AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. SUS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. AL PRACTICAR LA FISCALIZACIÓN ORDINARIA DE LA CUENTA PÚBLICA NO PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE LA VALIDEZ O INVALIDEZ DE LOS ACTOS FISCALIZADOS. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. SUS FACULTADES ORDINARIAS DE FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRAN LIMITADAS A LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ENTE FISCALIZADO. CUENTA PÚBLICA. OBJETO DE SU REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONFORME AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL VIGENTE A PARTIR DE 1999.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2004. PODER EJECUTIVO FEDERAL.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de abril de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el diecinueve de mayo de dos mil cuatro, en el domicilio particular del secretario autorizado para recibir las demandas y documentos fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, el que lo remitió al día siguiente a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, secretario de Energía, en representación del presidente de la República promovió controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades que se mencionan a continuación:
"II. Demandados: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por actos de la Auditoría Superior de la Federación. Auditoría Superior de la Federación, entidad de apoyo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por actos imputables al auditor superior de la Federación. Auditor especial de desempeño y director general de Auditorías Especiales. V. Actos cuya invalidez se demanda: 1. El requerimiento dictado por el auditor superior de la Federación de la Cámara de Diputados, contenido en el oficio número OASF/736/04 de fecha 1o. de abril de 2004, dirigido al C. Secretario de Energía, para que adopte medidas de carácter administrativo o ejerza acciones relacionadas con la validez de los procedimientos para la expedición de permisos para la generación de energía eléctrica en términos de recomendaciones específicas contenidas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, recomendaciones que se señalarán como acto impugnado más adelante, y para lo cual le fue concedido un plazo de cuarenta y cinco días hábiles bajo apercibimiento. 2. Las observaciones y recomendaciones contenidas en la ‘relación de observaciones y acciones promovidas’, que se identifica como ‘anexo al oficio OASF/736/04’, actos específicos del auditor superior de la Federación en los que se determina de manera concreta el extremo de las recomendaciones que la Secretaría de Energía debe acatar en el plazo concedido apercibida de que en caso de no proceder de conformidad ‘se promoverá la restauración de los procedimientos administrativos correspondientes con motivo del incumplimiento de este requerimiento’. Dicho documento es el anexo y referencia principal del acto cuya invalidez se demanda en el numeral inmediato anterior. 3. El requerimiento dictado por el auditor superior de la Federación de la Cámara de Diputados, contenido en el oficio número OASF/692/04 de fecha 1o. de abril de 2004 dirigido al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, para que adopte medidas de carácter administrativo dentro de los procedimientos para la expedición de permisos para la generación de energía eléctrica. En términos de recomendaciones específicas contenidas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, recomendaciones que se señalarán como acto impugnado más adelante, para lo cual le fue concedido un plazo de cuarenta y cinco días hábiles bajo apercibimiento. 4. Las observaciones y recomendaciones contenidas en la ‘relación de observaciones y aclaraciones promovidas’, que se identifica como ‘anexo al oficio OASF/692/04’, actos específicos del auditor superior de la Federación en los que se determina de manera concreta el extremo de las recomendaciones que la Comisión Reguladora de Energía debe acatar en el plazo concedido, apercibida de que en caso de no proceder de conformidad ‘se promoverá la instauración de los procedimientos administrativos correspondientes, con motivo del incumplimiento de este requerimiento’, dicho documento es el anexo y referencia principal del acto cuya invalidez se demanda en el numeral inmediato anterior. 5. Las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, en la parte que fue resultado y, consiguientemente, deriva de las auditorías especiales números 02-18COO-6-352 y 02-18COO-6-353, que obran en el tomo V, volumen 1.3 de dicho documento, correspondiente al capítulo de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, el acto cuya invalidez se demanda en el párrafo 5 anterior, fue notificado a la Comisión Reguladora de Energía mediante oficio número OASF/505/04 de fecha 1o. de abril de 2004. Firmado por el auditor superior de la Federación, recibido el día siguiente. A través de dichas observaciones y recomendaciones, el auditor superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, requiere y apercibe al órgano interno de control en la Comisión Reguladora de Energía para que proceda a determinar responsabilidades, lo que demuestra el carácter definitivo de sus actos, y requiere a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía en los términos que han quedado seriados anteriormente. 6. La aprobación de las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, actos cuya invalidez constitucional se demanda en el punto inmediato anterior, que consecuente e inminentemente habrá de tener lugar por parte de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y por el Pleno de la misma Cámara, en términos de lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, 32, 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 7. El procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública que fue llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación al ejecutar las auditorías especiales números 02-18COO-6-352 y 02-18COO-6-353, de las que derivan las observaciones y recomendaciones cuya invalidez se demanda en los numerales anteriores, procedimiento en el que reiteradamente se violó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que lo rige al haberse impedido que las entidades fiscalizadas, Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía, ofrecieran las pruebas conducentes y formularan argumentaciones en vías de alegato que permitieran comprobar, por una parte, la clara división de competencias existente entre las dependencias del Ejecutivo y la Cámara de Diputados en el proceso de revisión de la cuenta pública y, por la otra, la absoluta legalidad de los actos realizados por su parte, en los procedimientos seguidos para otorgar permisos para la generación de energía eléctrica o en los procedimientos de supervisión sobre el cumplimiento que los permisionarios dan a sus propios permisos, a la Constitución y a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que los rige concretamente, las violaciones a la ley del procedimiento que dejaron sin defensa a las entidades fiscalizadas, se detallan en los incisos siguientes: a) El señalamiento contradictorio en que incurrió el auditor superior de la Federación, causa de incertidumbre jurídica, al haber especificado al inicio de la auditoría -en la orden de auditoría contenida en el oficio número OAED/153/03-, que se trataba de una revisión practicada con motivo de la inclusión de la Secretaría de Energía dentro del ‘Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones’ y con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; y al haber señalado, en cambio, al término de la auditoría, en la página 534 del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, que se trataba de una auditoría practicada con motivo de ‘denuncia (s) de hechos en materia de energía eléctrica presentada a la Auditoría Superior de la Federación por dos legisladores’, situación que por consiguiente debió dar lugar a la instrumentación del procedimiento contenido en el título IV, artículos 36 al 44 del mismo ordenamiento citado aplicable a la revisión de situaciones excepcionales. b) La abstención de haber expedido el Manual General de Procedimientos para la debida Organización y Funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación en Materia de Revisión y Fiscalización; la abstención de haberlos sometido a ratificación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados; y, la abstención de haberlos publicado en el Diario Oficial de la Federación, como lo establece el artículo 74, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, lo que provocó que las auditorías cuya validez se cuestionan en este juicio, se hayan llevado a cabo conforme a reglas arbitrarias impuestas por los mismos auditores especiales y órganos auxiliares que se encargaron de ejecutarlas. c) La abstención de haber realizado una reunión de preconfronta anterior al 18 de febrero de 2004, que permitiera a la Comisión Reguladora de Energía obtener los documentos, información y pruebas necesarias para demostrar la improcedencia de todas y cada una de las observaciones, supuestas irregularidades detectadas y resultados, que se formularon en el acta de esa fecha, por incompetencia del órgano o por incorrecta fundamentación y motivación de cada una, según se especifica en el capítulo de conceptos de invalidez de esta demanda. d) La concesión infundada de un plazo insuficiente de tres días hábiles para solventar observaciones contenidas en el Acta de Confronta del 18 de febrero de 2004, como se hizo constar en el acta misma. La resolución mediante la cual expresamente la Auditoría Superior de la Federación, sin fundamentación ni motivación alguna y en forma por demás arbitraria determinó que no era procedente conceder una prórroga al plazo concedido, por no resultar aplicable a la materia el artículo 46, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. La concesión de una ampliación por un plazo de tan sólo tres días hábiles adicionales a los originalmente concedidos, igualmente insuficientes para ofrecer pruebas y formular alegatos, de manera ajena a la letra de la ley. e) La publicación o divulgación de información reservada, perteneciente a particulares y ajena al contenido de lo que debe ser el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, tal como lo prescriben los artículos 31, con relación a los artículos 21, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que implica responsabilidad del auditor superior de la Federación y que tuvo lugar en dos momentos comprobados: durante el procedimiento de revisión, al habérsele entregado a diversos letrados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de que formularan un análisis sobre la validez constitucional de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, según se detalla en el informe de resultados mismo; y, el pasado 31 de marzo de 2004, al haberse entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe en cuyo capitulado constan las observaciones y recomendaciones cuya validez se impugna en numerales anteriores de este escrito, documento que ilustra la información reservada de referencia. f) La abstención de incorporar dentro del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, el contenido íntegro de los comentarios y observaciones emitidos por la Comisión Reguladora de Energía al desahogar el requerimiento que se le formuló en el Acta de Confronta del 18 de febrero de 2004, como expresamente lo prescribe el artículo 31, inciso g), de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. g) El señalamiento contradictorio de resultados y observaciones existentes, entre las contenidas en el Acta de Confronta de las auditorías 352 y 353, del 18 de febrero de 2004; las contenidas en los anexos de los oficios OASF/763/04 y OASF/692/04, actos cuya invalidez se demanda en los numerales 2 y 4 anteriores; y las contenidas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, acto cuya invalidez se demanda en el numeral 5 de este capítulo. h) El planteamiento de observaciones a través de las cuales la Auditoría Superior de la Federación, pretendiendo ejercer facultades constitucionalmente concedidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la inconstitucionalidad del artículo 36, fracción II, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hecho que tuvo lugar al rendirse el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2002. i) La celebración de convenios o ejecución de procedimientos administrativos internos, que dieron lugar a la utilización de servicios profesionales de particulares distintos a los servicios de fiscalización que en ese tenor permite la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, servicios que culminaron en meras opiniones con base en las cuales se emitieron observaciones y recomendaciones y se determinaron supuestas irregularidades dirigidas a las entidades fiscalizadas. Se trató de los servicios de diversos profesionales pertenecientes al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hizo inconstitucionalmente suyos el auditor superior de la Federación, en las actividades de revisión y fiscalización de la cuenta pública."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 constitucional y de manera oportuna, el Poder Ejecutivo de la Unión, en cuya representación se actúa, remitió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2002, en la que se incluyó el informe consolidado que todos los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rindieron a dicho órgano colegiado, con el objeto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales, durante ese periodo, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados. 2. La cuenta pública se constituyó por los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos y programáticos; la información que mostró el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda pública federal y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos y el resultado de las operaciones de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, además de los estados detallados de la deuda pública federal, tal y como expresamente lo dispone el artículo 7o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 3. La Auditoría Superior de la Federación, órgano de apoyo que depende de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, procedió a revisar y fiscalizar la cuenta pública presentada por el Poder Ejecutivo de la Unión, para lo cual llevó a cabo la práctica de numerosos actos y visitas, de entre las cuales destacan para efecto de este juicio las auditorías especiales números 02-18COO-6-352 y 02-18COO-6-353, que ‘corrieron a cargo de la Comisión Reguladora de Energía’, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Dependiente del Poder Ejecutivo Federal. 4. Destaca el hecho de que, al inicio del procedimiento de auditoría, mediante oficio número OAED/153/03, firmado por el auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y dirigido al secretario de Energía, se indicó expresamente que la revisión tenia lugar con motivo de la inclusión de la Secretaría de Energía, dentro del ‘programa de auditorías, visitas e inspecciones’, lo que llevaba a instruir el procedimiento de revisión, expresamente, en los términos y sujeto a los procedimientos establecidos en los artículos 14, 16, 21, 24 y 25 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, entre otros; sin embargo, al final del procedimiento, y muy concretamente en la página 534 del informe del resultado rendido por el auditor superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se indicó que la verificación realmente obedecía a denuncias de hechos en materia de energía eléctrica presentadas por dos legisladores, lo que en estricto sentido debió dar lugar, entonces, a la ejecución de un proceso de auditoría especial regulado por el título cuarto de la citada Ley de Fiscalización Superior de la denominada de la revisión de situaciones excepcionales y no como parte de un procedimiento ordinario de auditoría. 5. Las auditorías de referencia se realizaron en forma por demás arbitraria por los auditores especiales y sin posibilidad de saber si fueron o no apegados a la ley, toda vez que hasta la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el manual general de organización y procedimientos que se requiere para la debida Organización y Funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación, que tendría que haber emitido y sometido a ratificación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el auditor superior de la Federación, tal y como lo prescribe el artículo 74, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ante la incertidumbre sobre el alcance de los requerimientos de información y documentación que le fueron realizados por los auditores especiales, la Comisión Reguladora de Energía proporcionó todo aquello que le fue solicitado con el único objeto de no entorpecer la práctica del proceso de verificación, que duró más de siete meses, ni incurrir en ninguna responsabilidad. Al término del proceso de revisión y fiscalización, que se ejecutó unilateralmente por los auditores especiales y sin vista a la comisión, se levantaron las actas de conclusión de trabajos de auditoría y reunión de confronta de fecha 18 de febrero de 2004, en la que se hicieron constar, a juicio de esos mismos auditores especiales, supuestas irregularidades imputables a la Comisión Reguladora de Energía que, con independencia de que eran infundadas, no correspondían desde luego a ningún acto de su parte que se hubiera originado o hubiera surtido sus efectos durante el ejercicio que fue objeto de la revisión; ni tampoco a ningún acto que, por su naturaleza y alcance, pudiera haber sido objeto de fiscalización a la luz de la ley que rige el proceso: se trató de actos que eran propios de la esfera de atribuciones exclusivas de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía como entidades fiscalizadas, no inherentes al ámbito de la ejecución del presupuesto de egresos autorizado para dichas entidades durante el ejercicio 2002 ni al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. Sobre el contenido de las imputaciones del auditor especial de desempeño, dirigidas a la Comisión Reguladora de Energía, destaca el hecho particular de que expresamente, se sostuvo que provenían de un estudio elaborado por diversos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes opinaron sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía para la generación de energía eléctrica, lo que implicó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, desde luego, la violación a la reserva de ley proveniente de haber exhibido o entregado a dichos profesionales, que no forman parte del Gobierno Federal y que no realizaban actividades de fiscalización, la información reservada que en su momento y según fue descrito en párrafos anteriores de este antecedente, entregó y puso a disposición de esa entidad de fiscalización de la Cámara de Diputados, la Comisión Reguladora de Energía. 6. En las actas del 18 de febrero de 2004, que concernieron a la conclusión de trabajos que, como se dijo, duraron más de siete meses y que, por tal motivo, eran referentes a un universo muy grande de procedimientos administrativos revisados. El director general de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento de la Comisión Reguladora de Energía los resultados de los trabajos de las auditorías y en forma por demás infundada y sin motivación alguna le concedió un plazo de sólo tres días hábiles como de manera expresa señaló: ‘presentar la información y documentación que solvente las irregularidades detectadas o aclare los resultados reportados’. El plazo de tres días hábiles arriba señalado, se fijó de manera arbitraria por la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que no existe disposición expresa que así lo establezca, ni fue citada tampoco en ningún momento en desacato a los principios de transparencia, contradicción y legalidad de todo procedimiento de auditoría. 7. La Comisión Reguladora de Energía solicitó la concesión de un plazo adicional al originalmente concedido, a fin de estar en posibilidad material de recabar la información que pudiera servir para desvirtuar las observaciones incorrectamente formuladas en su contra, petición que fundó en lo dispuesto por el artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 8. La Auditoría Superior de la Federación negó la aplicabilidad del artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y, en principio, la concesión de dicha ampliación. No obstante lo anterior, ante la evidente insuficiencia del plazo mediante oficio número DGAE/223/04, de fecha 23 de febrero de 2004, oficiosamente amplió el plazo concedido por tres días hábiles más, lo que vino a significar la concesión de un plazo total de seis días hábiles, que resultaban igualmente insuficientes para desvirtuar las imputaciones derivadas de un proceso de auditoría de más de siete meses de duración. 9. La Comisión Reguladora de Energía presentó dos escritos, por medio de los cuales desahogó y, en sus términos, desvirtuó todas y cada una de las observaciones que se hicieron constar en el acta de conclusión de trabajos y confronta del 18 de febrero de 2004. 10. El 31 de marzo pasado, el auditor superior de la Federación presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 entre cuyos capítulos se encuentran los relativos a las auditorías especiales números 02-18COO-6-352 y 02-18COO-6-353 que atañen a la Comisión Reguladora de Energía, Organismo Integrante de la Administración Pública Federal Centralizada. 11. El 1 y 2 de abril de 2004, se notificaron a los CC. Secretario de Energía y al presidente de dicha Comisión Reguladora de Energía, respectivamente, los oficios números OASF/763/04, OASF/692/04 y OASF/505/04, por medio de los cuales el auditor superior de la Federación, por una parte, requirió a dichos órganos para que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 31, último párrafo, 45 y 74, fracciones I, XI, XII y XX, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, procedieran a adoptar medidas para modificar la forma y condiciones conforme a las cuales la Comisión Reguladora de Energía ha venido expidiendo permisos para la generación de energía eléctrica en las modalidades que permite la ley del servicio público de energía eléctrica y demás normatividad complementaria, y por la otra, les entregó para su conocimiento la correspondiente separata del informe del resultado, que contenía el tomo V, volumen 1.3, de dicho documento. En el escrito de requerimiento se concedió a los órganos de autoridad fiscalizados un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para proceder de conformidad y además, rendir informe sobre los actos que se realizaran bajo ese tenor, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, se iniciarían los procedimientos de responsabilidad correspondientes. 12. En cada uno de los oficios de requerimiento, el auditor superior de la Federación señaló que los términos específicos al tenor de los cuales debería cumplirse el requerimiento se hacían constar en documento anexo. Documento que en esencia, contiene tablas en las que constan las observaciones y recomendaciones a las que de alguna manera se refiere la separata del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002. 13. Sintéticamente. Las observaciones y recomendaciones contenidas en el capítulo del informe mencionado, giran alrededor de los siguientes temas: a) La supuesta inconstitucionalidad de los permisos para la generación de energía eléctrica por no encontrarse fundados y motivados en los términos del artículo 30, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, según dicha autoridad, por transgredir lo dispuesto por el artículo 27 constitucional. b) La supuesta inconstitucionalidad de los procedimientos para otorgar los permisos, derivado de no haber requerido la información y documentación suficiente que establece la ley, o por haber concedido plazos adicionales a los expresamente establecidos en los reglamentos y normatividad aplicable. c) La supuesta inconstitucionalidad de los permisos, por contener cláusulas de prohibición que, por su contenido, permiten la venta y enajenación de energía eléctrica entre socios, en contravención de la Constitución y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. d) La supuesta inconstitucionalidad del artículo 36, fracción II, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por contravenir, supuestamente, el artículo 27 constitucional. 14. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados estudia y analiza el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, con el propósito de evaluar el desempeño del auditor superior de la Federación y el cumplimiento de lo aprobado en el presupuesto de egresos para ese mismo ejercicio, tal como lo disponen los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación previamente citados. 15. Los actos ya emitidos por el auditor superior de la Federación, de los que se deriva la obligación concreta de tener que acatar instrucciones y medidas a fin de solventar supuestas irregularidades y evitar la instauración de procedimientos de sanción, son actos con pleno vigor y fuerza legal, definitivos por cuanto a su propia naturaleza, que no podrán verse modificados por su parte en el futuro en virtud de que no existe ningún medio o recurso que pueda hacerse valer por las entidades fiscalizadas con el objeto de que el auditor o la Cámara los revoque, modifique o anule. Independientemente de sus efectos o de su vinculatoriedad, actualizan el supuesto de invasión a la esfera de atribuciones exclusivas concedidas al Poder Ejecutivo de la Unión o, como se verá, a los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, situación que da lugar a la integración de la hipótesis que contempla el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 16. Toda vez que además de la invasión al ámbito de atribuciones concedidas por la Constitución a favor del Poder Ejecutivo de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos de la Auditoría Superior de la Federación imputables a la Cámara de Diputados provienen del quebrantamiento al principio de legalidad y certidumbre jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución, incluso a favor de las mismas autoridades (según jurisprudencia reciente emitida por ese Tribunal Supremo), con la representación del presidente de la República se promueve juicio de controversia constitucional."
TERCERO. En la demanda se señalaron como violados los artículos 14, 16, 49, 74, fracción IV, 79, 89, fracción I, 90, 94, 103,105, 107, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expresaron como conceptos de invalidez, los siguientes:
"PRIMERO. Los actos cuya invalidez se reclama en este juicio de controversia constitucional, infringen lo dispuesto por los artículos 14, 16, 49, 74, 79, 89, 90, 94, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que son resoluciones unilaterales, imperativas y coercitivas dictadas por el auditor superior de la Federación, órgano de apoyo que depende de la Cámara de Diputados, que evidencian la pretensión de su parte: o bien (I) de sustituirse en el ejercicio de facultades exclusivas del Poder Ejecutivo de la Unión, ya que por un lado, se trata de recomendaciones emitidas en el ámbito de atribuciones administrativas que pertenecen en forma exclusiva a éste y que salen de la esfera de competencia que a la entidad de fiscalización superior de la Federación concede la ley, o porque, por otro lado, materialmente son verdaderas órdenes, dictadas con el objeto de que se modifiquen actos y procedimientos administrativos dictados por los órganos que integran la administración pública federal centralizada; o en su defecto (II) de sustituirse en el ejercicio de facultades exclusivas del Poder Judicial de la Federación, al emitir recomendaciones con el objeto de que se declare la nulidad de dichos actos por contravenir el texto de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19009-99e4b1e3/auditoria-superior-de-la-federacion-sus-facultades-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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