IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES O EXCUSAS. SON IMPROCEDENTES CUANDO SE PLANTEAN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2004. MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de junio de dos mil seis.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil cuatro, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de Guadalajara Jalisco, el profesor Carlos Velasco García, con el carácter de síndico del Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Estado de Jalisco, y en representación de éste promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
Autoridades responsables:
1. Gobernador Constitucional del Estado de Colima;
2. Secretario general de Gobierno del Estado de Colima;
3. Procurador general de Justicia del Estado de Colima;
4. Director general de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima;
5. Tesorero general o secretario de finanzas del Estado de Colima;
6. Director de Seguridad Pública del Estado de Colima;
7. Presidente municipal de Manzanillo, Colima;
8. Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal del Municipio de Manzanillo, Colima;
9. Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; éstas con el carácter de ordenadoras;
10. Director general de Seguridad Pública y Vialidad de Manzanillo, Colima;
11. Inspector comisionado por el jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal de Manzanillo, Colima;
12. Director de Seguridad Pública Municipal de Manzanillo, Colima, estas últimas con el carácter de ejecutoras.
"Actos reclamados: a) De las autoridades responsables ordenadoras, reclamo las órdenes que giraron a las autoridades responsables ejecutoras, para que, haciendo uso de la fuerza pública, invadieran y continúen invadiendo la jurisdicción y competencia territorial del Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, que represento invadiendo su soberanía municipal, ejerciendo actos de gobierno y continuar intentando ejercerlos, no obstante que el inmueble donde se encuentra el desarrollo turístico denominado ‘Música del Mar Estates’, propiedad de la persona moral Barra Desarrollo Esenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, pertenece de pleno derecho, en cuanto a su jurisdicción y competencia territorial, al Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco por formar parte de la resolución presidencial dotatoria que benefició con tierras al poblado ejidal ‘El Rebalse’, del mismo Municipio; b) De las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, reclamamos el cumplimiento que dieron a las órdenes antes mencionadas, los actos de inspección, evaluación o levantamiento de infracciones realizados en el desarrollo turístico en mención, incluyendo la clausura de las obras de construcción y la particular circunstancia de ejercer actos de gobierno en terrenos que legítimamente pertenecen en cuanto a su jurisdicción y competencia territorial al Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, que represento; c) De la totalidad de las autoridades responsables indicadas tanto ordenadoras como ejecutoras reclamo el inconstitucional uso de la fuerza pública a su mando, para ejercer los indebidos actos de gobierno anteriormente citados, así como la invasión y transgresión a la soberanía municipal del Municipio que represento, lo cual causa una grave molestia a sus propiedades, posesiones y derechos, sin que cuenten para ello con orden de autoridad judicial competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; e) De la totalidad de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, reclamo todos y cada uno de los actos y actas administrativas realizados en el lote urbano número 62 Z1 P1/2, de la zona urbana legalmente reconocida del ejido ‘El Rebalse’, Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, con fecha 16, dieciséis de febrero anterior, enunciados en el capítulo de hechos y abstenciones de esta demanda de amparo, mismos que doy por reproducidos íntegramente como si aquí se insertaran, en obvio de repeticiones."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
• Que el ejido de Cihuatlán tramitó ante las autoridades competentes el parcelamiento de la zona urbana que se comprende en los terrenos ubicados desde el límite de donde se localiza el desarrollo turístico conocido como Isla Navidad, de poniente a oriente, lindando en el viento norte con la Laguna Barra de Navidad y al sur con el Océano Pacífico.
• Posteriormente dicho ejido solicitó y obtuvo acogerse al dominio pleno por lo que se refiere a la zona urbana en mención, una vez que las autoridades competentes resolvieron procedente su solicitud, se les expidió a cada uno de los ejidatarios su respectivo título de propiedad, debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Autlán, Jalisco.
