CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2003. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el diecinueve de junio de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, con el carácter de presidente municipal del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional demandando la invalidez del acto consistente en el Decreto Número 714/03 II P.O., acto demandado al Congreso del Estado de Chihuahua, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, Número cuarenta y uno, de veintiuno de mayo de dos mil tres, así como al gobernador constitucional de dicha entidad federativa, por haber emitido el oficio número D.J.302/423/2003, de seis de mayo de dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua Número treinta y ocho, de diez de mayo del mismo año.
Lo anterior bajo el siguiente tenor:
"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, medio oficial en que se hubieran publicado. Del Congreso del Estado de Chihuahua, lo es el Decreto Número 714/03 II P.O., del Congreso del Estado de Chihuahua, representado por la Sexagésima Legislatura, en su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de su ejercicio constitucional, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua Número 41, de fecha 21 de mayo del año en curso, al haber resuelto que en virtud de que el dictamen de la Junta Central de Agua y Saneamiento concluye que la transferencia del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales al Municipio de Juárez, afecta su prestación, hasta en tanto el Ayuntamiento acredite plenamente tener los elementos financieros, técnicos y humanos suficientes para prestar dicho servicio sin menoscabo alguno para la población, que sea la Junta Municipal de Agua y Saneamiento la que continúe en la prestación de tales servicios, sin perjuicio de que, en su caso, se haga efectivo el derecho que le otorga al Municipio el artículo 115 constitucional, en el momento en que demuestre encontrarse en condiciones de asumirlo plenamente. Del titular del Poder Ejecutivo del Estado, el oficio número D.J.302-423/2003 de fecha seis de mayo del presente año, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua Número 38, de fecha 10 de mayo del año en curso, por medio del cual el gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, solicita al Congreso del Estado de Chihuahua por considerar que se trata de un servicio cuya transferencia afectaría gravemente a la población del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que el Ayuntamiento de esa localidad no cuenta con los elementos técnicos, administrativos y operativos adecuados para prestarlo con eficiencia y eficacia, se sirva determinar que el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales de dicho Municipio, se deba conservar dentro del ámbito de competencia del Gobierno Estatal."
Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil tres, la parte actora amplió su demanda (foja 484 del tomo I del expediente en que se actúa) en la que señala que denuncia como un hecho nuevo "... la contestación a la demanda de controversia constitucional, presentada el pasado 25 de agosto del año en curso ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el diputado ... por medio de la cual reproduce textualmente la contestación a la misma demanda de controversia realizada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua ..."
SEGUNDO. Los antecedentes narrados del caso son los siguientes:
"VI. Hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda. 1. En el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999 se publicó el decreto de fecha 28 de octubre de ese año, por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual regula la organización y funcionamiento de los Municipios como base de la organización política y administrativa de los Estados. Que la fracción III del artículo 115 antes mencionado se reformó para quedar como sigue: (se transcribe). 2. Que de conformidad con el artículo primero transitorio del decreto mencionado, las reformas y adiciones al artículo 115 constitucional entraron en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del día 22 de marzo del año 2000. 3. En el artículo segundo transitorio del decreto antes mencionado se estableció que los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. 4. En el artículo tercero transitorio del decreto multicitado se estableció que tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, de manera coordinada con los Municipios, estos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el párrafo final del transitorio tercero se estableció que (se transcribe). 5. Con fecha 20 de marzo del año 2001 bajo Decreto No. 850/01 II P.O., la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua reunida en su segundo periodo ordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional llevó a cabo la reforma al artículo 138 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el 180 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el cual, el primero de los mencionados, entre otras consideraciones, establece que: (se transcribe). Por su parte el artículo 180 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en virtud de la reforma quedó en la forma siguiente: (se transcribe). En el artículo transitorio tercero del decreto en este punto citado, se transcriben íntegros los párrafos primero y último del artículo tercero transitorio del decreto publicado el 23 de diciembre de 1999, que reforma y adiciona al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Decreto No. 850/01 II P.O., fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua con el número 38 de fecha 12 de mayo de 2001. 6. En la sesión de Cabildo número 77 de fecha 19 de abril del año 2001, el Ayuntamiento del Municipio de Juárez, emitió un acuerdo para solicitar formalmente al Gobierno del Estado de Chihuahua, la transferencia del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en los términos de la reforma constitucional apuntada anteriormente. En cumplimiento a dicho acuerdo, el entonces presidente municipal Ing. Gustavo Elizondo Aguilar, giró el oficio número SA/GOB/3920/01 de fecha 23 de abril de ese mismo año, por medio del cual se solicita al titular del Poder Ejecutivo Estatal, se transfiera al Municipio de Juárez, el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, a través del programa de transferencia. Oficio que fue recibido por el Ejecutivo Estatal el día 25 de abril de 2001. 7. Dado que el Ejecutivo Estatal no dio ninguna clase de respuesta a la solicitud anterior, ni tampoco presentó en el plazo máximo de los noventa días que establece el artículo tercero transitorio, contados a partir de la solicitud, el programa de transferencia como lo establece dicho transitorio, en la inteligencia de que aquel se vencía el 23 de julio del año 2001, con fecha 6 de septiembre de 2001, en la sesión de Cabildo número 87, se emitió un acuerdo por medio del cual, se autorizó al presidente municipal de Juárez, Chihuahua, para presentar controversia constitucional contra la falta de contestación a la petición del Ayuntamiento, para que se le transfiera el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 8. Con fecha 1o. de octubre del año 2001, se interpuso controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue registrada bajo el número 362/2001, cerrándose la instrucción el 30 de marzo del año 2002. 9. Con fecha 9 de mayo del año en curso, se recibió en la presidencia municipal de Juárez, Chihuahua, el oficio número 033/03 S.P., de fecha 8 de mayo de 2003, suscrito por el C.P. Patricio Martínez García, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, por medio del cual, expresa que en relación con la petición del 25 de abril de 2001, en la cual solicita la transferencia a ese Ayuntamiento de los servicios de agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, hace del conocimiento que en la fecha de presentación, el Gobierno del Estado no se encontraba legalmente facultado para dar respuesta de la misma, en virtud de que no existía disposición legal, vigente alguna al respecto, ni en la Constitución Política Local ni en el Código Municipal del Estado de Chihuahua, ya que fue hasta el día 13 de mayo de 2001, que entró en vigor el Decreto Legislativo Número 850/01 II P.O., del Congreso del Estado, mediante el cual adicionó y reformó diversos preceptos, tanto del Código Municipal como de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, con el propósito de adecuarlos al texto vigente del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado y reformado mediante el decreto legislativo correspondiente publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre del año de 1999 y, por tanto, se permite dar contestación -con poco más de dos años por cierto- a la solicitud municipal, manifestando, en resumen, que el Poder Ejecutivo del Estado no ha presentado un programa de transferencia a ese Municipio del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, por considerar que no cuenta con la capacidad técnica administrativa y operativa suficientes para prestar con eficacia dicho servicio, y porque en caso de efectuarse la transferencia, se afectaría a la población del Municipio causándole un grave perjuicio, motivo por el cual, considera que la solución que más beneficia a sus habitantes es que el Gobierno del Estado conserve dentro del ámbito de su competencia la prestación de dicho servicio. También agregó el mandatario estatal haber hecho solicitud al Congreso del Estado de Chihuahua, anteponiendo el interés social y como medida orientada a evitar perjuicios a la población del Municipio de Juárez, Chihuahua, que el Gobierno Estatal desea conservar dentro del ámbito de su competencia la prestación de dicho servicio, con base a las consideraciones técnicas y estudios que anexa a su solicitud. El oficio antes mencionado se publicó en el Periódico Oficial del Estado Número 38, de fecha 10 de mayo del presente año. El titular del Poder Ejecutivo del Estado acompañó en su petición al Congreso Estatal, escrito de fecha 30 de abril de 2003, signado por el Ing. Horacio Almazán Galache y por el C. Jesús Humberto Arzaga Chacón, ambos en su calidad de presidente y tesorero de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, por medio del cual se asienta lo siguiente: (se transcribe). 10. La iniciativa presentada por el gobernador del Estado, se turnó para su estudio a la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Congreso del Estado de Chihuahua, la cual, sin haber solicitado información oficial al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, ni de haberle permitido intervenir en la discusión de la iniciativa del gobernador del Estado, a través de algún representante, por tener un claro interés directo, según lo permiten los artículos 51, fracción VI y 129, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chihuahua, se permitió rendir un dictamen bajo las siguientes: (se transcribe). En el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua Número 41, de fecha 21 de mayo del año en curso, se publicó el Decreto Número 714/03 II P.O., por medio del cual, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, en su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional, decreta lo siguiente: (se transcribe)."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:
"Primero. El procedimiento seguido a la iniciativa del gobernador ante el Congreso Estatal, del que deriva el Decreto Número 714/03 II. P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua de 21 de mayo del año en curso, e impugnado por esta vía, vulneró toda garantía de seguridad jurídica, legalidad y audiencia, toda vez de que no se llamó al Municipio actor a dicho procedimiento, a pesar de que se vería afectado con la determinación del Congreso Local, lo anterior incluso contra su ley orgánica, que establece en su artículo 51, fracción VI, y en el artículo 129, que se pueden pedir informes a las dependencias públicas, y que en la discusión del dictamen, podrá intervenir un representante del Ayuntamiento. Por justicia, existe el deber de llamar a las partes a todo procedimiento por elemental que sea, por medio del cual se dirima una diferencia. En ese orden de ideas, se debió llamar al hoy Municipio actor para que defendiera sus intereses, ya que unilateralmente, sólo con el dicho del gobernador del Estado, apoyado en un escrito falaz denominado dictamen, es por lo que determinó que el Municipio actor resulta ser incapaz de brindar el servicio público solicitado para que se le transfiera en términos del artículo 115 constitucional. Cuando el legislador estableció en el párrafo segundo del artículo transitorio tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, que reformó el inciso a) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los Gobiernos Estatales podrían solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación, es claro que fue con la intención de que se estableciera un procedimiento con audiencia de las partes para ser escuchados a efecto de tomar una determinación ajustada a derecho. En efecto, es clara la parcialidad con que se manejó la comisión de legisladores estatales que elaboró el proyecto de decreto y que finalmente fue aprobado por la Sexagésima Legislatura Estatal, para no dar oportunidad de defensa al hoy Municipio actor. Lo anterior va en contra del espíritu del segundo párrafo del artículo transitorio tercero del decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el debate para aprobar los artículos transitorios, correspondientes al decreto, llevado a cabo con fecha 17 de junio de 1999 por la LVII Legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador federal manifestó lo siguiente: ‘5. Con objeto de dar un periodo razonable de tiempo para la difusión de esta reforma, por su trascendencia, en un primer artículo transitorio se establece que la entrada en vigor del presente decreto ocurrirá a los 90 días de publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de las excepciones que se prevén en los transitorios subsecuentes. 86, 87 y 88. 6. Con el propósito de que las reformas y adiciones constitucionales sean incluidas en la legislación estatal correspondiente, esta comisión considera que en un artículo segundo transitorio se otorgue un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que los Estados adecuen su marco jurídico. Asimismo, en dicho transitorio se establece un plazo hasta el 30 de abril del año 2001 para que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente decreto, los Estados adecuen sus Constituciones y leyes al mismo. Por tanto, para no dejar una laguna legal temporal, en el segundo párrafo se reviene (sic) que serán aplicables las disposiciones vigentes durante los términos y plazos a que se refiere el párrafo anterior. 7. Se establece en un tercer artículo transitorio, un plazo de 90 días para que los Estados elaboren los programas de transferencia de los servicios públicos o funciones municipales exclusivas conforme al presente decreto, contados a partir de la respectiva solicitud. Congruente con lo anterior, se prevé que mientras ocurre la solicitud y el proceso de transferencia en devolución, de una materia municipal a cargo del Gobierno Estatal a la entrada en vigor del presente decreto, la función o servicio público de que se trate deberá continuar ejerciéndose o prestándose en los términos que se haya venido haciendo, protegiendo el interés de la ciudadanía. Asimismo, se prevé en un segundo párrafo del artículo transitorio en comento, que sólo para el caso de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de sus aguas residuales a que se refiere el inciso a) de la fracción III que reforma los Gobiernos Estatales que a la entrada en vigor de la presente reforma tuvieran a su cargo dichos servicios, podrán solicitar a la legislatura que los faculte a conservarlos en su ámbito estatal, siempre y cuando de ser transferido a los Municipios, genere una afectación que perjudique sustancialmente la prestación o ejercicio de dichos servicios y funciones. Al efecto, el Municipio interesado deberá ser oído y sin perjuicio de su derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia constitucional, cuando la legislatura resuelva a favor del Gobierno Estatal, sin reunir los requisitos expresados en este párrafo.’