CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA RECONVENCIÓN. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LOS CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES QUE COMUNICAN A DOS O MÁS ESTADOS, O ENTRONCAN CON ALGÚN CAMINO DE PAÍS EXTRANJERO, SON BIENES DE USO COMÚN DE PROPIEDAD ORIGINARIA DE LA NACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, ESTÁN SUJETOS A LA JURISDICCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2003. ESTADO DE CHIHUAHUA.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de marzo de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el trece de marzo de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Patricio Martínez García, Sergio Antonio Martínez Garza, Jesús Manuel Sapien Ponce, Amador Fierro Murga y Jesús José Solís Silva, quienes se ostentaron, respectivamente, como gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Administración y Finanzas, secretario de Obras Públicas y procurador general de Justicia, todos del Estado de Chihuahua, promovieron en representación de la entidad, controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se menciona, emitido por las autoridades que a continuación se señalan.
"Entidad demandada: Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por su titular. El acto administrativo cuya invalidez se reclama se sustenta en la fracción I del artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que otorga a los Centros SCT por conducto de su director general la representación y el ejercicio de las atribuciones que corresponden a dicha Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en esta atribución el director general en el citado oficio de fecha 7 de marzo del año en curso, invade la jurisdicción y soberanía del Estado de Chihuahua, al reclamar la jurisdicción y competencia federales sobre el camino Jiménez-Hidalgo del Parral, así como su conservación, explotación y administración de esa secretaría."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados, son los siguientes:
"1. El original tramo carretero que une a los Municipios de Jiménez y de Hidalgo del Parral, que forman parte del Estado de Chihuahua, es un bien de uso común del Estado de Chihuahua y, por tanto, un bien del dominio público, por lo que es un camino sobre el cual tiene facultades y le corresponde su jurisdicción y de ninguna manera es un bien propiedad de la Federación y ni tiene jurisdicción sobre el mismo, como indebidamente la secretaría del ramo por conducto de su Centro SCT Chihuahua pretende atribuírsele, reclamando su potestad para construir, conservar, operar y en su caso explotarlo como un camino federal. 2. Esta carretera se construyó en el año de 1944 bajo los esquemas de cooperación contemplados en la Ley para la Construcción de Caminos en Cooperación Federación-Estados que entró en vigor en 1934, con aportaciones iguales de la Federación y del Estado. a) De conformidad con esta ley, en los Estados de la República se integraron las Juntas Locales de Caminos, en las que participaban representantes de la Federación, del Estado, las Cámaras de Comercio, de Industria, Agricultura y las empresas de autotransportes. Esta junta era presidida por el Gobernador Constitucional del Estado, de acuerdo con esta ley una vez proyectada y aprobada la construcción, en este caso de la carretera Jiménez-H. del Parral, Chih., en el presupuesto de egresos de cada año de los Estados se asignaba la cantidad correspondiente para la construcción de la red de caminos hasta su terminación, es decir, la aportación que le correspondía al Estado de Chihuahua. b) Como consta en las memorias de la Junta Local de Caminos del Estado de Chihuahua, esta carretera inició su construcción en el gobierno presidido por el gobernador constitucional señor Alfredo Chávez, quien en aquella época presidía la Junta Local de Caminos, que su propósito y objetivo en aquella época fue unir por una carretera pavimentada a los Municipios de Jiménez y H. del Parral, Chihuahua. Luego, en los términos del artículo 8o. de la Ley sobre Construcción de Caminos en cooperación con los Estados, al tratarse de una carretera pavimentada que unía dos Municipios, de una típica carretera local, su conservación y mantenimiento le correspondía al Gobierno del Estado de Chihuahua, en las memorias de la Junta Local de Caminos en la que participaban el Estado y la Federación con toda claridad se ilustra que esta carretera pavimentada de ninguna manera unía al Estado de Chihuahua con otro Estado, su fin, objeto, fue eminentemente local, resolver un problema de comunicación entre dos Municipios de nuestro Estado. 3. Posteriormente, derivado del crecimiento poblacional y atendiendo al reclamo de la comunidad, para solucionar el incremento del tráfico vehicular, al ser insuficiente para ello el original tramo de un solo cuerpo, para proporcionar mayor seguridad, agilidad en el tráfico de personas y mercancías, se decidió por parte del Gobierno del Estado construir otro tramo carretero paralelo, modificar, acondicionar, realizar nuevos trazos del viejo camino y construir nuevos puentes dentro del mismo, con las características y especificaciones de una autopista y para ello se realizaron los siguientes actos. a) El Estado de Chihuahua adquirió los inmuebles sobre los cuales se encuentran construidos los dos cuerpos de la carretera para construir el doble carril. b) Se licitó, asignó y el Gobierno del Estado de Chihuahua, con fecha 28 de junio de 2000, celebró contrato de obra pública número 80/00 a precios unitarios y tiempo determinado con la empresa Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V., representada por el ingeniero José Luis Urbina Estrada, cuyo costo se liquidó con los fondos públicos del Estado, obra que quedó totalmente concluida a finales del año 2002. c) Posteriormente, en cumplimiento del decreto del Congreso del Estado número 337-02-II-P.O., publicado el 13 de julio de 2002 en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se autorizó al Ejecutivo del Estado para establecer una caseta de peaje y cobrar cuotas a los usuarios del tramo carretero Parral-Jiménez. Mediante oficio de fecha 3 de marzo de este año, el director de Finanzas y Administración comunicó al Congreso del Estado de la apertura e instalación de la caseta de peaje y se procedió de inmediato a su operación y explotación por parte del Estado de Chihuahua en los términos antes indicados. 4. Sin embargo, sin ninguna justificación y sustento legal, de manera arbitraria el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, una vez concluida la autopista y sin haber participado en su construcción, de no haber realizado acto legal alguno durante el año 2002 que impidiera las adecuaciones del tramo original y la construcción del tramo paralelo, en el acuerdo administrativo cuya invalidez se reclama se arroga la atribución de conservar y operar este tramo carretero, lo que es injustificado e injusto, pues dichos funcionarios públicos sólo esperaron que el Estado invirtiera su patrimonio y realizara tales obras en beneficio de la comunidad para reclamar una supuesta jurisdicción federal."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:
"1. El acuerdo administrativo expedido el 7 de marzo del año en curso por parte del director general del Centro SCT Chihuahua y dirigido al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el que se reclama y pretende atribuir a esa secretaría la jurisdicción federal del tramo carretero Jiménez-Parral Chihuahua, cuya invalidez se reclama, es violatorio de los artículos 40, 42, 121, 124 y 132 de la Constitución General de la República y del artículo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ya que invade la esfera competencial y las facultades que le corresponden al Estado de Chihuahua, como lo es la relativa a la administración, conservación, explotación y operación de las carreteras estatales, las cuales son bienes de su patrimonio y de dominio público. En el citado oficio ilegalmente el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reclama esa carretera como de jurisdicción federal, y que, por tanto, le compete su conservación, operación y explotación, basándose para ello en una aplicación inexacta de los artículos 2o., fracción I, inciso b) y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 2. En efecto, como se relata en el capítulo de antecedentes el tramo original fue construido en el año de 1944 y, por tanto, al encontrarse dentro del territorio del Estado de Chihuahua la jurisdicción y las facultades que se derivan de su administración, conservación y operación le corresponden al Estado de Chihuahua, primero por ser un bien de su dominio público que en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política del Estado, al encontrarse dentro del territorio, por este solo hecho le corresponde. En segundo lugar, en los términos del artículo 132 de la Constitución General de la República, para que la Federación pueda tener jurisdicción y el dominio público del mismo, es necesario el consentimiento de la Legislatura Local para que le sea transferida. El artículo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales en congruencia con el mandato de la Ley Suprema establece claramente que los bienes del dominio público estarán sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los Poderes Federales, pero si estuvieran ubicados dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se trate de bienes destinados al servicio público o al uso común y adquiridos por la Federación con anterioridad al 1o. de mayo de 1917. Pretender sustentar la jurisdicción federal en los mencionados artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal sobre el argumento de que esa carretera estatal, se conecte o entronque con una carretera de jurisdicción federal, y que por este supuesto, de manera automática y sin cubrir ningún requisito legal, pase al patrimonio y a la jurisdicción de la Federación, significaría arrebatarle arbitrariamente a los Estados sus bienes de dominio público y atentar en contra de su soberanía, lo cual es inconcebible de conformidad con el artículo 132 de nuestra Carta Magna, ya que éste establece la propiedad y jurisdicción de los Estados sobre los bienes inmuebles que se encuentren dentro del territorio del Estado; además de que no es el caso, ya que el camino en cuestión no une al Estado de Chihuahua con algún otro Estado, sino únicamente conecta los Municipios de Hidalgo del Parral y Jiménez. Siendo que en todo caso, debe prevalecer esta disposición constitucional sobre cualquier ley secundaria, adecuándose éstas a la Ley Suprema de la nación, aplicándose armónica y lógicamente sus diversos preceptos, por lo que debe entenderse que para que una carretera sea del dominio público de la Federación y, por tanto, de jurisdicción federal, ésta debe adquirirla ya sea de los particulares o del Estado y que se autorice su desincorporación como bien de dominio público del Estado de Chihuahua, ya que en todo caso los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal únicamente se refieren a bienes inmuebles sobre los que la Federación haya adquirido la propiedad y jurisdicción siguiendo los requisitos legales correspondientes, sin que pueda considerarse que tal disposición pueda aplicarse a bienes inmuebles propiedad y de jurisdicción de una de las entidades federativas que no haya transmitido dicha propiedad y jurisdicción. En este caso como ya se dijo en el capítulo de antecedentes, esta carretera, en su tramo original se construyó como un bien de uso común con posterioridad al año de 1917 y el inmueble en el que se ubica la carretera se adquirió con el patrimonio del Estado de Chihuahua, al igual que su construcción se efectuó con los recursos de dicha entidad federativa, por lo que es absolutamente absurdo que una vez concluidos los trabajos de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo reclame como de jurisdicción federal, pues para ello tiene primero que adquirirlo como un bien de su dominio público y realizar los trámites de derecho público antes indicados para su desafectación. Si bien es cierto que el artículo 1o. de la Ley General de Bienes Nacionales, relacionada con los artículos 2o. y 29 del mismo ordenamiento, señalan cuáles son los bienes del dominio público de la Federación entre los que se encuentran los de uso común y que son los caminos carreteros y puentes que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidos en la ley federal de la materia, también es cierto que dichos preceptos de la Ley General de Bienes Nacionales son aplicables exclusivamente a los bienes del dominio público que adquirió la Federación con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, fecha en que entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917, mas no resultan aplicables a los bienes destinados al servicio público o al uso común cuya jurisdicción no haya adquirido la Federación en los términos del artículo 132 de nuestra Carta Magna y el artículo 5o. de la propia Ley General de Bienes Nacionales, es decir, que para tener jurisdicción de bienes destinados al servicio público o al uso común después del 1o. de mayo de 1917, se requería o se requiere necesariamente el consentimiento expreso de la legislatura respectiva, en este caso, el consentimiento de la Legislatura del Estado de Chihuahua, el cual nunca ha sido otorgado por ésta para que el tramo carretero Jiménez-Hidalgo del Parral hubiere pasado a ser un bien del dominio público o de uso común de la Federación, lo que nos lleva a la conclusión indiscutible de que dicho tramo de carretera es propiedad del Estado de Chihuahua y se encuentra sujeto a su jurisdicción en cuanto a la construcción, mantenimiento, conservación, explotación y vigilancia. Sirviendo de apoyo la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ‘DERECHO DE VÍA. PARA QUE EXISTA, LA FEDERACIÓN DEBE ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS QUE LO CONSTITUYEN. Si bien el artículo 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación señala que el derecho de vía es parte integrante de éstas, y los artículos 2o., 5o. y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales previenen que dichas vías son bienes de uso común y, por ende, del dominio público, a la vez que reservan su jurisdicción a la Federación, ello no significa que, por el solo mandato de tales normas, la Federación pueda disponer como propietaria de los terrenos que forman el derecho de vía. Por tanto, la Federación sólo podrá disponer legítimamente de ellos, una vez que, a través de alguno de los procedimientos establecidos por la ley, haya adquirido la propiedad de los mismos.’