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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2003. · Registro digital (IUS): 18653
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1393.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2003. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO TAMAYO VALENZUELA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de enero de dos mil cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el dieciocho de marzo de dos mil tres, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, ostentándose como Presidente Constitucional del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, promovió demanda de controversia constitucional en representación de dicha entidad, en la que demandó la invalidez de los actos mencionados en seguida, emitidos por las autoridades que también se indican a continuación:

"a) Lo es el Estado de Chihuahua, por conducto del titular del Poder Ejecutivo en el Estado, el C. Gobernador Constitucional de Chihuahua, C.P. Patricio Martínez García. b) Lo es el Estado de Chihuahua, por conducto del titular del Poder Ejecutivo en el Estado, el C. Gobernador Constitucional de Chihuahua, C.P. Patricio Martínez García, a través del secretario general de Gobierno licenciado Sergio Martínez Garza. c) Lo es el Estado de Chihuahua, por conducto del titular del Poder Ejecutivo en el Estado, el C. Gobernador Constitucional de Chihuahua, C.P. Patricio Martínez García, a través del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, C.P. Roberto Cano Hermosillo. d) Lo es el Estado de Chihuahua, por conducto del titular del Poder Ejecutivo en el Estado, el C. Gobernador Constitucional de Chihuahua, C.P. Patricio Martínez García, a través del encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial Bravos, Lic. José Guillermo Dowell Delgado. Actos reclamados: 1. El acuerdo de expropiación número 16, de fecha seis de febrero del año 2003, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con fecha sábado ocho de febrero del mismo año, emitido por el C. C.P. Patricio Martínez García, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y signado en conjunto por el C. Lic. Sergio A. Martínez Garza, secretario general de Gobierno de dicho Estado, con efectos específicos o particulares respecto de la persona moral expropiada, Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, S.A. de C.V., pero con efectos generales para la población de este Municipio, respecto a la causa de utilidad pública que la sustenta, documento cuyo ejemplar se agrega al presente, identificado como anexo dos. 2. La solicitud de expropiación, que mediante oficio de fecha nueve de enero del 2003, suscribió el C. C.P. Roberto Cano Hermosillo, en su carácter de secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, dependiente del Ejecutivo Estatal, respecto de dos lotes de terreno urbano con una superficie de 1999-98-04.886 hectáreas, dividido en dos polígonos, ubicados en el área conocida como San Jerónimo, propiedad de Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, S.A. de C.V. 3. La tramitación e integración del expediente que motivó y fundó la causa de utilidad pública y a la postre el acto de expropiación a que me he referido en el punto número uno de este capítulo, por parte del C. Lic. Sergio Martínez Garza, secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua, dependiente del titular del Ejecutivo Estatal. 4. La inscripción del acuerdo expropiatorio 016 de fecha 6 de febrero del 2003, emitido por el gobernador del Estado de Chihuahua y signado en conjunto por el secretario general de Gobierno; y, por consecuencia, la apertura y asignación de las inscripciones 18 y 19, a folios 18 y 19, ambas del libro 3333 de la sección primera, que el C. Lic. José Guillermo Dowell Delgado, encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, llevará a cabo derivado de la misma, en relación con las notas marginales realizadas en las inscripciones 47, a folios 47 del libro 2609 y 88, a folios 90 del libro 2609, ambas de la sección primera de dicho registro."

SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 27, fracción VI, párrafo segundo y el artículo 115, párrafo primero, fracciones I y II, párrafo segundo y fracción V, incisos a), b), c) y d), de la Constitución General de la República; narró los antecedentes del caso y expresó en síntesis los conceptos de invalidez siguientes:

Que el acuerdo expropiatorio impugnado es violatorio del artículo 27 constitucional, pues dicho precepto prescribe que las expropiaciones únicamente pueden ser realizadas con motivo de utilidad pública, en términos de lo dispuesto por las leyes federales y locales; es decir, el artículo 27 condiciona la validez del acto expropiatorio al cumplimiento de los requisitos establecidos al respecto por las disposiciones federales y locales. Refiere el actor al respecto:

"(i) Que el artículo 49 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua dispone que los predios de un centro de población, cualesquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones de esa ley, sus reglamentos y a los planes de desarrollo;

"(ii) Que el artículo 43 establece que cualquier acción relativa al aprovechamiento del territorio que realice el Gobierno del Estado debe sujetarse a lo dispuesto en los planes de desarrollo urbano vigentes;

"(iii) Que, en esa misma tónica, el artículo 91 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua establece que la adquisición de terrenos para la ejecución de planes parciales de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población constituye una causa de utilidad pública, siempre y cuando los fines de la expropiación se encuentren ajustados a los planes de desarrollo en vigor;

"(iv) Que los artículos 28 y 37 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua establecen, respectivamente, los puntos que deben contener los planes municipales de desarrollo urbano -entre los que incluyen las disposiciones relativas a la zonificación, al establecimiento de reservas territoriales- y que corresponde a los Ayuntamientos dentro de su jurisdicción territorial aprobar los planes municipales y parciales de desarrollo urbano; y

"(v) Que el artículo 103 señala que el ‘control de desarrollo urbano’ es el conjunto de procedimientos por medio de los cuales las autoridades del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilan que las acciones urbanas se lleven a cabo de acuerdo con lo previsto por la ley de la materia; y que el artículo 105 establece que corresponde a la autoridad municipal autorizar las fusiones, subdivisiones, lotificaciones, fraccionamientos y conjuntos urbanos que se promuevan respecto de los predios ubicados en el territorio del Municipio."

Bajo ese estado de cosas, señala el actor, el acuerdo expropiatorio impugnado al destinar los terrenos expropiados a usos industriales, comerciales, habitacionales y a formar parte de la reserva para el desarrollo de Ciudad Juárez -según se desprende de las consideraciones formuladas por el Gobierno del Estado como fundamento de la causa de utilidad pública- contraviene lo dispuesto por el Plan Director de Desarrollo Urbano para el Municipio de Juárez (cuya cuarta actualización entró en vigor a partir de este año), puesto que el mismo establece que el destino de dichos terrenos es el de servir como "zona de conservación ecológica (E)" y no como "zona de desarrollo urbano (U)", apta para acciones de urbanización.

Además, resulta de gran trascendencia que hubiera sido tomada en cuenta la opinión del Municipio, respecto de dichos planes de urbanización en los términos de los dispositivos antes referidos, para que éste determine la factibilidad de prestar los servicios públicos básicos en esa región, los cuales se encuentra obligado a prestar por imperativo constitucional.

Agrega que la declaratoria de utilidad pública contiene datos imprecisos, pues señala que los predios expropiados "de acuerdo a los planes de desarrollo, es planteado como un polo de desarrollo" y que el destino que se le pretende dar al mismo es acorde con el "Plan Maestro de San Jerónimo", en virtud de que actualmente no existe plan alguno con ese nombre y, como se mencionó, el destino del predio, de acuerdo con los planes de desarrollo urbano en vigor para el Municipio, es el de reserva ecológica.

Con base en tales circunstancias, el actor concluye que el Ejecutivo del Estado, mediante la expedición del acuerdo expropiatorio, interfiere con el ejercicio de las facultades que el artículo 115, fracción V, incisos a), b), c) y d) de la Constitución Federal, confiere en favor del Municipio de Juárez, en virtud de que les impide (1) formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano del Municipio, mediante la expedición del plan respectivo, (2) participar en la creación de reservas territoriales, (3) participar en la formulación de un plan de desarrollo regional y (4) convierte en ineficaz su facultad para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo dentro de su jurisdicción territorial.

TERCERO. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 28/2003, y designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo como instructor del procedimiento relativo.

Por auto de veintiséis de marzo de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que produjeran su contestación, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación social correspondiera y formar el cuaderno relativo al incidente de suspensión solicitado.

CUARTO. Las autoridades demandas, al formular su contestación, manifestaron en esencia lo siguiente:

1. El juicio debe ser sobreseído, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en virtud de que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción VI del artículo 19, ambos de la ley de la materia, puesto que no ha sido agotada la vía legalmente prevista para la solución del conflicto. Como se advierte de la demanda, el actor consideró que el acto impugnado a través del cual se expropian tierras al particular San Jerónimo, S.A. de C.V., interfiere con las facultades que el artículo 115 constitucional confiere al Municipio para regular el desarrollo urbano dentro de su jurisdicción territorial, en virtud de que el destino que le pretende dar a las tierras expropiadas contraviene lo dispuesto en los planes de la materia.

Sin embargo, señala, el acto combatido se encuentra sub júdice, en virtud de que el particular expropiado interpuso el recurso de revocación previsto en el artículo 1705 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua -el cual de resultar favorable a sus pretensiones tiene como alcance anular el acto impugnado y hacer que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban antes de la emisión del mismo- y dicho medio de defensa aún no ha sido resuelto. Por tanto, al no constituir el acuerdo impugnado, una resolución firme, no es susceptible de producir las afectaciones jurídicas que le atribuye la parte actora.

2. Que el presente juicio es improcedente, en virtud de que en el juicio en realidad únicamente se plantean violaciones a normas secundarias, pues las supuestas trasgresiones directas a la Constitución Federal se hacen valer con el único fin de que el juicio resulte procedente. En efecto, si bien el actor aduce violaciones al artículo 115 constitucional, del examen del decreto expropiatorio se advierte que el Gobierno del Estado no está formulando planes de desarrollo municipales o regionales, ni está creando reservas territoriales para el Municipio, ni está zonificando o autorizando licencias de uso de suelo, que sólo compete al Municipio otorgar; simplemente está expropiando determinadas tierras con el propósito de atender las estrategias prioritarias planteadas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2001-2006 y en el Plan Estatal de Desarrollo.

3. Es inexacto lo manifestado por la actora en el sentido de que el decreto expropiatorio fue emitido en contravención del Plan de Desarrollo Urbano Municipal y, por ende, en violación de la Ley de Desarrollo Urbano, Ley General de Asentamientos Humanos y Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que parte de la premisa equivocada de que los fines previstos en el decreto se encuentran prohibidos por el plan referido. Contrariamente a lo sostenido por la actora, la zona donde se ubican los predios expropiados no fue prevista por el decreto como una zona de conservación ecológica, sino como un área con potencial de crecimiento, según se desprende del punto II.5.2.6.1 de la modificación y actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, intitulado "Desarrollo San Jerónimo", la cual fue publicada el cinco de febrero de dos mil tres. En efecto, en dicho apartado se define el área de San Jerónimo como una alternativa para el crecimiento poblacional de Ciudad Juárez; es decir, como una zona para desarrollos futuros, si bien su uso se encuentra condicionado a que se efectúe una planeación integral que permita tener un crecimiento ordenado. Por tal motivo, los predios expropiados tienen una zonificación apta para los fines perseguidos por la expropiación.

4. La actora al señalar que no se le tomó en cuenta para determinar si resulta viable instalar y prestar servicios básicos en dicha zona, evidencia que confunde el procedimiento de planeación. El propósito del acto expropiatorio radica únicamente en obtener tierras para generar una reserva territorial. La planificación del crecimiento de la zona, en donde, entre otras cuestiones, se analiza si el Municipio se encuentra en posibilidad de prestar los servicios públicos requeridos para el desarrollo de la zona, tiene verificativo con posterioridad a tal acto: al momento de elaborar el plan parcial de crecimiento respectivo, el cual se somete a la aprobación del Ayuntamiento.

Por tal motivo, no existe invasión a las atribuciones que el artículo 115 confiere al Municipio actor, pues a través del decreto impugnado el Estado no está zonificando el área, ni está elaborando o aprobando algún plan de desarrollo urbano, ni estableciendo la creación de reservas en favor del Municipio. Tales acciones serán, en todo caso, materia de un plan parcial de desarrollo, el cual, como se mencionó, deberá ser sometido en su momento a la aprobación del Ayuntamiento.

Además, la creación de la reserva territorial en cuestión, no deriva de una política unilateral y caprichosa por parte del Gobierno del Estado, sino que deriva de los objetivos trazados por los Planes de Desarrollo Urbano Estatales y Nacionales. Así el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2001-2006 estima de gran importancia crear un corredor comercial e industrial con los Estados Unidos de América, con el cual compartimos más de tres mil kilómetros de frontera; y, en esa tesitura, considera entre sus objetivos prioritarios la obtención de reservas territoriales, los cuales permitirán, en su oportunidad, planear los nuevos polos de desarrollo requeridos. De igual forma, el plan estatal expresa la importancia estratégica que tiene el desarrollo de la franja fronteriza, pues representa la oportunidad de un mayor acceso al mercado más grande del mundo.

En vista de lo anterior debe concluirse que el acto impugnado no transgrede el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, ni, consecuentemente, el artículo 91 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua.

5. Que es falso lo sostenido por la actora, en el sentido de que el decreto expropiatorio sea incompatible con una zona clasificada como "con potencial de crecimiento". Lo único que implica dicha zonificación es que la realización de acciones urbanas se encuentran condicionadas a la realización de una planeación integral, en los términos del inciso II.5.2.6.1 del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, con el fin de que el crecimiento de la zona se lleve a cabo de manera ordenada y racional; pero no limita la facultad del Estado para efectuar expropiaciones como la aquí impugnada. De hecho, los actos del Estado que se encuentran sujetos a las normas sobre zonificación establecidas por los Municipios son los relativos a las acciones de urbanización (materia de los planes parciales de desarrollo), pero no los actos expropiatorios, pues éstos derivan de las facultades constitucionales conferidas al Estado con base en el dominio originario que tiene sobre las tierras. En efecto, lo que el plan regula, es la manera como debe ser desarrollada la tierra expropiada, pero no es susceptible de limitar o condicionar de forma alguna la facultad constitucional a través de la cual el Estado obtuvo dichas tierras.

6. Que es falso que el decreto expropiatorio se hubiera fundado en el Plan Maestro San Jerónimo, pues como se desprende del texto mismo éste se fundó en los artículos 27 constitucional; 1701, fracciones III y X, en relación con los artículos 1702-1704, 1710 y 1721 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua; en los Planes Estatales y Nacionales de Desarrollo Urbano; y especialmente en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio actor, el cual contempla el área de San Jerónimo como una zona de desarrollo futuro, mediante la cual se podría solucionar el problema de crecimiento desmedido que ha tenido Ciudad Juárez y solventar las necesidades de desarrollo que presenta la región fronteriza.

