SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LA OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE EN LA MATERIA IMPONE EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA REFORMA DE 1999 AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VULNERA TANTO AL CITADO DISPOSITIVO TRANSITORIO COMO EL PROPIO PRECEPTO CONSTITUCIONAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2004. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de julio de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el cinco de agosto de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, quien se ostentó como Presidente Constitucional del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: Lo es el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, depositado en el Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su Sexagésima Legislatura, con domicilio en la calle Aldama No. 901, zona centro, en el edificio denominado Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado: La omisión en que incurre el Congreso del Estado de Chihuahua al no legislar para adecuar la décima primera parte, libro único ‘Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento’, artículos del 1548 al 1604 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua; conforme a lo dispuesto en el ‘Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’ publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"1. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999 se publicó el ‘Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’ mismo que dispuso, entre otras, la modificación de la fracción segunda de dicho artículo 115 para quedar en los siguientes términos: ‘... II. ... Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución. d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores.’. Modificación que tiene como antecedente legislativo, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión, con fecha 17 de junio de 1999, cuyas consideraciones con respecto al segundo párrafo mencionado fueron las siguientes: ‘4.2. La intención de esta Comisión Dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general. Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplarán lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y demás aspectos que contienen lo siguiente: 4.2.1. En el inciso a) se establecen los medios de impugnación y los órganos correspondientes, para dirimir controversias entre los particulares y la administración pública municipal, los cuales deberán conducir a la observancia de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a través de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participación ciudadana y vecinal. La ley, sólo contemplará los principios generales en este rubro. 4.2.2. En el inciso b), se establece que la ley deberá prever el requisito de mayoría calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendrá en la toma de la decisión a los Ayuntamientos. 4.2.3. En el inciso c), se señala que las leyes estatales incluirán normas de aplicación general para la celebración de convenios de asociación entre dos o más Municipios, entre uno o varios Municipios y el Estado, incluyendo la hipótesis a que se refiere la fracción VII del artículo 116 constitucional, para fines de derecho público. 4.2.4. En el inciso d), se prevé que la ley estatal contemple, con base en el ámbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate. 4.2.5. En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedirán las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos básicos y esenciales de los Municipios, será de aplicación temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos. Por último, la comisión considera necesario prever en un nuevo párrafo cuarto de la fracción II en análisis, que las Legislaturas Estatales, establezcan las normas de procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir entre los Gobiernos Estatales y los Municipios con motivo de la realización de los actos a que se refieren los incisos b) y d) de la fracción segunda en comento. Para dirimir tales diferencias, el órgano competente será la Legislatura Estatal correspondiente. Esta previsión desde luego, se entiende sin perjuicio del derecho de los Gobiernos Estatales y de los Municipios de acudir en controversia constitucional en los términos del artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria.’. 2. Dicho ‘decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’ publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de diciembre de 1999, dispuso como transitorios, entre otros, los siguientes artículos: ‘Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos siguientes.’. ‘Artículo segundo. Los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.’. ‘Artículo tercero. Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los Gobiernos Estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La Legislatura Estatal resolverá lo conducente. En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. 3. El 12 de mayo de 2001 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, Número 38, el Decreto 850/01 II P.O., de la LIX Legislatura al H. Congreso del Estado, por el cual fueron reformados diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua como fue el caso del artículo 138, cuya redacción quedó como sigue: ‘Artículo 138. La ley en materia municipal determinará los ramos que sean de la competencia del Gobierno Municipal, la que será ejercida por los Ayuntamientos en forma exclusiva: Los ramos a que se refiere el párrafo anterior, en forma enunciativa y no limitativa, serán los siguientes: I. En materia de funciones y servicios públicos: ... b) Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; ... Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios del Estado observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de Municipios de otro Estado, se deberá contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.’. Siendo el mismo decreto, por el cual se dispuso también la reforma de diversos artículos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, de entre los cuales, el artículo 180 quedó en la forma siguiente: ‘Artículo 180. Las funciones y servicios públicos municipales, son los siguientes: ... II. Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios del Estado observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de Municipios de otro Estado, se deberá contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.’. Las reformas anteriores quedaron sujetas, entre otras, a las disposiciones transitorias siguientes: ‘Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’. ‘Artículo segundo. La Legislatura del Estado deberá expedir las leyes en materia municipal a que se refieren los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución General de la República.’. ‘Artículo tercero. Tratándose de funciones que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de estas reformas sean prestados por el Gobierno del Estado o de manera coordinada por los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. El Gobierno del Estado dispondrá lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el caso del inciso b), fracción I del artículo 138 de la Constitución Estatal, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá solicitar a esta legislatura, conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. El Congreso resolverá lo conducente. En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. 4. Con posterioridad a los hechos descritos, la décima primera parte, libro único ‘Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento’, artículos del 1548 al 1604 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, ha sufrido las reformas y adiciones decretadas por el Congreso del Estado, que se describen a continuación: 4.1. Decreto No. 207-02 II P.E. publicado en el Periódico Oficial No. 42 del 25 de mayo de 2002, por el cual se reformó el artículo 1550 para quedar como sigue: ‘Artículo 1550. Las autoridades estatales y municipales, proveerán de agua para consumo humano a todas las comunidades del Estado en forma y medida posibles, en sus respectivos ámbitos de competencia, y es su deber en conjunto con los habitantes del Estado, el procurar la conservación y el uso adecuado del agua potable y las obras de suministro y alcantarillado en los centros de población.’. Siendo sus antecedentes legislativos los que se consignan en el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobado por el Congreso del Estado con fecha 18 de febrero de 2002, mismo que se transcribe en lo conducente a continuación: ‘Antecedentes: I. Con fecha veintidós de diciembre del año próximo pasado, fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa de decreto con el fin de reformar el artículo 1548 del Código Administrativo, a efecto de incluir en el mismo la obligación del Ejecutivo Estatal de dotar de agua a todas las comunidades del Estado. II. Los iniciadores fundan su propuesta en que el Ejecutivo del Estado, dentro de sus funciones, tiene la obligación de garantizar los derechos básicos y fundamentales del ser humano, como son todos aquellos consagrados en las garantías individuales de nuestra Carta Magna. Asimismo, exponen que es de igual importancia la obligación de proveer a las comunidades de los servicios básicos fundamentales que son base para el desarrollo armónico de las poblaciones, permitiendo con ello el crecimiento económico y social de la comunidad en general. Consideran una obligación del Ejecutivo Estatal, la de satisfacer la creciente necesidad de suministro de agua para consumo humano, que resulta día con día una tarea más complicada por una diversidad de factores como lo es el desmedido crecimiento de las ciudades, la contaminación y, en el caso de nuestra entidad, la grave sequía por la que actualmente atravesamos. Por tales razones, consideran los diputados iniciadores que es necesario facultar y al mismo tiempo consignar como una obligación del Ejecutivo del Estado, satisfacer el suministro de agua potable para todas las comunidades, siendo necesario que dichas facultades queden encuadradas dentro del marco legal, para lo cual, pretenden adicionar el texto del artículo 1548 del Código Administrativo a fin de conseguir su pretensión. Actualmente, dicho precepto dispone que se declara la utilidad pública e interés social, el uso y aprovechamiento del agua potable y los servicios de saneamiento, dentro de los que se incluye el de alcantarillado. Cuando el Estado declare de utilidad pública la realización de una obra, podrá ejecutarla directamente o por conducto de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Los iniciadores pretenden que en tal numeral se incluya que corresponde al Ejecutivo del Estado el proveer de agua para consumo humano a todas las comunidades, allegando la dotación necesaria de dicho líquido a cada una de ellas y hasta donde la necesidad lo reclame, lo que determinará las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, como acto general de administración pública de acuerdo a los intereses y necesidades de la población, responsabilidad ligada a las que tiene sobre el abasto de alimentos. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, lo hace con base en las siguientes: Consideraciones: I. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, establece que la administración pública en la entidad se compone de la centralizada y de la paraestatal, esta última, como auxiliar del Poder Ejecutivo, misma que comprende a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, empresas propiedad del Estado y, por último, los fideicomisos. Los organismos descentralizados son instituciones con personalidad jurídica, competencia y patrimonio propios, creados anteriormente mediante acuerdo emitido por el Ejecutivo Estatal y en la actualidad por el Congreso del Estado, de acuerdo a la facultad que le confiere el artículo 64, fracción XLI, de la Constitución Política del Estado; sin embargo, como ya se mencionó, siguen formando parte de la administración pública del Estado y, por ende, del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la Junta Central de Agua y Saneamiento, fue creada como un organismo público descentralizado del Estado, con la finalidad de coordinar las acciones de la Federación, Estado, Municipios y particulares en obras de agua y saneamiento. Igualmente, la mencionada Junta Central, cuenta a su vez con organismos descentralizados de la misma, denominados Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, competentes para la prestación de estos servicios en las poblaciones localizadas en los Municipios. La Junta Central cuenta dentro de sus atribuciones con la de prever el desarrollo de las poblaciones para adecuar las fuentes de abastecimiento de agua potable, redes de distribución y colectores, así como con la de programar la prestación de los servicios de agua potable y drenaje en los centros de población, principalmente en aquellos en los que no existan. Igualmente, las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento tienen la atribución de prestar estos servicios en sus correspondientes Municipios. II. El problema del agua en nuestro Estado, sin duda alguna ocupa uno de los primeros lugares dentro de la lista de preocupaciones tanto de la ciudadanía en general como de sus gobernantes. Las principales presas y ríos de Chihuahua permanecen en el inminente riesgo de secarse, sin que exista un claro panorama de reposición de nuestros mantos acuíferos por la marcada falta de lluvia. Las ciudades de Chihuahua y Juárez, entre otras de las principales del país, enfrentan serios problemas de sequía que repercuten en el abastecimiento de agua para sus habitantes; ante tal situación, no faltan los proyectos de los Gobiernos Estatales y Municipales que den solución a este conflicto, con propuestas que van desde el traer agua de las presas, como se pretende para Chihuahua con la Presa Luis L. León, conocida popularmente como El Granero, extraerla y conducirla a las poblaciones, como el caso de Ciudad Juárez, con el proyecto conejos-médanos, hasta los procesos de desalinización mediante mecanismos solares y químicos que permitan a la población el consumo del agua de mar, entre otras alternativas. Ante estos hechos, en varias entidades federativas, particularmente en la nuestra, la provisión del agua ha representado desde hace varios años a la fecha, un problema de atención primordial, mismo que se ha combatido a través de campañas de concientización ciudadana, estableciendo plantas tratadoras de aguas residuales para un segundo uso, así como buscando nuevas fuentes de abastecimiento del vital líquido. III. Para el Gobierno Estatal, resolver este problema es un compromiso con la ciudadanía en general, ya sea dentro de la esfera competencial del Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo; por tanto, si bien es cierto que el Código Administrativo en sus artículos 1552, fracciones III y VIII, y 1564, fracción I, contemplan como atribuciones de las Juntas Central y Municipales de Agua y Saneamiento, las de prever el desarrollo de las poblaciones para adecuar las fuentes de abastecimiento de agua potable, redes de distribución y colectores, así como la de programar la prestación de los servicios de agua potable y drenaje en los centros de población, principalmente en aquellos en los que no existan, también es cierto que tales acciones se encuentran establecidas como atribuciones, mas no se especifica que las mismas representen una obligación para los organismos prestadores del servicio. Por todo esto, estimamos que es viable tomar en cuenta la iniciativa en estudio, en el sentido de reformar el Código Administrativo para incluir como obligación del Ejecutivo del Estado el abastecimiento de agua a los centros de población, pues sólo estaríamos adecuando el derecho vigente al positivo, ya que el Ejecutivo Estatal siempre ha considerado el abasto del agua a las comunidades del Estado como una de sus obligaciones prioritarias. Sin embargo, diferimos de la forma en la que se platea la citada modificación, pues pretende incluir la multicitada obligación en el numeral 1548, mismo que declara de utilidad pública e interés social, el uso y aprovechamiento del agua potable y los servicios de saneamiento. Consideramos más adecuado realizar dicha adición en el artículo 1550 del mismo ordenamiento, pues en él ya se establece como obligación del Estado, de los Municipios, así como de los habitantes del Estado, el procurar la conservación y el uso adecuado del agua potable y las obras de suministro y alcantarillado en los centros de población, por lo que cabría agregar aquí el deber del Estado, al igual que de los Municipios, de proveer de agua a los centros de población, dentro de la forma y medida que sean posibles, pues tampoco podemos olvidar la realidad de la entidad en la que vivimos.’