CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SÓLO HASTA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESUELVA EL CONFLICTO DE LÍMITES ENTRE DOS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PODRÁ CONOCER, A INSTANCIA DE PARTE INTERESADA, DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 153/2006. MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de abril de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, promovió demanda de controversia constitucional, en contra del Poder Ejecutivo y del Municipio de Manzanillo, ambos del Estado de Colima, en la que solicitó la declaración de invalidez de lo siguiente:
"a) Demando la declaración judicial mediante sentencia firme, de la invalidez de los actos de Soberanía y Gobierno que hayan realizado y que pretendan realizar en lo futuro las autoridades demandadas, respecto a los terrenos que conforman la dotación y ampliación del Ejido ‘El Rebalse’, Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco; b) Demando en igual forma su actitud y legal (sic) e inconstitucional de pretender realizar actos de gobierno tales como construcción de obras, así como el intentar proporcionar servicios de aseo público y vigilancia por conducto de la policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima y Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad del Municipio de Manzanillo, Colima; c) Demando en igualdad de circunstancias, el pretender ejercer actos de gobierno en a (sic) terrenos como son el cobrar impuestos prediales y derivados de actos jurídicos respecto a los mismos terrenos y el otorgamiento de permisos de construcción, no obstante que los referidos inmuebles, no pertenecen a su ámbito de jurisdicción gubernamental, sino que el Municipio que represento, que es el que históricamente ha ejercido los actos de gobierno en los mismos; demando igualmente la intromisión que han realizado y pretenden continuar realizado dentro de los terrenos en mención, que pertenecen al Municipio que represento, los representantes legítimos del Gobierno y Municipio, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y presidente municipal de Manzanillo, Colima, los que haciéndose acompañar y proteger de elementos policiacos tanto de la Policía de Procuración de Justicia como de la Municipal de Manzanillo, Colima, fuertemente armados con armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área Mexicana, se han estado introduciendo a terrenos del Ejido ‘El Rebalse’, pertenecientes en cuanto a su jurisdicción y competencia, al Municipio que represento, sin contar para ello con orden de autoridad judicial o de cualquier otra naturaleza, competente y sin que dichos actos en su caso emanen de un procedimiento judicial en el que hubiera dado al Municipio que represento la garantía de audiencia-defensa y que en su caso se hubiese cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento."
SEGUNDO. Por acuerdos de dieciocho de diciembre de dos mil seis, la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó como instructor del procedimiento al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y admitió a trámite la demanda.
TERCERO. En acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor tuvo a las autoridades demandadas del Estado de Colima, dando contestación a la controversia constitucional; asimismo, estimó actualizada de manera fehaciente, la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, párrafo primero, fracción I, incisos g) y h), de la propia Constitución, dado que los actos impugnados no pueden ser materia de estudio en esta vía, de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y 76, fracción XI, constitucionales, por lo que sobreseyó el juicio, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la invocada ley; con apoyo además, en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver el trece de junio de dos mil seis, la controversia constitucional 51/2004, promovida por el mismo Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco.
El citado auto es del tenor siguiente:
"... de las contestaciones de demanda y sus anexos, se advierte de manera fehaciente una causa de improcedencia que conduce a sobreseer la presente controversia constitucional fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
"Primero. El síndico del Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional contra actos del Poder Ejecutivo y del Municipio de Manzanillo, ambos del Estado de Colima.