. ‘Artículo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales. Los bienes de dominio público estarán sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los Poderes Federales, en los términos prescritos por esta ley; pero si estuvieren ubicados dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se trate de bienes destinados al servicio público o al uso común y adquiridos por la Federación con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, o de los señalados en los artículos 2o., fracciones II y V, y 29, fracciones I al XI y XIV, de esta ley. Una vez otorgado el consentimiento será irrevocable ...’. Es importante destacar lo que señala el artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.’. El texto vigente de este dispositivo en la Constitución de 1917, es de idéntica redacción al entonces artículo 125 de la Constitución de 1857, reformado el 31 de octubre de 1901, norma constitucional que no ha sido motivo de reformas. Esta norma constitucional, necesariamente hay que vincularla con otra norma de la misma jerarquía, el artículo 121 de nuestra Constitución Federal, el que en su fracción II establece: ‘II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.’. Además, los dos preceptos constitucionales señalados con antelación, se deben vincular también con el artículo 42 del Pacto Federal, el que expresamente señala: ‘Artículo 42. El territorio nacional comprende: I. El de las partes integrantes de la Federación. ...’; a su vez, la Constitución Política del Estado de Chihuahua en su título I, artículo 3o., establece que: ‘El territorio del Estado es el que de hecho ha poseído y posee, y el que de derecho le corresponda.’. La vinculación de los preceptos constitucionales señalados con antelación, nos llevan necesariamente a la conclusión de que el multirreferido tramo carretero Jiménez-Hidalgo del Parral, pertenece y es propiedad del dominio público del Estado de Chihuahua, amén de que, por otra parte constituye un servicio público de uso común cuya jurisdicción en todos sus ámbitos le corresponde al Estado de Chihuahua, todo ello, de acuerdo con el Pacto Federal contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, tan es así, que los Constituyentes de 1856 y 1857, entre el señor Cendejas y el señor Mata, en los debates que culminaron con la Constitución de 1857, al debatir sobre el artículo 125, señalaron, el primero de ellos, que ‘el punto de jurisdicción ha quedado ya bien determinado en el artículo relativo a comandancias y la vaguedad de la redacción puede hacer creer que, cuando el gobierno necesite oficinas para los juzgados federales o casas de correos, puede ocupar la propiedad sin previa indemnización. Así pues, quiere que cuidadosamente se evite todo despojo a los Estados y todo ataque a la propiedad particular’. Por su parte el segundo de los Constituyentes mencionados señala: ‘que el artículo de ninguna manera autoriza la ocupación violenta de la propiedad de los Estados ni de los particulares, y que es necesaria y no redundante la declaración que contiene, porque ninguna otra disposición constitucional ha determinado a quién corresponda legislar sobre cuarteles, depósitos, etc.’. Todo lo vertido con anterioridad y vinculando los artículos constitucionales del Pacto Federal y de la Constitución del Estado de Chihuahua, nos llevan a concluir que, desde el Pacto Federal de 1857 con sus reformas hasta el Pacto Federal de 1917, los Constituyentes determinaron que la Federación tiene que, necesariamente, respetar los territorios de los Estados que componen la Federación, ya que, de no ser así, la Federación podría tener facultades omnipotentes que en cualesquier momento podrían crear un caos jurídico, político y económico entre la propia Federación y los Estados que la componen, lo que no fue la idea de los Constituyentes de 1857 y 1917 quienes crearon ambos Pactos Federales en los que, valga la redundancia, establecieron las normas superiores sobre las que debe descansar el Estado mexicano y el federalismo contenido en ambos pactos. Por su parte, la Ley General de Bienes Nacionales, y que se transcribe en la demanda de la controversia constitucional, señala: ‘Artículo 5o. Los bienes de dominio público estarán sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los Poderes Federales; en los términos prescritos por esta ley; pero si estuvieren ubicados dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se trate de bienes destinados al servicio público o al uso común y adquiridos por la Federación con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, o de los señalados en los artículos 2o., fracciones II y IV y 29, fracciones I al XI y XIV de esta ley.’. Una vez otorgado el consentimiento será irrevocable. Sin embargo, este artículo, el artículo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales en su parte final viola también el artículo 132 de la Constitución General de la República en su última parte, cuando remite a la fracción IX del mismo cuerpo legal, al establecer como casos de excepción a la Norma Suprema, el considerar que son bienes del dominio público sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los Poderes Federales los bienes de uso común entre los que se encuentran, los caminos, carreteras que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia, de donde surge una pregunta ¿cuál es la ley federal de la materia?, sin que en ningún caso esa ley federal de la materia pueda contravenir una norma jerárquicamente superior como lo es el artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 1o. de mayo de 1917. Por otro lado, si bien es cierto que el artículo 1o. de la misma Ley General de Bienes Nacionales relacionada con los artículos 2o. y 29, señalan cuáles son los bienes del dominio público de la Federación, entre los que se encuentran los de uso común y que son los caminos carreteros y puentes que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidos en la ley federal de la materia, también es cierto que dichos preceptos de la Ley General de Bienes Nacionales son aplicables exclusivamente a los bienes del dominio público que adquirió la Federación con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, fecha en que entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917, mas no resultan aplicables a los bienes destinados al servicio público o al uso común que no haya adquirido la Federación en los términos del artículo 132 de nuestra Carta Magna y el artículo 5o. de la propia Ley General de Bienes Nacionales, es decir, que para ello, la adquisición de bienes destinados al servicio público o al uso común después del 1o. de mayo de 1917, se requería o se requiere necesariamente al consentimiento de la legislatura respectiva, en este caso, el consentimiento de la Legislatura del Estado de Chihuahua, consentimiento que nunca ha sido expresado por ésta para que el tramo carretero Jiménez-Hidalgo del Parral hubiese pasado a formar parte de un bien de dominio público o de uso común de la Federación, lo que nos lleva a la conclusión indiscutible de que dicho tramo de carretera es propiedad del Estado de Chihuahua y se encuentra sujeto a su jurisdicción en cuanto a la construcción, mantenimiento, conservación y vigilancia. De igual forma, el original tramo carretero que une los Municipios de Jiménez e Hidalgo del Parral, Chihuahua, y el nuevo cuerpo paralelo carretero, adquirido y construido con el patrimonio del Estado de Chihuahua, es una carretera estatal que así la definen y la regulan los artículos 1268 y 1269 del Código Administrativo del Estado vigente desde el año de 1974, en relación con el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, al determinar que: ‘Artículo 1268. Se declararán de utilidad pública la reparación y conservación de caminos carreteros existentes en el Estado, así como la construcción de aquellos que sean necesarios para el tránsito público.’. ‘Artículo 1269. Son caminos del Estado los que comunican dos o más Municipios, siempre que no hayan sido declarados de jurisdicción federal.’. En el acto cuya invalidez se reclama, se violan estas disposiciones y se invade la soberanía del Estado en razón de que, este inmueble es un bien que se encuentra dentro de su territorio y, por tanto, se encuentra sujeto a la jurisdicción del Estado, toda vez que nunca ha salido de su patrimonio ni jurisdicción, evidentemente, se invade la esfera de competencias que preserva y regula nuestra Carta Magna, debiendo este Alto Tribunal a través de esta controversia salvaguardar el sistema de competencias establecido en nuestra Carta Magna, por lo que se deberá reconocer la violación efectuada de manera directa a los artículos 40, 42, 124 y 132 de la Constitución General de la República, en relación con el artículo 5o. de la Ley de Bienes Nacionales y los artículos 2o., 3o. y 125 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, sin que sea suficiente, que en determinado momento un camino construido dentro del territorio de los Estados comunique a dos o más entidades federativas, para que por esta sola circunstancia se considere como tal, sin que la Federación tenga que justificar y acreditar que la adquirió del Estado mediante la aprobación del Congreso, para que se desafecte como un bien de dominio público y pase a considerarse como un bien de la Federación y, en consecuencia, ejerza potestad y jurisdicción sobre el mismo, las cuales menos aún podrían ejercerse en la carretera en cuestión, toda vez que la misma no une a dos o más entidades federativas. Debiéndose concluir que la carretera en cuestión es de propiedad y jurisdicción estatal en razón de que nunca se ha transmitido su propiedad, jurisdicción o dominio por parte del Estado con la autorización de la Legislatura Local en los términos del artículo 132 de nuestra Carta Magna, y no se dan los supuestos establecidos en la legislación secundaria para que la carretera sea considerada una vía general de comunicación de jurisdicción federal, ya que no une dos o más Estados, toda vez que únicamente une a los Municipios de Hidalgo del Parral y Jiménez, los cuales forman parte del territorio del Estado de Chihuahua como se desprende del artículo 125 de la Constitución de dicha entidad federativa; ni tampoco fue construida en su totalidad ni en mayor parte por la Federación, ya que como se dijo el tramo original fue construido bajo el esquema de la Ley de Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados, en el que las aportaciones siempre se otorgaban en cantidades iguales (al 50%) entre los Estados y la Federación. Más aún, al tratarse de una carretera que une dos Municipios del Estado, en los términos del artículo 8o. de la Ley sobre Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados, su conservación, administración y operación le compete al Estado de Chihuahua. 3. Independientemente de lo anterior, en el evento de que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que ese tramo carretero es de carácter federal, lo que de ninguna manera se acepta por las razones antes mencionadas, de cualquier manera el acto impugnado y cuya invalidez se reclama, es violatorio del artículo 73, fracción XVII, de nuestra Carta Magna en relación con los artículos 38 y 9o. transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, en la que se otorga a las entidades federativas y a los Municipios, facultades para conservar, administrar y operar las carreteras de jurisdicción federal, siempre y cuando se den o se cumplan los siguientes supuestos: que construya vías de comunicación vehicular paralelas a las vías de comunicación vehicular de jurisdicción federal, con el propósito de que junto con las vías de jurisdicción federal, cuenten con cuatro carriles de circulación, facultándolas, para que en su caso, puedan establecer casetas de cobro por el servicio que se preste en ambas vías en el territorio de la entidad o Municipio, en términos de las disposiciones legales aplicables, asumiendo el costo de mantenimiento y conservación de las mismas. Por su parte, el artículo 9o. transitorio dispone: ‘... a las entidades federativas y los Municipios que hayan construido las vías a que se refiere el artículo 38 de esta ley, también le será aplicable lo establecido en el citado artículo.’. Como ya se relató en el capítulo de los antecedentes, el Estado de Chihuahua con recursos propios construyó en el año de 2001 un tramo carretero paralelo al ya existente, acondicionó, adecuó su tramo original para darle el perfil y especificaciones técnicas de una autopista. En observancia a estas nuevas disposiciones creadas por el Congreso de la Unión, que en los términos del artículo 73 constitucional, fracción XVII, está facultado para legislar en materia de vías generales de comunicación, el Estado de Chihuahua con fecha 6 de marzo de 2003 y una vez que el Congreso del Estado lo autorizó para el cobro de cuotas de peaje, en los términos de estas disposiciones procedió a la apertura de las casetas dentro de ese tramo carretero Jiménez-H. del Parral. Luego entonces, al darse estos supuestos de la nueva ley, no se aplican los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, porque los citados artículos 38 y 9o. transitorio, dan esta facultad, potestad o competencia al Estado de Chihuahua para conservar, administrar, explotar y operar esa autopista. Esta nueva ley especial, posterior a los citados artículos es la que prevalece y debe observarse por la autoridad federal y estatal, ya que regula una nueva forma de operar las carreteras del país, nace del órgano competente y le da una adecuación a la ley anterior, actualiza la ley de la materia. En estos artículos que entraron en vigor en el año de 2003, el legislador crea una nueva hipótesis, ya que la ley anterior se refiere a la concesión de carreteras ya existentes y en la nueva norma se prevé, que si los Estados y Municipios construyen con recursos propios una carretera paralela a la ya existente podrán asumir su mantenimiento y operación, con esto se pretende suprimir una carga a la Federación."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son 40, 42, 73, 121, 124 y 132.
QUINTO. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil tres, el presiden
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19000-d8f9672a/controversia-constitucional-termino-para-presentar-la-reconvencion-vias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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