. Así pues, la intención del legislador federal para que el Legislativo Estatal resolviera lo conducente, es indudable que se hizo con el propósito de que se escuchara al Municipio afectado, en defensa de sus intereses. Por tanto, al no haberlo hecho así por el Congreso del Estado de Chihuahua, es indudable que se violaron las garantías de seguridad jurídica, legalidad y audiencia en perjuicio del hoy Municipio actor y, por tanto, el decreto que se impugna por este medio, resulta a todas luces ilegal, por lo que deberá ser invalidado por este Máximo Tribunal, en los términos expuestos. Segundo. Al resolver la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, a través del Decreto Número 714/03 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua de 21 de mayo del año en curso, que en virtud del dictamen de la Junta Central de Agua y Saneamiento concluye que la transferencia del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales al Municipio de Juárez, afecta su prestación, y resuelve que, hasta en tanto el Ayuntamiento acredite plenamente tener los elementos financieros, técnicos y humanos suficientes para prestar dicho servicio sin menoscabo alguno para la población, que sea la Junta Municipal de Agua y Saneamiento la que continúe en la prestación de tales servicios, sin perjuicio de que, en su caso, se haga efectivo el derecho que le otorga al Municipio el artículo 115 constitucional, en el momento en que demuestre encontrarse en condiciones de asumirlo plenamente, decimos, se quebrantan los principios de seguridad jurídica y justicia, así como la autonomía y distribución de competencias a favor del Municipio actor, consagradas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La intención del legislador federal al reformar la fracción tercera del artículo 115 constitucional, plasmada en el debate del 17 de junio de 1999, fue la de que se elimine el concurso de los Estados en la prestación de los servicios públicos por los Municipios. En efecto, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de diciembre de 1999, se establecen en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinadas facultades competenciales o servicios públicos, que en forma mínima debe atender la municipalidad, pues tales servicios son aquellos que la población requiere para tener un modo digno de vida, entre los cuales se encuentra desde luego, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales. Al consagrarse constitucionalmente lo anterior, como un servicio público que tendrán a su cargo los Municipios, es porque el legislador federal consideró que los Municipios pueden manejar su patrimonio conforme a la ley y que son capaces de adquirir derechos y obligaciones tanto de derecho público como de derecho privado. En el presente caso el Municipio actor, a través de su propia y larga historia y desde su creación, no nada más ha sido capaz de administrar su propio patrimonio en y para beneficio de sus residentes, sino que ha pasado a la historia como baluarte de la República ante el invasor, y como ciudad ha representado el orgullo nacional al ser gestor de movimientos y cambios sociales, pasados y presentes. En contraste, es inaudito que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, haga eco de las opiniones interesadas del gobernador del Estado para privar al Municipio de su autonomía, política, financiera y administrativa, de la autoridad estatal, estableciendo por cualquier causa una subordinación del Municipio a la entidad federada con un criterio dogmático que a nada conduce y que sólo frena el propio desarrollo del Municipio actor. Por tanto, es inconcuso que el criterio adoptado por el Congreso del Estado de Chihuahua, no se justifica con y de la manera en que lo dice, en las consideraciones del decreto impugnado, ni mucho menos con la especie de opinión particular de los funcionarios de la Junta Central de Agua y Saneamiento, que pretenden considerar como un verdadero ‘dictamen’. Al respecto, el dictamen de la Junta Central de Agua y Saneamiento en el que se basa el gobernador del Estado y el Congreso Local, para negar por medio de los actos impugnados, la transferencia del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales al Municipio actor, es totalmente objetable por las razones siguientes: a) Si bien es cierto que existe la cuenca que se denomina Cuenca R. (sic) Bravo-Ojinaga, R. (sic) Bravo-Cd. (sic) Juárez, que ubica a este importante afluente de agua superficial que es el río Bravo, el cual delimita, además, al Estado y al país con Estados Unidos de América, no necesariamente se deba considerar que técnicamente no es viable la transferencia del servicio solicitado al Municipio de Juárez, sobre todo porque los habitantes de este Municipio sabemos las necesidades del mismo. En efecto, toda vez que de requerirse tal asesoría constante por virtud de la circunstancia, de que se colinda con el vecino país del norte, es claro que existen instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática o como la Comisión Internacional de Límites y Agua, formada por comisiones tanto del vecino país como del nuestro que pueden brindar a este Municipio de Juárez, la asesoría e información que se requiera. Por tanto, no es cierto que no se pueda contar con asesoría constante para su evaluación, prospección y comportamiento de la explotación del agua subterránea de la cuenca mencionada. Además de que el dictamen citado no deja claro, el porqué considera que el Municipio actor no pueda contar con la capacidad de asesorarse o de adquirir el equipo para tales efectos, lo que se demostrará en su momento oportuno. b) Por si fuera poco, también afirma que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, no tiene la capacidad técnica, administrativa ni contable para la gestión de las diferentes fuentes de financiamiento gubernamentales