CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS PARA DEMOSTRAR LOS LÍMITES Y EL TERRITORIO DE UN MUNICIPIO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 20086 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EL 5 DE AGOSTO DE 2003, Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE AGOSTO DE 2003, QUE FIJA EL LÍMITE TERRITORIAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA HUERTA Y CIHUATLÁN, EN LA ZONA QUE CONFLUYEN CON EL CERRO DENOMINADO ZAPOTÁN HASTA EL OCÉANO PACÍFICO, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE VERSEN SOBRE ASPECTOS RESUELTOS EN UNA DIVERSA CONTROVERSIA POR CONSTITUIR COSA JUZGADA. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2003. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de mayo de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el veintinueve de septiembre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Peñaloza Vizcaíno, con el carácter de síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional demandando la invalidez del acto consistente en el Decreto Número 20086, emitido por el Congreso Local del Estado de Jalisco el cinco de agosto de dos mil tres, asimismo, demandó al gobernador constitucional de dicha entidad federativa, su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, del dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior al siguiente tenor:
"Acto cuya invalidez se demanda. El Decreto 20086 expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, en que se manifiesta se cumple con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 23/99, en la que se declaró la invalidez del Decreto 17931 y el artículo 2o., que fija el límite territorial del Municipio de La Huerta y Cihuatlán, Estado de Jalisco, en la zona en que confluyen con el cerro denominado Zapotán, hasta el Océano Pacífico, de acuerdo con las coordenadas geográficas que se transcriben en el expresado decreto y que doy aquí por reproducidas para todos los efectos legales, acompañando para mayor ilustración original de la publicación del Periódico Oficial a que he hecho referencia con anterioridad. Reclamo igualmente la segregación del Municipio de La Huerta, Jalisco, de la superficie de 1942-00-00 hectáreas pertenecientes al Municipio de Cihuatlán, Jalisco y que indebidamente fueron incluidas en el decreto de referencia, no obstante que el conflicto se refería al predio de El Tamarindo, al que se fusionaron los conocidos como Playa Dorada y Majahua, pero sin ser parte del conflicto de acuerdo con las constancias que posteriormente se señalarán, se incluyeron predios que no estaban reglamentados por el Municipio de La Huerta, Jalisco, ni que formaban parte de la delegación municipal de La Manzanilla, Municipio de La Huerta, Jalisco. Así como el indebido señalamiento como límite municipal entre los Municipios de Cihuatlán y La Huerta, Jalisco, de la línea que va de la caleta de El Palmito al punto conocido como cerro del Zapotán y que forman parte de las coordenadas de la 11 a la 84, que se describen en el decreto que impugno y con lo cual se lleva a cabo la segregación de superficies que siempre han pertenecido al Municipio de Cihuatlán, Jalisco."
SEGUNDO. Los antecedentes narrados por el síndico del Municipio de Cihuatlán, en el Estado de Jalisco, en síntesis son los siguientes:
1. El seis de agosto de dos mil tres, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el Decreto 20086 cuya invalidez se reclama, en supuesto cumplimiento de la ejecutoria dictada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente correspondiente a la controversia constitucional número correcto 23/99 (y no el citado en los antecedentes en la demanda 93/99) en el que a su vez, este Alto Tribunal declaró la invalidez del Decreto 17931 de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, en el que determinaba los límites entre los Municipios de La Huerta y Cihuatlán, ambos del Estado de Jalisco.
2. Los efectos de la ejecutoria de la controversia constitucional 23/99 que se pretende cumplir con el decreto cuya invalidez reclama, fueron que el Congreso Estatal, con plenitud de jurisdicción, analizara íntegramente el material probatorio aportado al procedimiento en el que se determinaron los límites territoriales de los Municipios referidos en el punto que antecede y recabara de oficio pruebas para mejor proveer y, una vez hecho esto, emitiera conforme a derecho, un nuevo decreto en el que se dirimiera el conflicto entre los Municipios contendientes.