"Los actos cuya invalidez se demanda, son los siguientes:
"‘a) la declaración judicial mediante sentencia firme, de la invalidez de los actos de Soberanía y Gobierno que hayan realizado y que pretendan realizar en lo futuro las autoridades demandadas, respecto a los terrenos que conforman la dotación y ampliación del Ejido «El Rebalse», Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco; b) en igual forma su actitud ilegal e inconstitucional de pretender realizar actos de gobierno tales como construcción de obras, así como el intentar proporcionar servicios de aseo público y vigilancia por conducto de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima y Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad del Municipio de Manzanillo, Colima; c) en igualdad de circunstancias, el pretender ejercer actos de gobierno en a (sic) dichos terrenos, como son el cobrar impuestos prediales y derivados de actos jurídicos respecto a los mismos terrenos y el otorgamiento de permisos de construcción, no obstante que los referidos inmuebles, no pertenecen a su ámbito de jurisdicción gubernamental, sino que el Municipio que represento, que es el que históricamente ha ejercido los actos de gobierno en los mismos; demando igualmente la intromisión que han realizado y pretenden continuar realizado dentro de los terrenos en mención, que pertenecen al Municipio que represento, los representantes legítimos del Gobierno y Municipio demandados, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y presidente municipal de Manzanillo, Colima, los que haciéndose acompañar y proteger de elementos policiacos tanto de la Policía de Procuración de Justicia como de la Municipal de Manzanillo, Colima, fuertemente armados con armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área Mexicana, se han estado introduciendo a terrenos del Ejido «El Rebalse», pertenecientes en cuanto a su jurisdicción y competencia, al Municipio que represento, sin contar para ello con orden de autoridad judicial o de cualquier otra naturaleza, competente y sin que dichos actos en su caso emanen de un procedimiento judicial en el que hubiera dado al Municipio que represento la garantía de audiencia-defensa y que en su caso se hubiese cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento.’
"Segundo. El ocho de diciembre de de dos mi cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el único párrafo y se adicionó un segundo y tercer párrafos al artículo 46; se derogó la fracción IV del artículo 73; se adicionaron las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76, y se reformó la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; decreto que a la letra indica:
"‘Artículo primero. Se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"‘Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.
"‘A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en términos del artículo 76, fracción XI, de esta Constitución.
"‘Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.
"‘Artículo segundo. Se deroga la fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘I. a III. ...
"‘IV. Derogada.
"‘V. a XXX. ...
"‘Artículo tercero. Se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"‘Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
"‘I. a IX. ...
"‘X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas;
"‘XI. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes;
"‘XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
"‘Artículo cuarto. Se reforma la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política Mexicana, para quedar como sigue:
"‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"‘I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
"‘a) al k) ...
"‘II a III. ...’
"‘Transitorios
"‘Primero. La reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"‘Segundo. La Cámara de Senadores establecerá dentro del período ordinario de sesiones inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión de Límites de las entidades federativas, la cual se integrará y funcionará en los términos de la ley reglamentaria que al efecto se expida, así como por las disposiciones que para el caso dispongan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior.
"‘Tercero. Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de conflictos limítrofes entre entidades federativas, serán remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta en términos de sus atribuciones constitucionales proceda a establecerlos de manera definitiva mediante decreto legislativo. ...’
"Tercero. De los preceptos constitucionales que anteceden, se advierte que las entidades federativas pueden solucionar entre sí, por convenios amistosos, sus conflictos de límites territoriales, los que deberán contar con la aprobación de la Cámara de Senadores; y ante la falta de acuerdo de las partes, cualquiera de ellas puede acudir ante la Cámara de Senadores, la que resolverá de manera definitiva el conflicto de límites territoriales, mediante el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, en términos del artículo 76, fracción XI, de la Constitución Federal.
"En estas condiciones, la reforma de los artículos 46 y 73, fracción IV, constitucionales, conlleva a determinar que mientras no exista una resolución del Senado de la República, respecto del conflicto de límites entre dos entidades federativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe conocer a través de una controversia constitucional, del mismo conflicto de límites territoriales, sino que, en todo caso, será hasta que dicho órgano legislativo emita la resolución definitiva, cuando este Alto Tribunal podrá conocer, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.
"De esa forma, las entidades federativas en conflicto podrán demostrar con las pruebas que estimen pertinentes, que ejercen actos de soberanía sobre la zona controvertida, pero no podrán invocar una base jurídica que sustente sus límites, en virtud de que ésta no existe; y por tanto, ante estas circunstancias el legislador consideró necesario, atendiendo a la naturaleza del asunto, que el competente para definir los límites territoriales de los Estados en conflicto, es el mencionado órgano legislativo.
"Luego, ante un conflicto de límites territoriales entre entidades federativas, en donde no ha existido una norma que delimite sus extensiones y fronteras y, sólo existen cuestiones políticas, cuestiones de hecho y no de derecho, debe ser conocido por el Poder Legislativo, con el carácter de conflicto exclusivamente político, para que dicho órgano emita la resolución correspondiente.
"Por las razones expuestas, en términos de la citada reforma constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no conocerá de tales asuntos, como anteriormente se le había facultado, pues sólo tienen competencia una vez que el Senado haya fijado los límites de los Estados para conocer respecto de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores (artículo 46 constitucional).
