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Modo: Corpus Pro

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. DEBE NOTIFICAR A LOS ESTADOS EL INICIO DE CUALQUIER ACTUACIÓN DENTRO DE SU TERRITORIO TENDENTE A VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y ÉSTOS DEBEN FACILITAR LOS AUXILIOS QUE AQUÉLLA REQUIERA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. LA INEXISTENCIA DE UN CONVENIO QUE LE PERMITA ACTUAR PARA FISCALIZAR LAS APORTACIONES FEDERALES ENTREGADAS AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, NO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA QUE AQUÉLLA EJERZA LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, NO REQUIERE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE TODOS SUS MIEMBROS PARA PROMOVERLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA RELATIVOS A LA NEGATIVA DE QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EJECUTE LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PREVISTOS PARA EL RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCIDOS POR ESA ENTIDAD FEDERATIVA DURANTE 2002 CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2004. · Registro digital (IUS): 19853
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 803.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2004. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de agosto de dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el ocho de marzo de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan de Dios Castro Lozano, en su carácter de presidente de la mesa directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en contra del Estado libre y soberano de Oaxaca, a través de su gobernador y legislatura, por los actos que a continuación se citan:

"a) La negativa expresada el día 27 de enero de 2004, por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca a la ejecución por parte de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la revisión de la cuenta pública de 2002, de la fiscalización a los recursos previstos para el Ramo General 33 ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’, ejercidos por esa entidad federativa, con cargo al Fondo de Infraestructura Social Estatal, negativa que consta en el acta notarial 3354, de fecha 27 de enero de 2004, pasada ante la fe del notario público número 25 de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, en el acta notarial número, (sic) misma que se agrega en copia certificada al presente como ‘anexo dos’.

"b) El acuerdo de fecha 7 de octubre de 2003, aprobado por la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca y publicado por el gobernador de dicha entidad federativa en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 41, de fecha 11 de octubre de 2003, que textualmente dice: ‘La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado libre y soberano de Oaxaca manifiesta que la entidad superior de fiscalización de la Federación, apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, toda vez que resulta violatorio y se atenta contra la soberanía del Estado de Oaxaca pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno ...’. La Auditoría Superior de la Federación tuvo conocimiento del acuerdo impugnado, el día 27 de enero de 2004, en el momento de que personal de dicha entidad de fiscalización se presentó a practicar las auditorías, en tanto que este órgano legislativo fue notificado oficialmente mediante oficio de fecha 27 de enero de 2004, el cual fue hecho del conocimiento de la Comisión Permanente en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 2004 y turnado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su conocimiento, como se acredita con el ejemplar original de la Gaceta Parlamentaria Número 1432, de la fecha citada, misma que se agrega como ‘anexo tres’.

"c) La negativa de los órganos demandados de permitir a la Auditoría Superior de la Federación practicar las auditorías ordenadas a los fondos del Ramo 33, asignados al Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de los años 2000 a 2002, conforme al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2003, publicado en la Gaceta Parlamentaria Número 1391 de fecha 10 de diciembre de 2003, misma que se agrega como ‘anexo trece’.

"d) Cualquier acto o consecuencia derivada de los actos anteriormente enumerados, incluyendo cualquier pronunciamiento que se haya emitido o pudiere llegar a emitirse por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, los Congresos de las entidades federativas o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados por la actora, son los siguientes:

"1. El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal otorga a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la facultad exclusiva de revisar la cuenta pública con el apoyo técnico de la Auditoría Superior de la Federación.

"2. El Congreso de la Unión en ejercicio de su facultad consagrada en el artículo 73, fracción XXIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

"3. La Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de la cuenta pública de 2002, incluyó dentro del ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’, la revisión de las erogaciones previstas para el Ramo General 33 ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’.

"4. A través del oficio número OASF-0970/2003, de fecha 23 de julio de 2003 (se adjunta en copia certificada como ‘anexo cuatro’), signado por el C.P. Arturo González de Aragón O., titular de la Auditoría Superior de la Federación, comunicó al Lic. José Murat Casab, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, la determinación que tomó de incluir en el ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’, la revisión de las erogaciones previstas para el Ramo General 33, ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’, ejercidas por esa entidad federativa con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), solicitándole, para tal efecto, que nombrara un coordinador que fungiera como su representante durante el desarrollo de los trabajos; asimismo que se proporcionara a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación comisionados para tal fin, la información y la documentación necesaria para el buen desarrollo del proceso de fiscalización, sin haberse recibido respuesta.

"5. Mediante oficio número OASF-1230/2003, de fecha 2 de octubre de 2003 (se adjunta en copia certificada como ‘anexo cinco’) signado por el auditor superior de la Federación, se comunicó al Lic. José Murat Casab, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, que al no haberle dado respuesta al oficio número OASF-0970/2003 se le reiteraba la determinación de incluir en el ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’ la revisión de las erogaciones previstas para el Ramo General 33 ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’, ejercidos por esa entidad federativa con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) solicitándole, para tal efecto, nombrara un coordinador que fungiera como su representante durante el desarrollo de los trabajos, a fin de no retrasar la actividad del citado órgano de fiscalización, sin haberse recibido contestación alguna.

"6. En la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2003, al haber sido sometido a la consideración del Pleno de este órgano legislativo una proposición con punto de acuerdo signado por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos del Ramo 33 asignados al Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001 y 2002, mismo que aprobó dicho órgano colegiado en votación económica y fue turnado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-1-197 de fecha 9 de diciembre de 2003 (documentales que se adjuntan como ‘anexo seis’).

"7. Mediante oficio número CVASF/LIX-131/03, de fecha 16 de diciembre de 2003 (se adjunta como ‘anexo siete’), el diputado José Ángel Ibáñez Montes, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, remitió al C.P. Arturo González de Aragón O., auditor superior de la Federación, la proposición con punto de acuerdo aprobado por el Pleno de este órgano legislativo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos del Ramo 33 asignados al Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001 y 2002.

"8. Mediante oficio número OASF-1494/2003, de fecha 17 de diciembre de 2003 (se adjunta como ‘anexo ocho’), signado por el auditor superior de la Federación se comunicó al Lic. José Murat Casab, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, que con fecha 16 de diciembre de 2003, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficio número CVASF/LIX-131/03, remitió a la Auditoría Superior de la Federación, la proposición con punto de acuerdo para que el órgano de fiscalización superior de la Federación practique auditorías a los fondos del Ramo General 33 asignados al Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2002.

"De igual forma, se le reitera el contenido de los oficios números OASF-0970/2003 y OASF-1230/2003, de fechas 23 de julio y 2 de octubre de 2003, respectivamente, en virtud de no haberles dado respuesta y se le solicita por tercera vez nombre un coordinador que fungiera como su representante durante el desarrollo de los citados trabajos, a fin de no retrasar la actividad del citado órgano de fiscalización y dar respuesta al punto de acuerdo de esta Cámara de Diputados.

"9. Mediante oficio número OASF-0076/2004 (se adjunta como ‘anexo nueve’), de fecha 16 de enero de 2004, signado por el auditor superior de la Federación, el órgano de fiscalización superior de la Federación le reiteró nuevamente al Lic. José Murat Casab, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, el contenido de los oficios números OASF-0970/2003, OASF-1230/2003, y OASF-1494/2003, de fechas 23 de julio, 2 de octubre y 17 de diciembre de 2003, respectivamente, así como del citado punto de acuerdo de este órgano legislativo y se le comunica que el 27 de enero de 2004, a las 10:00 horas, personal de la Auditoría Superior de la Federación se presentará en las oficinas del Ejecutivo Estatal en esa ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a fin de dar inicio a los trabajos señalados y así poder rendir en tiempo el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública a esta Cámara de Diputados.

"10. El día 27 de enero de 2004, en la hora señalada en el párrafo anterior, el personal de la Auditoría Superior de la Federación, en compañía del notario público número 25 de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, hicieron acto de presencia en el Palacio de Gobierno de dicho Estado, en la hora señalada, siendo atendidos por el Ing. Luis Enrique García Gómez, secretario particular del gobernador, quien recibió una copia del oficio número AECF/0051/2004, de fecha 26 de enero de 2004 (se adjunta en copia certificada como ‘anexo diez’), sin haber acusado recibo, en el cual se ordena realizar auditoría con motivo de la revisión de la cuenta pública de 2002 y se comisiona al personal del órgano de fiscalización superior de la Federación, lo anterior se demuestra con el acta levantada por el notario público número 25 de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, que se agrega a la presente.