para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica. Al respecto, la Junta Central parece ignorar que el Gobierno del Estado o su titular, no es el único organismo gubernamental con capacidad para la gestión de obras y servicios. Es obvio, que de pasar el servicio público que se solicita al Municipio actor, este cuenta con la capacidad suficiente para gestionar toda clase de inversión pública en el Municipio. c) También afirma que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, debe continuar inmerso en un contexto transfronterizo. Al respecto, consideramos que de pasar dicho servicio público al Municipio, no pierde su contexto transfronterizo, pues sencillamente dicho servicio público no cambia de lugar, sino que se seguiría prestando, precisamente, en el mismo lugar y contexto. d) Respecto de que debe seguir en el contexto mencionado para dar solución a la problemática ambiental con respecto al tratamiento de agua y el reuso de la misma, al respecto los funcionarios mencionados deben conocer que existen diversas plantas tratadoras de agua tanto de la Junta Municipal, como del mismo Municipio, por lo que la cuestión ambiental de ninguna manera se desestima con el hecho de que sea el Municipio el que brinde el servicio público solicitado. e) Se dice en el dictamen de la Junta Central, que el organismo operador requiere de invertir a corto y mediano plazo alrededor de $2,232 millones de pesos. Mas sin embargo (sic) en el mismo dictamen no se aclara porqué de la necesidad de esa inversión y además, qué datos se tomaron en cuenta para establecer dicha cantidad. f) El dictamen se contradice a su vez, cuando por un lado afirma que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no tiene la capacidad técnica, administrativa, contable, ni la capacidad de gestión para la ejecución de obras de infraestructura hidráulicas y, por otro lado, afirma que el costo de infraestructura existente del agua potable, alcantarillado y saneamiento, es del orden de $12,500 millones de pesos. Consideramos que con esa infraestructura se puede contar con la capacidad necesaria para prestar el servicio de que se trata. g) En lo que respecta a la afirmación de que como la infraestructura del organismo operador, es del orden de los $12,500 millones de pesos y que tal cantidad se deberá pagar al Gobierno del Estado de Chihuahua, en virtud de la liquidación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, es del todo inverosímil, dado que quien ha sufragado el costo de esa infraestructura no es precisamente el Gobierno del Estado, sino la población del Municipio de Juárez. h) Tampoco es factible hablar de que en virtud del mobiliario, maquinaria, equipos, vehículos y todo lo que corresponde al patrimonio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, se deba liquidar al Gobierno del Estado cantidad alguna, en razón de que también es la población de este Municipio actor, quien con su pago por el servicio, financió todas aquellas obras de infraestructura y la compra de material y equipo de dicha dependencia. Además de que la gran mayoría de pozos se encuentran funcionando en predios de propiedad municipal, por tanto, es exagerada la afirmación de que se debe cubrir el costo de dicha infraestructura al Gobierno del Estado. Ahora bien, toda la cuestión relativa a esa infraestructura, al personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a la sustitución patronal, etc., debió ser parte, precisamente, del programa de transferencia que por disposición constitucional el titular del Gobierno del Estado debió haber presentado, para coordinadamente darse el proceso acordado, para que no se cause perjuicio a la población. Es incongruente que ahora se diga en el referido dictamen, que se debe hacer tal o cual cosa cuando necesariamente se debió hacer por medio del programa de transferencia del servicio. i) Respecto del complemento de fecha 16 de mayo de 2003 suscrito por los mismos funcionarios de la Junta Central de Agua y Saneamiento, al dictamen inicial que acompañó con su petición el gobernador del Estado, por medio del cual se afirma nuevamente que es urgente la inversión de recursos para dotar de agua, alcantarillado y saneamiento a diversas colonias, cabe decir lo siguiente: en principio, no es verdad que se retardaría la introducción de los servicios mencionados, pues es claro que la transferencia del servicio se debe dar en los términos necesarios para que no se detenga ninguna obra de beneficio social, pero esto precisamente se debe de plantear en el multicitado programa de transferencia que nunca presentó el actual gobernador del Estado de Chihuahua. j) Enseguida, se debe ver que la aplicación de cualquier cantidad de recursos, que dice se necesitan en forma inmediata, es lógico que se integraría a los procedimientos que se establezcan para su correcta aplicación en el programa de transferencia correspondiente que debió presentar el actual gobernador del Estado. Por tanto, consideramos que es más un pretexto sin sustento, la afirmación que hacen los funcionarios de la Junta Central y que redactaron dicho complemento, para tratar de darle legitimidad a la postura equívoca del Congreso del Estado y del gobernador del Estado. Como se puede observar, más que un dictamen técnico, es una serie de supuestos que no se están dando, porque en pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20247-bb1e83cc/controversias-constitucionales-las-salas-de-la-suprema-corte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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