"En consecuencia, si dos o más Municipios de distintos Estados estiman que existe un conflicto de límites entre ellos, primero deberán elevarlo ante los propios órganos de sus entidades federativas, ya que necesariamente se implican los límites estatales, a fin de que sean éstos quienes, de estimar que existe tal conflicto, en su caso, soliciten que intervenga el Senado de la República.
"Cabe destacar, que con anterioridad a las reformas de fecha ocho de diciembre de dos mil cinco, a los artículos 76 fracción IV y 105, párrafo primero, constitucionales, los Municipios de diversos Estados no estaban legitimados para plantear un conflicto limítrofe estatal, por ser una cuestión exclusiva que sólo podrían proponer las entidades federativas involucradas, antes de dicha reforma constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora ante el Senado de la República.
"Por tanto, esta controversia constitucional es improcedente, pues de oficio el Ministro instructor advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, párrafo primero, fracción I, inciso g), de la Constitución Federal, pues los actos impugnados por el Municipio actor no pueden ser materia de esta controversia constitucional, como a continuación se expone.
"Los referidos preceptos establecen:
"‘Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"‘...
"‘VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.
"‘En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.’
"De este precepto legal se advierte, que la improcedencia del asunto debe resultar de alguna disposición de esa ley, lo cual no implica que deba estar contemplada en forma expresa o específicamente, en alguna parte del ordenamiento, sino que basta que derive de la interpretación conjunta de las normas que rigen el sistema de control constitucional del que forman parte, siendo aplicable la tesis número P. LXIX/2004, cuyo rubro, texto y datos de identificación, son los siguientes:
"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia del juicio debe resultar de alguna disposición de esa ley, esto es, que sea consecuencia de la misma, sin que sea necesario que expresa y específicamente esté consignada como tal en alguna parte del ordenamiento, pues siendo la condición para que dicha causa de improcedencia se actualice, que resulte del propio ordenamiento, ésta válidamente puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran a la citada ley reglamentaria y de su interpretación, en lo que se refiere a la controversia constitucional, en tanto delinean el objeto y fines de la propia figura procesal constitucional, se revelen casos en que su procedencia sería contraria al sistema de control constitucional del que forman parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo.’ (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, tesis P. LXIX/2004, página 1121).
"Por su parte, el artículo 105, párrafo primero, fracción I, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:
"‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"‘I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
"‘...
"‘g) Dos Municipios de diversos Estados; ..."
"Deriva de lo anterior, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de las controversias enunciadas en dicho precepto, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de la propia Constitución Federal, en cuanto este último establece la facultad del Senado de la República para resolver, de manera definitiva, el conflicto de límites territoriales entre dos entidades federativas, mediante el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, de conformidad con el artículo 76, fracción XI, de la Constitución Federal.
"Por tanto, se excluye la procedencia de la controversia constitucional tratándose de un conflicto de límites territoriales entre dos Estados; y si bien es cierto que los Municipios de un Estado tienen legitimación para promover una controversia constitucional en contra de un Municipio de otro Estado (artículo 105, fracción I, inciso g)), así como también pueden existir controversias entre un Estado y un Municipio de otro Estado (artículo 105, fracción I, inciso j)), como ocurre en el caso, en el que la controversia fue interpuesta por el Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, en contra de actos del Municipio de Manzanillo y del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Colima, sin embargo, no todo acto o conflicto puede ser materia de una controversia constitucional.
"Esto es, aun cuando la controversia constitucional se promueva por alguno de los poderes, órganos o entidades que enuncia el artículo 105, fracción I, incisos g) y j), de la Constitución Federal, lo cierto es que debe atenderse a la naturaleza de los actos controvertidos o impugnados, a fin de establecer si pueden ser materia de ese medio de control constitucional.
"En el caso, el Municipio de Cihuatlán, Jalisco, aduce que los actos impugnados atentan contra su soberanía, debido a órdenes y actos de gobierno de autoridades municipales y estatales del Estado de Colima, que se ejecutaron o se pretendan ejecutar en terrenos que conforman la dotación y ampliación del ejido El Rebalse, el cual alega que pertenece a su jurisdicción y competencia territorial.