. 4.2. Decreto No. 375-02 III P.E. publicado en el Periódico Oficial No. 77 del 25 de septiembre de 2002, por el cual se reformaron los artículos 1563, fracciones I y III, y 1569 para quedar como sigue: ‘Artículo 1563. Las Juntas Municipales tienen un Consejo Directivo integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y siete vocales, que serán designados: I. El presidente, por el gobernador del Estado; ... III. El tesorero, por el presidente del Consejo Directivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento. ...’. ‘Artículo 1569. Los miembros de los Consejos Directivos de las Juntas Municipales serán designados cada seis años y podrán ser removidos en cualquier tiempo.’. 4.3. Decreto No. 840-03 I P.O. publicado en el Periódico Oficial No. 89 del 5 de noviembre de 2003, por el cual se reformó la fracción V del artículo 1564, para quedar como sigue: ‘Artículo 1564. Las Juntas Municipales tienen las siguientes atribuciones: ... V. Proponer anualmente a la Junta Central las tarifas para el cobro de servicios, tomando en cuenta, entre otros, el criterio de estimular y privilegiar el ahorro de agua ...’. 4.4. Decreto No. 883-03 I P.O. publicado en el Periódico Oficial No. 7 del 24 de enero de 2004, por el cual se adicionó el inciso g) de la fracción IV del artículo 1563, para quedar como sigue: ‘Artículo 1563. Las Juntas Municipales tienen un Consejo Directivo integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y siete vocales, que serán designados: ... IV. Un vocal por cada una de las siguientes entidades: ... g) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.’. 5. Con fecha 20 de octubre de 2002, fue promovida ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción de inconstitucionalidad 30/2002, por diputados integrantes de la Legislatura del Estado de Chihuahua, en la cual se impugnó la validez del Decreto No. 375-02 III P.E. publicado en el Periódico Oficial No. 77 del 25 de septiembre de 2002, descrito en el numeral 4.2. anterior. Esta acción de inconstitucionalidad se encuentra pendiente de resolución a la fecha. 6. Con fecha 21 de noviembre de 2002, fue promovida ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional 66/2002, por el Municipio de Juárez, Chihuahua, en la cual se impugnó también la validez del decreto mencionado en el punto anterior. Esta controversia constitucional se encuentra asimismo pendiente de resolución a la fecha. 7. Con fecha 17 de junio de 2003 fue promovida ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional 47/2003, por el Municipio de Juárez, Chihuahua, en la cual se impugnó la validez del Decreto 714/03 II P.O. del Congreso del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial No. 41 del 21 de mayo de 2003, por medio del cual resolvió que fuera el organismo descentralizado estatal ‘Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez’ quien continuará con la prestación de tales servicios, hasta en tanto el Ayuntamiento acredite plenamente tener los elementos financieros, técnicos y humanos suficientes para prestar dicho servicio sin menoscabo alguno para su población. Esta controversia constitucional se encuentra en proceso de instrucción a cargo de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora, son los siguientes:
"Primero. Al omitir legislar para adecuar la décima primera parte, libro único ‘Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento’, artículos del 1548 al 1604 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, conforme a lo dispuesto en el ‘Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’ publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, el Congreso del Estado de Chihuahua incumple con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de dicho decreto, cuyo texto señala lo siguiente: ‘Artículo segundo. Los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.’. En virtud de esta disposición, el decreto mencionado entró en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir a partir del 22 de marzo del año 2000, por lo cual el año de plazo para que las entidades federativas adecuaran al mismo sus Constituciones y leyes, venció el 23 de marzo de 2001. Sin embargo, el Congreso del Estado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19305-ef89dde2/servicios-publicos-municipales-la-omision-legislativa-del-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, SI EN UNA DIVERSA SE IMPUGNÓ LA MISMA OMISIÓN LEGISLATIVA QUE SE CUESTIONA EN ÉSTA Y SE DETERMINÓ QUE EL CONGRESO LOCAL AD (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI PREVIO A SU TRAMITACIÓN NO SE AGOTÓ LA INSTANCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 109, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 50, FRACCIÓN XVII, DE L (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. LA ENTREGA QUE DE ÉSTAS SE REALIZA FUERA DEL PLAZO DE CINCO DÍAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ORIGINA EL (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, SI EN UNA DIVERSA SE IMPUGNÓ LA MISMA OMISIÓN LEGISLATIVA QUE SE CUESTIONA EN ÉSTA Y SE DETERMINÓ QUE EL CONGRESO LOCAL AD (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACTO. CONCESION. (s/clave)
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (683)
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (III. 1o. A. J/8)
- EXCEPCIONES NO OPUESTAS EN TRATANDOSE DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis