al presidente del propio consejo. Tomando en consideración el carácter estatal de la función electoral, la iniciativa atribuye al Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, la designación de los consejeros electorales y del presidente del consejo mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta que formulen los grupos parlamentarios. Con el propósito de que, en tanto servidores públicos y autoridades en la materia, se garantice la profesionalización de los consejeros electorales y la plena dedicación a sus funciones, se propone que no puedan desempeñar empleo, cargo o comisión alguna, con excepción de los que ejerzan en representación del consejo y en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, siempre que no sean remunerados. En el consejo general se conserva la presencia de representantes de los partidos políticos nacionales, quienes actuarán con voz pero sin voto. Además, se crea la figura del secretario ejecutivo, el que sólo tendrá voz en las sesiones. Se propone que un secretario ejecutivo sea nombrado por mayoría calificada de los integrantes del consejo general, a propuesta de su presidente. La naturaleza de esta nueva figura garantizará el vínculo permanente entre el consejo y su presidente, con los órganos ejecutivos, técnicos y de vigilancia del Instituto Federal Electoral ...’. De la anterior transcripción destaca que el Órgano Reformador de la Constitución Federal estimó que en atención a que en los últimos años se había presentado la tendencia a fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad del Instituto Federal Electoral, y en especial de su órgano superior de dirección, era necesario eliminar la participación en éste del secretario de Gobernación, como consejero del Poder Ejecutivo, que además era el presidente del consejo, proponiendo a la vez que los consejeros del Poder Legislativo debían concurrir en su integración con voz pero sin voto, al mismo tiempo que se conservaría la presencia de los representantes de los partidos políticos, quienes también participarían en su integración con voz pero sin voto. Además, es de resaltarse que para la persecución de los fines aludidos, así como para garantizar la profesionalización y dedicación de los integrantes de los consejeros electorales, se estimó necesario establecer que no deberían desempeñar empleo, cargo o comisión alguna, con excepción de los que ejercieran en representación del consejo y en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, siempre y cuando no fueran remuneradas, esto con el fin de desvincularlos de toda liga política, partidista y de cualquier otra índole, y así lograr su plena dedicación a la función electoral, legitimando así a los organismos encargados de esta actividad, sin mencionar nada acerca de alguna retribución a favor de éstos y a cargo del Instituto Federal Electoral. Todo lo anterior constituye los antecedentes más destacados, para lo que ahora interesa, del artículo 41 constitucional, que permiten identificar la naturaleza y fines del Instituto Federal Electoral y que correlativamente clarifican los principios básicos a que debe ceñirse su integración y funcionamiento. Tomando en consideración esta amplia gama de funciones propias de los procesos electorales que se encomienda a dicha autoridad electoral, apoyada en su autonomía, profesionalización, independencia en sus decisiones y funcionamiento, y en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, puede válidamente concluirse que en el ámbito local, en el que se incluyeron esencialmente las mismas instituciones y principios (artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal), deben operar los mismos lineamientos generales establecidos en el artículo 41, fracción III, constitucional analizado. 2. Inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Precisado lo anterior, se demostrará que el numeral 95-Bis del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, vulnera los artículos 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a las consideraciones que a continuación se vierten. El artículo que se tilda de inconstitucional señala: ‘Artículo 95-Bis.’ (se transcribe). Como se observa, a través del precepto legal que se tilda de inconstitucional se establece respectivamente la facultad para celebrar convenios entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral local, a fin de que mutuamente conduzcan, organicen y vigilen procesos electorales que a cada uno de ellos compete. Dicha disposición es contraria a los principios rectores de la función electoral y como consecuencia de ello se viola la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral de Michoacán, en virtud de que tanto el organismo federal como el local tienen delimitados sus respectivos ámbitos de competencia en la Constitución Federal. Ahora bien, como quedó precisado en el apartado de consideraciones previas, el numeral 41 de la Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Asimismo, el precepto 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Ley Suprema, establece que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, por tanto, las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Así, la obligación que deriva del artículo 116 de la Constitución Federal para los Congresos Locales, es precisamente garantizar en las leyes que expidan la operancia de los principios rectores del proceso electoral, conforme a los cuales deberá actuar la autoridad electoral. En ese sentido, el Congreso del Estado de Michoacán se encuentra constreñido por la Constitución Federal a establecer en las normas locales disposiciones que garanticen los principios referidos. Como puede observarse, de los numerales 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, se otorga, por un lado, la facultad al Instituto Electoral Federal para organizar las elecciones federales y, por otro, a los órganos estatales correspondientes para hacer lo mismo en lo relativo a sus procesos electorales, esto es, cada uno en su ámbito de competencia, lo que no permite la intervención del organismo federal en el proceso electoral de la entidad federativa, o viceversa. Por su parte, el numeral 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, establece lo siguiente: ‘Artículo 98.’ (se transcribe). Del precepto transcrito se desprende que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, el cual será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y desconcentrados. Dentro de las actividades que desarrolla, además de lo que determine la ley, serán relativas a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, otorgamiento de constancias, capacitación electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos; y se encargará de la organización y desarrollo de los procesos plebiscitarios y de referéndum, en los términos y con las formalidades establecidas en la ley de la materia. Así, la organización y desarrollo de las elecciones estatales le corresponderá al Instituto Electoral de Michoacán, mismo que estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sin que se atribuya facultad alguna al mismo para celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, para los fines previstos en el numeral que se tilda de inconstitucional. Por su parte, los artículos 93, 94 y 95 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, señalan: ‘Artículo 93.’ (se transcribe). ‘Artículo 94.’ (se transcribe). ‘Artículo 95.’ (se transcribe). De los numerales transcritos se observa que el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, podrá celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, los que comprenden entre otros aspectos padrón electoral, lista nominal de electores, credencial para votar, organización, capacitación electoral y educación cívica, así como fiscalización. Los numerales 83, incisos b) y m), 89, inciso f), y 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan: ‘Artículo 83.’ (se transcribe). ‘Artículo 89.’ (se transcribe). ‘Artículo 162.’ (se transcribe). De los artículos transcritos se desprende que corresponde, tanto al presidente del consejo general como al secretario ejecutivo del instituto convenir y participar en los convenios que se celebren con las autoridades competentes respecto a la información y documentos que habrá de aportar la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos electorales locales. Asimismo, el artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que a fin de mantener permanentemente actualizados el catálogo general de electores y el padrón electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará, de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal, la información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte, para ello, el presidente del consejo general del instituto podrá celebrar convenios de cooperación con los organismos electorales estatales tendentes a que la información se proporcione puntualmente en lo que respecta a: Fallecimientos de los ciudadanos por parte de los servidores públicos del Registro Civil. Las resoluciones que dicten los Jueces en las que se decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano. Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores expida o cancele cartas de naturalización y certificados de nacionalidad; y reciba renuncias a la nacionalidad. Así, de una interpretación armónica de la legislación federal y local antes citadas, puede concluirse que el Instituto Federal Electoral sólo puede celebrar convenios en ciertos rubros, sin que ello implique que a través de un convenio pueda delegar sus funciones electorales sustantivas, al grado de que una autoridad local lo sustituya en la organización de los procesos electorales federales dentro del territorio de la entidad federativa de que se trate y mucho menos asumir las atribuciones del órgano local electoral, en sustitución de éste, para la organización y conducción del proceso local de elección de autoridades. Lo anterior, en virtud de que en la Constitución Federal no se encuentra disposición alguna que otorgue al Instituto Federal Electoral la facultad de celebrar convenios con el Instituto Electoral local, a fin de que pueda intervenir en la organización de las elecciones estatales y por el contrario que el instituto local lleve los comicios a nivel federal. En ese sentido, tanto el Instituto Federal Electoral como el instituto de Michoacán deben observar lo establecido en los numerales 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, que otorgan, por un lado, la facultad al Instituto Electoral Federal para organizar las elecciones federales y, por otro, a los órganos estatales correspondientes para hacer lo mismo en lo relativo a sus procesos electorales, esto es, cada uno en su ámbito de competencia, lo que no permite la intervención del organismo federal en el proceso electoral de la entidad federativa, o viceversa. No obsta a lo anterior el hecho de que en el artículo que se tilda de inconstitucional se utilice la palabra ‘podrá’, pues de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la palabra poder significa dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Tener expeditas la facultad o potencia de hacer una cosa. En ese sentido, el artículo 95-Bis del Código Electoral del Estado de Michoacán, otorga la facultad al Instituto Electoral de Michoacán para que en cualquier momento pueda celebrar los convenios a que alude dicho numeral con el Instituto Federal Electoral, lo que finalmente implica que al mencionado instituto local se le concede el ejercicio de una atribución que resulta contraria al objeto y fin público que se le encomendó, pues independientemente de que realice o no la hipótesis prevista en el precepto legal, el supuesto en él contenido contradice la razón de ser de ese órgano electoral y a su vez los ordenamientos constitucionales que establecen los lineamientos para la actuación de la autoridad electoral a nivel federal y local. Cabe hacer mención que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99 que promovió el Partido Revolucionario Institucional del Congreso del Estado de Nuevo León, señaló que en tratándose de los convenios de colaboración en materia electoral, los mismos podrían celebrarse para: El intercambio y uso de información común. Acordar que determinados procedimientos y actividades electorales se realicen conjuntamente, cuando esto evite incrementar innecesariamente el esfuerzo ciudadano y el gasto de recursos públicos. Utilizar los padrones, listas nominales y credenciales para votar con fotografía federales. Utilizar las casillas receptoras de la votación federal para la recepción de la votación en las elecciones estatales y municipales. Lo anterior se corrobora por identidad de razón con lo establecido en la jurisprudencia número P./J. 45/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, abril de 2000, página 548, cuyos rubro y texto señalan: ‘CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN VIRTUD DE LA CELEBRACIÓN DE AQUÉLLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). En este orden de ideas, la norma en comento al establecer respectivamente la celebración de convenios con el Instituto Federal Electoral, y de éste con el Instituto Electoral local, a fin de que conduzcan, organicen y vigilen procesos electorales federales o locales, transgrede lo dispuesto en los numerales 41 y 116, fracción IV, de la Carta Magna, en virtud de que tanto el orga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20250-d8065137/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-21-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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