"Por tanto, si el Municipio de Cihuatlán plantea un problema de límites con el Municipio de Manzanillo y sólo los Estados de Jalisco y Colima, a los que respectivamente corresponden, son quienes están facultados para hacer valer tal problemática, ya sea por solicitud de aprobación de convenio, o bien, al acudir ante la Cámara de Senadores para que ésta resuelva en definitiva, es evidente que los actos impugnados no pueden ser materia de una controversia constitucional, puesto que los Municipios que intervienen en esta controversia no son territorios independientes, sino que forman parte de las entidades federativas citadas.
"En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, incisos g) y j), de la Constitución Federal, por lo que debe sobreseerse en el juicio, con fundamento además, en el artículo 20, fracción II, de la propia ley reglamentaria.
"En similares términos se pronunció el Tribunal Pleno al resolver el trece de junio de dos mil seis, la controversia constitucional 51/2004, promovida por el mismo Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco.
"Cuarto. Por otra parte, el Ministro instructor estima conveniente remitir los autos de esta controversia constitucional a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, como antecedente de la diversa controversia constitucional 3/98 que fue enviada a ese órgano legislativo por auto de doce de diciembre de dos mil cinco, emitido por el presidente de este Alto Tribunal, en la cual se planteó un problema de límites entre los Estados de Colima y Jalisco; y además, por estar relacionada con la controversia constitucional 51/2004, la que también se envió a la Cámara de Senadores, por resolución de trece de junio de dos mil seis, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. ..."
CUARTO. En contra del anterior acuerdo, el Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, interpuso recurso de reclamación que fue registrado con el número 70/2007-PL, el que por razón de turno le correspondió al señor Ministro Juan N. Silva Meza.
La Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil siete, resolvió el citado recurso de reclamación, con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación.
"SEGUNDO. Se revoca el proveído de diecinueve de febrero de dos mil siete, dictado en los autos de la controversia constitucional 153/2006.
"TERCERO. Devuélvanse los autos al Ministro instructor para los efectos del último considerando de esta resolución."
Las consideraciones esenciales que dan sustento a los anteriores puntos resolutivos, son las siguientes:
"... En efecto, como se señaló, de los preceptos de la ley reglamentaria de la materia, que rigen la etapa de instrucción de las controversias constitucionales, deriva que el único momento procesal que tiene el Ministro instructor para pronunciarse sobre la improcedencia de una controversia constitucional es cuando examina el escrito de demanda, dado que de no advertir algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá admitir ésta, y no será sino una vez concluida la audiencia, cuando el Ministro instructor someta a la consideración del Tribunal Pleno o de la Sala respectiva -esta última hipótesis de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno- el proyecto de resolución correspondiente, para que sean éstos los que determinen si en el caso se actualiza o no, una causa de improcedencia; es decir, una vez que el Ministro instructor admite una demanda ya no podrá, durante el desarrollo del proceso, hacer determinación alguna sobre la improcedencia de la demanda de controversia, al no existir disposición en la ley reglamentaria de la materia que así lo autorice.
"...
"En estas condiciones, toda vez que el auto recurrido resulta violatorio de las reglas del procedimiento establecidas en la ley reglamentaria de la materia, en virtud que el Ministro instructor carece de facultades para decretar la improcedencia de una controversia constitucional durante el desarrollo del proceso, lo procedente es revocar el proveído recurrido, a efecto de que el Ministro instructor concluya la etapa de instrucción, y en el momento procesal oportuno elabore el proyecto de resolución que deberá someter a consideración del Pleno o a la Sala de su adscripción."
QUINTO. En cumplimiento a la resolución que antecede, el Ministro instructor continuó con el trámite correspondiente y por auto de once de mayo de dos mil siete, ordenó correr traslado al Municipio actor, con las contestaciones de demanda del Municipio de Manzanillo y del gobernador, ambos del Estado de Colima.
Por auto de veintinueve de mayo de dos mil siete, dictado por el Ministro Sergio A. Valls Hernández, en suplencia del Ministro instructor, se admitió a trámite la ampliación de demanda del Municipio actor, respecto de hechos supervenientes acontecidos con posterioridad a la presentación de demanda.
Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil siete, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de vacaciones de dos mil siete, desechó por improcedente una segunda ampliación de demanda del Municipio actor, cuyo acuerdo quedó sin materia al resolver la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el recurso de reclamación 11/2007-CA, derivado de la presente controversia constitucional, en sesión de diez de octubre de dos mil siete.
SEXTO. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil siete, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima solicitó dar cuenta al Pleno de este Alto Tribunal para que la presente controversia constitucional fuera remitida a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por tratarse de un asunto de la competencia constitucional de ese órgano legislativo.
SÉPTIMO. En relación con la anterior solicitud, mediante proveído de tres de julio de dos mil siete, el instructor que suscribe, determinó lo siguiente:
"México, Distrito Federal, a tres de julio de dos mil siete.
"Agréguense al expediente para que surtan efectos legales, el escrito y anexos de cuenta del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, cuya personalidad tiene reconocida en autos, por el cual solicita que la presente controversia constitucional sea remitida a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por tratarse de un asunto de la competencia de ese órgano legislativo, lo cual se tomará en cuenta al momento de dictarse sentencia. ..."
OCTAVO. Inconforme con la anterior determinación, por oficio presentado el primero de agosto de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Colima interpuso recurso de reclamación, mismo que fue registrado con el número 8/2007-CA.
NOVENO. El citado recurso de reclamación 8/2007-CA, le correspondió por razón de turno a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas; y por resolución de catorce de noviembre de dos mil siete, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos lo declaró fundado, con base en las consideraciones esenciales siguientes:
"... esta Sala considera que debe realizarse un pronunciamiento específico a la solicitud formulada por el poder recurrente, puesto que cuestiona la competencia constitucional de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del conflicto que se somete a su consideración, aspecto que debe ser resuelto en forma previa, a fin de evitar perjuicios a las partes, ya que se les estaría sujetando a un procedimiento ante una autoridad que carece de facultades para substanciarlo y resolverlo, además de las consecuencias de hecho y de derecho que ello pudiera generarles.
"En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio hecho valer por el recurrente, lo que procede es revocar el auto recurrido, para el siguiente efecto:
"Con el propósito de dejar establecidos los efectos del presente recurso, se debe tener en cuenta que esta Primera Sala, al resolver el dieciocho de abril de dos mil siete, por unanimidad de cuatro votos, el diverso recurso de reclamación 70/2007-PL, derivado también de esta controversia constitucional 153/2006, en el cual se revocó el auto por virtud del cual el Ministro instructor, durante la etapa de instrucción, decretó el sobreseimiento de la indicada controversia constitucional por estimar que se actualizaba un motivo de improcedencia que daba lugar a ello; dejó establecido que ante la carencia de facultades del Ministro instructor para decretar la improcedencia de una controversia constitucional durante el desarrollo del proceso, lo procedente era revocar el proveído recurrido, a efecto de que el indicado Ministro concluyera con la etapa de instrucción, y en el momento procesal oportuno elaborara el proyecto de resolución que deberá someter a consideración del Pleno o a la Sala de su adscripción.
"De acuerdo con lo anterior, si bien, en apariencia, esta Primera Sala constriñó al Ministro instructor a agotar la etapa procesal de la controversia constitucional, para proponer, en su caso, el sobreseimiento al Pleno o a esta Sala, lo cierto es que ello se encuentra acotado a lo que fue materia del recurso señalado, por lo que al haberse declarado fundado el presente recurso, en mérito de que a una petición expresa de la autoridad demandada no se le dio debida contestación, el efecto de este recurso es el siguiente:
"Se ordena al Ministro instructor que, atendiendo a las circunstancias particulares de la controversia constitucional 153/2006 y tomando en cuenta lo resuelto por este Alto Tribunal en la diversa controversia constitucional 51/2004, así como su propuesta contenida en auto de diecinueve de febrero de dos mil siete, formule un proyecto de resolución con el que deberá dar cuenta al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21138-21be9881/controversia-constitucional-solo-hasta-que-el-senado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES O EXCUSAS. SON IMPROCEDENTES CUANDO SE PLANTEAN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS PARA DEMOSTRAR LOS LÍMITES Y EL TERRITORIO DE UN MUNICIPIO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECR (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 110, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, CON EXCEPCIÓN DE SU CONSIDERANDO OCTAVO, NO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO NÚMERO SFP/0001-A/2005 DE 2 DE OCTUBRE DE 2006, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL M (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (683)
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (III. 1o. A. J/8)
- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, QUIEN DEBE DECLARARLA. (s/clave)
- REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL ((III Región)4o.51 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis