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Modo: Corpus Pro

AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ALTO LERMA Y CHICONAUTLA. EL CONVENIO DE 14 DE DICIEMBRE DE 1966 Y SUS ADICIONES, ASÍ COMO EL TÍTULO DE CONCESIÓN 5DFE100309/26HMSG96, OTORGADOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA APROVECHAR POZOS DE ESAS AGUAS, UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBEN ENTENDERSE CONFERIDOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLA POR PARTE DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA CUANDO EL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA LO CONOCIÓ CON ANTERIORIDAD UN DIVERSO PODER QUE NO TIENE LA REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU PROCEDENCIA CONTRA ACTOS IMPUGNADOS EN UNA ANTERIOR EN LA QUE SE SOBRESEYÓ.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2004. · Registro digital (IUS): 21179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 1585.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2004. ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de febrero de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dieciséis de enero de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martha Hilda González Calderón y Julieta Graciela Flores Medina, en su carácter de presidenta y secretaria, respectivamente, de la Diputación Permanente de la LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en representación de la entidad denominada Estado de México, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"Nombre y domicilio de la demandada: La Federación, por conducto del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Acto cuya invalidez se demanda: El acto cuya invalidez se demanda está constituido por la resolución contenida en el oficio número 01365, de fecha 23 de junio de 2003, que dirigió el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, al Gobernador Constitucional del Estado de México, resolución que fue recibida el día 27 de junio del año en curso y que se acompaña al escrito de demanda, que a continuación se transcribe: ‘Lic. Arturo Montiel Rojas. Gobernador Constitucional del Estado de México. Estimado señor gobernador: Me es grato saludar a usted al hacer referencia a sus atentos oficios números 202.G.81/03 y 201.G.60/03 de 9 de junio y 29 de abril últimos, respectivamente, mismos que me permito contestar en los términos de esta comunicación, mediante la cual he procurado que en esta ocasión queden satisfechas sus peticiones y al mismo tiempo se expliquen las circunstancias que, desde el punto de vista legal, obligan a esta dependencia del Ejecutivo a manifestarse como se plantea a continuación, respecto de la asunción por parte del Gobierno Federal de las diversas determinaciones que usted propone en torno a los sistemas de extracción y conducción de aguas subterráneas del Alto Lerma y Chiconautla. 1. En relación con el convenio celebrado el 14 de diciembre de 1966, entre las entonces Secretarías de Recursos Hidráulicos, la de Agricultura y Ganadería y el otrora Departamento del Distrito Federal, con el Gobierno del Estado de México, se comenta lo siguiente: El convenio en estudio no constituye en sí, un acto violatorio de la soberanía del Estado de México, al haber sido aprobado por la Legislatura de ese Estado y los Ayuntamientos involucrados, conforme se establece en el antecedente IV y en la cláusula cuarta del instrumento en cita. Asimismo, se tiene que, en términos del artículo 2o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el entonces Departamento del Distrito Federal devino en entidad federativa, y los actos jurídicos celebrados por el jefe del Departamento del Distrito Federal, se entienden referidos al jefe del Gobierno del Distrito Federal, por mandato del artículo décimo primero transitorio del mencionado estatuto. De la lectura del instrumento en cuestión no se desprenden estipulaciones que confieran al entonces Departamento del Distrito Federal derechos u obligaciones cuya realización importe violación a la soberanía interna del Estado de México, y los actos que realice el Gobierno del Distrito Federal apegados a lo pactado, se traducen en acciones de ejecución del convenio, toda vez que dicho instrumento sigue surtiendo efectos, por haberse suscrito por tiempo indefinido. 2. Respecto de la revocación de la concesión 5DFE10039/26HMSG96 (sic) -el número correcto es 5DFE100309/26HMSG96- de fecha 4 de marzo de 1996, otorgada como asignación al Departamento del Distrito Federal para usar o aprovechar aguas nacionales, le comento: La asignación en estudio fue tratada y expedida en términos del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. La Federación al concesionar el uso y aprovechamiento de los bienes materia de la concesión dentro del territorio del Estado de México, no contraría su soberanía interior. Sigue vigente el citado título debido a que el artículo segundo transitorio del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, ordena que los bienes de la administración pública federal a cargo del Departamento del Distrito Federal y los propios de éste, se incorporan al patrimonio del Gobierno del Distrito Federal. Del texto del título en cuestión no se desprende que el Gobierno del Distrito Federal viole la soberanía interior del Estado de México al ejercer los derechos de uso y aprovechamiento de aguas nacionales en su territorio, ya que dicha actuación no implica el ejercicio de un poder, sino que se traduce en el disfrute de los derechos adquiridos en sustitución del Departamento del Distrito Federal. Por otra parte, las concesiones sólo pueden revocarse por las causas previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. El hecho de que el Gobierno del Distrito Federal como causahabiente ejerza los derechos de la concesión de mérito, no actualiza causal alguna de revocación. No obstante lo anterior, respetuosamente reitero a usted que he girado instrucciones para que este asunto sea abordado en la próxima sesión de la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana (CADAM), para propiciar que el Gobierno del Distrito Federal externe su punto de vista respecto de los planteamientos que realice el Gobierno del Estado de México sobre el particular. Como usted acertadamente manifiesta, la CADAM, carece de facultades para dictar resoluciones que vinculen a las partes que integran dicha comisión; sin embargo, insisto que en el seno de la CADAM se pueden coordinar acciones conjuntas que nos permitan acercarnos a esquemas de colaboración que sean favorables a los intereses del Estado de México, sin menoscabo de los del Gobierno del Departamento del Distrito Federal (sic) para dar cauce al presente asunto metropolitano de interés mutuo. Lo anterior dado que la constitución de la CADAM fue resultado de la coordinación entre el Gobierno que usted dignamente preside, la Comisión Nacional del Agua y el Departamento del Distrito Federal, al amparo del convenio celebrado el 27 de junio de 1994 con fundamento en la fracción VI del artículo 115 constitucional, con el fin de atender temas comunes en materia de conurbación entre el Gobierno del Estado de México y el Gobierno del Distrito Federal. No omito comentarle que esta secretaría comparte su inquietud en cuanto a la urgencia de frenar la sobreexplotación de acuíferos y detener daños ecológicos en las cuencas, así como la necesidad de revertir esos fenómenos. Sin otro particular, manifiesto a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente: Víctor Lichtinger Waisman. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (firma ilegible).’."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, en lo que interesa, los siguientes:

1. El veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, se emitió un decreto por el Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de agosto del indicado año, mediante el cual se estableció veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Cuenca o Valle de México.

2. El diez de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, el Ejecutivo Federal emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre del citado año, mediante el cual se estableció veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Toluca, Estado de México, que forma parte de la cuenca alta del Río Lerma, y sólo con permiso de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos se podrían extraer aguas del subsuelo.

3. No obstante la veda, el catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Ejecutivo Federal autorizó al Departamento del Distrito Federal, de manera temporal, para que efectuara el aprovechamiento de aguas de los mantos acuíferos subterráneos de la cuenca del Río Lerma, en el Estado de México, firmando para tal efecto un convenio en el que intervinieron el presidente de la República quien lo autorizó, el jefe del Departamento del Distrito Federal, los secretarios de Recursos Hidráulicos, y de Agricultura y Ganadería, y el gobernador del Estado de México, documento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

4. Derivado de este convenio, el Departamento del Distrito Federal se obligó, entre otras cosas, a realizar las obras necesarias para el alumbramiento y conducción del agua, así como para explotarla de manera que su extracción no implicara limitaciones para la zona industrial del Valle de Toluca y, además, debía entregar al Gobierno del Estado de México, por concepto de cooperación, diversas sumas de dinero que serían utilizadas en obras sociales.

5. Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios del convenio referido, el día doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se celebró un convenio adicional publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, con el objeto de realizar una segunda etapa ampliando las zonas de captación del agua a las zonas comprendidas desde la presa "José Antonio Alzate" hacia el norte, incrementando la extracción de agua y la cooperación a cargo del Departamento del Distrito Federal en favor del Estado de México.

6. El diez de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, se celebró un segundo convenio adicional, en el que el Departamento del Distrito Federal, se obligó a incrementar el monto de su cooperación.

7. El treinta de septiembre de mil novecientos setenta, se celebró un convenio mediante el cual se finiquitó la cooperación a que se comprometió el Departamento del Distrito Federal, pero subsistió la extracción de aguas nacionales subterráneas del subsuelo del territorio del Estado de México.

8. El cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, la Comisión Nacional del Agua otorgó a favor del Distrito Federal, el título de concesión número 5DFE100309/26HMSG96, para usar o aprovechar, un volumen de 309'052,800 (trescientos nueve millones cincuenta y dos mil ochocientos) metros cúbicos anuales de aguas nacionales superficiales, y 780'516,000 (setecientos ochenta millones quinientos dieciséis mil) metros cúbicos anuales de aguas del subsuelo, título merced al cual recibió a través del Sistema Cutzamala, aguas superficiales de las presas "Colorines", "Valle Bravo", "Villa Victoria" y "Chisledo", todas ellas ubicadas en el Estado de México.

9. Al amparo de los convenios mencionados y de la concesión referida, el Departamento del Distrito Federal perforó 274 pozos para extraer el agua de las fuentes subterráneas del Sistema Lerma, en particular del acuífero del Valle de Toluca, así como 250 pozos más en acuíferos localizados en el Estado de México, específicamente en los ramales conocidos como "Los Reyes-Ecatepec", donde se encuentran 31 pozos, de los cuales 4 están en reserva; "Teoloyucan", donde se encuentran 37 pozos, de los cuales 7 están en reserva; "los Reyes-Ferrocarril", donde se encuentran 49 pozos, de los cuales 8 están en reserva; y "Tizayuca-Pachuca", donde se encuentran 30 pozos, de los cuales 4 están en reserva. Los pozos antes referidos -afirma- no cuentan con medidor de extracción de agua, permiso, ni registro, ni fecha de inicio de operación, lo que denota que su explotación ha sido descontrolada.

10. Debido a la anterior sobreexplotación, el veintinueve de abril de dos mil tres, mediante oficio 201.G.60/03, el Gobernador Constitucional del Estado de México, dirigió al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una solicitud para que girara sus instrucciones a fin de que la administración de los sistemas para la extracción y conducción de las aguas subterráneas del Alto Lerma y Chiconautla, actualmente operadas por el Gobierno del Distrito Federal, fuera reasumida por el Gobierno Federal y, por ende, declarara terminado el convenio de catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, y sus respectivas adiciones, así como el título de concesión 5DFE100309/26HMSG96, de cuatro de marzo de mil novecientos sesenta y seis.

11. En contestación a dicho oficio, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, giró al gobernador del Estado de México el oficio 01227 de cuatro de junio de dos mil tres, mediante el cual se indica que el asunto se abordaría en la próxima sesión de la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana.

12. Insistiendo en sus requerimientos, el nueve de junio de dos mil tres, el gobernador del Estado de México giró nuevo oficio número 202.G.81/03, al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haciéndole ver que su respuesta no satisfacía todos los puntos de la petición anterior.

13. En contestación a las peticiones antes anotadas, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictó la resolución contenida en el oficio número 01365, de veintitrés de junio de dos mil tres, que constituye el acto cuya invalidez se demanda en la presente controversia constitucional.

14. El tres de diciembre de dos mil tres, la LV Legislatura del Estado de México recibió el oficio del secretario general del Gobierno del citado Estado, mediante el cual se le informa que el gobernador del mismo promovió en contra del mencionado oficio 01365, de veintitrés de junio de dos mil tres, una controversia constitucional, a la cual le recayó el número 67/2003, que posteriormente fue resuelta por este Tribunal Pleno en sesión de diez de agosto de dos mil cuatro, en el sentido de sobreseer en el juicio.

