CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI PREVIO A SU TRAMITACIÓN NO SE AGOTÓ LA INSTANCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 109, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 50, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECEN LA FACULTAD DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2004. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: CARMEN VERGARA LÓPEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil cuatro.
VISTOS Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el trece de febrero de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, quien se ostentó como Presidente Constitucional del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder y órgano demandado y su domicilio. Lo es el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, depositado en el H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su Sexagésima Legislatura, con domicilio en la calle Aldama. No. 901, zona centro, en el edificio denominado Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. Del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, depositado en el H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su Sexagésima Legislatura, lo es el artículo primero, fracción VI, así como el anexo del Decreto 965-030 I. P.O., de fecha 11 de diciembre del 2003, que establece lo relativo a las participaciones que corresponden al Municipio de Juárez como parte de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2004, y el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua número 103, correspondiente al día 24 de diciembre de 2003. Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, lo es el acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2003, por medio del cual manda que se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal del año 2004, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua número 103, correspondiente al día 24 de diciembre de 2003."
SEGUNDO. Como antecedentes de la demanda, en síntesis, se señaló que:
1. En sesión de trece de diciembre de mil novecientos noventa el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el Decreto 337/90 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad el veintidós de diciembre del mismo año, a través del cual se reformaron, entre otros, los artículos 315 y 316 del Código Fiscal del propio Estado, cuya redacción a la fecha está vigente, siendo ésta la siguiente: "Artículo 315. Las participaciones a los Municipios del Estado se integrarán de la siguiente forma: I. 20% (veinte por ciento) sobre la participación federal al Estado, por concepto de fondo general de participaciones, así como los que se deriven del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. La participación total a que se refiere esta fracción, así como la referente al fondo de fomento municipal, se distribuirá entre los Municipios, de conformidad con los estudios económicos que al efecto se elaboren, pudiendo atenderse, entre otros, a los siguientes elementos: número de habitantes, importe de su presupuesto de egresos, gasto público municipal por habitante y número de localidades en su jurisdicción. ...". "Artículo 316. Como resultado de los procedimientos de distribución de las participaciones, a que se refiere el artículo anterior, anualmente fijará el Congreso del Estado, en la Ley de Ingresos para los Municipios, los porcentajes de participación sobre el producto total que les corresponda."
2. El propósito de dichas reformas, según el dictamen de las Comisiones Unidas de Patrimonio y Hacienda, fue el de reconsiderar los criterios de distribución que servían para aplicar el fondo de participaciones a los Municipios del Estado, en virtud de que los coeficientes que, en ese entonces, se aplicaban para tal efecto, se basan en las cifras de población, del censo de mil novecientos ochenta proyectadas a mil novecientos ochenta y cuatro, cuando con la actualización de las cifras de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda se observaba una serie de distorsiones significativas en el comportamiento de los factores de distribución.
3. En la misma sesión del trece de diciembre de mil novecientos noventa, el propio Congreso del Estado de Chihuahua aprobó otro Decreto con el número 338/90 II P.O., el que contenía la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado. Que en el dictamen correspondiente de las Comisiones Unidas de Patrimonio y Hacienda se manifestó que el propósito del proyecto era el de actualizar los mecanismos de distribución, incorporando los datos de población derivados de los resultados preliminares del censo levantado en ese año, buscando con ello un mayor equilibrio financiero, sobre todo en aquellos Municipios que enfrentaban problemas económicos. Sosteniendo que en el proyecto se contemplaban los porcentajes de participación que correspondían a los Municipios por los ingresos provenientes de diversos fondos federales y de impuestos estatales, además, que la modalidad de incluir dentro del articulado de la Ley de Ingresos para los Municipios las tablas conforme a las cuales se fijaría para el próximo ejercicio la distribución de las participaciones, fue con el propósito de acatar en toda su dimensión la iniciativa planteada por la Comisión de Fortalecimiento Municipal de reformar diversos artículos del Código Fiscal, lo cual ya había sido aprobado por la asamblea, dando así más versatilidad a la realización de los estudios económicos que año con año se debían efectuar para su integración, y evitar, de esta forma, una constante modificación al Código Fiscal, toda vez que las tarifas mencionadas estarían sujetas a la anualidad natural de la ley que en ese momento se sometía a consideración. Que la fracción V del artículo primero de ese decreto estableció: "V. Participaciones: Las que correspondan a los Municipios de conformidad con las leyes federales y locales que las establezcan y que resulten de aplicar los procedimientos de distribución a que se refieren los artículos 314 y 315 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, que integran el fondo global de participaciones federales y el fondo adicional con las participaciones sobre impuestos estatales.". Relacionándose a continuación los porcentajes de participación sobre el producto total, para ese año (1991) de cada uno de los Municipios del Estado, entre los cuales se incluyeron los de:
Ver tabla 1
4. Para el ejercicio de mil novecientos noventa y dos los porcentajes de participación que se asignaron al Municipio de Juárez fueron los siguientes:
Ver tabla 2
5. Que de ese año a la fecha el Congreso del Estado de Chihuahua ha estimado un porcentaje idéntico para el Municipio actor.