• Que de la escritura pública número once mil quinientos cinco, de fecha seis de diciembre del año dos mil uno, pasada ante la fe del notario público número uno de la Municipalidad de Cihuatlán, Jalisco, el ejidatario J. Jesús Rincón Ibarra, vendió a la Empresa Barra Desarrollo Esenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, la parcela urbana anteriormente citada, cuya venta quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Autlán, Jalisco.
• Que la empresa de referencia solicitó y obtuvo del H. Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco, permiso municipal para construir en el inmueble de referencia un fraccionamiento que fue denominado "Música del Mar Estates", e inició de inmediato sus construcciones e instalaciones turísticas.
• Que tales actos dieron como consecuencia que el Estado de Jalisco iniciara controversia constitucional número 03/1998 en contra del Estado de Colima y otras autoridades.
• Que no obstante lo anterior de manera ilegal, sin derecho ni contar con orden de autoridad judicial competente que emanara de un procedimiento judicial en el que se hubiesen cumplido con los requisitos esenciales del procedimiento y que fueran debidamente fundados y motivados, las autoridades gubernamentales del Estado de Colima, ordenaron a las ejecutoras que invadieran el territorio y soberanía municipal del Municipio actor so pretexto de cumplir una supuesta comisión del servicio en el inexistente Ejido de Colimilla, Colima.
• Que en cumplimiento a lo anterior las autoridades se trasladaron a terrenos de la zona urbana del ejido "El Rebalse", de este Municipio, y llegaron hasta el lote urbano número 62 Z1 P1/2, propiedad de la persona moral denominada Barra Desarrollo Esenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde tienen en construcción el fraccionamiento denominado "Música del Mar Estates", en el que clausuraron las obras en construcción, e impusieron sellos de clausura del Municipio de Manzanillo, Colima, con la leyenda de dicho Ayuntamiento, del trienio anterior, no obstante que el terreno en el que se constituyeron no corresponde al ejido Colimilla.
• Que una vez que se tuvo conocimiento de tales hechos, de inmediato se comisionó para que se apersonara al citado lugar a la licenciada María de Lourdes Zavala Cárdenas, directora jurídica del H. Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco, quien se hizo acompañar del señor ingeniero Álvaro de la Cruz Quiles, presidente del Comisariado Ejidal del Ejido "El Rebalse", de este Municipio y de otros funcionarios municipales, quienes intentaron impedir la intromisión y actuación ilegal de dichos funcionarios y personal de Seguridad Pública Municipal tanto del Gobierno del Estado de Colima como del Municipio de Manzanillo, Colima, sin haberlo logrado y por el contrario, fueron amenazados con sus armas de fuego por parte de elementos de seguridad pública.
• Que la directora jurídica antes mencionada se comunicó por vía telefónica con el señor Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno del Estado de Colima, quien según información que le fue proporcionada, contestó que efectivamente por órdenes del gobernador de su Estado, él había ordenado la presencia en ese lugar del personal que efectuaba la clausura de la obra y que ahí continuarían, porque ellos tenían interés en que esos terrenos pertenecieran al Municipio de Manzanillo. Se levantó acta circunstanciada de tales hechos, así como fe notarial de hechos.
• Que con fecha diecisiete del propio mes de febrero de dos mil tres, el director de Seguridad Pública del Estado de Colima, giró el oficio número 0135/2004, al policía segundo de Seguridad Pública Javier Aguilar López, en el que ordenó trasladarse a la comunidad de Colimilla, del Municipio de Manzanillo, Colima, acompañado de los policías Humberto Manuel Sandoval Maldonado y Mario Vargas Arellano, a bordo de la patrulla 0090, pick-up, llevando consigo el armamento que supuestamente justifica la fatiga.
• En la misma fecha diecisiete de febrero anterior, el director de Seguridad Pública y Vialidad de Manzanillo, Colima, giró el oficio número DGSPyV/04, al sub-oficial de Seguridad Pública Municipal Luis Sahid González Rivera, ordenándole trasladarse en comisión del servicio al ejido Colimilla, Colima, asignándole tres policías, cuatro pistolas y dos fusiles galil.
• Que con fecha veintisiete de febrero de dos mil tres el Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, representado por Nabor Ochoa López, Miguel Salazar Abaroa y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, en su carácter de presidente municipal, secretario general y síndico del Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco; y, la empresa Barra Desarrollos Esenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Luis Alberto Salas Chávez, celebraron convenio en el cual ambos Municipios expresaron su voluntad de acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la controversia constitucional número 03/98, consistente en permitir que el particular continuara con el desarrollo en proceso; el particular se obligó a reconocer a la autoridad que resultara beneficiada con la sentencia de la controversia constitucional; el Ayuntamiento de Manzanillo, se comprometió a retirar los sellos de clausura de obra referidos y detener el procedimiento administrativo iniciado con dicho motivo.
• A pesar de lo anterior, el Ayuntamiento de Manzanillo, Colima no cumplió con su compromiso y por el contrario Nabor Ochoa López, en su carácter de presidente municipal desconoció públicamente el acuerdo de voluntades que celebró con el Municipio actor.
TERCERO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso, son los siguientes:
El Municipio actor aduce que en su perjuicio se violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque las autoridades responsables han privado al Municipio mencionado de sus propiedades, posesiones y derechos, ya que éste es propietario y le pertenece jurídicamente el dominio con respecto a la captación de impuestos tributarios en relación con los predios que pertenecen al ejido ‘El Rebalse’.
Que las autoridades responsables administrativas, sólo pueden practicar visitas domiciliarias, en términos del artículo 16 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en terrenos que les correspondan en cuanto a su jurisdicción y competencia territorial, pero de ninguna manera se justifica que tales actos pretendan extenderlos a la entidad federativa como lo es el Estado de Jalisco y a otro Municipio de otro Estado, como lo es el que aquí tiene el carácter de actor.
Por otra parte, cabe señalar que en el convenio celebrado entre los Municipios de Jalisco y Manzanillo, en el capítulo de antecedentes los puntos identificados como "segunda, tercera y cuarta", se advierte que las partes manifestaron, que dentro de los límites territoriales materia de la controversia, 03/98, se encuentra una franja identificada como zona de "el ejido de Rebalse"; que dentro de esta franja está el fraccionamiento "Música del Mar Estates", que está en proceso de construcción, el cual el dieciséis de febrero de dos mil cuatro resultó afectado por la clausura por parte del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.
CUARTO. De la demanda de mérito correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, el cual con fecha diez de marzo de dos mil cuatro, emitió acuerdo en el que previno al promovente para que aclarara su demanda y radicó el asunto con el número de amparo 309/2004.
Con fecha dieciséis de marzo de dos mil cuatro, el Municipio actor desahogó el requerimiento que le hizo el Juez Federal; además de que amplió la demanda de amparo en los siguientes términos:
Que de la autoridad responsable ordenadora C. Director general de Seguridad Pública y Vialidad de Manzanillo, Colima, el Municipio actor reclamó las órdenes giradas mediante el oficio número 236/04, de fecha doce del mes de marzo del año citado, e indicó en el capítulo de hechos y abstenciones de esta ampliación de demanda, cuyas características dio por reproducidas íntegramente como sí aquí se insertaran, en obvio de repeticiones, en que se ordena al comandante de la Policía Preventiva Municipal, trasladarse en comisión de servicio al ejido Colimilla, Col., con el personal policiaco y armas referidos.
Que igualmente reclamó de la misma autoridad responsable ordenadora, las órdenes giradas en el oficio número 325/2004, de fecha diez de marzo del citado año, mediante el cual le ordena a la policía preventiva encargada del grupo delfines, trasladarse en comisión de vigilancia al ejido "La Culebra", Col., así como al "ejido del Chavarín", con el personal de policía y el armamento que en el propio oficio se describen.
Que de la autoridad responsable ordenadora director general de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima reclamó las órdenes giradas mediante el oficio número PPJ-848/2004, de fecha cuatro del mes de marzo de dos mil cuatro, dirigido a las autoridades civiles, militares y federales del Estado de Jalisco, mediante el cual pone al amparo de sus finas atenciones, a los agentes de policía de la Procuración de Justicia del Estado de Colima, que en el propio oficio se indican, supuestamente nombrados para cumplimentar una comisión del servicio en Isla Navidad, Municipio de Manzanillo, Colima y ocasionalmente en el Estado de Jalisco, del cuatro al treinta y uno de marzo de dos mil cuatro; órdenes que dichas autoridades pretendían tomar como pretexto para introducirse a los terrenos de la zona urbana del ejido "El Rebalse", Municipio de Cihuatlán, Jalisco y ejercer en el mismo, actos de gobierno sin justificación legal alguna.
Que de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, reclamó el cumplimiento que pretendían dar a las órdenes antes citadas, así como la invasión que pretendían hacer so pretexto del cumplimiento de dichas órdenes al Municipio de Cihuatlán, Jalisco, específicamente en los terrenos de la zona urbana del ejido "El Rebalse", del mismo Municipio, sin contar para ello con orden de autoridad judicial competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y no obstante carecer de toda jurisdicción y competencia territorial respecto a dichos terrenos, ya que su incumbencia en todo caso se circunscribe a su Municipio de Manzanillo, Colima o en su caso al Estado de Colima, no así al Estado de Jalisco, mucho menos al Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
En la misma fecha (diecisiete de marzo de dos mil cuatro), el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, pronunció resolución en la que estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, pues de los escritos de demanda y aclaratoria de ésta advirtió, que el Municipio actor reclamó los actos consistentes en que sin mediar juicio alguno u orden de autoridad judicial competente que emane de un procedimiento judicial en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, invadieron su territorio y soberanía municipal al clausurar y poner sellos del Municipio de Manzanillo, Colima, en terrenos de la zona urbana del ejido "El Rebalse" de ese Municipio; esto es, en el lote urbano número 62 ZIP1/2, propiedad de la persona moral denominada Barra Desarrollo Esenciales, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se construye el fraccionamiento denominado "Música del Mar Estates", quien tiene licencia municipal de construcción de obra expedida por el Municipio actor; además de que el quejoso indicó que esos actos fueron llevados a cabo bajo el respaldo de la Policía Preventiva del Gobierno de Colima.
Con base en esas consideraciones, el resolutor federal determinó que en el caso las dos partes contendientes tanto quien promueve como su contraparte tienen el carácter de autoridades, mismas que pretenden conservar los límites territoriales y facultades que la Constitución dispone para el ejercicio de sus atribuciones como Municipios, por lo que arribó a la conclusión que el Municipio actor reclama violaciones directas a la Constitución como son la invasión del territorio y soberanía municipal por otro similar y por otro Estado, circunstancias que actualizan las hipótesis contenidas en los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, incisos g) y j), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En consecuencia, el citado Juez Federal ordenó la remisión del expediente a este Alto Tribunal a fin de que si a bien lo tiene resolviera sobre la declinación planteada.
QUINTO. Por proveído de seis de abril de dos mil cuatro, dictado en el expediente varios 3/2004, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tuvo por recibida la demanda de mérito así como las actuaciones del juicio de amparo número 309/2004 y de la revisión integral que hizo de los documentos agregados al expediente, apreció que la autoridad municipal promovió una controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, incisos g) y j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente con copia certificada de ese proveído, los originales de los oficios y anexos presentados por la referida autoridad y remitidos por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó formar y registrar la controversia constitucional que hizo valer el Municipio de Cihuatlán, Jalisco, en contra del Poder Ejecutivo y de otras autoridades del Estado de Colima.
En la misma fecha (seis de abril de dos mil cuatro), el presidente de este Alto Tribunal ordenó remitir el expediente mencionado registrado con el número 51/2004 a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, a la que le correspondía fungir como instructora del procedimiento, conforme al turno que al efecto se lleva en la unidad de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1998.
En auto de catorce de abril del mismo año, la Ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional; y en términos del artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia tuvo como autoridades demandadas en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo y al Municipio de Manzanillo, ambos del Estado de Colima; no así a las siguientes autoridades: 1. Secretario general de Gobierno. 2. Procurador general de Justicia. 3. Director general de la Policía de Procuración de Justicia. 4. Tesorero general o secretario de Finanzas y 5. Director de Seguridad Pública, todos del Gobierno del Estado de Colima, toda vez de que dependen jerárquicamente del Poder Ejecutivo Estatal, al que ya se le tenía como demandado.
Tampoco se tuvo como demandados al: 6. Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal, 7. Director de Desarrollo Urbano, 8. Director general de Seguridad Pública y Vialidad, 9. Inspector comisionado por el jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal y 10. Director de Seguridad Pública, todos del Municipio de Manzanillo del citado Estado, pues estas últimas autoridades dependen jerárquicamente del aludido Municipio al que ya se le había reconocido el carácter de demandado en este asunto.
Por consiguiente en el citado acuerdo, se ordenó emplazar al Poder Ejecutivo y al Municipio de Manzanillo, del Estado de Colima, para el efecto de que produjeran su contestación de demanda, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la legal notificación de ese proveído; además de que se ordenó dar vista al procurador general de la República, para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley formulara las manifestaciones que considerara convenientes.
SEXTO. Mediante escritos presentados el veintisiete de mayo de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, por Gustavo Alberto Vázquez Montes, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Colima, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, así como Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, esta última en su carácter de síndica del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, cada uno dio contestación a la demanda.
Al respecto, cabe señalar que el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, al producir su contestación de demanda hizo valer diversas causales de sobreseimiento y alegó que contrario a lo afirmado por la actora una zona del "ejido de el Rebalse" sí se reclama en la controversia constitucional 3/98, por lo que solicitó su acumulación a ésta dada su conexidad.
Asimismo, el gobernador mencionado manifestó que no se violó el artículo 40 constitucional porque el Estado de Colima con el acto que se le imputa no ha generado dificultades al H. Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, que agredan "la libertad y soberanía de dicho Ayuntamiento en todo lo concerniente al régimen interior de este último en la materia de competencia local dentro de parte del territorio jalisciense"; que el Estado de Colima simplemente, aplicó sus leyes en su ámbito espacial de validez en su territorio.
Lo anterior porque la entidad que representa en su régimen interior a través de la aplicación de sus leyes, que se concretizan en actos administrativos, jurisdiccionales y de servicios públicos, ejerce su soberanía en su territorio, incluyendo el que se señala como de conflicto en esta controversia.
Sin que fuera óbice a lo expuesto, que como acertadamente lo confesó la parte actora, que el poblado de San Francisco o Colimilla ya es materia de estudio, en la controversia constitucional número 3/98, tramitada ante esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una acción de controversia constitucional por conflicto de límites, que formuló el Estado de Jalisco en contra del Estado de Colima; que en aquella controversia se reclaman tres zonas a saber: zona 1, La Culebra-Cerro de San Francisco, Playa de Oro; zona 2, sierra el Mamey sierra Manántlan; zona 3, El Remate, La Becerra-Volcán de Colima.
Igualmente el citado gobernador en relación con los hechos señaló que no pueden ser actos violatorios de jurisdicción y competencia en contra del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, las órdenes dadas por el Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, para que autoridades de seguridad pública cumplan comisiones en el poblado de San Francisco o Colimilla, por ser actos soberanos que se ejercen sobre su territorio en representación del Estado de Colima, por ser el Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, parte de esa entidad.
SÉPTIMO. Cabe señalar que en el caso aún no se ha cerrado la instrucción ni celebrado la audiencia correspondiente, lo cual es innecesario, en virtud del sentido que informa el presente fallo.
OCTAVO. Por otra parte, es pertinente señalar a manera de antecedente que con fecha doce de diciembre de dos mil cinco, el presidente de este Alto Tribunal acordó, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el único párrafo y se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 46, remitir los autos de la controversia constitucional 3/98 promovida por el Estado de Jalisco, en contra de la entidad federativa de Colima, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en virtud de que se planteó un problema de límites entre ambos Estados.
Lo anterior, porque los promoventes de la controversia constitucional demandaron la negativa o evasión del Estado Libre y Soberano de Colima, a reconocer los derechos que corresponden al Estado Libre y Soberano de Jalisco, sobre los territorios comprendidos dentro de sus límites territoriales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOVENO. Por oficio número PGR/859/2004 presentado el diez de mayo de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló su opinión e hizo las manifestaciones correspondientes.
DÉCIMO. Asimismo, por acuerdo de treinta de marzo de dos mil cinco, se admitió el recurso de queja derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional número 51/2004, interpuesto por el delegado del Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco.
DÉCIMO PRIMERO. Con fecha trece de febrero de dos mil seis se listó el presente asunto para ser resuelto en el Tribunal Pleno, posteriormente por instrucciones de la señora Ministra ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas, fue retirado para resolverse en la Primera Sala.
DÉCIMO SEGUNDO. En sesión de quince de marzo del año citado, los señores Ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron remitir nuevamente la presente controversia al Tribunal Pleno.
En cumplimiento a lo anterior, por auto de presidencia del veintitrés del mismo mes y año citados, se ordenó remitir el presente asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para que formulara el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Estados de Jalisco y Colima.
SEGUNDO. Previo al análisis del presente asunto, cabe señalar lo siguiente:
I. Con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, se recibió un escrito por parte del delegado del Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, a través del que solicitó, que no obstante que el veintinueve de ese mes y año, el Tribunal Pleno declaró improcedente el impedimento planteado, en contra de los Ministros Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y José Ramón Cossío Díaz, nuevamente pidió que se excusaran del conocimiento de la presente controversia.
En el escrito de referencia, el delegado del Municipio de Cihuatlán, adujo que a través del periódico "La Jornada", de fecha veinticuatro de mayo de dos mil seis, se enteró que, en la sesión del Tribunal Pleno, celebrada el veintitrés del citado mes y año, se declaró la improcedencia del impedimento que con anterioridad se hizo valer y que fue sometido a la consideración del Tribunal Pleno y que además, en esa nota periodística consta que el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel increpó a sus compañeros diciéndoles: "Los Municipios no pueden promover controversias constitucionales sobre límites, ya que debían haber sobreseído el asunto desde hace mucho", con lo cual el Municipio actor infirió, que presuntamente dicho Ministro, también tiene interés para dejar jurídicamente insubsistente la presente controversia constitucional.
De igual forma, en el propio escrito, el promovente señaló que la Ministra ponente y los Ministros que votaron por el sobreseimiento de la controversia constitucional, "tienen la enorme urgencia de darla por concluida", lo que en su concepto genera dudas respecto de la sana y equitativa impartición de justicia.
En relación con esta promoción, con fecha treinta de mayo del año dos mil seis, recayó un acuerdo en el que se determinó, que por lo que hace a las solicitud del promovente, debía estarse a lo ordenado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la sesión pública de veintitrés de mayo del año en curso, en la que se declaró la improcedencia de la petición que se reitera.
II. Por otra parte, el día doce de junio del año en curso se recibieron once escritos dirigidos a todos y cada uno de los Ministros que integran este Tribunal Pleno, signados por el delegado del H. Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Estado de Jalisco, a través de los cuales, en cada uno exhibe un tanto de la carta abierta publicada en esa misma fecha, en el diario "Excélsior", de esta ciudad, misma que ratificó y reprodujo como si se insertara en cada uno de los ocursos.
En las mencionadas promociones, el delegado solicitó la intervención de este Tribunal Pleno para que los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, se excusaran de conocer de esta controversia constitucional.
Asimismo, cabe señalar que en la carta abierta el delega
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20043-678a3ea4/impedimentos-recusaciones-o-excusas-son-improcedentes-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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