15. No obstante ello, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil tres, el Pleno de la Legislatura del Estado de México, tuvo a bien acordar la interposición de la presente controversia constitucional, en contra del oficio citado en el numeral que antecede.

TERCERO. En los conceptos de invalidez planteados por la parte actora, se indica esencialmente, lo siguiente:

En el primer concepto de invalidez, precisa que las controversias constitucionales incluyen dentro de sus fines, de manera relevante, el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de los órganos de poder, por lo que cualquier acto y abstención de éstos que afecte al bienestar de los habitantes, es contrario al orden constitucional y que la reparación de los daños causados debe otorgarse a través de este instrumento de control constitucional.

En este tenor, la abstención de la demandada consistente en no dar por concluido el convenio de catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, y la concesión de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, se traduce en una violación a las garantías individuales de los habitantes del Estado de México, consagradas en el artículo 4o. constitucional, concretamente por lo que se refiere al derecho que toda persona tiene a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Resulta incuestionable que con la sobreexplotación que se ha venido haciendo de los mantos acuíferos en el Estado de México, se han ocasionado graves daños al medio ambiente de la entidad, impidiendo a sus habitantes el pleno ejercicio de sus garantías individuales previstas en el artículo 4o. del Pacto Federal.

Asimismo, manifiesta que la demandada al consentir la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Estado de México, ha dejado de cumplir con el mandato que le impone el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a que no ha regulado, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación; no ha realizado una distribución equitativa de la riqueza pública; no ha logrado el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; no ha establecido adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques; ha dejado de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; no ha preservado y restaurado el equilibrio ecológico; ha dejado de fomentar la agricultura, ganadería y silvicultura y demás actividades económicas en el medio rural y; finalmente, no ha evitado la destrucción de los elementos naturales.

Con la actitud permisiva de la Federación, el Estado de México se ha visto impedido para garantizar que los niños y las niñas mexiquenses tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que la sobreexplotación de los mantos acuíferos ha ocasionado graves daños al medio ambiente y, con ello, un detrimento a la salud pública de los mexiquenses.

En conclusión, afirma que los actos y abstenciones de la demandada implicados en el oficio impugnado, son contrarios a los principios contenidos en los artículos 40, 41, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al quebrantar su soberanía y causar perjuicios a los habitantes de la entidad actora, por violación a sus garantías individuales, específicamente las consagradas en el artículo 4o., párrafos tercero, cuarto y sexto, de la Ley Fundamental.

En el segundo concepto de invalidez, indica que la resolución impugnada no está fundada ni motivada, porque contrariamente a lo que sostiene la demandada, los artículos 2o. y décimo primero transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no prevén que el hoy Distrito Federal, haya sido anteriormente el Departamento del Distrito Federal, o que éste se haya convertido en aquél y que, por ende: "... los actos jurídicos celebrados por el jefe del DDF, se entienden referidos al jefe de Gobierno del DF, por mandato del artículo décimo primero transitorio del mencionado estatuto."

Atinente a lo anterior, señala que tales preceptos tampoco establecen que los actos jurídicos celebrados por el jefe del Departamento del Distrito Federal, se entiendan referidos al hoy jefe de Gobierno del Distrito Federal, porque ahí dice "leyes", "reglamentos" y "demás disposiciones normativas", es decir, ordenamientos jurídicos de carácter general y no actos jurídicos como lo es el convenio de catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, en el que sólo participan quienes lo suscribieron y, por tanto, no tiene efectos generales, por lo que estima que no se ubica dentro de los supuestos del artículo décimo primero de las disposiciones transitorias del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En el tercer concepto de invalidez, la entidad actora precisa que la resolución cuya invalidez se demanda, es contraria al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que al omitir señalar los motivos y fundamentos legales en que se sustenta, se impide su confrontación con las normas aplicables y, por ende, se deja a la parte actora en estado de indefensión.