"11. El secretario particular del gobernador del Estado de Oaxaca manifestó al personal de la Auditoría Superior de la Federación que por instrucciones del gobernador licenciado José Murat Casab, serían el diputado Juan Díaz Pimentel, presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado libre y soberano de Oaxaca, y el licenciado Guillermo Menchú Velásquez, secretario de finanzas, quienes iban a decidir sobre la apertura de la auditoría y se encargarían de recibir el oficio original, el cual se cita en el numeral 10 del presente capítulo, asimismo indicó que el personal del órgano de fiscalización superior de la Federación se trasladara a la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, para entregar el citado oficio, reiterando que en dicho lugar se encontraban además el secretario de finanzas, Guillermo Menchú Velásquez y el secretario general de gobierno, licenciado Héctor Anuar Mafud, tal como se demuestra con el acta levantada por el notario público número 25 de la ciudad de Oaxaca, que se agrega a la presente.

"12. El personal de la Auditoría Superior de la Federación en compañía del notario, se trasladaron a la sede de la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, en donde se le entregó al diputado Juan Díaz Pimentel, presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislatura, el oficio número AECF/0051/2004, de fecha 26 de enero de 2004. En dicho acto, el diputado Juan Díaz Pimentel le expuso verbalmente a los auditores que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para auditar los recursos del Ramo General 33, según se desprende del acuerdo aprobado por todas las fracciones parlamentarias de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, de fecha 7 de octubre de 2003, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de octubre de 2003.

"13. En ese mismo acto, el diputado Juan Díaz Pimentel entregó al personal del órgano de fiscalización un ejemplar original del Periódico Oficial número 41, de fecha 11 de octubre de 2003 (se adjunta en copia simple como ‘anexo once’), donde aparece publicado el acuerdo que textualmente señala lo siguiente: ‘La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca manifiesta que la entidad superior de fiscalización de la Federación, apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, toda vez que resulta violatorio y se atenta contra la soberanía del Estado de Oaxaca, pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno ...’

"14. En el mismo acto a que se refiere el punto anterior, los servidores públicos de la entidad fiscalizadora manifestaron que en diversas ocasiones se le había notificado al gobernador sobre los trabajos de auditoría correspondientes a la revisión de la cuenta pública de 2002, solicitándole respuesta, en ese acto el diputado Juan Díaz Pimentel aceptó que no se le había dado respuesta al órgano de fiscalización superior de la Federación; asimismo, entregó a los auditores oficio de fecha 13 de octubre de 2003 (se adjunta en copia simple como ‘anexo doce’) dirigido al licenciado José Murat, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en donde le comunican el acuerdo publicado el día 11 de octubre de 2003 para su estricta observancia en el cual se manifiesta textualmente que: ‘... la entidad superior de fiscalización de la Federación, apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, toda vez que resulta violatorio y se atenta contra la soberanía del Estado de Oaxaca pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno ...’. Finalmente, no fue aceptado iniciar los trabajos de auditoría como parte de la revisión de la cuenta pública de 2002 restringiendo con ello las facultades constitucionales de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de su órgano de fiscalización superior de la Federación, previstas en los artículos 74, fracción IV y 79 ambos de la Constitución Federal. Cabe señalar que los hechos marcados con los números 10, 11, 12, 13 y 14 fueron certificados por el Lic. Alfredo Castillo Colmenares, notario público número 25 de Oaxaca, del Estado de Oaxaca, en el acta número 33,254, volumen 398 que se anexa a la presente demanda, por lo que respecta a los anexos once y doce que se adjuntan al presente escrito solicito se requiera a los demandados remitan copia certificada de dichas documentales.

"15. Mediante oficio de fecha 27 de enero de 2004, número 3881, signado por María del Carmen Ricardez Vela, oficial mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, le fue notificado a este órgano legislativo el acuerdo de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mismo que fue hecho del conocimiento de la Comisión Permanente en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 2004 y turnado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su conocimiento, tal como se demuestra en la Gaceta Parlamentaria Número 1432, de fecha 11 de febrero de 2004. Se adjunta como ‘anexo tres’."

Resulta oportuno abundar en los antecedentes del caso y sintetizar el contenido de algunos de los documentos que se acompañaron a la demanda:

Ver tabla 1

TERCERO. La actora señaló como preceptos violados los artículos 16, 40, 41, 74, fracciones II y IV, 79, fracción I, 120, 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de invalidez que estimó pertinentes.

CUARTO. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 42/2004 y, por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Por auto de diez de marzo de dos mil cuatro, la Ministra instructora admitió la demanda; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y dio vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación corresponde.

QUINTO. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda reconvinieron a la actora por los siguientes actos:

"a) La determinación de la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública de dos mil dos, dentro del ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’, la revisión de las erogaciones previstas para el Ramo General 33 ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’.

"b) La misma determinación, contenida en el oficio OASF-0970/2003, de fecha veintitrés de julio de dos mil tres, signada por su titular, el C.P. Arturo González de Aragón O., de incluir en el ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’ la revisión de las erogaciones previstas para el Ramo General 33, ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’, ejercidas por el Estado de Oaxaca con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), en el ejercicio fiscal correspondiente a la cuenta pública de dos mil dos.

"c) La notificación al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca de la determinación contenida en el oficio OASF-0970/2003, para el efecto de que nombrara un coordinador que fungiera como su representante durante el desarrollo de los trabajos y se proporcionara a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación comisionados para tal fin la información y documentación necesaria para el buen desarrollo del proceso de fiscalización.

"d) La determinación de la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, contenida en oficio OASF-1230/2003, de fecha dos de octubre de dos mil tres, suscrita por el auditor superior de la Federación, en la que se reiteraba al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en virtud de no haber dado respuesta al oficio OASF-0970/2003, de incluir en el ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’, la revisión de las erogaciones previstas para el Ramo General 33 ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’, ejercidos por dicha entidad federativa con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), en el ejercicio fiscal correspondiente a la cuenta pública de dos mil dos.

"e) La notificación al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca del oficio OASF-1230/2003, en el que se le reiteraba la pretensión del auditor superior de la Federación de incluir en el ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’, la revisión de las erogaciones previstas para el Ramo General 33 ‘aportaciones federales para entidades federativas y Municipios’, ejercidos por dicha entidad federativa con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), en el ejercicio fiscal correspondiente a la cuenta pública de dos mil dos.

"f) La propuesta con punto de acuerdo, signada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos del Ramo General 33 asignados al Estado de Oaxaca durante los ejercicios fiscales de los años dos mil, dos mil uno y dos mil dos, presentado en la sesión de la Cámara de Diputados Federal correspondiente al nueve de diciembre de dos mil tres.

"g) La aprobación de la propuesta con punto de acuerdo a que se refiere el acto descrito en el inciso e) inmediato precedente de este capítulo, en la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el nueve de diciembre de dos mil tres, en forma económica.

"h) El turnamiento de la propuesta con punto de acuerdo, mediante oficio D.G.P.L. 59-II-1-197, de nueve de diciembre de dos mil tres, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

"i) La remisión al titular de la Auditoría Superior de la Federación, el C.P. Arturo González de Aragón O., según oficio CVASF/LIX-131/03, de dieciséis de diciembre de dos mil tres, por el diputado José Ángel Ibáñez Montes, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la propuesta con punto de acuerdo a que se ha hecho mérito para que la entidad de fiscalización superior de la Federación practique auditorías a los fondos del Ramo General 33 asignados al Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de dos mil a dos mil dos.

"j) La pretensión de la Cámara de Diputados Federal, mediante oficio OASF-1494/2003, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres, suscrito por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, para la práctica de auditorías a los fondos del Ramo General 33 asignados al Estado de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales de dos mil a dos mil dos.

"k) La notificación al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca del oficio OASF-1494/2003.

"l) La reiteración al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, contenida en oficio OASF-0076/2004, de dieciséis de enero de dos mil cuatro, signado por el auditor superior de la Federación, del contenido de los oficios de veintitrés de julio, dos de octubre y diecisiete de diciembre de dos mil tres a que se ha hecho mérito en este apartado.

"m) La pretensión del auditor superior de la Federación contenida en el oficio AECF/0051/2004, de veintiséis de enero de dos mil cuatro, de practicar auditoría a los recursos del Ramo General 33 asignados al Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal y cuenta pública de dos mil dos.

"n) Los actos imputables a personal de la Auditoría Superior de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil cuatro, con la pretensión de realizar auditoría con motivo de la revisión de la cuenta pública de dos mil dos, tanto en el Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca como en la sede de la Cámara de Diputados de dicho Estado, con apoyo en el contenido del oficio AECF/0051/2004."

