ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN AQUÉLLA. MULTAS FIJAS. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de agosto de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil siete, en el domicilio particular de la funcionaria designada para recibir demandas o promociones de término fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora Icaza, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada: a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Tlaxcala, con domicilio en calle I. Allende Número 31, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. b) Autoridad promulgadora: gobernador del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Palacio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 3, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. II. Norma general cuya invalidez se reclama: Los artículos 43 y 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, publicada el 28 de diciembre de 2006 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer, son los siguientes:
Que el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que de conformidad con los artículos 40, 41, 42 y 124 de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal, compuesta por Estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental, por lo que si bien los Estados pueden crear su propio sistema jurídico, no deben contravenir las disposiciones del Pacto Federal en el que se establecen competencias residuales, de acuerdo con lo cual, todas aquellas facultades que no están expresamente otorgadas a la Federación, corresponden a los Estados.
Que relacionado con lo anterior, de la interpretación literal del artículo 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica.
Que en términos de lo previsto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones deben tener ciertos elementos, tales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.
- Asimismo, de conformidad con el artículo 2o. del código antes citado, los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, siendo estos últimos las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
Que si bien el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el Municipio pueda cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica.
Que el artículo 43, impugnado, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, es inconstitucional, ya que no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de electricidad, resultando que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, y a la inversa.
De este modo, la base se establece de acuerdo a la capacidad contributiva, en relación con el consumo de energía eléctrica, lo cual no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado, sino a un hecho o acto ajeno que tiende a gravar la capacidad tributaria de quienes utilizan el servicio.
Que la legislatura de Tlaxcala, con la emisión del precepto 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, no está cobrando un derecho, sino una contribución al consumo de fluido eléctrico, por lo que excedió el marco de sus atribuciones y, en consecuencia, invadió la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Federal; y en consecuencia debe declararse la inconstitucionalidad del artículo impugnado.
Que las anteriores consideraciones se apoyan en las jurisprudencias sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, respectivamente, cuyos rubros son: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." y "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN."
Que la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a que sus actos se encuentren fundamentados y motivados, requisitos que tratándose de leyes se cumplen, respectivamente, cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución establece, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de las atribuciones de ese órgano.
- Por tanto, al no estar facultado el Congreso del Estado de Tlaxcala para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo los artículos 16 y 124 de ese ordenamiento.
Que el artículo 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, viola los preceptos 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que a continuación se explica.
Que el artículo 55 impugnado, al establecer diversas multas fijas, contraviene lo dispuesto por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque establece diversas multas fijas, por lo que la autoridad no tendrá la capacidad de valorar las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho y, por ende, estará imposibilitada para calificar la gravedad de la conducta que genera la infracción, la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho sancionado.
Que el numeral impugnado omite proporcionar la base que permita a la autoridad determinar el monto individualizado de la multa que se debe aplicar al infractor e impide que la autoridad administrativa tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho a sancionar.
Que, por otra parte, la garantía genérica de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto Federal como Local, en los términos antes señalados.
Que, en ese contexto, la Legislatura del Estado de Tlaxcala contraviene lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues al prever una multa fija, prohibida por el marco constitucional, se extralimita en sus atribuciones.
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son: 16, 22, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a) y 124.
CUARTO. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 119/2007 y, por razón de turno, designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que actuara como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de primero de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, quienes respectivamente, emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. El titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala al rendir su informe manifestó, en síntesis:
Que son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, consistentes, única y exclusivamente en sancionar, promulgar y ordenar publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil siete, específicamente en sus artículos 43 y 55.
Que, sin embargo, dichos actos de autoridad de ninguna manera son inconstitucionales atendiendo a la interpretación de los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Federal, de los que se desprende la división de poderes (en Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la organización de los Estados miembros de la Federación, cada uno conforme a su propia Constitución, pero con sujeción a la Constitución Federal.
Que conforme a la división del ejercicio del poder, se ha reservado, en principio, al Poder Legislativo la sustanciación de la fase del proceso legislativo; pero el gobernador también interviene en el proceso legislativo. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Constitución Federal, son atribuciones del Poder Legislativo, el iniciar leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno; cumplir con las obligaciones de carácter legislativo que le fueren impuestas por las leyes de la Unión, expidiendo las leyes locales necesarias, lo que a su vez se verá complementado con la promulgación y publicación que haga el Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 49 y 70, fracción II, de la misma Constitución Local.
Que el Ejecutivo Estatal interviene en el proceso formativo de la ley, sin embargo su actividad, en este aspecto, se halla subordinada a la voluntad del Poder Legislativo que la expide, y esta preponderancia hace que se considere a la ley como un acto legislativo tanto desde el punto de vista formal como material.
SEXTO. El Congreso del Estado de Tlaxcala, al rendir el informe respectivo, manifestó, en síntesis:
Que las fracciones X y XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la facultad del Congreso de la Unión para establecer contribuciones acerca de la energía eléctrica.
Que si bien es cierto que la mencionada fracción XXIX señala en forma precisa cuáles son las materias sobre las que la Federación puede fijar contribuciones, entre las que se encuentra la relativa a energía eléctrica; de dicha fracción no se desprende que exista una prohibición para que las entidades integrantes de la Federación legislen únicamente para establecer derechos por la prestación del servicio de alumbrado público.
Que el Decreto Número 122, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal de dos mil siete, que por esta vía se impugna, fue realizado con estricto apego a la legalidad, pues es acorde a las facultades que le conceden a esta legislatura los artículos 115, fracciones III y IV, de la Constitución Federal y 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
Que el decreto impugnado, específicamente sus artículos 43 y 55, no es contrario al contenido de los artículos 16, 22, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a) y 124 de la Constitución Federal; no invade las facultades y atribuciones reservadas a la Federación, ni impone multas excesivas.
Que los Municipios al tener a su cargo el servicio público de alumbrado es incuestionable que puedan gravarlo para realizar recaudaciones y así estar en actitud de prestar el servicio de alumbrado público, pues para ello necesitan medios efectivos para recaudar los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos que eroguen por ese concepto.
Que de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la hacienda pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, como es el caso del alumbrado público.
Que de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Federal, los Estados están facultados para establecer contribuciones con la única limitación de respetar las conferidas a la Federación, de lo que resulta que las contribuciones por derechos como contraprestación de servicios que presta el Estrado, en funciones de derecho público, son legales.
Que de declarase inválida la norma impugnada en esta acción de inconstitucionalidad, se le ocasionaría un daño financiero al Municipio, en virtud de que no tendría fundamento para percibir los ingresos por la prestación del servicio de alumbrado público que debe prestar.
Que el artículo 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, vulnera lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 22 constitucional, porque al especificar cada una de sus fracciones el hecho que puede llegar a motivar la imposición de una multa, o determinadas circunstancias de realización de los hechos que darían lugar a la infracción, significa que califica la gravedad y levedad del hecho infractor para determinar individualizadamente la multa que corresponda, de modo que la multa no resulta excesiva.
SÉPTIMO. Recibidos los informes de las autoridades y, al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 43 y 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil siete y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. A continuación, debe analizarse si la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
El primer párrafo del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."
Conforme al artículo transcrito, el cómputo respectivo debe efectuarse a partir del día siguiente al en que se publique la ley impugnada.
La Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, cuyos artículos 43 y 55 se impugnan, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el veintiocho de diciembre de dos mil seis; por tanto, el plazo para promover la acción de que se trata, transcurrió del viernes veintinueve del citado mes y año, al sábado veintisiete de enero de dos mil siete; sin embargo, siendo este último día inhábil, la demanda podía presentarse hasta el lunes veintinueve del mismo mes y año, conforme al artículo 60 transcrito.
En el caso, la acción de inconstitucionalidad se recibió en el domicilio particular de la funcionaria designada para recibir demandas o promociones de término fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lunes veintinueve de enero de dos mil siete, como se desprende del testimonio escrito a foja veinticuatro vuelta del expediente, es decir, el último día del plazo legal.
En tales condiciones y en atención a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria que rige la materia, debe considerarse que la acción fue promovida oportunamente.
TERCERO. Es procedente analizar ahora la legitimación de la parte promovente, por ser un presupuesto indispensable para promover la acción.
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."
De la disposición constitucional transcrita se desprende que el procurador general de la República puede promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, como es el caso de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, que fue expedida por el Congreso de esa entidad federativa y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial plenaria número P./J. 98/2001, consultable en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, correspondiente a septiembre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
CUARTO. Respecto al artículo 43 impugnado, este Tribunal Pleno advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que dispone:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
Del contenido del artículo reproducido, se advierte que este tipo de asuntos son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos. Por tanto, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, dicha causa de improcedencia se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ese medio de control constitucional.
Así lo ha sustentado este Tribunal Pleno, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 8/2004, publicada en el Tomo XIX, correspondiente al mes de marzo de dos mil cuatro, página novecientos cincuenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
En el caso, de la lectura integral de la acción se advierte que el promovente impugna el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, que establecía:
"Capítulo X
"De los servicios de alumbrado público
"Artículo 43. El derecho de alumbrado público se causará y pagará aplicando al consumo de energía eléctrica de cada usuario los porcentajes que se señalan en la tarifa siguiente:
"I. Doméstico 6.5%.
"II. Comercial 6.5%.
"III. Baja tensión 6.5%.
"IV. Servicio general de alta tensión 2.0%.
"V. Servicios especiales Voltaje de más de 66 KW 2.0%.
"El Ayuntamiento debe informar al Congreso del Estado a través de la Cuenta Pública si se ha contratado con la Comisión Federal de Electricidad la prestación del servicio de recaudación."
Por otra parte, en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, tomo LXXXVI, segunda época, número extraordinario, de nueve de julio de dos mil siete, que obra a fojas doscientos cincuenta y seis a doscientos setenta y siete de este expediente, se publicó el Decreto Número 142, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala, y en lo que para el presente estudio interesa, se derogó el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco para el ejercicio fiscal de dos mil siete; decreto que entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos de su artículo primero transitorio.
En efecto, la ley en cita, en la parte conducente, establece:
"Transitorios
"Artículo primero. Este decreto de reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado."
"Artículo segundo. Se derogan ... artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco para el ejercicio fiscal 2007. ..."
En estas condiciones, es inconcuso que al haber sido derogada la norma general impugnada, ha cesado en sus efectos y, por consiguiente, se concluye que ha sobrevenido una causa de sobreseimiento en el presente asunto respecto de la norma que se impugna, por lo que procede sobreseer de conformidad con los artículos 59 y 65, en relación con el 19, fracción V, 45 y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros, textos y datos de identificación son:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. La cesación de efectos prevista como causa de improcedencia de las controversias constitucionales en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad por disposición del diverso 59 del mismo ordenamiento legal, se actualiza si en una acción de inconstitucionalidad se plantea la invalidez de una norma general que durante el procedimiento ha sido abrogada por otra posterior, lo que determina sobreseer en el juicio, en términos de lo ordenado por el artículo 20, fracción II, de la citada ley reglamentaria."
Jurisprudencia P./J. 47/99, visible en la página seiscientos cincuenta y siete, del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien, para estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva."
Tesis 1a. XLVIII/2006, visible en la página mil cuatrocientos doce, del Tomo XXIII, marzo de dos mil seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
QUINTO. Ahora bien, respecto al artículo 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Tlaltelulco, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, al no existir causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento alguno planteado por las partes o que advierta este Alto Tribunal, se pasa al estudio de la cuestión fundamental controvertida, únicamente por lo que hace a dicho precepto.
El concepto de invalidez planteado por la parte promovente, pretende evidenciar que el citado artículo, contraviene lo dispuesto por los artículos 16 y 22 de la Constitución Federal, al prever diversas multas fijas.
En principio, conviene precisar qué se ha entendido por multa fija.
El artículo 22 de la Constitución Federal(1) prohíbe, entre otras penas, la multa excesiva.
Ya en diversos precedentes nos hemos pronunciado sobre este tema, en el sentido de que una multa es excesiva cuando la ley que la prevé no da posibilidad a quien debe imponerla, de determinar su monto o su cuantía, esto es, de considerar la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad de la infracción, a fin de individualizar el monto de la multa. Este criterio se plasmó en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."(2)
Así, la imposición de multas debe ser proporcional a la infracción cometida, para lo cual deben considerarse diversos elementos, de lo contrario, resultará excesiva.
En otras palabras, las multas deben guardar una relación de proporcionalidad frente a la infracción realizada, a fin de establecer su cuantía, para lo cual deberá considerarse la reincidencia, las posibilidades económicas del infractor, la gravedad del ilícito, etcétera.
En este sentido, para que una multa sea acorde al Texto Constitucional, debe contener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y máximos, que permitan a las autoridades facultadas para imponerlas, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica, la reincidencia o cualquier otro elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la infracción, ya que de lo contrario, el establecimiento de multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a los infractores. Sirven de apoyo, las tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 y P./J. 17/2000, de rubros: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES."(3) y "MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA."(4)
Ahora bien, en el concepto de invalidez planteado,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20562-dd6f56fd/accion-de-inconstitucionalidad-si-durante-el-procedimiento-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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