TERCERO. En los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, se dijo que:
1. El Decreto 965/03 I. P.O., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el día veinticuatro de diciembre de dos mil tres, el cual contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, viola la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente el artículo 115, fracción IV, inciso b), que establece que: "Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... b) Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados."
2. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo transcrito el Congreso de la Unión decretó la Ley de Coordinación Fiscal, la cual atiende a la obligación de distribución de las participaciones de los Estados y Municipios en ingresos federales, y los artículos 315 y 316 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, ya transcritos, establecen cómo debe llevarse a cabo tal obligación en tratándose de esa entidad. De ahí que se diga que el mecanismo que debe seguirse para la distribución en comento consiste en un estudio económico anual a cargo de las Legislaturas Locales, que debe comprender el número de habitantes, el importe de su presupuesto de ingresos, el gasto público municipal por habitante, el número de localidades de su jurisdicción y el porcentaje de participación, obtenido este último, precisamente, de los elementos anteriores. Sin embargo, en el decreto impugnado el Congreso del Estado omitió llevar a cabo dicho estudio, puesto que tácitamente prorrogó los porcentajes que asignó al Municipio de Juárez en la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio anterior, mismos que ha venido imponiendo desde los años de mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y dos, por tanto, constituye la décimo cuarta ocasión en que se repite su aplicación de facto, ello a pesar de contravenir claramente lo expuesto en los dictámenes de los Decretos 337 y 338/90 II P.O. antes referidos, en los que quedó manifiesta la temporalidad y carácter anual de estos porcentajes, así como la obligación de ponderar año con año los factores y variables que los debieran determinar, tal como lo estableció en el artículo 316 del Código Fiscal del Estado. De ahí que se diga que: "La actuación de la autoridad resulta lesiva al interés de Municipio actor, en virtud de que con su actuación si bien es cierto no es contraria a la Constitución, sí es omisa en cuanto al procedimiento que debe agotar la Legislatura Local para estar en posibilidad de expedir el decreto conteniendo la Ley de Ingresos para el 2004", esto es, el que establecen los artículos 315 y 316 del Código Fiscal del Estado.
3. El acuerdo del C. Gobernador del Estado de veintidós de diciembre de dos mil tres, por medio del cual manda que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, específicamente en cuanto a su artículo primero fracción VI y anexo, contraviene lo dispuesto por el artículo 120 constitucional, que establece que los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales, en virtud de que con ello provoca el incumplimiento de lo dispuesto por nuestra Carta Magna con pleno conocimiento de causa, toda vez que dicho poder a sabiendas de la violación invocada no repara en realizar la publicación que se comenta en el Periódico Oficial del Estado.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima infringidos son: 115 inciso b), fracción IV y 120.
QUINTO. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 15/2004, y la turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que actuara como instructor del procedimiento.
SEXTO. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil cuatro el Ministro instructor José Ramón Cossío Díaz, admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, ordenó su emplazamiento para que formularan sus respectivas contestaciones, y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SÉPTIMO. El oficial mayor del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Legislativo de esa entidad, y el gobernador constitucional del propio Estado, dieron contestación a la demanda, respectivamente, mediante oficios ingresados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los días veinticinco de marzo y seis de abril de dos mil cuatro (fojas 358 a 378 y 410 a 422 de los autos).
Por otra parte, el procurador general de la República, mediante oficio número PGR/448/2004 de uno de junio del mismo año, emitió su opinión respecto del asunto (fojas 446 a 479 de autos).
OCTAVO. En atención al sentido que regirá el presente fallo, resulta innecesario hacer alusión a todos los argumentos vertidos en las contestaciones a la demanda, así como a la opinión del procurador general de la República, bastando destacar que en las actuaciones aludidas se hizo valer la causal de improcedencia que prevé la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que previamente a la promoción de la controversia constitucional de mérito debió de haberse agotado el medio legal que prevé el artículo 109, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para la solución del conflicto.
NOVENO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, aprobado por el Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua y el Municipio de Juárez de la misma entidad en la que se hace innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, debido al sentido de la presente resolución.
SEGUNDO. Es innecesario aludir a la oportunidad de la demanda y a la legitimación de las partes, toda vez que esta Primera Sala considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que previamente a la promoción de la controversia constitucional de mérito, se debió agotar el medio legal que prevé el artículo 109, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, como lo hacen valer la parte demandada y el procurador general de la República.
En efecto, las citadas partes manifiestan que toda vez que la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 109, fracción XIII, faculta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de ese Estado, para resolver los conflictos o controversias que se susciten entre los Ayuntamientos y el Congreso del Estado, el presente juicio resulta improcedente, pues previamente a la promoción del mismo debió de agotarse dicha instancia legal para la solución del conflicto.
El precepto que invocan las partes aludidas establece lo siguiente:
"Artículo 109. Corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia:
"...
"XIII. Resolver las controversias que se susciten entre los Ayuntamientos y el Congreso del Estado."
Por otra parte, esta Sala advierte que la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese Estado, en su artículo 50, fracción XVII, establece que:
"Artículo 50. Son facultades del Pleno:
"...
"XVII. Resolver las controversias entre los Ayuntamientos y entre éstos con el Legislativo o con el Ejecutivo del Estado."
Así pues, de los preceptos transcritos se desprende que corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua dirimir los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos con el Poder Legislativo y con el Ejecutivo de esa entidad.
Por su parte, el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, establece:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
De la disposición transcrita se desprende que la controversia constitucional es improcedente cuando, previamente a la presentación de la misma, no se haya agotado la vía prevista para dar solución al conflicto planteado en la controversia; esto es, el precepto de mérito contempla el principio de definitividad, que consiste, precisamente, en que, previamente a la interposición del juicio de controversia constitucional debe agotarse la vía prevista en la legislación ordinaria aplicable para solucionar el conflicto.
Ahora bien, del análisis de la demanda de controversia constitucional se advierte que el presidente municipal de Juárez Estado de Chihuahua solicita, concretamente, la invalidez del artículo primero, fracción VI, del Decreto 965-03 I P.O. de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, de fecha once de diciembre de dos mil tres, que establece lo relativo a las participaciones que corresponden al Municipio de Juárez como parte de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, así como su anexo. Se llega a la anterior consideración porque, como ya se precisó en otra parte de este fallo, el acuerdo por el cual el Ejecutivo del Estado ordenó, entre otras cosas, la publicación y aplicación de la citada ley, forma parte de su proceso legislativo, por lo cual, es parte de la misma.
Asimismo, de la propia demanda se advierte que aun cuando el Municipio actor señala como preceptos constitucionales violados los artículos 115, fracción IV, inciso b), y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que no hace valer violaciones directas e inmediatas a dichos preceptos, puesto que, tal como se advierte de los conceptos de invalidez ya transcritos, esencialmente manifiesta que la norma impugnada y su anexo son inconstitucionales porque el Poder Legislativo Local los aprobó sin que haya efectuado los estudios económicos a que se refieren los artículos 315 y 316 del Código Fiscal de Chihuahua, a fin de determinar los porcentajes de ingresos que le corresponden por concepto de participaciones federales, con la consecuente transgresión a los preceptos constitucionales citados.
Así pues, resulta indudable que, en el caso, la cuestión a dilucidar es un conflicto entre el Municipio de Juárez, Chihuahua, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, en el que se alegan violaciones a la legislación común de dicho Estado y, como consecuencia de ello y de modo indirecto, violaciones a preceptos de la Constitución Federal, cuyo conocimiento corresponde al Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, de conformidad con los artículos 109, fracción XIII, de la Constitución Política Local y 50, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la misma entidad.
Cobra aplicación al caso la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya localización, rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, enero de 2002
"Tesis: P./J. 136/2001
"Página: 917
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES.-El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Controversia constitucional 6/2001. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 136/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno."
No obsta a la anterior decisión el hecho de que los preceptos antes transcritos, esto es, el de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y el de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa misma entidad, se refieran a Ayuntamientos y no a Municipios, pues finalmente los primeros son los órganos que se integran por un alcalde o presidente municipal y varios concejiles, con el objeto de que administren los intereses del Municipio. Esto es, mientras que el Municipio es la forma de organización político administrativa que se establece en una circunscripción territorial para gobernar, el Ayuntamiento no es sino el órgano colegiado que se erige como autoridad política y representa al Municipio.
A este respecto, la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera al Ayuntamiento como una autoridad dentro del Municipio designada por sufragio electoral directo y compuesto por el presidente municipal, los regidores y los síndicos que la ley determine.
Para corroborar lo anterior basta transcribir, en lo que interesa, el precepto antes referido, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva ..."
En este contexto, es evidente que al no haberse agotado, previamente a este medio de defensa la vía legal prevista en los artículos 109, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 50, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese Estado, para dirimir el conflicto suscitado entre el Municipio de Juárez con los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, por lo que debe sobreseerse en la controversia constitucional que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 20, fracción II, de la propia ley.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz (ponente) y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18455-55e1fdbb/controversia-constitucional-si-previo-a-su-tramitacion-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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