SEXTO. Por acuerdos de veintinueve y treinta de abril de dos mil cuatro se admitió la reconvención hecha valer por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca, respectivamente, y se tuvo como demandadas en esta vía a la propia actora y a la Auditoría Superior de la Federación.

SÉPTIMO. El procurador general de la República solicitó en su pedimento que se sobresea, por extemporánea, la reconvención planteada por la demandada y se declaren infundados los conceptos de invalidez formulados en la demanda principal.

OCTAVO. El veinte de agosto de dos mil cuatro tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre la Federación, por conducto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo.

SEGUNDO. A continuación se analizará la legitimación en la causa y en el proceso de la parte actora, por ser un presupuesto indispensable para promover, en términos del criterio que a continuación se cita:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO. La legitimación en la causa, entendida como el derecho sustantivo para poder ejercer la acción, y la legitimación en el proceso, entendida como la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, son aspectos de carácter procesal que, para el caso de las controversias constitucionales, se cumplen de la siguiente manera: 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal, solamente tienen derecho para acudir a la vía de controversia constitucional las entidades, Poderes u órganos a que se refiere el citado precepto fundamental; de esto se sigue que son estos entes públicos a los que, con tal carácter, les asiste el derecho para ejercer la acción de referencia; y 2. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, atento el texto de la norma y el orden de los supuestos que prevé, el órgano jurisdiccional, primero debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley y, en todo caso, podrá entonces presumirse dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, tesis 1a. XV/97, página 468).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;"

Este presupuesto de procedencia es el que en el caso se actualiza, en virtud de que la Cámara de Diputados promueve la controversia en defensa de las atribuciones exclusivas que le confiere el artículo 74, fracción IV, de la propia Constitución por lo que debe estimarse satisfecho el primer requisito de la legitimación en la causa.

Sirven de apoyo los siguientes criterios:

"CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES. ESTÁN LEGITIMADAS AISLADAMENTE PARA PLANTEAR LA DEFENSA DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE A FAVOR DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. De la exposición de motivos de la reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, así como del nuevo texto constitucional que se aprobó en esa ocasión y de la ley reglamentaria correspondiente se advierte, con toda claridad, que las controversias constitucionales que puedan suscitarse entre los Poderes Federales o Locales o entre las distintas entidades políticas que conforman la República, tienen como finalidad fundamental el establecimiento de un medio de defensa judicial en el que los poderes o entidades que se consideren afectados por actos realizados por otro poder o entidad puedan defender ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus respectivas esferas de atribuciones, sin importar que éstas sean exclusivas o compartidas, ya que, ninguno de los ordenamientos indicados, ni sus exposiciones de motivos, establecen que las Cámaras del Congreso de la Unión estén legitimadas para incoar las controversias constitucionales, única y exclusivamente en defensa de las atribuciones que les son exclusivas. Es cierto que una de estas Cámaras no podría defender, a través de este medio, las facultades exclusivas de la otra, pero esto se debe a que los actos correspondientes no afectarían en modo alguno su esfera de atribuciones; sin embargo, la Cámara que se encuentre en ejercicio de la facultad correspondiente sí puede acudir en defensa de las facultades que la Constitución Federal establece a favor del Congreso de la Unión para ser ejercidas por ambas Cámaras, separada y sucesivamente; lo anterior, porque el acto de otro poder que resulte contrario al ejercicio de esa atribución, si bien afecta al Congreso de la Unión en su composición total, también incide sobre la facultad individual de la Cámara que la esté desarrollando. Además, si se aceptara que solamente el Congreso de la Unión puede actuar en defensa de las atribuciones que le confiere el artículo 73 de la Norma Fundamental, la controversia constitucional se volvería prácticamente nugatoria, pues el ejercicio de la acción que se confiere en lo individual a cada una de las Cámaras que lo integran, estaría supeditado a la voluntad de la otra, con lo que se desconocería la intención del Poder Revisor de la Constitución plasmada en el artículo 105, fracción I, inciso c) constitucional." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, tesis P./J. 83/2000, página 962).

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO. Las entidades políticas que conforman el Estado Federal mexicano (la Federación, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios) necesariamente deben actuar a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19853-5c95a3fe/auditoria-superior-de-la-federacion-debe-notificar-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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