3. El Congreso Local, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia que recayó a la controversia constitucional 23/99:
a. Recabó material probatorio, consistente en las escrituras mediante las cuales se constituyeron las sociedades mercantiles denominadas Playa del Tamarindo, S.A. de C.V., Bahía Dorada, S.A. de C.V. y Majahua, S.A. de C.V., de las que respectivamente se desprende, que se aportaron los terrenos con la misma denominación a efecto de fusionarse y formarse un fideicomiso para la explotación turística por particulares que se denomina El Tamarindo.
b. Asimismo, se ordenó la práctica de una prueba pericial que "se limitó a señalar los puntos que corresponde a la identificación física de los tres predios" mencionados en el inciso previo y al señalamiento del límite entre las coordenadas 11 a 84.
4. En el decreto cuya invalidez se reclama, se hace alusión, en cumplimiento a la sentencia dictada por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 23/99, al decreto emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, Número 5184, publicado el catorce de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, en el Periódico Oficial del Estado citado, mediante el cual se erige en Municipio a la -hasta entonces delegación municipal- La Huerta, en el cual, se incluye entre otros, al "dizque poblado", El Tamarindo.
5. En la citada controversia constitucional 23/99, se resolvió que el Congreso del Estado de Jalisco, para emitir el Decreto 17931 de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, debió tomar el diverso Decreto Número 1059, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el doce de septiembre de mil novecientos cuatro (año correcto, porque la actora en la foja 5 de su demanda se refiere al año de mil novecientos cincuenta y cuatro), a través del cual, se erigió en Municipio la hasta entonces comisaría de Cihuatlán.
6. Se establece la relación entre el Decreto Número 10 de treinta y uno de marzo de mil ochocientos ochenta y tres, con el diverso 1059 de doce de septiembre de mil novecientos cuatro (año correcto y no mil novecientos cincuenta y cuatro, como dice la actora), que ofrece como pruebas al expediente en que se actúa. Que de dichas probanzas, se aprecia que en el censo de la población que se hizo para la creación del Municipio de Cihuatlán, la localidad de Melaque, tiene, dice la parte actora, como parte integrante a El Tamarindo, al formar parte de la fracción 5 en que se dividió la exhacienda de Melaque.
7. El hecho de que el Congreso del Estado de Jalisco no advirtió lo manifestado y acreditado en el punto que antecede, implica que violó en su perjuicio los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Federal, pues no estudió a su juicio, en absoluto, las pruebas aportadas por el Municipio de Cihuatlán, violando asimismo en su perjuicio, el debido proceso legal, toda vez que el Decreto Número 20086, cuya invalidez se demanda es incongruente, además de que segrega una superficie de 1943-00-00 (sic) hectáreas, sin base en un estudio técnico practicado con la audiencia de las partes.
8. La información técnica aportada por el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, a quien solicitó el Congreso del Estado auxilio técnico a efecto de llevar a cabo los trabajos topográficos necesarios, confiesa, a través del oficio de veinticinco de julio de dos mil tres, que los estudios del gabinete por parte del departamento de geodesia del citado instituto, al analizar el primero de los planos, se detectó que los puntos geodisados, no coinciden con las medidas proporcionadas en dicho plano, lo que trae como consecuencia, que si el primer plano no concuerda, automáticamente descarta los otros dos y, por ello, se tomó en cuenta el levantamiento topográfico realizado por la empresa Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V., ejecutado por el perito particular Crescencio Chávez y que fue aportado por la tercero interesada (parte actora en la controversia constitucional 23/99), sin que exista la seriedad o exactitud en los estudios, cuestión necesaria para emitir el decreto cuya validez se reclama.
9. Por lo manifestado en el punto anterior y, contrario a lo estimado por el Congreso del Estado de Jalisco en el decreto reclamado, los estudios tomados en cuenta no fueron realizados por el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, porque tales trabajos fueron desechados y, en cambio, el dictamen se basó en un simple trabajo unilateral de un particular que no coincide con los dictámenes periciales que obran en el expediente y en donde los puntos de referencia para señalar los límites entre los Municipios en conflicto (Cihuatlán y La Huerta) sería desde el propio poblado de La Manzanilla, convertido en delegación municipal, al cerro de Zapotán, con las inflexiones naturales del terreno y de acuerdo con los planos que también obran en el propio expediente, y que se encuentran corroboradas con la resolución presidencial que dotó al ejido de La Manzanilla con 60-00-00 hectáreas, pertenecientes al Municipio de Cihuatlán.
Lo anterior es así, dice, porque las 60-00-00 hectáreas a que se ha hecho referencia, formaban parte de una de las fracciones de la exhacienda de Melaque, Municipio de Cihuatlán, y el resto que asciende a 872-00-00 hectáreas, de la exhacienda de Apazulco, Municipio de La Huerta.
10. De las pruebas mencionadas en párrafos precedentes, unidas entre sí, además de otras aportadas, se desprende que la exhacienda de Melaque pertenece desde su constitución, en su totalidad al Municipio actor, Cihuatlán, pues la exhacienda citada, era la colindante entre el Municipio actor y la exhacienda de Apazulco (perteneciente al Municipio demandado, La Huerta) en el punto que confluyen ambos en el Océano Pacífico.
11. El dictamen que dio origen al decreto 20086 impugnado, priva al Municipio actor, además de los terrenos correspondientes los centros turísticos El Tamarindo, Bahía Dorada y Majahua, también el de La Boquita y Portezuelo, que no fueron ni siquiera materia de la controversia constitucional 23/99, pues si se revisan los antecedentes de la misma, se aprecia que en la reunión celebrada en la Comisión de Gobernación el catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, con asistencia de los presidentes municipales de Cihuatlán y La Huerta, ambos manifestaron su postura respecto de la pertenencia a sus respectivos Municipios de los predios El Tamarindo, Bahía Dorada y Majahua, ubicados en la Bahía de Tenacatita, sin que sea cierto el dicho de que se encuentran ubicados al poniente de la localidad de La Manzanilla, porque al poniente se encuentra el Océano Pacífico y el predio El Tamarindo, en su caso, se encuentra en el sur. Además, señala que el problema limítrofe se limita únicamente a los predios citados: El Tamarindo, Bahía Dorada y Majahua que ahora están fusionados.
12. Finalmente, que a pesar de que la ejecutoria que recayó en la controversia constitucional 23/99 determinó que el Congreso del Estado de Jalisco, debía dictar con plenitud de jurisdicción y tomando en consideración la totalidad de las pruebas, un nuevo decreto, lo llevó a cabo, pero con un estudio parcial de las pruebas aportadas, por lo que viola en perjuicio de la parte actora, sus derechos constitucionales.
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados por la parte actora, son los siguientes:
1. En el primero, que el decreto impugnado viola en su perjuicio los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Federal, porque contrario a lo determinado por el Congreso del Estado de Jalisco, no estudió las pruebas aportadas (por el Municipio actor Cihuatlán), toda vez que se limitó a decir que del material probatorio aportado en el proceso del Decreto 17931, así como de los escritos del síndico municipal de Cihuatlán, de veintiocho y treinta y uno de julio, ambos de dos mil tres, no se desvirtúa el valor dado al Decreto 11950 (esta Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa que este decreto es aquel en el que se eleva a la categoría de delegación municipal a la antes agencia de La Manzanilla, integrada por los poblados, entre otros, El Tamarindo y por el área hotelera de la bahía de La Manzanilla).
Continúa manifestando, que de lo anterior se evidencia cómo la parte demandada ni siquiera enumera las pruebas aportadas por el Municipio de Cihuatlán, lo que se corrobora con el hecho de que en los resultandos de la resolución del dictamen impugnado, sólo se menciona que el Ayuntamiento de Cihuatlán aportó como medios de prueba respecto de los hechos controvertidos, lo referido en los oficios números 284, 186 y 187 presentados ante la Comisión de Gobernación el catorce y veintiuno, ambos de abril de mil novecientos noventa y nueve, sin hacer referencia a las pruebas que se aportaron con escritos de veintiocho y treinta y uno de julio de dos mil tres, limitándose a estimar lo siguiente:
"1) Nombran como perito de su parte al Ing. Fernando Nava Barragán, y como testigos de identificación en el reconocimiento ocular, a J. Raymundo Cervantes Ramírez, Arnulfo Mendoza García, J. Trinidad García, José García Santana, Manuel Figueroa Alba, Zacarías Cervantes Gómez y J. Reyes Gutiérrez Madrigal. 2) Documental pública, consistente en el oficio número 1830, de fecha 10 de marzo de 1999, signado por el Ing. J. Antonio Macías Quezada, director de Catastro del Estado, en el que se dirige al secretario y síndico del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco y mediante el cual remite 9 nueve copias certificadas de las cuentas 90, 464 y 465 del sector rústico del Municipio citado y que corresponden a predios que fueron parte de la exhacienda de Melaque, de la municipalidad de Cihuatlán. 3) Documental, consistente en las copias certificadas de diversos recibos que acompañan, respecto de la cuenta catastral número 144-022, correspondiente a 60-00-00 hectáreas, pertenecientes a la comunidad agraria de La Manzanilla, la cual tributa en el Municipio de Cihuatlán. 4) Copias certificadas de los antecedentes catastrales, así como los certificados catastrales con historial, de las cuentas prediales rústicas 101, a nombre de Becerra Franco Ramón, que ampara el predio denominado Melaque Portezuelo, o El Tamarindo, con superficie de 7,809 metros cuadrados; cuenta 114, a nombre de Bremond Santacruz Medeleine Martha Claudia, predio La Manzanilla, con superficie de 211-07-00 hectáreas; cuenta 513; a nombre de Santacruz Cruz Carolina, predio denominado La Boquita, que es parte del predio denominado Melaque, con superficie de 233-00-00 hectáreas, cuenta 514, a nombre de Santacruz de Bremond Martha, que es el resto del predio Portezuelo que forma parte del lote número 1 de la Antigua Hacienda de Melaque, con superficie de 229-50-00 hectáreas. 5) Copias certificadas de la concesión número NZF 1024/94, expediente 53/32353, otorgada el 31 de octubre de 1994, por la dirección general de Patrimonio Inmobiliario Federal, a favor de Bahía Dorada, S.A., respecto de una superficie de 56,896.63 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, localizada en la Bahía de Navidad, en las caletas de Tamarindo, Majahua, Playa Dorada y El Palmito, Municipio de Cihuatlán, Jalisco. 6) Anexo de copias certificadas, de escrituras públicas, planos, avisos de transmisión de dominio, de recibos de pago, registros catastrales e inscripciones del Registro Público de la Propiedad, mismas que se dan por reproducidas por la volumetría de las mismas, y de las que se desprende que las propiedades que amparan dichos documentos, así como su asiento registral, tributan y han tributado al Municipio de Cihuatlán, Jalisco."
Sigue aduciendo, que de lo antes transcrito del decreto impugnado y, en especial del punto 6), se acredita que la parte demandada ni siquiera hace una enumeración de las documentales aportadas, limitándose a decir que son copias certificadas de escrituras públicas, planos, avisos de transmisión de dominio, recibos de pago, registros catastrales e inscripciones del Registro Público de la Propiedad y que las da por reproducidas por su volumetría, de lo que se infiere que, no obstante la multitud de pruebas aportadas, no merecieron por parte del Congreso demandado, su descripción, análisis ni valoración y, en cambio, lo único que dice es que con ellas no se evidencia que se desvirtúe el valor dado al Decreto 11950, de lo que se aprecia la violación al debido proceso legal, pues insiste, no se estudiaron para la aprobación del dictamen y, posteriormente, la emisión del decreto, las pruebas aportadas por la parte actora.
Cita para apoyar su dicho, las siguientes tesis, cuyos rubros dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE LOS ACTOS PROVENIENTES DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES TENDIENTES A DIRIMIR CONFLICTOS DE LÍMITES ENTRE MUNICIPIOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
2. En el segundo concepto de invalidez aduce que el decreto impugnado viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 ambos de la Constitución Federal, porque no está debidamente fundado ni motivado. Asimismo, estima que no se respetó a su favor el debido proceso legal, pues las irregularidades con las que ha actuado el Congreso del Estado de Jalisco se inició con la emisión del Decreto 11950 de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado, a través del cual, se eleva a la categoría de delegación municipal a la agencia de La Manzanilla, perteneciente al Municipio de La Huerta, señalando como parte integrante de la misma a los territorios de los ingenios Boca de Iguanas, El Tamarindo y el área hotelera de la Bahía de La Manzanilla, incluyendo el centro vacacional Los Ángeles Locos de Tenacatita, al disponer que ello es así, por establecerlo de esa manera el artículo 8o. de la ley orgánica municipal.
Sigue aduciendo que el citado Decreto 11950 es ilegal, porque si bien el artículo 8o. en que se funda le otorga al Congreso del Estado la facultad de elevar a la categoría de delegación municipal al poblado "La Manzanilla", no se la otorga, para señalar los límites territoriales que comprende de la citada delegación municipal y "... menos los poblados que corresponderán además de que El Tamarindo, no era un poblado ..."
También señala, que a la fecha en que se elevó a la categoría de delegación municipal a la agencia de La Manzanilla, el predio El Tamarindo, contaba con una superficie de 302-00-00 hectáreas porque todavía no se había fusionado con los diversos Bahía Dorada, ni Majahua, de manera que no podía comprender la superficie total que ahora tiene.
Asimismo, considera que de los artículos 6o. y 7o., los dos de la ley orgánica municipal, y en particular del primero, se aprecia que los Municipios conservarán los límites que tengan en la fecha de expedición de la ley y que cualquier conflicto que llegara a suscitarse con motivo de dichos límites sería resuelto por el Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 35, fracción III, de la Constitución Estatal. Por su parte, de la lectura del artículo 7o. de la ley referida al inicio del presente párrafo, se desprende que el Congreso del Estado está facultado para modificar los límites territoriales de los Municipios, pero previa audiencia a los Ayuntamientos afectados, situación que no aconteció en el caso, tal como expresamente se aceptó en el decreto impugnado, que en la parte que interesa dice:
"... Por otro lado, al determinarse en dicho Decreto 11950, qué poblaciones correspondían a la nueva delegación, aun cuando esta decisión implicó una segregación territorial, para lo cual era necesario haber otorgado la garantía de previa audiencia a los Municipios afectados, en los términos del artículo 7o. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, vigente en ese momento, lo cual no se hizo, lo cierto es que esa omisión constituye una violación procesal que en su momento debió hacerla valer el o los Municipios afectados por la expedición del decreto que se analiza; sin que dicha violación pueda tener, por sí sola, como consecuencia la nulidad de pleno derecho del citado decreto, motivo por el cual se le da valor probatorio pleno respecto a la pertenencia de la localidad El Tamarindo al Municipio de La Huerta, Jalisco. ..."
Continúa manifestando que, aun suponiendo sin conceder, que el hecho de no haberle otorgado la garantía de previa audiencia al Municipio de Cihuatlán, que se contempla en el artículo 14 de la Constitución Federal, origina la nulidad de pleno derecho, además de que dicha ilegalidad cometida en el procedimiento previo del que derivó la emisión del Decreto 11950, sí podía haber sido reparada al emitirse el diverso Decreto impugnado 20086, porque el Congreso tiene facultades para fijar los límites territoriales de los Municipios (no de las delegaciones), máxime que de la transcripción que antecede, dice la parte actora, se admite que se acepta la violación a la garantía de audiencia.
Transcribe para robustecer su argumento, la tesis cuyo rubro dice: "CONSTITUCIÓN, VIOLACIONES A LA. NO SON CONVALIDABLES BAJO NINGÚN SUPUESTO."
3. En el tercer concepto de invalidez estima que ilegalmente el Congreso del Estado de Jalisco, para arribar a la conclusión de que los predios en conflicto pertenecen al Municipio de La Huerta, se basa en el Decreto Número 11950, no obstante que el predio de El Tamarindo no era un poblado ni tampoco tenía la superficie que actualmente tiene por la fusión entre Bahía Dorada, Majahua y El Tamarindo, por tanto, no tenía que darle valor probatorio a dicha prueba ni tampoco a la declaratoria de desarrollo turístico nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de junio de mil novecientos ochenta, porque la cuestión de límites no puede quedar reducida a la revisión o análisis de las pruebas documentales, sino que era necesario que se llevara a cabo una prueba pericial, con las formalidades de ley y audiencia de las partes interesadas. Sigue aduciendo, que el Congreso del Estado de Jalisco debió tomar en consideración el Decreto Número 1059, publicado en el Periódico Oficial del Estado de doce de septiembre de mil novecientos cuatro, del que se desprende que comprende a la exhacienda de Melaque, de la que se deriva posteriormente el predio El Tamarindo.
Además señala que de las escrituras públicas correspondientes se desprende que los predios en conflicto se encuentran en el Municipio de Cihuatlán, por tanto, estos elementos de prueba son los que se debieron analizar junto con el resto del caudal probatorio, porque el punto de discusión es de carácter técnico, de manera que, aduce, el decreto impugnado se debió fundamentar en peritajes, en los que los peritos basaran su dictamen en elementos históricos, geográficos y de acuerdo con los decretos constitutivos de los Municipios de La Huerta y Cihuatlán y, contrario a ello, el Congreso Estatal se basó en un estudio del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco que fue parcial e interesado, por lo que no debió ser tomado en cuenta, porque de acuerdo con el oficio de veinticinco de julio de dos mil tres, se adujo que el resultado de ese estudio no coincide con las medidas reales de los predios, y en cambio el informe corresponde a un estudio unilateral y sesgado hacia el Municipio de La Huerta, realizado por un perito que no protestó el carácter ante la autoridad y que no le dio intervención alguna al Municipio de Cihuatlán a efecto de objetarlo, de ahí que no se debiera de tomar en cuenta esa probanza.
Menciona que al respecto son aplicables las tesis cuyos rubros dicen: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CIVIL. LAS PARTES TIENEN DERECHO A FORMULAR PREGUNTAS Y HACER OBSERVACIONES AL PERITO TERCERO EN DISCORDIA.", "PRUEBA PERICIAL. OBSERVACIONES, PREGUNTAS Y ACLARACIONES, SÓLO PUEDEN HACERSE DURANTE LA AUDIENCIA EN LA QUE SE RINDA DICHO MEDIO DE CONVICCIÓN." y "SENTENCIAS CIVILES."
4. En el cuarto concepto de invalidez aduce que en el Decreto Número 17931, que dio origen al que se impugna, se establece en forma dogmática que la localidad denominada La Manzanilla, pertenece al Municipio de La Huerta, desde la fecha en que fue constituido y que dicha localidad fue elevada a la categoría de delegación municipal por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante Decreto Número 11950 de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando hay un error en cuanto a la competencia de esta delegación, por no existir dictámenes técnicos ni estudio de personas con la capacidad para determinar la pertenencia de los poblados a que se refiere el citado Decreto 11950.
Asimismo considera, que el único efecto legal del Decreto 11950 es "... el de elevar a la categoría de delegación municipal la anterior agencia de La Manzanilla, para los efectos de la organización del Gobierno Municipal de La Huerta, y estos fines son los únicos que previene la ley orgánica municipal y no otros ... la ley orgánica municipal de referencia solamente faculta al Congreso para, según el procedimiento legal respectivo, elevar a la categoría de delegación municipal a un poblado de acuerdo con la solicitud que se haga al Congreso por parte del Municipio o de un número calificado de vecinos. ..."
También estima, que contrario a lo establecido en el decreto impugnado, el Decreto 11950, que elevó a la categoría de delegación municipal a La Manzanilla, no tiene efectos constitutivos, porque no es cierto que está creando una situación que no existía antes de su emisión, pues lo que no existía antes del mismo era la delegación, pero dicho decreto no puede dotar o restituir terrenos al Municipio de La Huerta y, sólo puede determinar qué localidades corresponden a un determinado Municipio, cuando los predios efectivamente correspondan al mismo, cuestión que en el caso no sucedió con el Decreto 11950.
5. En el quinto concepto de invalidez, manifiesta que del expediente que obra en el archivo del Congreso del Estado, por el que se constituyó el Municipio de Cihuatlán, se contempla el censo de localidades de lo que era la comisaría de Cihuatlán, que a través del Decreto Número 1059 de doce de septiembre de mil novecientos cuatro, constituyó al Municipio actor y que a su vez tuvo como origen la designación de la comisaría de Cihuatlán, contenida en el Decreto Número 10 de mil ochocientos ochenta y tres, en el que se consigna la exhacienda de Melaque, con cincuenta y ocho habitantes y con posterioridad a ello, no existe decreto alguno del que se advierta que se segregó la exhacienda de Melaque, que se formó desde la constitución del Municipio de Cihuatlán.
Asimismo aduce, que desde la constitución del Municipio de La Huerta en mil novecientos cuarenta y tres, éste no ha ejercido jurisdicción sobre predio alguno que perteneciera a la exhacienda de Melaque, en cuya fracción I, se encuentra ubicado el desarrollo turístico de El Tamarindo, integrado por los tres predios en conflicto Bahía Dorada, Majahua y El Tamarindo, actualmente fusionados.
También señala, que si se parte del Decreto Número 10 de mil ochocientos ochenta y tres, que constituyó la comisaría de Cihuatlán, así como el diverso 5184 (esta Suprema Corte precisa que este decreto fue publicado en el Periódico Oficial el catorce de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis), que creó al Municipio de "La Huerta", y que en ninguno de los predios de éste se incluyen a terrenos pertenecientes a la exhacienda de Melaque (Municipio de Cihuatlán), y menos aún del Tamarindo, pues dice que éste ni siquiera la calidad de pueblo tiene, ya que era un terreno deshabitado en el que vivía solamente un vigilante.
De manera que la pertenencia de El Tamarindo, al cual se fusionaron Bahía Dorada y Majahua, así como la división de la exhacienda de Melaque a que se refiere la escritura pública mil setecientos noventa y siete, pasada ante la fe del notario público supernumerario, Fernando González Hermosillo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se establece la división de la Hacienda de Melaque y también, tal como se aprecia de las diversas pruebas aportadas tanto al procedimiento que dio origen al Decreto 17931, al expediente relativo a la controversia constitucional 23/99 y al procedimiento que dio origen al decreto impugnado por esta vía número 20086, se demuestra que todos los predios pertenecientes a la Hacienda de Melaque, se encuentran dentro del Municipio de Cihuatlán y que, por tanto, El Tamarindo, Bahía Dorada y Melaque pertenecen al Municipio de Cihuatlán, de manera que el Decreto 11950 establece nuevos límites a favor del Municipio de La Huerta y se los priva al Municipio de Cihuatlán, por lo que es ilegal.
Sigue aduciendo, que las segregaciones que ha habido de los terrenos para la constitución de La Huerta, Cuautitlán y Casimiro Castillo, nunca afectaron a la exhacienda de Melaque, que pertenecía al Municipio de Cihuatlán y que el terreno de ésta que resultó afectada fue, por la resolución presidencial de dotación y ampliación para la constitución del ejido de La Manzanilla, por 60-00-00 hectáreas, que igual sucede con la ampliación de ejido, por lo anterior, ilegalmente se han segregado a través del decreto impugnado, 1968-00-00 hectáreas simplemente porque en el Decreto 11950, se elevó a la categoría de delegación municipal a La Manzanilla, Municipio de La Huerta, Jalisco, se les ocurrió incluir como poblado a El Tamarindo, cuando en el decreto por el que se creó al Municipio de La Huerta, no se aprecia en absoluto que se incluyera a "El Tamari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19653-5ea70e41/controversia-constitucional-documentos-que-constituyen-medios-probatorios-idoneos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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