En el cuarto concepto de invalidez, se aduce que es indebida la fundamentación que se expresa en el oficio impugnado, porque los artículos 2o. y décimo primero transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no precisan cómo es que se erigió el Distrito Federal como entidad federativa, ni mencionan que su antecedente haya sido el Departamento del Distrito Federal.

Al respecto, subraya que el Distrito Federal como entidad federativa, es una persona moral con naturaleza jurídica distinta al otrora Departamento del Distrito Federal, en virtud de que éste era un departamento administrativo de la administración pública descentralizada y el Distrito Federal es una nueva entidad integrante de la Federación, de manera que los actos celebrados por uno, no pueden obligar al otro.

Finalmente, afirma que el artículo décimo primero transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, señala que: "Las atribuciones que las leyes, reglamentos y demás disposiciones otorguen al jefe del Departamento del Distrito Federal, se entenderán conferidas, en lo conducente, al jefe del Distrito Federal, una vez que entre en el ejercicio de su encargo.", de lo que deduce que solamente es aplicable a las normas de carácter general, mas no así, a actos jurídicos particulares como el convenio de catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, y el título de concesión número 5DFE100309/26HMSG96, por lo que el oficio impugnado contraviene el artículo 16 constitucional al estar indebidamente fundado.

En el quinto concepto de invalidez, se plantea que el convenio de catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, se celebró entre el Departamento del Distrito Federal y la Federación, por lo que si fue válido en su momento, ahora no lo es, porque quien está ejercitando las "acciones de ejecución", es el Gobierno del Distrito Federal, persona distinta al entonces Departamento del Distrito Federal.

Por otra parte, precisa que es incorrecto lo que señala el oficio impugnado acerca de que el convenio de referencia "... sigue surtiendo efectos, por haberse suscrito por tiempo indefinido ...", porque de acuerdo con su cláusula 11a: "La extracción de agua potable para el Distrito Federal será temporal, regulándose a medida que se logre obtener agua suficiente para satisfacer sus necesidades, procedentes de otras regiones de la República."

En este sentido, considera que es procedente dar por terminado el convenio multirreferido, habida cuenta de que con su ejercicio se ha violado el "Decreto por el que se establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo conocida como Valle de Toluca, Estado de México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, puesto que el término temporal a que se sujetó la extracción del agua por parte del Departamento del Distrito Federal, significa "por algún tiempo", pero no "por tiempo indefinido" como lo pretende hacer valer la Federación al emitir el oficio impugnado.

En el sexto concepto de invalidez, la parte actora señala que debe dejar de tener vigencia el título de concesión 5DFE100309/26HMSG96, pues cuando se expidió, no se cumplieron los requisitos establecidos en el decreto de veda de diez de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de ese año, ni se observó lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y en su reglamento, vulnerándose de esta forma el artículo 27 constitucional, porque el decreto mencionado establece que se concederán permisos para la explotación del agua, únicamente en los casos en que de los estudios relativos se advierta que no se causarán los perjuicios que con el establecimiento de la veda tratan de evitarse, sin embargo, se desconoce si cuando se expidió el título de concesión en comento, se realizaron los estudios anteriormente señalados y, en su caso, de haberse realizado, actualmente sus efectos se encuentran desfasados, pues según la Comisión Nacional del Agua en su acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil tres, todos los acuíferos del Estado de México, incluyendo los derivados del Alto Lerma y Chiconautla, reportan déficit.

En el séptimo concepto de invalidez, la entidad actora menciona que es errónea la afirmación que se realiza en el acto cuya invalidez se demanda, acerca de que: "... sigue vigente el citado título debido a que el artículo segundo transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ordena que los bienes de la administración pública federal a cargo del Departamento del Distrito Federal y los propios de éste, se incorporarán al patrimonio del Gobierno del Distrito Federal", en virtud de que a lo que verdaderamente se refiere el numeral en comento, es a los "mecanismos" que "dispondrá" el titular del Poder Ejecutivo Federal, una vez que haya sido nombrado el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que bienes y recursos de la administración pública federal a cargo del otrora Departamento del Distrito Federal y los propios de éste, sean incorporados al patrimonio del Distrito Federal, en virtud de que el multirreferido artículo segundo transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, precisa: "Artículo segundo. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá el mecanismo necesario para que bienes y recursos de la administración pública federal a cargo del Departamento del Distrito Federal y los propios de éste, sean incorporados al patrimonio del Distrito Federal, una vez que haya sido nombrado el jefe del Distrito Federal para el periodo que inicia el dos de diciembre de 1997."

Por otra parte, señala que de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, las personas físicas y morales podrán explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales mediante concesión; pero si la explotación, uso o aprovechamiento se lleva a cabo por dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, se podrá realizar mediante asignación, de lo que deduce que sólo las dependencias y organismos federales, estatales y municipales podrán ser sujetos de asignación de aguas nacionales, pero no las entidades federativas, motivo por el cual la explotación, uso y aprovechamiento que el Distrito Federal lleva a cabo de las aguas nacionales provenientes de las cuencas localizadas en el Estado de México, específicamente del Alto Lerma y Chiconautla, es ilegal, sin que obste lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, pues dicha disposición estatuaria no puede prevalecer sobre lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional.

Afirma que si el Distrito Federal no puede ser legalmente asignatario de aguas nacionales y, además, su titular originario, el Departamento del Distrito Federal ya no existe, la administración, control y operación de las aguas nacionales objeto del título de concesión 5DFE100309/26HMSG96, debe reasumirse por la Federación, restableciéndose así la veda decretada el diez de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Toluca, Estado de México, toda vez que según lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Aguas Nacionales de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre del mismo año, las declaratorias de aguas nacionales que se hayan expedido, así como las vedas, reglamentaciones y reservas relativas a aguas nacionales decretadas por el Ejecutivo Federal, seguirán produciendo sus efectos legales.

En el octavo concepto de invalidez, la parte actora expresa que contrariamente a lo que se indica en el oficio cuya invalidez se demanda, en el derecho administrativo, dentro del que se regula la institución de la "concesión", no existe la figura jurídica de la causahabiencia a que se alude en el oficio impugnado, ya que ésta es propia del derecho civil, por lo que el Gobierno del Distrito Federal no puede gozar de los beneficios de un convenio firmado por el otrora Departamento del Distrito Federal.

Aunado a lo anterior, precisa que de conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Bienes Nacionales, las concesiones no podrán ser objeto de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier otro contrato en virtud del cual una persona distinta al concesionario, como en el caso sucede, goce de los derechos derivados de tales concesiones y de las instalaciones o construcciones autorizadas en el título respectivo.

Finalmente, en el noveno concepto de invalidez, la accionante manifiesta que el oficio impugnado es violatorio del artículo 16 constitucional, porque el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se abstiene de resolver los requerimientos planteados por el gobernador del Estado de México y los remite para su solución a un organismo incompetente para ello, como lo es la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana (CADAM), lo que denota una falta de fundamentación y motivación del oficio cuya invalidez se demanda.

CUARTO. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se estiman violados son 4o., 16, 27, 40, 115, 116, 122 y 124.

QUINTO. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente, asimismo, se ordenó turnarlo al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor, quien mediante proveído de veintiuno del mes y año citados, admitió a trámite la demanda, reconoció con el carácter de demandada a la Federación por conducto del Poder Ejecutivo Federal y como tercero interesado al Distrito Federal.

SEXTO. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Poder Ejecutivo Federal, al contestar la demanda, en síntesis manifestó:

a) En relación con la procedencia de la controversia.

1. Procede se decrete el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el oficio impugnado no crea, modifica o extingue una situación legal específica de la parte actora, en virtud de que únicamente es una contestación a los oficios del gobernador del Estado de México, por lo que, en su caso, constituye una respuesta no reglada en cuya emisión no se siguió un procedimiento, de manera que sólo se satisfizo el d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21179-cfdac946/aguas-subterraneas-del-alto-lerma-y-chiconautla-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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