QUINTO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó en síntesis que el decreto expropiatorio impugnado no constituye un acto que sea susceptible de contrariar el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, como sugiere la parte actora. Lo anterior obedece a que a través de aquél no se está implementando alguna estrategia de planificación urbana; simplemente se está transfiriendo la propiedad de un predio de un particular al Estado.

SEXTO. El veintiocho de abril de dos mil cuatro, tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se hizo relación de las constancias que integran los autos, se tuvieron por ofrecidas las pruebas y, por formulados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y 21, fracción XI y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, y el Poder Ejecutivo de dicha entidad, y se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno pues procede sobreseer en la controversia constitucional.

SEGUNDO. Resulta innecesario analizar la temporalidad en la promoción del presente juicio, así como la legitimación de las partes en el mismo, dado el sentido del presente fallo. En efecto, esta Primera Sala de oficio considera que el juicio debe ser sobreseído, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

Como se mencionó en los resultandos de esta resolución, el presente juicio fue promovido por el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en contra del acuerdo expropiatorio número 016, emitido el seis de febrero de dos mil tres, por el gobernador constitucional de dicho Estado, y publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el ocho de febrero siguiente, a través del cual se expropian por causa de utilidad pública dos lotes de terreno urbano con una superficie de 1999-98-04.886, ubicados en el área conocida como "San Jerónimo", propiedad de Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Ahora bien, mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil cuatro ante este Alto Tribunal, y con el fin de acreditar la improcedencia del presente juicio, la parte demandada exhibió copia de la resolución dictada el tres de septiembre de dos mil cuatro por el gobernador del Estado de Chihuahua, recaída al recurso de revocación interpuesto por Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acuerdo expropiatorio referido, en la que se determinó a la letra lo siguiente:

"Primero. Se revoca el decreto expropiatorio contenido en el acuerdo número 016 de fecha 6 de febrero del año próximo pasado, a través del cual se le expropió a Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, S.A. de C.V., una fracción del predio conocido como ‘El Oasis’ con una superficie de 1981-52-71.046 hectáreas, localizado en el área conocida como San Jerónimo, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, y una fracción del predio conocida como ‘El Mirador’, con superficie de 18-45-27.840 hectáreas localizado en el área conocida como San Jerónimo, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

"Segundo. Como consecuencia de esta revocación, cancélense las inscripciones que se hicieron a favor del Estado y que son: respecto de las marginales que aparecen en las inscripciones originales que se motivaron como consecuencia del decreto expropiatorio referido.

"Tercero. Restitúyase a la Secretaría General de Finanzas del Estado de Chihuahua el monto de la indemnización que depositó con motivo de la presente expropiación y que asciende a la cantidad de $2'057,183.51 (dos millones cincuenta y siete mil ciento ochenta y tres 51/100 pesos) moneda nacional.

"Cuarto. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.

"Quinto. Ejecútese a través de la Dirección de Gobernación dependiente de la Secretaría General de Gobierno."

A decir, si bien el medio de defensa aludido fue promovido por un particular ajeno a la presente controversia constitucional, sin embargo mediante la resolución recaída al mismo, se revoca precisamente el acuerdo expropiatorio reclamado por el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en el presente juicio.

Ante tal circunstancia, mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil cuatro el Ministro instructor dio vista a la parte actora para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del mismo, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la resolución revocatoria referida. Sin embargo, la actora no realizó manifestación alguna al respecto.

En vista de lo anterior, al obrar en autos constancias que acreditan que el acto reclamado en la presente controversia constitucional fue revocado (las cuales no fueron objetadas por la parte actora), resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto cuya anulación se busca a través de este juicio, por lo que éste resulta improcedente, en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes citado. Situación que acarrea el sobreseimiento de la presente controversia constitucional.

Resulta importante destacar que el gobernador del Estado de Chihuahua contaba con facultades para resolver el medio de defensa antes aludido y revocar el decreto expropiatorio ahí impugnado, según se desprende del artículo 1639 del Código Administrativo de esa entidad, que establece lo siguiente:

"Artículo 1639. El gobernador del Estado estará facultado para revocar sus propias resoluciones o las dictadas por anteriores titulares del Ejecutivo, cuando aparezca que dichas resoluciones fueron dictadas con notoria violación de las disposiciones legales que debieron regular su actuación, y siempre que con las mismas resoluciones se haya afectado gravemente el orden y la seguridad públicos o lo intereses generales del Estado.

"La revocación deberá ser promovida por la parte interesada."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se sobresee el presente juicio.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18653-43e648fb/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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